La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.
El Tema 5 completa el bloque de servicios sociales abordando, tras la urgencia social del Tema 4, la estructura ordinaria y permanente del Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra: su organización en dos niveles (servicios sociales generales o de base, y servicios sociales especializados), su distribución territorial por zonas básicas, y el catálogo de prestaciones garantizadas recogido en la Cartera de Servicios Sociales de Navarra. Se trata de conocer el funcionamiento ordinario del sistema al que, en última instancia, se derivan buena parte de las situaciones de vulnerabilidad detectadas tanto por los propios servicios sociales como por la Policía Foral en su actividad diaria.
El tema aborda también el reparto de responsabilidades entre el Gobierno de Navarra —a través del Departamento competente en derechos sociales— y las entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades), la figura profesional de referencia del sistema (el trabajador o trabajadora social), y algunas de las prestaciones y programas más relevantes: ayuda a domicilio, teleasistencia, atención a la dependencia, protección a la infancia, atención a la discapacidad e inserción sociolaboral.
El Sistema Público de Servicios Sociales se configura, junto con la sanidad, la educación y el sistema de pensiones, como uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, con la finalidad de prevenir, atender y, en la medida de lo posible, revertir situaciones de necesidad social, exclusión o dependencia que afectan a personas y familias a lo largo de su ciclo vital. En Navarra, este sistema se organiza en dos grandes niveles complementarios: los servicios sociales generales o de base, de carácter polivalente, universal y de proximidad territorial, que constituyen la puerta de entrada ordinaria al sistema; y los servicios sociales especializados, dirigidos a colectivos o problemáticas específicas (infancia, discapacidad, personas mayores, drogodependencias, violencia de género) que requieren una intervención técnica más intensa y especializada de la que puede prestar el nivel general. Su desarrollo normativo se completa con la correspondiente ley foral de servicios sociales, que fija los principios rectores del sistema —universalidad, proximidad, prevención, atención personalizada— y distribuye las competencias entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales.
Servicios sociales de base y organización territorial
Los servicios sociales de base constituyen el primer nivel de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales, con un carácter polivalente (atienden cualquier tipo de necesidad social inicial, sin especialización previa) y de proximidad, organizados territorialmente de forma que toda la población navarra, incluida la residente en el medio rural más disperso, tenga garantizado un punto de acceso razonablemente cercano. Su titularidad y gestión corresponde habitualmente a los ayuntamientos, de forma individual en el caso de los municipios de mayor población, o de forma mancomunada entre varios municipios pequeños en las zonas rurales, con financiación complementaria del Gobierno de Navarra. Entre sus funciones básicas se encuentran la información, orientación y valoración inicial de las demandas sociales, la gestión de determinadas prestaciones (ayuda a domicilio, ayudas de emergencia) y la derivación a los servicios especializados cuando la naturaleza del caso lo requiere. Constituyen, en la práctica, la puerta de entrada más habitual al conjunto del sistema, de manera que la calidad de la atención prestada en este primer nivel condiciona en buena medida la eficacia del itinerario posterior de cualquier persona usuaria.
Zonas básicas de servicios sociales
La organización territorial de los servicios sociales de base en Navarra se estructura en zonas básicas de servicios sociales, unidades territoriales delimitadas que agrupan uno o varios municipios en función de criterios de proximidad, volumen de población y accesibilidad, con el objetivo de garantizar una cobertura homogénea de estos servicios en todo el territorio foral, incluidas las zonas de menor densidad poblacional del Pirineo y prepirineo navarro. Cada zona básica cuenta con un equipo de profesionales de referencia (trabajo social, y en ocasiones educación social u otras disciplinas) que atiende a toda la población residente en su ámbito territorial, lo que en las zonas rurales más dispersas puede implicar la atención itinerante a varios municipios pequeños desde una sede central de la zona. El número y la delimitación exacta de estas zonas puede revisarse periódicamente por el Gobierno de Navarra en función de la evolución demográfica del territorio, buscando siempre un equilibrio entre proximidad al usuario y viabilidad técnica del equipo profesional asignado.
Servicios sociales generales frente a especializados
Los servicios sociales generales se caracterizan por su carácter universal (dirigidos a toda la población, sin exigir pertenencia a un colectivo específico), polivalente (capaces de atender cualquier tipo de necesidad social en un primer momento) y de proximidad territorial. Los servicios sociales especializados, por el contrario, están dirigidos a colectivos o situaciones concretas que requieren un conocimiento técnico específico y recursos propios diferenciados: infancia y adolescencia en riesgo o desamparo, personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, personas con problemas de adicción, o víctimas de violencia de género, entre otros. La relación entre ambos niveles es de complementariedad y derivación: el nivel general realiza la valoración inicial y deriva al nivel especializado correspondiente cuando la naturaleza y complejidad del caso lo requiere, manteniendo con frecuencia un papel de acompañamiento y coordinación durante todo el proceso. Esta distinción de niveles es equivalente, guardando las diferencias propias de cada sistema, a la existente en el ámbito sanitario entre atención primaria y atención especializada, y responde a un mismo principio de organización escalonada de los servicios públicos.
