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Tema 27. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: principios básicos de actuación y disposiciones estatutarias comunes.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 27 estudia la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS, BOE-A-1986-6859), norma marco de todo el sistema policial español y eje del bloque legislativo del temario. Desarrolla el artículo 104 de la Constitución, que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. El epígrafe oficial del tema exige conocer los principios básicos de actuación (artículo 5, común a todos los cuerpos: adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad) y las disposiciones estatutarias comunes. Además, la ley define la clasificación de los cuerpos (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías de las Comunidades Autónomas y policías locales), sus funciones y las vías de coordinación (Consejo de Política de Seguridad y Juntas de Seguridad), y constituye el marco básico dentro del cual existe la Policía Foral de Navarra, regulada por la Ley Foral 8/2007, de las Policías de Navarra.

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Fundamento constitucional y competencia en seguridad pública

El artículo 104.1 de la Constitución dispone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; y el 104.2 remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos, que es la LOFCS. El artículo 149.1.29.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de una ley orgánica. Conforme al artículo 1 de la LOFCS, la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación; las Comunidades Autónomas participan en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos que establezcan sus Estatutos y en el marco de la ley, y las Corporaciones locales participan en los términos de la legislación de régimen local y de la propia ley. La seguridad pública se ejerce por las distintas Administraciones públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estructura de la ley y clasificación de los cuerpos (arts. 1 a 4)

La LOFCS se ordena en un título preliminar y varios títulos: el Título Preliminar contiene las disposiciones generales sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (misión y clasificación); el Título I establece los principios básicos de actuación y las disposiciones estatutarias comunes a todos los cuerpos; el Título II regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el Título III, las policías de las Comunidades Autónomas; el Título IV, la colaboración y coordinación entre Administraciones; y el Título V, los cuerpos de policía dependientes de las Corporaciones locales, además de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. El artículo 2 clasifica las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tres grupos: las del Estado, dependientes del Gobierno de la Nación; los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas; y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones locales. El modelo es descentralizado, pero con principios de actuación y garantías estatutarias comunes a los tres niveles, y con mecanismos de colaboración y coordinación (artículo 3 y siguientes). Se recomienda confirmar la numeración exacta de los títulos en el texto consolidado.

Principios básicos de actuación: visión de conjunto del artículo 5

El artículo 5 enumera los principios básicos de actuación de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sea cual sea su dependencia (estatal, autonómica o local), agrupados en seis apartados: 1) adecuación al ordenamiento jurídico; 2) relaciones con la comunidad; 3) tratamiento de detenidos; 4) dedicación profesional; 5) secreto profesional; 6) responsabilidad. Este precepto es el de mayor rendimiento en examen: conviene saber tanto el contenido de cada apartado como su ordenación numérica. Su sistemática es: el primero, hacia el ordenamiento; el segundo, hacia el ciudadano y el uso de la fuerza; el tercero, hacia el detenido; el cuarto, hacia el servicio; el quinto, hacia la información; el sexto, hacia las consecuencias jurídicas de la actuación.

Adecuación al ordenamiento jurídico (art. 5.1)

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben: a) ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; b) actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión; c) actuar con integridad y dignidad, absteniéndose de todo acto de corrupción y oponiéndose a él resueltamente; d) sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, sin que en ningún caso la obediencia debida pueda amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes; e) colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley. Idea clave: la subordinación jerárquica tiene un límite: la orden manifiestamente ilegal no se obedece, y la obediencia debida no exime de responsabilidad.

Relaciones con la comunidad y uso de la fuerza y de las armas (art. 5.2)

Conforme al artículo 5.2, los agentes deben: a) impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral; b) observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fuesen requeridos para ello, y en todas sus intervenciones proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas; c) en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance; d) solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. Congruencia: adecuación del medio a la finalidad; oportunidad: elección del momento y modo; proporcionalidad: correspondencia entre la intensidad del medio y la gravedad del riesgo o de la resistencia.

