Tema 25. La Ley de Enjuiciamiento Criminal: la denuncia, la querella y el atestado policial. La detención y sus garantías. El procedimiento de habeas corpus.
La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.
El Tema 25 estudia los primeros trámites del proceso penal desde la perspectiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con numerosas reformas posteriores): cómo se pone en conocimiento de la autoridad un hecho delictivo (denuncia y querella), cómo documenta la Policía Judicial sus primeras diligencias de investigación (el atestado), y qué garantías rodean la privación cautelar de libertad (la detención, sus plazos y los derechos del detenido) y el procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984), que permite el control judicial inmediato de las detenciones ilegales. Para un agente de la Policía Foral lo esencial es distinguir con precisión: obligados y formas de denunciar, diferencia denuncia/querella, valor del atestado (denuncia, no prueba), plazo máximo de 72 horas de la detención, contenido de la información de derechos y legitimados y plazo del habeas corpus.
Delitos públicos, semipúblicos y privados: la clave de la denuncia y la querella
La acción penal nace de todo delito (art. 100 LECrim) y, como regla, es pública: se ejercita de oficio por el Ministerio Fiscal (art. 105) y puede ser ejercitada por cualquier ciudadano español mediante la acción popular (art. 101). Según quién deba impulsar el proceso, los delitos se clasifican en tres grupos. Delitos públicos: se persiguen de oficio, sin necesidad de denuncia del ofendido (es la regla general). Delitos semipúblicos: requieren previa denuncia de la persona agraviada (o de su representante legal) para poder proceder, aunque una vez presentada la denuncia el proceso sigue de oficio; ejemplo, el descubrimiento y revelación de secretos (art. 201 CP). Delitos privados: solo se persiguen mediante querella del ofendido, que además es quien sostiene la acusación; ejemplo típico, la calumnia y la injuria entre particulares (art. 215 CP: «nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito»). La obligación legal de denunciar de los arts. 259 y siguientes LECrim se refiere únicamente a los delitos públicos.
La denuncia: concepto y obligación de denunciar (arts. 259 a 264 LECrim)
La denuncia es la declaración de conocimiento por la que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano judicial, del Ministerio Fiscal o de la Policía la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito. No es un acto de ejercicio de la acción penal: el denunciante no se convierte en parte del proceso y no está obligado a probar los hechos ni a formalizar querella (art. 264). El artículo 259 impone la obligación de denunciar a quien presenciare la perpetración de cualquier delito público, que debe comunicarlo inmediatamente al Juez de Instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo, bajo multa de cuantía simbólica (la ley mantiene la cifra histórica en pesetas, de ahí que hoy sea una sanción de escasa entidad práctica). El artículo 262 refuerza el deber para quienes por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público: deben denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al Juez de Instrucción y, en su defecto, al municipal o funcionario de policía más próximo si se tratare de delito flagrante. Si la omisión es de un empleado público en razón de su cargo, además de la multa se pone en conocimiento de su superior inmediato para los efectos oportunos. El artículo 264 extiende el deber a quien por cualquier otro medio tuviere conocimiento de un delito perseguible de oficio. Están exentos de la obligación de denunciar (art. 261) los impúberes, quienes no gocen del pleno uso de razón, el cónyuge del delincuente (o persona ligada por análoga relación de afectividad) y sus ascendientes, descendientes y parientes colaterales dentro de los límites que fija la ley. Los abogados y procuradores respecto a las instrucciones o explicaciones de sus clientes, y los eclesiásticos y ministros de culto respecto a lo conocido en el ejercicio de su ministerio, están también dispensados (art. 263).
Forma, contenido y efectos de la denuncia (arts. 265 a 269 LECrim)
La denuncia puede hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial (art. 265). La denuncia escrita debe ir firmada por el denunciante o, si no supiere o no pudiere firmar, por otra persona a su ruego (art. 266). La denuncia verbal se recoge en un acta que extiende el funcionario que la recibe, con expresión de todas las circunstancias que el denunciante exponga, y que firman ambos (art. 267). Quien recibe la denuncia (Juez, fiscal o funcionario de policía) debe hacer constar la identidad del denunciante. Formalizada la denuncia, se procede inmediatamente a la comprobación del hecho denunciado, salvo que no revista carácter de delito o que la denuncia sea manifiestamente falsa (art. 269). La denuncia no exige forma sacramental, ni asistencia de Abogado y Procurador, ni fianza. No convierte al denunciante en parte, aunque podrá personarse después como acusación particular si reúne los requisitos del ordenamiento (el perjudicado puede personarse en la causa hasta el trámite de calificación del delito, art. 110). Consecuencias para el denunciante: si la denuncia se sabe falsa, puede incurrir en el delito de acusación o denuncia falsa (art. 456 CP) o de simulación de delito (art. 457 CP); en cambio, si se presenta de buena fe y los hechos no se prueban, no genera responsabilidad. Los agentes de la Policía Foral reciben a diario denuncias de ciudadanos: deben recogerlas siempre, extender el acta o diligencia correspondiente, entregar copia al denunciante cuando proceda conforme al Estatuto de la víctima (Ley 4/2015) y trasladarlas a la autoridad judicial o fiscal.