Cartera de Servicios Sociales de Navarra
La Cartera de Servicios Sociales de Navarra es el instrumento normativo que identifica, define y ordena el conjunto de prestaciones y servicios que integran el Sistema Público de Servicios Sociales foral, especificando para cada una de ellas su naturaleza (prestación económica o de servicio), los requisitos de acceso, el contenido concreto de la prestación, su intensidad y, en su caso, el copago aplicable. Su función es garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de acceso de la ciudadanía a un catálogo de prestaciones claramente delimitado, evitando la discrecionalidad excesiva en su reconocimiento y facilitando la planificación y financiación del sistema por parte de las administraciones responsables. Constituye, en definitiva, el equivalente en materia de servicios sociales a lo que la cartera de servicios comunes representa en el ámbito sanitario. Su actualización periódica permite incorporar nuevas prestaciones conforme surgen necesidades sociales emergentes, o modificar el contenido y los requisitos de las ya existentes en función de la evolución de la demanda y de la disponibilidad presupuestaria del sistema.
Información, orientación y valoración social como prestación básica
La prestación de información, orientación y valoración social constituye la puerta de entrada básica al Sistema Público de Servicios Sociales y, por ello, una de las funciones esenciales de los servicios sociales de base. Consiste en el primer contacto con la persona que presenta una demanda o necesidad social, durante el cual el profesional de referencia (habitualmente un trabajador o trabajadora social) recaba la información necesaria para comprender la situación planteada, informa sobre los recursos y prestaciones disponibles que puedan resultar de aplicación, y realiza una valoración técnica inicial que permite determinar el itinerario de intervención más adecuado, ya sea dentro del propio nivel general o mediante derivación a un servicio especializado. Esta prestación, aunque pueda parecer meramente administrativa, resulta determinante para el correcto funcionamiento del conjunto del sistema. Un correcto ejercicio de esta función previene además la duplicidad de gestiones y la sensación de desorientación que con frecuencia experimentan las personas usuarias al desconocer la organización interna y los distintos recursos disponibles dentro del sistema.
Servicio de ayuda a domicilio
El servicio de ayuda a domicilio consiste en la prestación, en el propio domicilio de la persona usuaria, de un conjunto de atenciones de carácter doméstico (limpieza, preparación de comidas) y de carácter personal (apoyo en el aseo, la movilidad, la administración de medicación) dirigidas a personas que, por razón de edad, enfermedad, discapacidad u otra circunstancia, presentan dificultades para desenvolverse de forma autónoma en su vida diaria, con el objetivo de facilitar su permanencia en su propio entorno habitual el mayor tiempo posible, evitando o retrasando institucionalizaciones no deseadas. Se trata de una de las prestaciones más consolidadas y de mayor volumen de uso del sistema, especialmente relevante en el contexto de envejecimiento poblacional propio de Navarra. La intensidad del servicio, medida en horas semanales de atención, se gradúa en función del grado de dependencia reconocido y de la situación personal y familiar de cada usuario, pudiendo combinarse con otras prestaciones del catálogo cuando resulte necesario.
Servicio de teleasistencia domiciliaria
La teleasistencia domiciliaria es un servicio que, mediante un dispositivo tecnológico instalado en el domicilio (habitualmente conectado a la línea telefónica y complementado con un pulsador portátil que la persona usuaria lleva consigo), permite a la persona usuaria establecer contacto inmediato, en cualquier momento del día o de la noche, con una central de atención que puede movilizar los recursos necesarios ante una situación de emergencia (una caída, un malestar súbito, cualquier otra incidencia). Está dirigido preferentemente a personas mayores que viven solas o pasan largos periodos de tiempo en soledad, y a personas con discapacidad o en situación de dependencia, constituyendo un recurso de bajo coste relativo y alto impacto en la sensación de seguridad y en la capacidad de respuesta ante emergencias domiciliarias. Su implantación ha sido especialmente relevante en el medio rural navarro, donde la mayor dispersión geográfica dificulta una respuesta presencial inmediata ante una emergencia domiciliaria, convirtiendo a la teleasistencia en un recurso preventivo de primer orden.
