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Tema 12. Las fuentes del Derecho: concepto y clasificación. La jerarquía normativa. La Ley y el Reglamento.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 12 aborda la teoría general de las fuentes del Derecho: qué normas integran el ordenamiento jurídico español, cómo se relacionan entre sí y qué criterios resuelven sus posibles conflictos. Estudia la enumeración del artículo 1 del Código Civil (ley, costumbre y principios generales del Derecho), el valor de la jurisprudencia, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea, el principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) y el principio de competencia, la ley (orgánica y ordinaria), las normas con rango de ley del Gobierno (decreto-ley y decreto legislativo), el reglamento y sus límites, el procedimiento de elaboración de las leyes, la entrada en vigor, la irretroactividad, la derogación, la interpretación y los criterios de resolución de antinomias, con atención al sistema navarro (leyes forales, decretos forales, Fuero Nuevo). Es un tema instrumental, base para entender el resto del bloque de legislación: sin distinguir con precisión una ley orgánica de una ordinaria, o una ley de un reglamento, no pueden entenderse la Constitución, la Ley 39/2015, la LO 2/1986 ni las leyes forales.

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Concepto y clasificación de las fuentes del Derecho

Se llama fuente del Derecho al origen o modo de manifestación de las normas jurídicas. Cabe distinguir fuentes en sentido material (los poderes sociales y políticos de los que emanan las normas) y en sentido formal (los cauces a través de los cuales se crean: ley, costumbre, etc.), y entre fuentes escritas (Constitución, leyes, reglamentos, tratados) y no escritas (costumbre y, en su caso, principios generales). El artículo 1.1 del Código Civil enumera las fuentes del ordenamiento jurídico español: «la ley, la costumbre y los principios generales del derecho». Es una enumeración jerarquizada: la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada (art. 1.3 CC), y los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento (art. 1.4 CC). El artículo 1.2 CC establece que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior; el artículo 1.5 CC dispone que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE; y el artículo 1.7 CC impone a los jueces y tribunales el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. A esta clasificación clásica se añade el Derecho de la Unión Europea, que por la adhesión de España (1986) y el artículo 93 CE tiene primacía y efecto directo en las materias de competencia de la Unión, así como la jurisprudencia, que el artículo 1.6 CC no considera fuente en sentido estricto pero sí reconoce que «complementará el ordenamiento jurídico» con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo. Trampa de examen: la jurisprudencia complementa el ordenamiento, no lo crea.

El principio de jerarquía normativa: artículo 9.3 CE

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza «el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». La jerarquía normativa ordena las fuentes escritas de mayor a menor rango: Constitución; tratados internacionales (art. 96 CE) y Derecho de la UE (art. 93 CE) en el ámbito que les es propio; leyes orgánicas y ordinarias (con el mismo rango entre sí, diferenciadas por el principio de competencia o reserva de materia del art. 81 CE); normas con rango de ley del Gobierno (decretos-leyes y decretos legislativos, arts. 86 y 82 CE) y, por debajo de todas ellas, los reglamentos. Una norma de rango inferior que contradiga a una de rango superior es nula (art. 1.2 CC). La garantía última se articula mediante el control de constitucionalidad de las leyes (Tribunal Constitucional) y el control de legalidad de los reglamentos y de la actuación administrativa (jurisdicción contencioso-administrativa, art. 106.1 CE), además de la declaración de nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior (art. 47.2 de la Ley 39/2015).