La querella (arts. 270 a 281 y 312-313 LECrim)
La querella es el acto procesal por el que una persona, además de poner en conocimiento del Juez la existencia de un delito, ejercita la acción penal y se constituye formalmente en parte acusadora del proceso. El artículo 270 reconoce legitimación para querellarse a todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito (ejercicio de la acción popular del art. 101 LECrim, con fundamento último en el art. 125 CE: «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular»), y a los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o los de sus representados. El Ministerio Fiscal ejercita la acción penal sin necesidad de querella en su condición de parte pública. La acción popular tiene límites legales (art. 102: no pueden ejercitarla, entre otros, quienes no gocen de plenitud de derechos civiles, los condenados por delitos de prevaricación o contra los Jueces y Magistrados en determinados supuestos, ni Jueces y Magistrados) y una importante doctrina jurisprudencial restrictiva cuando es la única acusación en el juicio oral. Requisitos formales: la querella se presenta siempre por escrito, ante el Juez de Instrucción competente, por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado (art. 277). Su contenido (art. 277) incluye: Juez o tribunal ante quien se presenta, nombre y circunstancias del querellante y del querellado, relación circunstanciada del hecho con expresión de lugar, tiempo y circunstancias, diligencias cuya práctica se solicita y petición de que se admita la querella. El querellante que no sea ofendido debe prestar fianza de la clase y cuantía que fije el Juez para responder de las resultas del juicio (art. 280); están exentos de fianza el ofendido y sus herederos o representantes legales (art. 281). El Juez rechaza la querella cuando los hechos no sean constitutivos de delito o cuando no se considere competente (art. 313). La querella obliga, además, a responder de las consecuencias de una acusación temeraria (costas). Diferencias esenciales con la denuncia: la denuncia es obligación para algunos y facultad para los demás, de forma libre y sin postulación; la querella es facultad, exige forma escrita, Abogado y Procurador y convierte en parte.
Cuadro comparativo denuncia / querella
Denuncia: acto de conocimiento; puede ser obligatoria (arts. 259 y 262); forma escrita u oral; sin Abogado ni Procurador; sin fianza; no convierte en parte; se puede presentar ante Juez, Ministerio Fiscal o Policía. Querella: acto de ejercicio de la acción penal; siempre voluntaria; solo por escrito y ante el Juez; con Abogado y Procurador; con fianza para el no ofendido; convierte en parte acusadora; obligatoria únicamente como vía para perseguir los delitos privados (injuria y calumnia entre particulares). Otras figuras de iniciación: la actuación de oficio del Juez (cuando conoce por sí mismo la noticia del delito), el atestado policial (la Policía inicia diligencias de prevención) y las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal (art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y art. 773.2 LECrim), cuya duración está limitada legalmente.
La Policía Judicial: concepto, funciones y dependencia (arts. 282 a 298 LECrim)
El artículo 126 CE establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. El artículo 547 LOPJ (Ley Orgánica 6/1985) define la función de Policía Judicial como el auxilio a los juzgados, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, y atribuye esta función, cuando sean requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. El artículo 282 LECrim fija el contenido de la función: averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes; y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. El artículo 284 LECrim ordena que, inmediatamente que tengan noticia de un delito público, los funcionarios de Policía Judicial lo participen a la autoridad judicial y al representante del Ministerio Fiscal, si pueden hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención; en otro caso, en cuanto las terminen. Dependencia: es funcional (de Jueces, Tribunales y Fiscalía, en lo que se refiere a la investigación) y no orgánica (que sigue siendo de su propia Administración): la Policía Foral, como cuerpo de la Comunidad Foral de Navarra, ejerce funciones de Policía Judicial dentro de su ámbito competencial y con arreglo a la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y al Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.