Atención a la dependencia en Navarra
La atención a la dependencia en Navarra se desarrolla en el marco establecido por la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, de ámbito estatal, que la Comunidad Foral aplica y desarrolla mediante su propia normativa y organización administrativa. El sistema se articula a través de un procedimiento de valoración que determina el grado de dependencia reconocido a la persona solicitante, en función del cual se elabora un Programa Individual de Atención que concreta, de entre el catálogo de prestaciones y servicios disponibles, cuáles resultan más adecuados para atender las necesidades específicas de la persona, siempre teniendo en cuenta también sus preferencias y las de su entorno familiar. El grado de dependencia reconocido se clasifica en distintos niveles de intensidad, de menor a mayor necesidad de apoyo, lo que determina tanto el acceso a determinadas prestaciones como su cuantía o intensidad concreta dentro del catálogo disponible.
Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia
El sistema de atención a la dependencia contempla tanto prestaciones de servicio como prestaciones económicas. Entre las primeras se encuentran el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, los centros de día y de noche, y el servicio de atención residencial. Entre las prestaciones económicas destaca la vinculada al cuidado en el entorno familiar, dirigida a compensar, con determinados requisitos y límites, a las personas cuidadoras no profesionales (habitualmente familiares) que asumen el cuidado directo de la persona dependiente en su propio domicilio, opción especialmente extendida en contextos rurales o culturales en los que el cuidado familiar continúa siendo la fórmula preferente frente a la institucionalización. La promoción de la autonomía personal incluye además programas de prevención de la dependencia y de rehabilitación funcional dirigidos a retrasar o evitar su aparición. La compatibilidad e incompatibilidad entre las distintas prestaciones económicas y de servicio está regulada de forma expresa, de manera que el Programa Individual de Atención debe combinar de forma coherente los recursos asignados a cada persona.
Centros de día y residencias
Los centros de día son recursos especializados de atención diurna dirigidos a personas mayores o con discapacidad que, sin necesitar un ingreso residencial permanente, requieren apoyo, supervisión y actividades de estimulación durante el día, permitiendo además un respiro a las personas cuidadoras familiares. Las residencias son recursos de alojamiento permanente para personas que, por el grado de dependencia o la ausencia de apoyo familiar suficiente, no pueden continuar viviendo en su domicilio habitual con las garantías necesarias, ofreciendo atención integral (alojamiento, manutención, cuidados personales y sanitarios, actividades) las veinticuatro horas del día. Ambos recursos se integran dentro del catálogo de prestaciones del sistema de atención a la dependencia y de los servicios sociales especializados dirigidos a personas mayores y con discapacidad. En ambos casos, el acceso se realiza conforme a un baremo de valoración que prioriza a las personas con mayor grado de dependencia o de necesidad social acreditada, dada la limitación habitual de plazas disponibles respecto a la demanda existente.
Servicios especializados de infancia, discapacidad y mayores
Los servicios sociales especializados dirigidos a la infancia, la discapacidad y las personas mayores constituyen el segundo nivel del Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra, con equipos técnicos y recursos propios diferenciados para cada colectivo. En el ámbito de la infancia, incluyen equipos de valoración y protección de menores en riesgo o desamparo; en el ámbito de la discapacidad, equipos de valoración del grado de discapacidad y recursos de atención temprana, centros ocupacionales y apoyo a la vida independiente; en el ámbito de las personas mayores, además de los recursos ya señalados de dependencia, programas específicos de envejecimiento activo y prevención de la soledad no deseada. La coordinación entre estos servicios especializados y los servicios sociales de base es constante, dado que estos últimos suelen ser quienes detectan inicialmente la necesidad y activan la derivación correspondiente. Estos servicios especializados cuentan además con recursos residenciales y de día propios, diferenciados de los de carácter general, adaptados a las necesidades técnicas específicas de cada uno de estos colectivos.
Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra
El Departamento competente en derechos sociales del Gobierno de Navarra es el órgano responsable de la planificación, coordinación, financiación y supervisión general del Sistema Público de Servicios Sociales foral, así como de la gestión directa de determinados servicios especializados y prestaciones económicas de ámbito autonómico (como la Renta Garantizada o la atención a la dependencia). De este Departamento dependen, entre otras, las direcciones generales competentes en materia de servicios sociales, políticas migratorias, familia e infancia, y discapacidad, articulando así de forma unificada las distintas políticas sociales forales, si bien la denominación exacta del Departamento y de sus órganos internos puede variar de una legislatura a otra en función de la organización administrativa vigente en cada momento. Su labor de planificación se materializa en instrumentos como planes estratégicos plurianuales y en la propia Cartera de Servicios Sociales, que traduce en prestaciones concretas los objetivos generales de política social fijados por el Gobierno de Navarra.
Ayuntamientos y mancomunidades en los servicios sociales
Los ayuntamientos, individualmente o agrupados en mancomunidades cuando su tamaño no permite sostener por sí solos una estructura de servicios sociales de base, son la titularidad y gestión habitual del primer nivel del sistema de servicios sociales en Navarra, en aplicación del principio de proximidad que inspira la organización de este nivel. Esta gestión local se desarrolla con financiación complementaria procedente del Gobierno de Navarra, mediante convenios y transferencias específicas, dado que la capacidad financiera propia de los municipios, especialmente los de menor tamaño, resultaría insuficiente para sostener por sí sola una red de servicios sociales de base de calidad homogénea en todo el territorio foral. Esta fórmula de gestión compartida permite a municipios de reducido tamaño, muy numerosos en la geografía navarra, disponer de equipos técnicos profesionales que de otro modo no podrían sostener de forma individual con sus propios recursos.