Tratamiento de los detenidos (art. 5.3)

El artículo 5.3 impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto a las personas detenidas, las siguientes obligaciones: a) identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención; b) velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetar el honor y la dignidad de las personas; c) dar cumplimiento y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona. Su incumplimiento puede generar responsabilidad penal (detención ilegal, delitos contra la integridad moral o torturas), disciplinaria y patrimonial. Estos deberes se complementan con los derechos del detenido del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (información de derechos, asistencia letrada, comunicación con familiar, asistencia de intérprete, reconocimiento médico).

Dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad (arts. 5.4, 5.5 y 5.6)

Dedicación profesional (5.4): los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Es un principio de disponibilidad permanente que distingue la función policial de otros empleos públicos: el agente fuera de servicio que presencia un delito tiene deber de intervenir, identificándose y con medidas proporcionadas. Secreto profesional (5.5): guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones; no están obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. Su vulneración puede constituir ilícito disciplinario y, en su caso, penal (revelación de secretos). Responsabilidad (5.6): son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones públicas por las mismas.

Estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas

El uso de la fuerza por los agentes está sujeto, además de la LOFCS, a los estándares internacionales recogidos por la jurisprudencia española: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida) exigiendo que el uso de la fuerza potencialmente letal sea absolutamente necesario y estrictamente proporcionado, y que haya una investigación efectiva; el artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Son referentes complementarios el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Naciones Unidas, 1979), los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (La Habana, 1990) y el Código Europeo de Ética de la Policía (Recomendación Rec(2001)10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa). Estos instrumentos inspiran los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El uso de la fuerza se enjuicia después en vía disciplinaria, penal o contencioso-administrativa, y la eximente de cumplimiento de un deber del Código Penal (art. 20.7) solo ampara la fuerza necesaria y proporcionada.

Disposiciones estatutarias comunes

La LOFCS contiene disposiciones estatutarias comunes a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que constituyen el marco mínimo de los estatutos específicos de cada cuerpo (incluida la normativa de personal de las Policías de Navarra). Entre ellas destacan: el carácter de agentes de la autoridad de sus miembros en el ejercicio de las funciones que la ley les encomienda, con la protección penal correspondiente frente a atentados y desobediencia; el acceso a los cuerpos por los sistemas de oposición o concurso-oposición con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad; la prohibición del derecho de huelga y de acciones sustitutivas o concertadas con el modo de presión; el régimen de incompatibilidades y la sujeción a un régimen disciplinario propio que respete las garantías generales del procedimiento sancionador. Los derechos de sindicación y asociación y la regulación detallada de su régimen de personal se establecen en las leyes orgánicas y estatutos específicos de cada cuerpo, por ejemplo la Ley Orgánica 9/2015 (régimen de personal de la Policía Nacional) y la Ley Orgánica 4/2010 (régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía) para el ámbito estatal.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil

El Título II de la ley regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el Cuerpo Nacional de Policía (denominado Policía Nacional en la normativa de personal), instituto armado de naturaleza civil, y la Guardia Civil, instituto armado de naturaleza militar. Dependen del Ministerio del Interior en el desempeño de las funciones de seguridad que la ley les encomienda; la Guardia Civil depende además del Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste le encomiende. Las funciones comunes del artículo 11 incluyen: velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales; auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes en situación de peligro; vigilar y proteger edificios e instalaciones públicos; velar por la protección y seguridad de altas personalidades; mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana; prevenir la comisión de actos delictivos; investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes; captar, recibir y analizar los datos de interés para el orden y la seguridad pública; y colaborar con los servicios de protección civil en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. En la distribución territorial (artículo 12) el Cuerpo Nacional de Policía actúa en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine, y la Guardia Civil en el resto del territorio y en el mar territorial.