La ley: concepto y clases. Leyes orgánicas y ordinarias

La ley es la norma escrita aprobada por las Cortes Generales (o, en su caso, por un Parlamento autonómico dentro de su ámbito competencial) siguiendo el procedimiento legislativo. El artículo 81.1 CE reserva la forma de ley orgánica a un listado tasado de materias: el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, arts. 15 a 29), la aprobación de los Estatutos de Autonomía y del régimen electoral general, y «las demás previstas en la Constitución» (por ejemplo, la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prevista en el art. 104.2 CE; la LOPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o las leyes de transferencia y delegación del art. 150.2). El artículo 81.2 CE exige para su aprobación, modificación o derogación «mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto». Las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple y pueden regular cualquier materia no reservada a ley orgánica. Trampa de examen: no existe jerarquía entre ley orgánica y ley ordinaria (ambas tienen rango de ley), sino una relación de competencia por razón de la materia; una ley ordinaria que invadiera materia reservada a ley orgánica sería inconstitucional, no simplemente «de rango inferior». El Tribunal Constitucional (STC 5/1981) exige además una interpretación restrictiva de la reserva de ley orgánica: no todo lo que tenga relación con un derecho fundamental ha de regularse por ley orgánica, sino solo su desarrollo directo y los elementos esenciales de su régimen, y no puede utilizarse la ley orgánica para «congelar» el rango de materias no reservadas. Otras clases de leyes: leyes de bases, leyes marco, leyes de armonización (art. 150 CE) y leyes de presupuestos.

Normas con rango de ley del Gobierno: decreto-ley y decreto legislativo

Además de la ley en sentido estricto, la Constitución habilita al Gobierno para dictar normas con fuerza de ley en dos supuestos tasados. El Decreto-ley (art. 86 CE) se dicta en caso de extraordinaria y urgente necesidad, tiene carácter provisional, no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, y debe someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación para su convalidación o derogación; durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El Decreto legislativo (arts. 82 a 85 CE) se dicta previa delegación expresa de las Cortes mediante una ley de bases (para textos articulados) o una ley ordinaria (para textos refundidos), como ocurre con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La delegación debe otorgarse al Gobierno de forma expresa, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio, no puede entenderse concedida por tiempo indeterminado ni permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno; no cabe delegación sobre materias reservadas a ley orgánica (art. 82.1 CE); y se agota con el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. El control de ambos corresponde al Tribunal Constitucional (el decreto-ley, por su condición de norma con fuerza de ley, y el decreto legislativo por exceso en la delegación, sin perjuicio del control de los tribunales ordinarios en el segundo caso). Trampa de examen: el decreto-ley y el decreto legislativo tienen rango de ley pero no son leyes aprobadas por las Cortes; los reglamentos de las Cámaras (art. 72 CE) también son normas con valor de ley, impugnables ante el Tribunal Constitucional.

El reglamento: concepto y clases

El reglamento es toda norma escrita de rango inferior a la ley dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria. El artículo 97 CE atribuye al Gobierno la función ejecutiva y la potestad reglamentaria «de acuerdo con la Constitución y las leyes», y el artículo 128.1 de la Ley 39/2015 la reconoce al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales. Según su relación con la ley, se clasifican en reglamentos ejecutivos (desarrollan, complementan o ejecutan una ley preexistente, de la que son complemento indispensable; requieren, entre otros trámites, el dictamen del Consejo de Estado —art. 22.3 de la LO 3/1980—) y reglamentos independientes o autónomos (regulan materias no reservadas a la ley y sobre las que no existe regulación legal previa, típicamente la organización interna de la Administración). Los llamados «reglamentos de necesidad» (dictados ante situaciones excepcionales sin habilitación legal) no están previstos en el ordenamiento español: las situaciones de urgencia o excepción se atienden mediante el decreto-ley (art. 86 CE) y los estados excepcionales del art. 116 CE. Por razón del sujeto del que emanan, existen reglamentos estatales (Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros y Orden Ministerial), autonómicos o forales (en Navarra, Decretos Forales del Gobierno de Navarra y Órdenes Forales de los consejeros) y locales (ordenanzas y reglamentos de las entidades locales). El artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno, ordena jerárquicamente los reglamentos del Gobierno de la Nación: primero los aprobados por real decreto, después los aprobados por orden ministerial. La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 distinguen el reglamento (norma jurídica de alcance general) del acto administrativo (aplicación singular del ordenamiento a un caso concreto).

Límites del reglamento y control de los reglamentos

Los reglamentos están sometidos a límites estrictos. Principio de jerarquía: no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni regular materias reservadas a la ley (art. 128.2 y 3 de la Ley 39/2015: «ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior»). Reserva de ley: no pueden regular las materias que la Constitución o los Estatutos reservan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas y, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley, no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público (art. 128.2). Irretroactividad: no pueden establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Inderogabilidad singular (art. 37 de la Ley 39/2015): las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano igual o superior al que dictó la disposición. Control: los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE) mediante recurso directo contra el reglamento o recurso indirecto contra los actos dictados en su aplicación (arts. 26 y 27 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa); la declaración de nulidad de un reglamento tiene efectos generales desde la publicación de la sentencia. Buena regulación: en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria las Administraciones actúan conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129 de la Ley 39/2015).