Financiación de los servicios sociales forales
La financiación del Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra combina distintas fuentes: los presupuestos propios del Gobierno de Navarra, que asumen la mayor parte de la financiación del sistema, incluidas las transferencias a ayuntamientos y mancomunidades para el sostenimiento de los servicios sociales de base y la financiación de determinadas prestaciones especializadas; la aportación de los propios ayuntamientos con cargo a sus presupuestos municipales; y, en determinados programas o prestaciones, la cofinanciación estatal (particularmente relevante en el sistema de atención a la dependencia, derivado de la Ley 39/2006) o europea, a través de fondos estructurales orientados a la inclusión social. El copago de la persona usuaria, cuando existe, se aplica de forma proporcional a su capacidad económica en determinadas prestaciones del catálogo. La suficiencia y estabilidad de esta financiación resulta determinante para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que la calidad del servicio dependa en exceso de la capacidad económica de cada municipio o mancomunidad concreta.
El trabajador social como profesional de referencia
El trabajador o trabajadora social es la figura profesional de referencia dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, presente tanto en los servicios sociales de base como en los distintos servicios especializados. Sus funciones incluyen la recepción y valoración inicial de las demandas sociales, la elaboración del diagnóstico social y del plan de intervención individualizado adaptado a cada caso, el seguimiento continuado de la evolución de la persona o familia atendida, la gestión de las prestaciones que correspondan y la coordinación con otros profesionales y servicios (sanitarios, educativos, de seguridad) implicados en cada situación. Es, en la práctica, el profesional con quien de forma más frecuente coordina la Policía Foral cuando detecta una situación de vulnerabilidad social que requiere seguimiento por parte de los servicios sociales. Junto a esta figura, el sistema incorpora cada vez con mayor frecuencia a otros perfiles profesionales complementarios —educación social, psicología, integración social— dentro de equipos multidisciplinares, sin que ello reste al trabajador social su papel central de referencia.
Coordinación entre servicios sociales y Policía Foral
La coordinación entre los servicios sociales generales y la Policía Foral se articula mediante protocolos de actuación conjunta que permiten, en ambos sentidos, un intercambio de información relevante para la protección de personas vulnerables: los servicios sociales pueden solicitar la colaboración policial ante situaciones de riesgo que requieran una intervención con capacidad coactiva (por ejemplo, un acceso forzoso a un domicilio ante una situación de riesgo vital), y la Policía Foral puede comunicar a los servicios sociales situaciones de vulnerabilidad detectadas durante sus intervenciones (menores desatendidos, personas mayores en situación de aislamiento o autoabandono, indicios de maltrato) para su valoración y seguimiento técnico. Esta coordinación se rige por los límites que impone la normativa de protección de datos, si bien la protección de la vida e integridad de las personas puede justificar, en los supuestos de urgencia, un intercambio de información más ágil. Un ejemplo habitual de esta coordinación es la comunicación recíproca de información en los casos de violencia de género o de menores en riesgo, en los que la actuación conjunta y coherente de ambos servicios resulta determinante para la protección efectiva de la persona.
Protección a la infancia y adolescencia en riesgo
El sistema de protección a la infancia y adolescencia en Navarra distingue distintos niveles de intervención según la gravedad de la situación detectada. La situación de riesgo, de menor gravedad, permite mantener al menor en su núcleo familiar mientras se desarrolla una intervención de apoyo a la familia orientada a corregir las carencias detectadas. La situación de desamparo, de mayor gravedad, implica la asunción de la tutela del menor por parte de la entidad pública competente, con separación temporal o definitiva de su núcleo familiar de origen cuando resulta necesario para su protección. Este sistema opera mediante un proceso de detección (que puede iniciarse desde cualquier ámbito, incluida la propia Policía Foral), notificación a los servicios competentes, valoración técnica de la situación y, en su caso, intervención mediante las medidas de protección que correspondan según el nivel de gravedad apreciado. Cualquier ciudadano, y de forma especialmente cualificada cualquier profesional o autoridad que tenga conocimiento de una posible situación de desprotección de un menor, tiene la obligación legal de comunicarlo a la entidad pública competente.