La Policía Judicial

El artículo 126 de la Constitución establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Las funciones de Policía Judicial corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las policías autonómicas y, en su caso, a las policías locales en la forma establecida en la LOFCS, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, regula la Policía Judicial. Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando actúan en funciones de averiguación del delito, tienen el deber de actuar de acuerdo con las instrucciones de jueces, tribunales y fiscales. En el caso de la Policía Foral, su participación en funciones de Policía Judicial se establece en la Ley Foral 8/2007 y en las normas de coordinación.

Las policías de las Comunidades Autónomas

El Título III de la LOFCS fundamenta, junto con el artículo 149.1.29.ª de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, la existencia de los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas. En el caso de Navarra, la Policía Foral tiene su base en la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) y en la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra. La LOFCS distingue las funciones de las policías autonómicas en varios grupos: las funciones propias, que ejercen con carácter exclusivo (vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos e instalaciones de la Comunidad y de sus entes instrumentales; inspección de las actividades sujetas a la ordenación de la Comunidad; policía administrativa en las materias competencia de ésta); las funciones que ejercen en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos de las Juntas de Seguridad (participación en las funciones de policía judicial, vigilancia de espacios públicos, protección de manifestaciones y mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas); y la cooperación en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridas para ello. Con carácter general, su ámbito de actuación es el territorio de la propia Comunidad, y solo fuera de él en situaciones de emergencia y a requerimiento de las autoridades competentes. Conviene contrastar la enumeración de funciones con el texto consolidado de la ley.

Colaboración y coordinación: Consejo de Política de Seguridad y Juntas de Seguridad

La LOFCS prevé instrumentos de coordinación entre las Administraciones. El Consejo de Política de Seguridad es el órgano de coordinación general en materia de seguridad entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas que cuentan con cuerpos de policía propios; está presidido por el Ministro del Interior, e integrado por representantes del Estado y por los consejeros competentes de las Comunidades Autónomas afectadas. Establece criterios de colaboración de las policías autonómicas con las del Estado y resuelve las cuestiones que se susciten en las funciones de ambas. Las Juntas de Seguridad son órganos de coordinación de ámbito autonómico, integrados paritariamente por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma, que coordinan la actuación de la policía autonómica con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio. En Navarra existe la Junta de Seguridad de Navarra, que facilita la colaboración operativa entre la Policía Foral, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en materias de competencia compartida o concurrente (tráfico interurbano, orden público en grandes eventos, delincuencia organizada).

Las policías locales

Los Cuerpos de Policía local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de la coordinación que establezcan las Comunidades Autónomas. Las funciones básicas que la LOFCS les atribuye (artículo 53) son: proteger a las autoridades de las Corporaciones locales y vigilar o custodiar sus edificios e instalaciones; ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano; instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano; ejercer la policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia; participar en las funciones de Policía Judicial en la forma establecida en la ley; prestar auxilio en caso de accidente, catástrofe o calamidad pública; efectuar diligencias de prevención y actuaciones tendentes a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de la colaboración establecida en las Juntas de Seguridad; vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas en la protección de manifestaciones y en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridas; y cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridas.

Relación con la Ley Foral 8/2007, de las Policías de Navarra

La LOFCS opera como ley orgánica de bases en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad, dictada al amparo del artículo 149.1.29.ª y del artículo 104.2 de la Constitución, de manera que la Ley Foral 8/2007, de las Policías de Navarra, debe respetar y desarrollar los principios básicos de actuación y las disposiciones estatutarias comunes fijadas por la LOFCS dentro del margen de autoorganización que corresponde a Navarra por su régimen foral y la LORAFNA. La relación no es de jerarquía en sentido estricto, sino de articulación por reparto competencial. Esta conexión es un contenido transversal de examen, junto con los instrumentos de coordinación (Junta de Seguridad de Navarra) y con la distinción entre las funciones propias de la Policía Foral y las de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cuadro comparativo de los tres niveles de cuerpos policiales