La costumbre como fuente del Derecho: artículo 1.3 del Código Civil

La costumbre es la norma jurídica no escrita, nacida de la repetición uniforme y constante de una conducta con la convicción social de que es jurídicamente obligatoria (opinio iuris). Según el artículo 1.3 del Código Civil, solo rige en defecto de ley aplicable (carácter subsidiario), siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada; los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. La carga de la prueba corresponde a quien la alegue, si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil exceptúa de la prueba la costumbre cuando las partes estén conformes en su existencia y contenido y sus normas no afecten al orden público. Es la fuente de menor peso práctico en un ordenamiento fuertemente codificado como el español, aunque conserva relevancia en el Derecho civil foral y en los usos mercantiles. Clases de costumbre según su relación con la ley: secundum legem (la ley se remite a ella), praeter legem (suple las lagunas) y contra legem (contraria a la ley, que no se admite).

Los principios generales del Derecho y la jurisprudencia: artículos 1.4 y 1.6 CC

Los principios generales del Derecho (art. 1.4 CC) se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador de todo el ordenamiento jurídico: son ideas básicas que laten bajo el sistema (buena fe, proporcionalidad, seguridad jurídica, prohibición del abuso del derecho). La jurisprudencia, por su parte, no es fuente del Derecho en sentido estricto según el artículo 1.6 CC, sino que «complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho». Trampa de examen frecuente: la jurisprudencia complementa el ordenamiento, no lo integra como fuente autónoma, y solo la doctrina reiterada (normalmente dos o más sentencias en el mismo sentido) del Tribunal Supremo tiene ese valor complementario, no la de cualquier tribunal. En la jurisprudencia contencioso-administrativa y penal es frecuente la doctrina del Tribunal Supremo; la doctrina del Tribunal Constitucional, además, tiene un valor reforzado: los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que de los mismos resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 5.1 LOPJ).

Los tratados internacionales como fuente del Derecho: artículo 96 CE

El artículo 96.1 CE dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España (en el BOE), forman parte del ordenamiento interno, y que sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Esto explica por qué instrumentos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, estudiado en otro tema de este temario, son directamente invocables por los tribunales españoles como parte del Derecho interno, sin necesidad de una ley española que los reproduzca. El artículo 10.2 CE añade además un criterio interpretativo reforzado: las normas relativas a derechos fundamentales y libertades reconocidos por la Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Si un tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, su celebración exige la previa revisión constitucional (art. 95.1 CE), y el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. El artículo 93 CE autoriza, mediante ley orgánica, la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (cauce de la adhesión a la UE), y el artículo 94 CE exige autorización previa de las Cortes Generales para determinadas categorías de tratados (políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o a derechos fundamentales, que supongan obligaciones financieras para la Hacienda Pública, etc.). Sin embargo, el tratado válidamente celebrado prevalece sobre la ley interna: sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

El Derecho de la Unión Europea: primacía y efecto directo

Desde la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986, el Derecho de la Unión Europea se integra en el ordenamiento español con dos características propias: el principio de primacía (el Derecho de la UE prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, incluidas sus leyes, en caso de conflicto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; sentencia Costa/ENEL, 1964) y el efecto directo (determinadas normas de la UE pueden ser invocadas por los particulares ante los tribunales nacionales; sentencia Van Gend en Loos, 1963). El Derecho originario está formado por los Tratados constitutivos (Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y la Carta de los Derechos Fundamentales; el Derecho derivado, por los actos del artículo 288 TFUE: el Reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro; la Directiva obliga al Estado miembro en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios, y exige transposición dentro del plazo fijado; la Decisión es obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo para ellos; y las recomendaciones y dictámenes no son vinculantes. Según la Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional, la primacía del Derecho de la Unión no contradice la supremacía de la Constitución, que se mantiene en el plano interno como norma suprema del ordenamiento español.