Programas de inserción sociolaboral
Los programas de inserción sociolaboral tienen como finalidad facilitar el acceso o el retorno al mercado de trabajo de personas y colectivos que, por distintas circunstancias (larga duración en desempleo, escasa cualificación, situación de exclusión social, adicciones superadas, discapacidad), presentan especiales dificultades para hacerlo por sus propios medios. Combinan habitualmente acciones de orientación laboral, formación ocupacional adaptada a las demandas reales del mercado de trabajo, acompañamiento individualizado durante el proceso de búsqueda de empleo, e intermediación directa con empresas dispuestas a la contratación, en ocasiones mediante incentivos específicos. Estos programas se coordinan estrechamente con los servicios de empleo forales y constituyen, junto con las prestaciones económicas de garantía de ingresos, uno de los dos grandes ejes de la política foral de inclusión social. Su evaluación de resultados atiende no solo a la tasa de inserción laboral final alcanzada, sino también a indicadores intermedios como la mejora de la empleabilidad o la adquisición de competencias básicas, dado que el itinerario hacia el empleo puede requerir distintas fases previas.
Servicios de atención a personas con discapacidad
Los servicios especializados de atención a personas con discapacidad en Navarra incluyen, entre otros recursos, la valoración oficial del grado de discapacidad (que da acceso a determinados derechos y prestaciones), los servicios de atención temprana dirigidos a la infancia con alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas, los centros ocupacionales y los centros especiales de empleo orientados a facilitar una actividad laboral adaptada, y los programas de apoyo a la vida independiente, que promueven la autonomía personal de las personas con discapacidad en su propio entorno, en línea con el modelo social de la discapacidad, que pone el acento en la eliminación de barreras del entorno más que en la limitación individual de la persona. Estos recursos se complementan con el acceso a ayudas técnicas y a programas de accesibilidad universal, entendida esta última no solo en su dimensión física sino también en el acceso a la información y a la comunicación.
Prestaciones económicas de garantía de ingresos
Las prestaciones económicas de garantía de ingresos son aquellas prestaciones periódicas del Sistema Público de Servicios Sociales dirigidas a asegurar unos ingresos mínimos a personas y unidades familiares que carecen de recursos económicos suficientes, siendo en Navarra la Renta Garantizada la prestación principal de este tipo. Se diferencian de las ayudas económicas de emergencia social, ya vistas en el Tema 4, en que estas últimas son puntuales y finalistas, mientras que las prestaciones de garantía de ingresos tienen vocación de continuidad mientras se mantengan los requisitos de acceso, y se complementan habitualmente con itinerarios de activación e inserción sociolaboral orientados a favorecer, cuando es posible, la salida de la situación de dependencia económica de la prestación. El acceso a estas prestaciones exige acreditar, además de la insuficiencia de recursos, la disposición activa a participar en los itinerarios de inclusión que se propongan, salvo en los casos en que circunstancias personales debidamente justificadas lo impidan.
Participación ciudadana en los servicios sociales
El Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra contempla cauces de participación ciudadana en su planificación y seguimiento, mediante órganos como los consejos de bienestar social o mesas de coordinación sociosanitaria, en los que además de la propia administración foral y local participan entidades del tercer sector, organizaciones representativas de personas usuarias y, en ocasiones, agentes sociales. Esta participación busca incorporar a la planificación de las políticas sociales el conocimiento directo de la realidad social que aportan las entidades y personas que trabajan o conviven cotidianamente con las situaciones que el sistema pretende atender, favoreciendo así políticas más ajustadas a las necesidades reales del territorio y de sus distintos colectivos. Estos órganos emiten habitualmente informes y propuestas no vinculantes que, sin sustituir la potestad de decisión de las administraciones competentes, enriquecen el proceso de toma de decisiones con la perspectiva directa de quienes conocen mejor la realidad social sobre el terreno.
Marco normativo del sistema de servicios sociales
El fundamento constitucional del sistema está en la cláusula del Estado social (art. 1.1 CE) y en los principios rectores de protección social, de la familia y la infancia (art. 39), de la Seguridad Social (art. 41), de las personas con discapacidad (art. 49, reformado en febrero de 2024 para sustituir la referencia a los «disminuidos» por la de personas con discapacidad) y de la tercera edad (art. 50). Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en asistencia social (art. 148.1.20.ª CE); en Navarra, en virtud de la LORAFNA. La ley autonómica de cabecera es la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales (cuya vigencia y posibles reformas posteriores conviene contrastar), que ordena el sistema en servicios sociales de ámbito general y de ámbito especializado, y se completa con la Cartera de Servicios Sociales (en su ámbito general, aprobada por Decreto Foral, cuya referencia concreta conviene contrastar). Normativa estatal de referencia: Ley 39/2006 (dependencia), Real Decreto Legislativo 1/2013 (derechos de las personas con discapacidad), Ley Orgánica 1/1996 (protección jurídica del menor), Ley Orgánica 8/2021 (protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia) y Ley 19/2021, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
Principios rectores y derechos de las personas usuarias
Los sistemas públicos de servicios sociales se rigen por principios que conviene reconocer en el examen: responsabilidad pública (la Administración garantiza el sistema), universalidad (acceso de toda la población), igualdad y equidad, proximidad (servicios cerca de la persona y de su entorno), prevención, atención integral y personalizada, planificación y coordinación (incluida la coordinación sociosanitaria), participación, normalización e integración, y calidad. Entre los derechos de las personas usuarias suelen reconocerse: ser tratadas con dignidad y respeto a su intimidad, recibir información suficiente y comprensible, participar en las decisiones que les afecten y consentir las intervenciones, confidencialidad de sus datos, un profesional de referencia y a formular quejas y sugerencias. Entre los deberes: facilitar información veraz, aplicar correctamente las prestaciones recibidas y comunicar variaciones de su situación. El acceso se produce a través del profesional de referencia de los servicios de base, que elabora el diagnóstico y el plan de atención.