El atestado policial: concepto y contenido (art. 292 LECrim)
El atestado es el documento en el que los funcionarios de Policía Judicial extienden, con la mayor exactitud posible, las diligencias que practiquen en la investigación de un hecho con apariencia delictiva. Según el artículo 292 LECrim, en el atestado se especificarán con la mayor exactitud los hechos averiguados, se insertarán las declaraciones e informes recibidos y se anotarán todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. Debe ser firmado por quienes intervengan en él. Estructura habitual (que deriva de la práctica policial más que de un modelo legal cerrado): diligencia de inicio o exposición (resumen de los hechos y motivo de la intervención); diligencias de investigación (inspección ocular, recogida de efectos y vestigios, cadena de custodia); identificación y declaración de denunciantes, perjudicados y testigos; información de derechos y declaración, en su caso, del investigado; diligencia de detención y de información de derechos del art. 520 LECrim cuando haya detenidos; informes periciales o técnicos incorporados; diligencia de ofrecimiento de acciones a la víctima; y diligencia de remisión al Juzgado o al Ministerio Fiscal. El atestado no es un acto reservado a la detención: se instruye tanto con detenido como sin él, y también puede ser oral (cuando se comunica verbalmente a la autoridad judicial por razón de urgencia y se documenta después). Los funcionarios deben abstenerse de valoraciones jurídicas innecesarias y limitarse a hechos y a su fuente de conocimiento.
Valor probatorio del atestado (arts. 297 y 717 LECrim)
Es una de las cuestiones más preguntadas. Según el artículo 297 LECrim, los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de la Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales; las demás declaraciones que prestaren deberán ser consideradas como testimonios en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. Además, el mismo artículo obliga a los funcionarios a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen. El artículo 717 LECrim añade que las declaraciones de los funcionarios de Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio, y se apreciarán según las reglas del criterio racional. Consecuencias: (1) el atestado, por sí solo, no es prueba de cargo capaz de destruir la presunción de inocencia (art. 24.2 CE): es un medio de investigación y de iniciación del proceso; (2) lo que sí es prueba es la declaración de los agentes en el juicio oral, bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, sobre hechos que han percibido directamente; (3) algunos elementos del atestado pueden tener valor probatorio propio si se incorporan al juicio con garantías (por ejemplo, informes periciales o actas de inspección ocular cuando se ratifican o se reproducen conforme a la ley); (4) las diligencias sumariales no son prueba salvo que se trate de prueba anticipada o preconstituida practicada con garantías (por ejemplo, arts. 448 y 777 LECrim). Por ello, la redacción rigurosa del atestado y la comparecencia del agente en el juicio son decisivas.
Plazos y remisión del atestado a la autoridad judicial o fiscal (arts. 284, 295 y 17.2 CE)
La Policía Judicial debe dar conocimiento inmediato del delito a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal (art. 284), y el artículo 295 LECrim determina que en ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento al Juez competente o al representante del Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo que concurra alguna de las excepciones que la propia ley prevé. En los atestados con detenido, la regla fundamental no es la del art. 295 sino el plazo de la detención: la persona detenida debe ser puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, antes de transcurridas setenta y dos horas desde la detención (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim). En la práctica, el atestado con detenidos se remite al Juzgado de guardia junto con el detenido, y el atestado sin detenido se remite al Juzgado o a la Fiscalía sin dilación. En el procedimiento abreviado y en el enjuiciamiento rápido, la ley añade reglas específicas sobre el contenido y entrega del atestado (arts. 770 y 796 LECrim).
La detención: concepto y supuestos (arts. 489 a 495 LECrim)
La detención es una medida cautelar de naturaleza provisional por la que se priva de libertad a una persona, durante un tiempo máximo estrictamente necesario, para asegurar su puesta a disposición de la autoridad judicial. Sus fundamentos son el art. 17 CE (nadie puede ser privado de su libertad sino con observancia de lo establecido en dicho artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley) y los arts. 489 y siguientes LECrim. Debe practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio (art. 520.1). La LECrim distingue dos situaciones. Detención por cualquier persona (art. 490): la ley FACULTA a cualquier persona, sea agente de la autoridad o particular, para detener: al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; al delincuente in fraganti; al que se fugare de un establecimiento penal o de la cárcel mientras esperaba su traslado; al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente; y al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Detención por la Autoridad o agentes de Policía Judicial (art. 492): están OBLIGADOS a detener a quienes se hallaren en los casos anteriores, al procesado por delito que tenga señalada pena grave, y, en los términos del artículo, a quienes tengan procesados por delito de menor pena si no tuvieren domicilio conocido ni diesen fianza bastante. El particular que detiene debe entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima. Una detención realizada fuera de los supuestos legales o sin las formalidades exigidas es ilegal y puede dar lugar a habeas corpus y a responsabilidad penal (arts. 163 y siguientes CP para particulares; arts. 529 y siguientes CP —detención ilegal por funcionario— para autoridades y funcionarios) y disciplinaria.