El principio de jerarquía frente al principio de competencia

Junto al principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 CE (una norma de rango inferior no puede contradecir a una de rango superior, so pena de nulidad), el ordenamiento español articula también el principio de competencia, especialmente relevante en el Estado autonómico: dos normas pueden tener el mismo rango formal (ley estatal y ley foral o autonómica) sin que ninguna sea jerárquicamente superior a la otra, resolviéndose sus posibles conflictos no por rango sino por el reparto constitucional y estatutario de competencias entre el Estado y cada Comunidad Autónoma o Comunidad Foral. Así, una ley foral de Navarra no es inferior a una ley estatal: simplemente actúa dentro de su propio ámbito competencial, delimitado por la LORAFNA. En el mismo sentido, las normas de las Comunidades Autónomas son válidas en su ámbito competencial, y en caso de conflicto entre una ley estatal y una autonómica dentro de materias no exclusivas el artículo 149.3 CE establece que las normas del Estado prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas, y que el Derecho estatal será supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas.

La Ley Foral y las normas del ordenamiento navarro

En virtud del régimen foral reconocido por la LORAFNA (Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto), el Parlamento de Navarra aprueba leyes forales que, dentro del ámbito competencial propio de la Comunidad Foral, tienen el mismo valor y fuerza que una ley ordinaria estatal, sin relación de jerarquía entre ambas sino de distribución competencial. Además de la ley foral, el ordenamiento navarro conoce normas con rango de ley del Gobierno de Navarra: los Decretos Forales Legislativos (fruto de la delegación del Parlamento, de forma análoga a los decretos legislativos estatales) y los Decretos-leyes forales (para casos de extraordinaria y urgente necesidad, incorporados a la LORAFNA tras su reforma de 2010). Por debajo de ellas se sitúan las normas reglamentarias: el Decreto Foral (aprobado por el Gobierno de Navarra) y la Orden Foral (consejeros), reguladas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. El control de las leyes forales corresponde al Tribunal Constitucional; el de los reglamentos forales, a la jurisdicción contencioso-administrativa. El Consejo de Navarra emite dictamen en los supuestos legalmente previstos. En el ámbito del Derecho civil, Navarra conserva su Derecho civil foral (Compilación o Fuero Nuevo, aprobada por la Ley 1/1973, de 1 de marzo), amparado por el artículo 149.1.8.ª CE, que reconoce la competencia estatal exclusiva sobre legislación civil «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan»; el Código Civil se aplica con carácter supletorio en defecto de Derecho propio. Trampa de examen: la ley foral no es inferior a la ley estatal; el decreto foral sí es inferior a la ley foral.

El procedimiento de elaboración de las leyes: iniciativa, tramitación y sanción

El procedimiento legislativo ordinario en las Cortes Generales comienza con la iniciativa legislativa (art. 87 CE): proyectos de ley del Gobierno (art. 88), proposiciones de ley del Congreso o del Senado, proposiciones remitidas por las Asambleas de las Comunidades Autónomas, e iniciativa legislativa popular (con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas, regulada por la LO 3/1984, y excluida en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional y en lo relativo a la prerrogativa de gracia). Continúa con la tramitación en el Congreso (debate de totalidad, enmiendas, informe de ponencia, dictamen de comisión y aprobación en Pleno) y su posterior remisión al Senado, que dispone de dos meses para oponer su veto (por mayoría absoluta) o introducir enmiendas; en los proyectos declarados urgentes ese plazo se reduce a veinte días naturales (art. 90 CE). El Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple, y aceptar o rechazar las enmiendas por mayoría simple. Las Cámaras pueden delegar la aprobación de proyectos y proposiciones de ley en las Comisiones Legislativas Permanentes, salvo la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos (art. 75.2 CE). Una vez aprobada definitivamente, el Rey sanciona la ley en el plazo de quince días, la promulga y ordena su inmediata publicación (art. 91 CE).