Dependencia: grados, baremo y catálogo de prestaciones (Ley 39/2006)
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, define la dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y reconoce un derecho subjetivo de ciudadanía. La valoración se efectúa mediante el baremo de valoración de dependencia (BVD, aprobado por Real Decreto 174/2011), que arroja una puntuación de 0 a 100: grado I, dependencia moderada (25 a 49 puntos); grado II, dependencia severa (50 a 74); grado III, gran dependencia (75 a 100). El catálogo de servicios incluye: prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, y atención residencial. Las prestaciones económicas son tres: la vinculada al servicio (cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado), la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, de carácter excepcional, y la de asistencia personal. Tras la valoración, se aprueba el Programa Individual de Atención (PIA), en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuadas, con participación de la persona.
Discapacidad: marco jurídico y reconocimiento de la condición
El marco de referencia internacional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2006), ratificada por España en 2008, que consagra el modelo social y de derechos humanos (accesibilidad, igualdad, vida independiente, capacidad jurídica en igualdad de condiciones). A nivel estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se considera persona con discapacidad a quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones; a efectos legales, se les reconoce esta condición cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 33 por ciento, y también a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente. La Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó el régimen de la capacidad jurídica para sustituir la incapacitación y la tutela por un sistema de apoyos (curatela, guarda de hecho, defensor judicial). La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, completa la protección frente a la discriminación.
Ingreso mínimo vital y Renta Garantizada: relación entre prestaciones
La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, establece el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación económica de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Convive con las rentas mínimas autonómicas, como la Renta Garantizada de Navarra (regulada por la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre), que se configura como derecho subjetivo y se acompaña de itinerarios de inclusión social y laboral. Para el agente basta recordar sus diferencias de naturaleza: la IMV es estatal y de la Seguridad Social; la Renta Garantizada es foral y del sistema de servicios sociales. Las ayudas de emergencia social son puntuales y finalistas; ni el IMV ni la Renta Garantizada lo son. La relación concreta entre ambas prestaciones (compatibilidad, complemento, gestión) debe consultarse en la normativa vigente.
Protección de la infancia: normativa y niveles de intervención
La protección de la infancia se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, reformada por la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 (que modificaron el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia), y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que refuerza la prevención, el deber de comunicación y la formación de los profesionales. El interés superior del menor es el principio rector. Los profesionales en contacto con menores tienen deber de comunicación cualificado de las situaciones de violencia. En Navarra la norma es la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia. El esquema de intervención es: prevención, detección y notificación, valoración, declaración de riesgo (con plan de intervención familiar), declaración de desamparo y asunción de tutela ex lege, y medidas de guarda (acogimiento familiar o residencial). La Fiscalía supervisa el sistema y los menores tienen derecho a ser oídos.
Organización administrativa y organismos forales
La estructura orgánica en servicios sociales se articula entre el Gobierno de Navarra (a través del departamento competente en derechos sociales, y de organismos autónomos o agencias adscritos para la gestión de la autonomía y la dependencia —la denominación y competencias exactas, como la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, deben contrastarse con la organización vigente—) y las entidades locales. Las competencias del Gobierno de Navarra son la planificación, la regulación, la financiación, la inspección y la gestión de servicios especializados; las entidades locales prestan los servicios de base y colaboran en la gestión de otros. Existen mecanismos de coordinación interadministrativa y sociosanitaria entre servicios sociales y salud (atención a personas mayores, discapacidad, salud mental y drogodependencias). Las entidades privadas que presten servicios deben contar con autorización, acreditación y registro conforme a la normativa foral, y quedan sujetas a inspección.