Plazo máximo de la detención (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim)
El artículo 17.2 CE garantiza que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y que, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El artículo 520.1 LECrim reproduce esta regla. El plazo de 72 horas es máximo e infranqueable: su superación convierte la detención en ilegal y habilita el habeas corpus. Se computa desde el momento de la privación de libertad. La CE permite que, para los casos de investigación de la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, una ley orgánica determine la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial, pueden ser suspendidos determinados derechos (art. 55.2 CE). En desarrollo de este precepto, la LECrim (art. 520 bis) permite que, en los supuestos de delitos de terrorismo y otros que la ley indica, la detención pueda prorrogarse por un máximo de cuarenta y ocho horas adicionales, mediante resolución judicial motivada dictada dentro de las primeras setenta y dos horas (total máximo de cinco días). Distinguir siempre: 72 horas es el plazo máximo constitucional general; la prórroga de otras 48 horas es una excepción para terrorismo y requiere autorización judicial. La incomunicación del detenido es una medida distinta, acordable solo por el Juez (art. 509 y 527 LECrim) y con duración y contenido legalmente limitados.
Derechos del detenido (art. 17.3 CE y art. 520 LECrim)
El artículo 17.3 CE dispone que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, y que se garantiza la asistencia de Abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. El artículo 520 LECrim, en la redacción dada por las Leyes Orgánicas 5/2015 y 13/2015 (que incorporaron al ordenamiento directivas de la Unión Europea sobre información, interpretación y traducción y derecho de asistencia letrada), reconoce a toda persona detenida o presa el derecho a ser informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyen y de las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten: derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o a todas las preguntas, y a manifestar que solo declarará ante el Juez; derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; derecho a designar Abogado sin demora y a ser asistido por él (y, si no lo designa, a que se le nombre uno de oficio) y a entrevistarse reservadamente con él antes y al terminar la declaración; derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención; derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su detención y el lugar de custodia; derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero en presencia de un funcionario; si es extranjero, derecho a que se informe a la oficina consular de su país; derecho a la asistencia gratuita de intérprete; derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal; derecho a conocer el plazo máximo legal de duración de la detención hasta su puesta a disposición judicial; y derecho a conocer el procedimiento para impugnar la legalidad de la detención. La asistencia letrada es obligatoria (no renunciable) en delitos graves; en delitos contra la seguridad del tráfico el detenido puede renunciar a ella en los términos que la ley establece. El Colegio de Abogados debe designar Letrado de oficio y este debe comparecer en el plazo máximo legal de tres horas desde el requerimiento; transcurrido sin comparecer, la ley permite practicar la diligencia sin esperar más. El Letrado tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el detenido, a asistir a las diligencias de declaración, reconocimiento de identidad y reconstrucción de hechos, y a informar al detenido de las consecuencias de la diligencia.
Declaración del investigado y otras garantías en comisaría
Desde la reforma de 2015 la LECrim sustituyó el término «imputado» por «investigado» (o encausado) y fijó el momento en que nace el derecho de defensa (art. 118 LECrim): toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento. Debe ser informada de ello de forma que se garantice la efectividad de sus derechos, incluyendo el acceso a las actuaciones esenciales. Los agentes deben recordar: a) la información de derechos es previa a toda declaración y debe constar por escrito (documento firmado por el detenido o diligencia de que se negó a firmar); b) las manifestaciones del detenido sin letrado no tienen validez probatoria; c) la detención se anota en el libro-registro de detenidos de la dependencia, en el que consta el momento de la detención, los motivos, la información de derechos, los reconocimientos médicos y los traslados; d) los menores de edad detenidos se rigen por su normativa específica (LO 5/2000), con garantías reforzadas y plazos más breves; e) la custodia debe respetar la separación por sexo y condición y el trato digno, y los agentes responden penalmente de cualquier trato degradante o tortura (arts. 173 y 174 CP, y 175 y siguientes para autoridad o funcionario).