La entrada en vigor: la vacatio legis

El artículo 2.1 del Código Civil dispone que las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. Este período, denominado vacatio legis, tiene por finalidad garantizar la seguridad jurídica y permitir un conocimiento general de la norma antes de su aplicación efectiva. En la práctica, la mayoría de las leyes fijan su propia fecha de entrada en vigor (con frecuencia, el mismo día de su publicación, al día siguiente, o un plazo distinto de veinte días), de modo que la regla general del Código Civil opera de forma supletoria. La publicación en el BOE es requisito de eficacia (art. 9.3 CE), y el BOE es el diario oficial del Estado, regulado por el Real Decreto 181/2008. Las leyes forales y disposiciones del Gobierno de Navarra se publican en el Boletín Oficial de Navarra (BON) y, salvo previsión expresa de la propia norma, rigen supletoriamente las reglas generales del Código Civil sobre entrada en vigor; las leyes autonómicas se publican además en el BOE a efectos de conocimiento general.

Irretroactividad de las normas: artículo 9.3 CE

El artículo 9.3 CE garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales», junto con la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esta garantía es de especial relevancia para la actuación policial: una norma sancionadora (penal o administrativa) nunca puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del ciudadano. La excepción, coherente con el principio de retroactividad de la norma penal más favorable (art. 2.2 CP), es que las disposiciones sancionadoras sí pueden aplicarse retroactivamente cuando resulten más favorables para el infractor. El artículo 2.3 del Código Civil complementa esta regla general disponiendo que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. Debe distinguirse la retroactividad propia o de grado máximo (afecta a situaciones consolidadas) de la impropia (afecta a efectos futuros de situaciones pendientes): el Tribunal Constitucional ha precisado, en reiterada doctrina, que el artículo 9.3 prohíbe solo la retroactividad auténtica de normas restrictivas de derechos individuales, no toda aplicación de una norma nueva a situaciones nacidas bajo la anterior.

La derogación de las normas

La derogación es el cese de la vigencia de una norma por la entrada en vigor de otra posterior de igual o superior rango. Puede ser expresa (cuando la nueva norma señala concretamente qué disposiciones anteriores quedan sin efecto, normalmente en una disposición derogatoria) o tácita (cuando, sin mención expresa, la nueva norma resulta incompatible con la anterior en todo o en parte, aplicándose entonces el criterio de que la ley posterior deroga a la anterior en lo que se le oponga, «lex posterior derogat priori»). El artículo 2.2 del Código Civil recoge esta regla general. Una norma derogada no puede, en principio, recuperar su vigencia por la sola derogación de la que a su vez la derogó, salvo que la nueva norma así lo disponga expresamente (fenómeno excepcional conocido como «reviviscencia»). El artículo 2.2 del Código Civil dispone que «las leyes sólo se derogan por otras posteriores» y que la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior; y que por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado (no hay reviviscencia salvo disposición expresa). Hay que diferenciar derogación (cese de vigencia hacia el futuro por norma posterior), nulidad (invalidez de una norma contraria a otra superior, con efectos generales por sentencia del Tribunal Constitucional o de la jurisdicción contencioso-administrativa) e inaplicación (la norma sigue vigente, pero no se aplica a un caso concreto). La cláusula derogatoria puede ser expresa o genérica («quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley»).

La publicidad de las normas como garantía constitucional

El artículo 9.3 CE garantiza también «la publicidad de las normas» como principio constitucional autónomo, íntimamente ligado a la seguridad jurídica: ninguna norma jurídica despliega efectos si no ha sido publicada oficialmente, porque solo así puede ser conocida (o cognoscible) por sus destinatarios. Esta garantía se instrumenta a través de los boletines oficiales: el Boletín Oficial del Estado (BOE) para las normas estatales, y el Boletín Oficial de Navarra (BON) para las leyes forales y disposiciones del Gobierno de Navarra, incluida la propia convocatoria de este proceso selectivo. La falta de publicación oficial de una norma determina, en consecuencia, su ineficacia jurídica, con independencia de que haya sido válidamente aprobada por el órgano competente.