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: dependientes del Gobierno de la Nación a través del Ministerio del Interior (Cuerpo Nacional de Policía, naturaleza civil; Guardia Civil, naturaleza militar con dependencia funcional de Defensa para misiones militares); ámbito territorial de todo el territorio nacional, con reparto entre ambos cuerpos (capitales y núcleos urbanos para el CNP; resto del territorio y mar territorial para la Guardia Civil). Cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas: dependientes del Gobierno autonómico; ámbito del territorio de la Comunidad; funciones propias y de colaboración. Cuerpos de policía local: dependientes del Alcalde; ámbito del término municipal; funciones básicas del artículo 53. Todos están sometidos a los principios del artículo 5, a las disposiciones estatutarias comunes y a los mecanismos de coordinación. En Navarra conviven la Policía Foral, las policías locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con coordinación en la Junta de Seguridad de Navarra.

Agentes de la autoridad y protección penal de la función policial

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen, en el ejercicio de las funciones que la ley les atribuye, el carácter de agentes de la autoridad. Esa condición tiene efectos penales: son sujetos pasivos del delito de atentado (artículo 550 del Código Penal) y de resistencia y desobediencia grave (artículo 556), y sus declaraciones y atestados tienen valor probatorio en el marco de la ley procesal (el atestado tiene valor de denuncia, y las declaraciones de los agentes tienen valor de prueba testifical). A la vez, los agentes son sujetos activos posibles de delitos propios de funcionarios públicos (detención ilegal por autoridad o funcionario, torturas y contra la integridad moral, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos), lo que subraya la importancia de los principios del artículo 5: cumplir los plazos y garantías de la detención, tratar con dignidad y no ejercer violencia innecesaria.

Responsabilidades derivadas de la actuación policial

La actuación policial puede generar cuatro tipos de responsabilidad, que no se excluyen entre sí. La penal, cuando los hechos son delito (lesiones, detención ilegal, torturas, revelación de secretos), con las eximentes del Código Penal (cumplimiento de un deber, legítima defensa). La disciplinaria, regulada por el régimen disciplinario de cada cuerpo (en la Policía Foral, el previsto en la Ley Foral 8/2007 y su normativa de desarrollo; en la Policía Nacional, la Ley Orgánica 4/2010). La patrimonial de la Administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, regulada por la Ley 40/2015. Y, en su caso, la responsabilidad civil derivada del delito, en la que la Administración responde subsidiariamente por sus agentes. El artículo 5.6 de la LOFCS consagra que el agente es personal y directamente responsable de sus actos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración, lo que impide ampararse en la orden superior cuando esta sea manifiestamente ilegal.

La Policía Foral en el sistema de seguridad: puntos de conexión con el temario

El tema 27 sirve de base a varios temas del programa: los principios del artículo 5 se proyectan sobre la protección de datos y el secreto profesional (tema 22), el uso de la fuerza se conecta con la eximente del Código Penal (tema 23) y con los delitos de atentado y lesiones (tema 24), el régimen de identificación y registro con la Ley Orgánica 4/2015 (tema 26), la violencia de género con las actuaciones de protección de víctimas y la detención con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el plano orgánico, la Policía Foral, regulada por la Ley Foral 8/2007, se inserta en el modelo de la LOFCS como policía de Comunidad Autónoma con base en la LORAFNA. El opositor debe saber relacionar siempre la norma general (LOFCS) con la específica (Ley Foral 8/2007) y con los instrumentos de coordinación.