El procedimiento de habeas corpus (art. 17.4 CE y LO 6/1984, de 24 de mayo)
El habeas corpus es un procedimiento judicial sumario, preferente y gratuito dirigido a producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Su fundamento es el artículo 17.4 CE: «por ley se regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional». La norma que lo desarrolla es la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». Supuestos (art. 1): se consideran personas ilegalmente detenidas, entre otras, las que lo sean por autoridad, agente de la misma o persona, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas en las leyes; las que estén ilícitamente internadas por cualquier causa en cualquier establecimiento o lugar; las que lo sean por un plazo superior al legalmente señalado; y las que estén privadas de libertad sin que se respeten los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Legitimación (art. 3): pueden instarlo el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, sus descendientes, ascendientes y hermanos y, en su caso, sus tutores o representantes legales; el Ministerio Fiscal; el Defensor del Pueblo; y el Juez competente de oficio. No se exige Abogado ni Procurador: se formula por escrito o verbalmente y basta con expresar los datos básicos. Competencia (art. 2): el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad o, en su defecto, el del lugar en que se hayan tenido las últimas noticias sobre su paradero; para las detenciones de la jurisdicción militar y otros casos, la ley establece reglas específicas.
Tramitación y resolución del habeas corpus
Presentada la solicitud, el Juez, si concurren los supuestos de admisión, dicta auto de incoación y ordena a la autoridad o agente que tenga a la persona privada de libertad que la ponga inmediatamente a su disposición o, en su caso, que informe; la persona debe comparecer ante el Juez, que oye al detenido (asistido de Letrado), al Ministerio Fiscal y a la autoridad o funcionario que haya acordado o practicado la detención. El procedimiento es sumarísimo y debe resolverse en el plazo máximo de veinticuatro horas desde su iniciación. El auto que resuelve (art. 8) puede acordar: archivar las actuaciones si la privación de libertad es legal; la inmediata puesta en libertad si la detención es ilegal por no concurrir las causas legales, por haberse superado los plazos o por no cumplirse los requisitos; que la persona continúe privada de libertad pero en las condiciones legalmente exigidas (cuando la ilegalidad se refiere a las condiciones de la detención y no a la detención misma); o que la persona sea puesta inmediatamente a disposición judicial. Doctrina constitucional: el Tribunal Constitucional ha reiterado que el habeas corpus es un procedimiento de control de la legalidad de la privación de libertad, no de enjuiciamiento de fondo de los hechos; que no puede inadmitirse con carácter liminar cuando se alegan hechos que encajan en el art. 1; y que la falta de tramitación adecuada puede vulnerar el art. 17.4 CE. No procede contra privaciones de libertad acordadas por resolución judicial (prisión provisional o ejecución de condena), que se impugnan mediante los recursos ordinarios. En la práctica policial, el agente que custodia al detenido debe poner en conocimiento del Juez cualquier solicitud de habeas corpus de forma inmediata y poner a su disposición al detenido; la obstaculización es constitutiva de infracción grave.
La entrada y registro en el domicilio: art. 18.2 CE y arts. 545 y ss. LECrim
El artículo 18.2 CE proclama la inviolabilidad del domicilio: ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Por tanto hay tres vías habilitantes: el consentimiento del titular (libre, expreso y válido; no basta la mera pasividad), la resolución judicial motivada (auto del Juez de Instrucción, arts. 545 y siguientes LECrim, que debe expresar el domicilio, el hecho y su proporcionalidad), y la flagrancia. El Tribunal Constitucional (STC 341/1993) ha precisado que la flagrancia exige evidencia sensorial del delito, inmediatez personal (el delincuente está en el lugar del delito en relación con el objeto o instrumentos) y necesidad urgente de intervención policial. La mera sospecha o intuición policial no basta. El registro con mandamiento judicial se practica en presencia del Letrado de la Administración de Justicia (o del Juez), del interesado o su representante, y de testigos cuando proceda (art. 569 LECrim). Fuera de estos supuestos la entrada es ilegítima, las pruebas obtenidas son nulas (art. 11.1 LOPJ: no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales) y el funcionario puede incurrir en responsabilidad penal (arts. 204 y 534 CP, según los casos). La LECrim contempla también la entrada y registro en edificios y lugares públicos (arts. 546 y 547), con reglas distintas. El domicilio, a efectos constitucionales, es el espacio apto para desarrollar la vida privada, con independencia de su título jurídico (propiedad, alquiler, habitación de hotel, etc.).