Criterios de interpretación y aplicación de las normas: artículos 3 y 4 del Código Civil

El artículo 3.1 del Código Civil fija los criterios hermenéuticos para interpretar cualquier norma jurídica: «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas». Se combinan así el criterio literal o gramatical, el sistemático (contexto), el histórico (antecedentes), el sociológico (realidad social) y el teleológico (espíritu y finalidad de la norma), sin que ninguno opere de forma aislada. El artículo 3.2 CC añade la equidad: habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. El artículo 4.1 CC admite la aplicación analógica de las normas cuando estas no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón; el artículo 4.2 excluye la analogía en las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal; y el artículo 4.3 declara supletorias las disposiciones del Código Civil en las materias regidas por otras leyes. En Derecho penal y sancionador rige la prohibición de analogía in malam partem (art. 4.1 CP) y el principio de tipicidad. Otros principios generales del Título Preliminar: la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 CC), la buena fe y la prohibición del abuso del derecho (art. 7 CC) y la sanción del fraude de ley (art. 6.4 CC).

Resolución de antinomias: los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad

Cuando dos normas aplicables a un mismo supuesto resultan contradictorias entre sí (antinomia), el ordenamiento jurídico ofrece tres criterios clásicos de resolución, que operan de forma sucesiva y no simultánea. El criterio jerárquico prevalece sobre los demás: ante un conflicto entre normas de distinto rango, se aplica siempre la de rango superior, siendo nula la inferior que la contradiga. Si ambas normas tienen el mismo rango, se acude al criterio de especialidad («lex specialis derogat generali»): la norma especial prevalece sobre la general en su ámbito propio. Y si tampoco resuelve el conflicto, se acude al criterio cronológico («lex posterior derogat priori»): la norma posterior deroga a la anterior en lo que se le oponga. Este orden de prelación —jerarquía, especialidad, cronología— es un contenido clásico de examen en este tema. Matiz doctrinal: el criterio jerárquico prevalece sobre los demás; entre los criterios cronológico y de especialidad, por lo general prevalece la norma especial aunque sea anterior, salvo que la posterior general la derogue expresamente. Por ejemplo, una ley general posterior no deroga tácitamente a la especial anterior si no lo dice. El conflicto entre normas del mismo rango pero de distinto ámbito territorial o material no se resuelve por jerarquía, sino por el principio de competencia.