Esquema de memoria del sistema
Resumen para estudio. Niveles: base o general (universal, polivalente, proximidad, puerta de entrada, ayuntamientos y mancomunidades, zonas básicas) y especializado (por colectivo, Gobierno de Navarra). Prestaciones básicas del nivel general: información, orientación y valoración; ayuda a domicilio; teleasistencia; ayudas de emergencia; apoyo a la unidad convivencial; incorporación social. Dependencia: Ley 39/2006; grados I, II y III; PIA; SAAD. Garantía de ingresos: Renta Garantizada (Ley Foral 15/2016) e IMV (Ley 19/2021). Infancia: riesgo (permanece en la familia con apoyo) y desamparo (tutela pública). Discapacidad: 33 por ciento; RDL 1/2013; modelo social. Profesional de referencia: trabajo social. Instrumento: cartera de servicios, que fija las prestaciones garantizadas. Financiación: presupuestos forales, aportación municipal y copago en su caso. Participación: órganos consultivos. Coordinación con Policía Foral: protocolos, límites de la protección de datos y excepción de urgencia vital.
Personas mayores y soledad no deseada
El aumento de la longevidad y de los hogares unipersonales de personas mayores hace que la soledad no deseada y el aislamiento sean factores de riesgo reconocidos. Los servicios sociales desarrollan programas de envejecimiento activo, acompañamiento y detección de situaciones de aislamiento, a los que la Policía Foral contribuye al detectar casos durante sus rondas (ausencia prolongada de contacto, acumulación de correo, signos de abandono). Entre los riesgos que afectan a este grupo figuran los malos tratos (físicos, psicológicos, económicos o por negligencia), las estafas y el abuso patrimonial; en el Código Penal debe recordarse que el maltrato habitual a personas especialmente vulnerables en el ámbito familiar y los delitos contra el patrimonio con aprovechamiento de la edad pueden ser agravados. La actuación policial combina la protección inmediata, la comunicación a los servicios sociales y, en su caso, a la Fiscalía, y el respeto a la autonomía de la persona mayor con capacidad.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra: dos niveles complementarios, generales/de base (universales, de proximidad) y especializados (por colectivo).
Los servicios sociales de base se organizan territorialmente en zonas básicas, con gestión habitualmente municipal o mancomunada.
La Cartera de Servicios Sociales de Navarra es el catálogo normativo de prestaciones garantizadas del sistema.
La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, es la norma estatal de referencia del sistema de dependencia que Navarra desarrolla.
El Programa Individual de Atención concreta las prestaciones de dependencia tras la valoración del grado reconocido.
Servicio de teleasistencia domiciliaria: dirigido preferentemente a personas mayores que viven solas.
Centros de día (atención diurna) frente a residencias (alojamiento permanente) como recursos especializados de mayores y discapacidad.
El trabajador social es el profesional de referencia: valoración, diagnóstico social, plan de intervención y seguimiento.
El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra planifica, coordina y financia el sistema foral de servicios sociales.
La financiación combina fondos forales, municipales y, en su caso, estatales (dependencia) o europeos (inclusión social).
Renta Garantizada: prestación periódica de garantía de ingresos, distinta de las ayudas de emergencia social (puntuales).
Protección a la infancia: distinción entre situación de riesgo (permanencia en la familia con apoyo) y desamparo (tutela pública, separación si es necesaria).
Programas de inserción sociolaboral: orientación, formación e intermediación con empresas para colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.
Modelo social de la discapacidad: pone el acento en eliminar barreras del entorno, no en la limitación individual de la persona.
Consejos de bienestar social: órganos de participación ciudadana en la planificación de las políticas sociales forales.
Coordinación Policía Foral-servicios sociales: intercambio de información limitado por la normativa de protección de datos salvo urgencia vital.
Competencia exclusiva de las comunidades autónomas en asistencia social (art. 148.1.20.ª CE); en Navarra, a través de la LORAFNA y de la Ley Foral 15/2006, de Servicios Sociales (a contrastar su vigencia).
Dependencia (Ley 39/2006): grado I moderada (25-49 puntos), grado II severa (50-74), grado III gran dependencia (75-100), según el baremo BVD (RD 174/2011).
Catálogo de la Ley 39/2006: prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, atención residencial; económicas: vinculada al servicio, cuidados en el entorno familiar (excepcional) y asistencia personal.
Condición legal de persona con discapacidad: grado igual o superior al 33 por ciento (RDL 1/2013).
Art. 49 CE reformado en 2024: sustituye la referencia a los «disminuidos» por la de personas con discapacidad.
Ley 8/2021: sistema de apoyos a la capacidad jurídica en lugar de la incapacitación y la tutela.
IMV (Ley 19/2021, estatal, Seguridad Social) frente a Renta Garantizada (Ley Foral 15/2016, foral, servicios sociales).
LOPIVI (LO 8/2021, de 4 de junio): protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia; refuerza el deber de comunicación.
Principios del sistema: responsabilidad pública, universalidad, proximidad, prevención, atención personalizada, coordinación y participación.
Programa Individual de Atención (PIA): se aprueba tras el reconocimiento del grado de dependencia y concreta las prestaciones.