Medidas cautelares personales: la prisión provisional (arts. 502 y ss. LECrim)
La prisión provisional es la medida cautelar personal de mayor intensidad y solo puede acordarla el Juez o Tribunal mediante resolución motivada, previa audiencia del investigado asistido de Letrado (comparecencia del art. 505 LECrim), cuando concurran los presupuestos del artículo 503: a) que conste en la causa la existencia de un hecho que presente caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso; b) que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión; c) que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los fines constitucionalmente legítimos: asegurar la presencia del investigado en el proceso (riesgo de fuga), evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba, evitar que el investigado actúe contra bienes jurídicos de la víctima, o evitar el riesgo de reiteración delictiva (con las condiciones que la ley fija). Rige la excepcionalidad, provisionalidad y proporcionalidad. Su duración máxima está limitada por el art. 504 LECrim (con distintos límites según la pena y posibles prórrogas) y debe ser revisada periódicamente. Alternativas menos gravosas: libertad provisional con fianza (art. 529 y siguientes), comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, órdenes de alejamiento (art. 544 bis), y orden de protección de las víctimas de violencia doméstica y de género (art. 544 ter).
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido: diligencias urgentes (arts. 795 y ss. LECrim)
La Ley 38/2002, de 24 de octubre, y la Ley Orgánica 8/2002 introdujeron en el Libro IV de la LECrim el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (arts. 795 a 803), conocido como «juicio rápido». Se aplica a los delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, cuando el proceso penal se inicie en virtud de atestado policial y la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia, o la haya citado para comparecer ante él por tener la consideración de denunciado, y además se trate de un delito flagrante, o de alguno de los delitos enumerados (lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, hurto, robo, hurto y robo de uso de vehículos, delitos contra la seguridad vial, daños, delitos contra la propiedad intelectual e industrial), o de aquellos cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. Rasgo distintivo: concentración temporal. La Policía Judicial cita al denunciado, a los perjudicados y a los testigos para comparecer ante el Juzgado de guardia en un plazo muy breve, de modo que el juicio oral pueda celebrarse con rapidez; la conformidad del acusado, con las garantías que la ley establece, permite dictar sentencia de conformidad en el propio Juzgado de guardia. El atestado en este procedimiento tiene un contenido reforzado (art. 796): la Policía debe hacer constar las citaciones, informes periciales, antecedentes y todo lo necesario para que el Juzgado pueda actuar de inmediato. Procedimiento abreviado (arts. 757 y siguientes): delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza (art. 757), en el que el atestado y las diligencias previas son el eje de la instrucción.
Estatuto de la víctima y deberes de la Policía en la atención a denunciantes
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, reconoce a las víctimas derechos de información, apoyo, asistencia y protección que los agentes deben respetar desde el primer contacto: derecho a entender y ser entendida (comunicaciones en lenguaje claro y accesible), derecho a recibir información desde el primer contacto con las autoridades, derecho a presentar denuncia y a obtener copia de la misma debidamente certificada, derecho a la traducción e interpretación cuando no comprenda la lengua, y derecho a recibir información sobre la causa penal y a participar en el proceso. En la práctica policial esto se concreta en: informar a la víctima de sus derechos, valorar su riesgo (en violencia de género mediante los protocolos específicos y el sistema VioGén), practicar el ofrecimiento de acciones y, cuando proceda, solicitar medidas de protección. Esto enlaza con las reglas de denuncia y atestado de este tema.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 259 LECrim: obligación general de denunciar a quien presencie la perpetración de un delito público; multa de cuantía histórica (pesetas). Art. 262: obligación reforzada de quienes por cargo, profesión u oficio tengan noticia de un delito público. Art. 264: quien lo conozca por cualquier otro medio también debe denunciar, sin obligación de probar ni de querellarse.
Forma de la denuncia: escrita u oral, personalmente o por mandatario con poder especial (art. 265); la escrita la firma el denunciante (art. 266); la verbal se recoge en acta (art. 267). No exige Abogado ni Procurador y no convierte al denunciante en parte.
Exentos de denunciar (art. 261): impúberes, quienes no tengan pleno uso de razón, cónyuge y parientes próximos del delincuente. Abogados, procuradores y ministros de culto: dispensa por secreto profesional o ministerio (art. 263).
La querella (art. 270 y ss.) exige forma escrita, ante el Juez, con Procurador con poder bastante y firma de Letrado (art. 277), y convierte al querellante en parte acusadora; fianza para el no ofendido (art. 280). La acción popular: art. 101 LECrim y art. 125 CE.
Delitos privados (injuria y calumnia entre particulares): solo mediante querella del ofendido (art. 215 CP). Delitos semipúblicos: requieren denuncia previa del agraviado.