Esquema de repaso y errores típicos de examen

Cuadro de memoria del artículo 5 de la LOFCS: 5.1 adecuación al ordenamiento (Constitución, neutralidad, integridad, jerarquía y subordinación sin obediencia debida ante delito manifiesto, colaboración con la Justicia); 5.2 relaciones con la comunidad (impedir prácticas abusivas, trato correcto e información, decisión necesaria y sin demora con congruencia, oportunidad y proporcionalidad, armas solo ante riesgo racionalmente grave); 5.3 tratamiento de detenidos (identificarse, velar por la vida e integridad, cumplir trámites y plazos); 5.4 dedicación profesional (intervenir siempre, de servicio o no); 5.5 secreto profesional (riguroso secreto, sin revelar fuentes salvo mandato legal); 5.6 responsabilidad (personal y directa, sin perjuicio de la patrimonial de la Administración). Errores típicos: confundir el apartado del secreto (5.5) con el de detenidos (5.3); atribuir el uso de armas al 5.2.c en lugar de al 5.2.d; creer que la obediencia debida ampara cualquier orden; olvidar que la Policía Local es instituto armado de naturaleza civil y la Guardia Civil de naturaleza militar; olvidar que las policías autonómicas actúan, con carácter general, solo en su territorio.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LOFCS: Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo (BOE-A-1986-6859), en desarrollo del artículo 104 de la Constitución; el art. 104.1 fija la misión y el 104.2 remite a una ley orgánica sobre funciones, principios básicos de actuación y estatutos.
  • Art. 1: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29.ª CE); las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales participan en los términos de sus Estatutos, de la ley y de la legislación local.
  • Art. 2: tres clases de cuerpos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas y cuerpos de policía de las Corporaciones locales.
  • Art. 5: seis apartados de principios básicos: adecuación al ordenamiento (5.1), relaciones con la comunidad (5.2), tratamiento de detenidos (5.3), dedicación profesional (5.4), secreto profesional (5.5) y responsabilidad (5.6).
  • Art. 5.1: neutralidad política e imparcialidad, integridad y dignidad, jerarquía y subordinación; la obediencia debida no ampara órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarias a la Constitución o a las leyes.
  • Art. 5.2.c: decisión necesaria y sin demora ante un daño grave, inmediato e irreparable, con congruencia, oportunidad y proporcionalidad; art. 5.2.d: armas solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad propia o de terceros o ante grave riesgo para la seguridad ciudadana.
  • Art. 5.3: el agente debe identificarse al detener, velar por la vida e integridad del detenido, respetar su honor y dignidad y cumplir los trámites y plazos legales.
  • Art. 5.4: intervención obligada en cualquier tiempo y lugar, se esté o no de servicio.
  • Art. 5.5: riguroso secreto profesional; no se está obligado a revelar las fuentes salvo mandato legal.
  • Art. 5.6: responsabilidad personal y directa por los actos realizados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
  • Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y no pueden ejercer el derecho de huelga.
  • Cuerpo Nacional de Policía: instituto armado de naturaleza civil. Guardia Civil: instituto armado de naturaleza militar, dependiente de Interior y, en misiones militares, de Defensa.
  • Art. 12: el CNP actúa en capitales de provincia y núcleos que el Gobierno determine; la Guardia Civil, en el resto del territorio y el mar territorial.
  • Policía Judicial: depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito (art. 126 CE; RD 769/1987).
  • Las policías autonómicas actúan, con carácter general, en el territorio de su Comunidad; fuera de él solo en emergencia y a requerimiento de las autoridades competentes.
  • Consejo de Política de Seguridad: coordinación general Estado-Comunidades Autónomas con policía propia, presidido por el Ministro del Interior; Juntas de Seguridad: coordinación paritaria autonómica (en Navarra, Junta de Seguridad de Navarra).
  • Policías locales: institutos armados de naturaleza civil bajo la autoridad del Alcalde; funciones básicas en el art. 53 (tráfico urbano, atestados por accidentes en casco urbano, ordenanzas, Policía Judicial en la forma legal).
  • La Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra, desarrolla la LOFCS dentro del margen foral sin poder contradecirla.
  • Estándares internacionales sobre uso de la fuerza: art. 2 CEDH, Código de Conducta ONU (1979), Principios Básicos de La Habana (1990) y Código Europeo de Ética de la Policía (Rec(2001)10).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué órgano coordina con carácter general la política de seguridad entre el Estado y las Comunidades Autónomas con policía propia?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 27 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 27 estudia la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS, BOE-A-1986-6859), norma marco de todo el sistema policial español y eje del bloque legislativo del temario. Desarrolla el artículo 104 de la Constitución, que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. El epígrafe oficial del tema exige conocer los principios básicos de actuación (artículo 5, común a todos los cuerpos: adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad) y las disposiciones estatutarias comunes. Además, la ley define la clasificación de los cuerpos (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías de las Comunidades Autónomas y policías locales), sus funciones y las vías de coordinación (Consejo de Política de Seguridad y Juntas de Seguridad), y constituye el marco básico dentro del cual existe la Policía Foral de Navarra, regulada por la Ley Foral 8/2007, de las Policías de Navarra.