Esquema de repaso: orden de prelación de las fuentes

Esquema jerárquico de las fuentes escritas: 1.º Constitución (norma suprema, art. 9.1 CE). 2.º Tratados internacionales válidamente celebrados y publicados (art. 96 CE) y Derecho de la Unión Europea (primacía, art. 93 CE) en su ámbito propio. 3.º Normas con rango de ley: leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos legislativos, y leyes autonómicas y forales dentro de su ámbito competencial, relacionadas entre sí por el principio de competencia (no jerarquía). 4.º Reglamentos: real decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros; orden ministerial; reglamentos autonómicos y forales (decretos forales, órdenes forales); ordenanzas locales. Fuentes subsidiarias no escritas: costumbre (probada, no contraria a la moral y al orden público, solo en defecto de ley) y principios generales del Derecho. La jurisprudencia no es fuente en sentido estricto: complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 1.1 del Código Civil: fuentes del ordenamiento español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho; la jurisprudencia complementa, no crea (art. 1.6 CC).
  • Art. 1.2 CC: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Art. 1.5 CC: los tratados no son de aplicación directa hasta su publicación íntegra en el BOE. Art. 1.7 CC: los jueces deben resolver siempre.
  • Art. 9.3 CE garantiza la jerarquía normativa junto a legalidad, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
  • Orden jerárquico: Constitución > tratados internacionales y Derecho de la UE (en su ámbito) > normas con rango de ley (orgánicas y ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos, leyes autonómicas y forales: relación de competencia, no de jerarquía) > reglamentos.
  • Ley orgánica (art. 81 CE): mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto; materias tasadas (derechos fundamentales de la Sección 1.ª, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y las previstas en la CE). La reserva se interpreta restrictivamente (STC 5/1981).
  • Decreto-ley (art. 86 CE): extraordinaria y urgente necesidad, no afecta a instituciones básicas, Título I, CCAA ni Derecho electoral; convalidación del Congreso en 30 días siguientes a su promulgación. Decreto legislativo (arts. 82-85 CE): delegación expresa de las Cortes (ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para textos refundidos), con plazo y materia concreta, nunca sobre ley orgánica.
  • El reglamento no puede contradecir la ley (jerarquía) ni invadir materia reservada a ley ni tipificar infracciones o sanciones ni crear tributos (art. 128 Ley 39/2015); los reglamentos de necesidad no están previstos en el ordenamiento español.
  • Reglamentos ejecutivos: desarrollan una ley y requieren dictamen del Consejo de Estado; reglamentos independientes: materias no reservadas a ley (organización interna). En Navarra: Decretos Forales (Gobierno) y Órdenes Forales (consejeros).
  • Costumbre (art. 1.3 CC): solo en defecto de ley, no contraria a la moral y al orden público, y probada. Principios generales (art. 1.4 CC): en defecto de ley y costumbre, con carácter informador.
  • Jurisprudencia (art. 1.6 CC): doctrina reiterada del Tribunal Supremo que complementa el ordenamiento; la doctrina del Tribunal Constitucional vincula a todos los jueces (art. 5.1 LOPJ).
  • Tratados (art. 96 CE): forman parte del ordenamiento interno tras su publicación oficial y solo se derogan en la forma prevista en ellos; si son contrarios a la CE, previa revisión constitucional (art. 95).
  • UE: primacía (Costa/ENEL, 1964) y efecto directo (Van Gend en Loos, 1963); reglamento directamente aplicable, directiva obliga en cuanto al resultado y exige transposición (art. 288 TFUE). Declaración TC 1/2004: primacía de la UE y supremacía de la Constitución.
  • Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas. Senado: dos meses (veinte días en urgentes) para veto (mayoría absoluta) o enmiendas; el Rey sanciona en quince días (art. 91 CE).
  • Vacatio legis general del art. 2.1 CC: 20 días desde la publicación completa en el BOE, salvo que la norma disponga otra cosa.
  • Irretroactividad (art. 9.3 CE): las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos NUNCA son retroactivas; sí lo es la norma penal más favorable (art. 2.2 CP).
  • Derogación (art. 2.2 CC): las leyes solo se derogan por otras posteriores; expresa o tácita; sin reviviscencia salvo disposición expresa. No confundir con nulidad ni con inaplicación.
  • Orden de resolución de antinomias: jerárquico, especialidad y cronológico; el de jerarquía prevalece siempre y, por lo general, la norma especial prevalece sobre la posterior general.
  • La ley foral navarra no es jerárquicamente inferior a la ley estatal: actúa por reparto competencial dentro del ámbito de la LORAFNA; el decreto foral sí es inferior a la ley foral. Fuero Nuevo: Ley 1/1973, de 1 de marzo.
  • Interpretación (art. 3.1 CC): sentido propio de las palabras, contexto, antecedentes históricos y legislativos, realidad social y espíritu y finalidad; analogía (art. 4 CC) excluida en leyes penales, excepcionales y temporales.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿En qué plazo debe someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso un decreto-ley para su convalidación o derogación?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 12 aborda la teoría general de las fuentes del Derecho: qué normas integran el ordenamiento jurídico español, cómo se relacionan entre sí y qué criterios resuelven sus posibles conflictos. Estudia la enumeración del artículo 1 del Código Civil (ley, costumbre y principios generales del Derecho), el valor de la jurisprudencia, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea, el principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) y el principio de competencia, la ley (orgánica y ordinaria), las normas con rango de ley del Gobierno (decreto-ley y decreto legislativo), el reglamento y sus límites, el procedimiento de elaboración de las leyes, la entrada en vigor, la irretroactividad, la derogación, la interpretación y los criterios de resolución de antinomias, con atención al sistema navarro (leyes forales, decretos forales, Fuero Nuevo). Es un tema instrumental, base para entender el resto del bloque de legislación: sin distinguir con precisión una ley orgánica de una ordinaria, o una ley de un reglamento, no pueden entenderse la Constitución, la Ley 39/2015, la LO 2/1986 ni las leyes forales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