Art. 297 LECrim: el atestado tiene valor de denuncia, NO de prueba plena; las declaraciones de los agentes valen como testimonio solo en hechos de conocimiento propio (art. 717), ratificados en juicio oral con contradicción.
Art. 295 LECrim: no se pueden dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento al Juez o al Fiscal de las diligencias practicadas (salvo excepciones legales). No confundir con las 72 horas de detención.
Art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim: la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, 72 horas; el detenido debe ser liberado o puesto a disposición judicial. Prórroga de 48 horas solo en terrorismo, con autorización judicial dictada dentro de las primeras 72 (art. 520 bis).
Detención por particulares (art. 490): FACULTAD de detener en los supuestos legales (delito in fraganti, fuga, rebeldía); la Autoridad y agentes de Policía Judicial tienen la OBLIGACIÓN de detener en los supuestos del art. 492. El particular debe entregar inmediatamente al detenido a la autoridad.
Art. 17.3 CE y art. 520 LECrim: información inmediata, por escrito, en lenguaje sencillo y en lengua comprensible; silencio, no declarar contra sí mismo, Abogado (de oficio si no designa), aviso a familiar, cónsul si es extranjero, intérprete, médico forense.
El Letrado de oficio debe comparecer en el plazo máximo de tres horas desde el requerimiento; la entrevista reservada con el detenido es un derecho antes y después de la declaración.
Habeas corpus: art. 17.4 CE y LO 6/1984, de 24 de mayo. Legitimados (art. 3): el privado de libertad, su cónyuge o análogo, descendientes, ascendientes y hermanos, tutores, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez de oficio. No exige Abogado ni Procurador. Resolución en 24 horas.
Habeas corpus no procede contra privaciones de libertad acordadas judicialmente (prisión provisional, condena): se impugnan por recurso. Supuestos del art. 1 LO 6/1984: detención sin causa legal, exceso de plazo, falta de formalidades o de respeto de derechos.
Entrada y registro en domicilio (art. 18.2 CE): SOLO consentimiento del titular, resolución judicial motivada o flagrante delito (STC 341/1993: evidencia sensorial, inmediatez personal y necesidad urgente). Sin ellas, la prueba es nula (art. 11.1 LOPJ).
Prisión provisional (arts. 502-505 LECrim): pena máxima igual o superior a 2 años (o menor con antecedentes no cancelables por delito doloso), motivos bastantes de responsabilidad y fin legítimo (fuga, ocultación o destrucción de pruebas, actuación contra la víctima, reiteración delictiva). Comparecencia previa con Letrado.
Juicio rápido (arts. 795 y ss.): atestado policial con detenido o citado, pena privativa de libertad hasta 5 años (u otras penas hasta 10 años), delito flagrante, delitos enumerados o de instrucción sencilla. Procedimiento abreviado: pena privativa de libertad hasta 9 años (art. 757).
Policía Judicial: depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126 CE; art. 547 LOPJ; art. 282 LECrim), no orgánicamente. Son Policía Judicial todos los miembros de las FCS en el ámbito de sus competencias, incluida la Policía Foral.
Error típico: confundir denuncia (cualquiera, libre, no es parte) con querella (formal, escrita, con Letrado y Procurador, convierte en parte), o decir que el atestado es prueba plena.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el artículo 262 de la LECrim, ¿quiénes tienen una obligación reforzada de denunciar los delitos públicos de que tengan noticia?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 25 de Policía Foral de Navarra?
El Tema 25 estudia los primeros trámites del proceso penal desde la perspectiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con numerosas reformas posteriores): cómo se pone en conocimiento de la autoridad un hecho delictivo (denuncia y querella), cómo documenta la Policía Judicial sus primeras diligencias de investigación (el atestado), y qué garantías rodean la privación cautelar de libertad (la detención, sus plazos y los derechos del detenido) y el procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984), que permite el control judicial inmediato de las detenciones ilegales. Para un agente de la Policía Foral lo esencial es distinguir con precisión: obligados y formas de denunciar, diferencia denuncia/querella, valor del atestado (denuncia, no prueba), plazo máximo de 72 horas de la detención, contenido de la información de derechos y legitimados y plazo del habeas corpus.
¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?