La derivación o comunicación realizada por la Policía Foral no sustituye la valoración técnica del trabajador social de referencia.
Las entidades privadas prestadoras de servicios sociales requieren autorización, acreditación y están sujetas a inspección.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
La Renta Garantizada de Navarra se regula en la Ley Foral:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Policía Foral de Navarra?
El Tema 5 completa el bloque de servicios sociales abordando, tras la urgencia social del Tema 4, la estructura ordinaria y permanente del Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra: su organización en dos niveles (servicios sociales generales o de base, y servicios sociales especializados), su distribución territorial por zonas básicas, y el catálogo de prestaciones garantizadas recogido en la Cartera de Servicios Sociales de Navarra. Se trata de conocer el funcionamiento ordinario del sistema al que, en última instancia, se derivan buena parte de las situaciones de vulnerabilidad detectadas tanto por los propios servicios sociales como por la Policía Foral en su actividad diaria.
El tema aborda también el reparto de responsabilidades entre el Gobierno de Navarra —a través del Departamento competente en derechos sociales— y las entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades), la figura profesional de referencia del sistema (el trabajador o trabajadora social), y algunas de las prestaciones y programas más relevantes: ayuda a domicilio, teleasistencia, atención a la dependencia, protección a la infancia, atención a la discapacidad e inserción sociolaboral.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
Sistema Público de Servicios Sociales de Navarra: dos niveles complementarios, generales/de base (universales, de proximidad) y especializados (por colectivo). Los servicios sociales de base se organizan territorialmente en zonas básicas, con gestión habitualmente municipal o mancomunada. La Cartera de Servicios Sociales de Navarra es el catálogo normativo de prestaciones garantizadas del sistema. La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, es la norma estatal de referencia del sistema de dependencia que Navarra desarrolla. El Programa Individual de Atención concreta las prestaciones de dependencia tras la valoración del grado reconocido. Servicio de teleasistencia domiciliaria: dirigido preferentemente a personas mayores que viven solas. Centros de día (atención diurna) frente a residencias (alojamiento permanente) como recursos especializados de mayores y discapacidad. El trabajador social es el profesional de referencia: valoración, diagnóstico social, plan de intervención y seguimiento. El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra planifica, coordina y financia el sistema foral de servicios sociales. La financiación combina fondos forales, municipales y, en su caso, estatales (dependencia) o europeos (inclusión social). Renta Garantizada: prestación periódica de garantía de ingresos, distinta de las ayudas de emergencia social (puntuales). Protección a la infancia: distinción entre situación de riesgo (permanencia en la familia con apoyo) y desamparo (tutela pública, separación si es necesaria). Programas de inserción sociolaboral: orientación, formación e intermediación con empresas para colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. Modelo social de la discapacidad: pone el acento en eliminar barreras del entorno, no en la limitación individual de la persona. Consejos de bienestar social: órganos de participación ciudadana en la planificación de las políticas sociales forales. Coordinación Policía Foral-servicios sociales: intercambio de información limitado por la normativa de protección de datos salvo urgencia vital. Competencia exclusiva de las comunidades autónomas en asistencia social (art. 148.1.20.ª CE); en Navarra, a través de la LORAFNA y de la Ley Foral 15/2006, de Servicios Sociales (a contrastar su vigencia). Dependencia (Ley 39/2006): grado I moderada (25-49 puntos), grado II severa (50-74), grado III gran dependencia (75-100), según el baremo BVD (RD 174/2011). Catálogo de la Ley 39/2006: prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, atención residencial; económicas: vinculada al servicio, cuidados en el entorno familiar (excepcional) y asistencia personal. Condición legal de persona con discapacidad: grado igual o superior al 33 por ciento (RDL 1/2013). Art. 49 CE reformado en 2024: sustituye la referencia a los «disminuidos» por la de personas con discapacidad. Ley 8/2021: sistema de apoyos a la capacidad jurídica en lugar de la incapacitación y la tutela. IMV (Ley 19/2021, estatal, Seguridad Social) frente a Renta Garantizada (Ley Foral 15/2016, foral, servicios sociales). LOPIVI (LO 8/2021, de 4 de junio): protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia; refuerza el deber de comunicación. Principios del sistema: responsabilidad pública, universalidad, proximidad, prevención, atención personalizada, coordinación y participación. Programa Individual de Atención (PIA): se aprueba tras el reconocimiento del grado de dependencia y concreta las prestaciones. La derivación o comunicación realizada por la Policía Foral no sustituye la valoración técnica del trabajador social de referencia. Las entidades privadas prestadoras de servicios sociales requieren autorización, acreditación y están sujetas a inspección.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 1, 39, 41, 49, 50 y 148.1.20.ª
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales
Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regula el derecho a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada
Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Foral de Navarra.