¿Qué hay que memorizar del Tema 27 para el examen?

LOFCS: Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo (BOE-A-1986-6859), en desarrollo del artículo 104 de la Constitución; el art. 104.1 fija la misión y el 104.2 remite a una ley orgánica sobre funciones, principios básicos de actuación y estatutos. Art. 1: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29.ª CE); las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales participan en los términos de sus Estatutos, de la ley y de la legislación local. Art. 2: tres clases de cuerpos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas y cuerpos de policía de las Corporaciones locales. Art. 5: seis apartados de principios básicos: adecuación al ordenamiento (5.1), relaciones con la comunidad (5.2), tratamiento de detenidos (5.3), dedicación profesional (5.4), secreto profesional (5.5) y responsabilidad (5.6). Art. 5.1: neutralidad política e imparcialidad, integridad y dignidad, jerarquía y subordinación; la obediencia debida no ampara órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarias a la Constitución o a las leyes. Art. 5.2.c: decisión necesaria y sin demora ante un daño grave, inmediato e irreparable, con congruencia, oportunidad y proporcionalidad; art. 5.2.d: armas solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad propia o de terceros o ante grave riesgo para la seguridad ciudadana. Art. 5.3: el agente debe identificarse al detener, velar por la vida e integridad del detenido, respetar su honor y dignidad y cumplir los trámites y plazos legales. Art. 5.4: intervención obligada en cualquier tiempo y lugar, se esté o no de servicio. Art. 5.5: riguroso secreto profesional; no se está obligado a revelar las fuentes salvo mandato legal. Art. 5.6: responsabilidad personal y directa por los actos realizados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y no pueden ejercer el derecho de huelga. Cuerpo Nacional de Policía: instituto armado de naturaleza civil. Guardia Civil: instituto armado de naturaleza militar, dependiente de Interior y, en misiones militares, de Defensa. Art. 12: el CNP actúa en capitales de provincia y núcleos que el Gobierno determine; la Guardia Civil, en el resto del territorio y el mar territorial. Policía Judicial: depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito (art. 126 CE; RD 769/1987). Las policías autonómicas actúan, con carácter general, en el territorio de su Comunidad; fuera de él solo en emergencia y a requerimiento de las autoridades competentes. Consejo de Política de Seguridad: coordinación general Estado-Comunidades Autónomas con policía propia, presidido por el Ministro del Interior; Juntas de Seguridad: coordinación paritaria autonómica (en Navarra, Junta de Seguridad de Navarra). Policías locales: institutos armados de naturaleza civil bajo la autoridad del Alcalde; funciones básicas en el art. 53 (tráfico urbano, atestados por accidentes en casco urbano, ordenanzas, Policía Judicial en la forma legal). La Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra, desarrolla la LOFCS dentro del margen foral sin poder contradecirla. Estándares internacionales sobre uso de la fuerza: art. 2 CEDH, Código de Conducta ONU (1979), Principios Básicos de La Habana (1990) y Código Europeo de Ética de la Policía (Rec(2001)10).

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Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE-A-1986-6859), en especial arts. 1, 2, 5, 11, 12, 53
  • Constitución Española, arts. 104, 126 y 149.1.29.ª
  • Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA)
  • Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra
  • Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional
  • Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía
  • Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
  • Recomendación Rec(2001)10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, Código Europeo de Ética de la Policía

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