Art. 259 LECrim: obligación general de denunciar a quien presencie la perpetración de un delito público; multa de cuantía histórica (pesetas). Art. 262: obligación reforzada de quienes por cargo, profesión u oficio tengan noticia de un delito público. Art. 264: quien lo conozca por cualquier otro medio también debe denunciar, sin obligación de probar ni de querellarse. Forma de la denuncia: escrita u oral, personalmente o por mandatario con poder especial (art. 265); la escrita la firma el denunciante (art. 266); la verbal se recoge en acta (art. 267). No exige Abogado ni Procurador y no convierte al denunciante en parte. Exentos de denunciar (art. 261): impúberes, quienes no tengan pleno uso de razón, cónyuge y parientes próximos del delincuente. Abogados, procuradores y ministros de culto: dispensa por secreto profesional o ministerio (art. 263). La querella (art. 270 y ss.) exige forma escrita, ante el Juez, con Procurador con poder bastante y firma de Letrado (art. 277), y convierte al querellante en parte acusadora; fianza para el no ofendido (art. 280). La acción popular: art. 101 LECrim y art. 125 CE. Delitos privados (injuria y calumnia entre particulares): solo mediante querella del ofendido (art. 215 CP). Delitos semipúblicos: requieren denuncia previa del agraviado. Art. 297 LECrim: el atestado tiene valor de denuncia, NO de prueba plena; las declaraciones de los agentes valen como testimonio solo en hechos de conocimiento propio (art. 717), ratificados en juicio oral con contradicción. Art. 295 LECrim: no se pueden dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento al Juez o al Fiscal de las diligencias practicadas (salvo excepciones legales). No confundir con las 72 horas de detención. Art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim: la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, 72 horas; el detenido debe ser liberado o puesto a disposición judicial. Prórroga de 48 horas solo en terrorismo, con autorización judicial dictada dentro de las primeras 72 (art. 520 bis). Detención por particulares (art. 490): FACULTAD de detener en los supuestos legales (delito in fraganti, fuga, rebeldía); la Autoridad y agentes de Policía Judicial tienen la OBLIGACIÓN de detener en los supuestos del art. 492. El particular debe entregar inmediatamente al detenido a la autoridad. Art. 17.3 CE y art. 520 LECrim: información inmediata, por escrito, en lenguaje sencillo y en lengua comprensible; silencio, no declarar contra sí mismo, Abogado (de oficio si no designa), aviso a familiar, cónsul si es extranjero, intérprete, médico forense. El Letrado de oficio debe comparecer en el plazo máximo de tres horas desde el requerimiento; la entrevista reservada con el detenido es un derecho antes y después de la declaración. Habeas corpus: art. 17.4 CE y LO 6/1984, de 24 de mayo. Legitimados (art. 3): el privado de libertad, su cónyuge o análogo, descendientes, ascendientes y hermanos, tutores, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez de oficio. No exige Abogado ni Procurador. Resolución en 24 horas. Habeas corpus no procede contra privaciones de libertad acordadas judicialmente (prisión provisional, condena): se impugnan por recurso. Supuestos del art. 1 LO 6/1984: detención sin causa legal, exceso de plazo, falta de formalidades o de respeto de derechos. Entrada y registro en domicilio (art. 18.2 CE): SOLO consentimiento del titular, resolución judicial motivada o flagrante delito (STC 341/1993: evidencia sensorial, inmediatez personal y necesidad urgente). Sin ellas, la prueba es nula (art. 11.1 LOPJ). Prisión provisional (arts. 502-505 LECrim): pena máxima igual o superior a 2 años (o menor con antecedentes no cancelables por delito doloso), motivos bastantes de responsabilidad y fin legítimo (fuga, ocultación o destrucción de pruebas, actuación contra la víctima, reiteración delictiva). Comparecencia previa con Letrado. Juicio rápido (arts. 795 y ss.): atestado policial con detenido o citado, pena privativa de libertad hasta 5 años (u otras penas hasta 10 años), delito flagrante, delitos enumerados o de instrucción sencilla. Procedimiento abreviado: pena privativa de libertad hasta 9 años (art. 757). Policía Judicial: depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126 CE; art. 547 LOPJ; art. 282 LECrim), no orgánicamente. Son Policía Judicial todos los miembros de las FCS en el ámbito de sus competencias, incluida la Policía Foral. Error típico: confundir denuncia (cualquiera, libre, no es parte) con querella (formal, escrita, con Letrado y Procurador, convierte en parte), o decir que el atestado es prueba plena.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, artículos 17, 18.2, 24, 55.2, 125 y 126
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), en especial arts. 100-110, 259-269, 270-281, 282-298, 312-313, 489-496, 502-505, 520, 520 bis, 545 y ss., 717, 757 y 795-803
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus»
Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, y Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (garantías procesales e información al detenido)
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 11 y 547 y ss.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Foral de Navarra.