Art. 1.1 del Código Civil: fuentes del ordenamiento español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho; la jurisprudencia complementa, no crea (art. 1.6 CC). Art. 1.2 CC: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Art. 1.5 CC: los tratados no son de aplicación directa hasta su publicación íntegra en el BOE. Art. 1.7 CC: los jueces deben resolver siempre. Art. 9.3 CE garantiza la jerarquía normativa junto a legalidad, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Orden jerárquico: Constitución > tratados internacionales y Derecho de la UE (en su ámbito) > normas con rango de ley (orgánicas y ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos, leyes autonómicas y forales: relación de competencia, no de jerarquía) > reglamentos. Ley orgánica (art. 81 CE): mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto; materias tasadas (derechos fundamentales de la Sección 1.ª, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y las previstas en la CE). La reserva se interpreta restrictivamente (STC 5/1981). Decreto-ley (art. 86 CE): extraordinaria y urgente necesidad, no afecta a instituciones básicas, Título I, CCAA ni Derecho electoral; convalidación del Congreso en 30 días siguientes a su promulgación. Decreto legislativo (arts. 82-85 CE): delegación expresa de las Cortes (ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para textos refundidos), con plazo y materia concreta, nunca sobre ley orgánica. El reglamento no puede contradecir la ley (jerarquía) ni invadir materia reservada a ley ni tipificar infracciones o sanciones ni crear tributos (art. 128 Ley 39/2015); los reglamentos de necesidad no están previstos en el ordenamiento español. Reglamentos ejecutivos: desarrollan una ley y requieren dictamen del Consejo de Estado; reglamentos independientes: materias no reservadas a ley (organización interna). En Navarra: Decretos Forales (Gobierno) y Órdenes Forales (consejeros). Costumbre (art. 1.3 CC): solo en defecto de ley, no contraria a la moral y al orden público, y probada. Principios generales (art. 1.4 CC): en defecto de ley y costumbre, con carácter informador. Jurisprudencia (art. 1.6 CC): doctrina reiterada del Tribunal Supremo que complementa el ordenamiento; la doctrina del Tribunal Constitucional vincula a todos los jueces (art. 5.1 LOPJ). Tratados (art. 96 CE): forman parte del ordenamiento interno tras su publicación oficial y solo se derogan en la forma prevista en ellos; si son contrarios a la CE, previa revisión constitucional (art. 95). UE: primacía (Costa/ENEL, 1964) y efecto directo (Van Gend en Loos, 1963); reglamento directamente aplicable, directiva obliga en cuanto al resultado y exige transposición (art. 288 TFUE). Declaración TC 1/2004: primacía de la UE y supremacía de la Constitución. Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas. Senado: dos meses (veinte días en urgentes) para veto (mayoría absoluta) o enmiendas; el Rey sanciona en quince días (art. 91 CE). Vacatio legis general del art. 2.1 CC: 20 días desde la publicación completa en el BOE, salvo que la norma disponga otra cosa. Irretroactividad (art. 9.3 CE): las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos NUNCA son retroactivas; sí lo es la norma penal más favorable (art. 2.2 CP). Derogación (art. 2.2 CC): las leyes solo se derogan por otras posteriores; expresa o tácita; sin reviviscencia salvo disposición expresa. No confundir con nulidad ni con inaplicación. Orden de resolución de antinomias: jerárquico, especialidad y cronológico; el de jerarquía prevalece siempre y, por lo general, la norma especial prevalece sobre la posterior general. La ley foral navarra no es jerárquicamente inferior a la ley estatal: actúa por reparto competencial dentro del ámbito de la LORAFNA; el decreto foral sí es inferior a la ley foral. Fuero Nuevo: Ley 1/1973, de 1 de marzo. Interpretación (art. 3.1 CC): sentido propio de las palabras, contexto, antecedentes históricos y legislativos, realidad social y espíritu y finalidad; analogía (art. 4 CC) excluida en leyes penales, excepcionales y temporales.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), artículos 9.3, 81, 82 a 91, 93 a 97, 106, 128 y 149.3
  • Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Título Preliminar (artículos 1 a 4, 6 y 7)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 37, 47.2, 128 y 129
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, artículo 24
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, artículo 22.3; Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 288; Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre
  • Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA)
  • Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente; Ley 1/1973, de 1 de marzo, de Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 5.1; Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

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