La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.
El Tema 13 desarrolla la norma suprema del ordenamiento español: la Constitución de 1978, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). Se estudian su estructura (Título Preliminar, diez títulos y 169 artículos), el contenido de cada título, los derechos y deberes fundamentales del Título I y su sistema de garantías (art. 53), la suspensión de derechos (art. 55) y los estados excepcionales (art. 116), la reforma constitucional (arts. 166 a 169; con las tres reformas de 1992, 2011 y 2024), el control de constitucionalidad y la base constitucional del régimen foral de Navarra. Es la norma de referencia obligada para cualquier actuación policial, porque en ella se reconocen los derechos y libertades cuyo respeto condiciona toda intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y porque de ella derivan la organización territorial del Estado y el propio régimen foral navarro.
La Constitución se estructura en un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1 a 9) y diez títulos numerados, con un total de 169 artículos, además de cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Títulos: I, De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10 a 55); II, De la Corona (56 a 65); III, De las Cortes Generales (66 a 96); IV, Del Gobierno y de la Administración (97 a 107); V, De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (108 a 116); VI, Del Poder Judicial (117 a 127); VII, Economía y Hacienda (128 a 136); VIII, De la organización territorial del Estado (137 a 158); IX, Del Tribunal Constitucional (159 a 165); X, De la reforma constitucional (166 a 169). El Título Preliminar fija los pilares del sistema: el artículo 1.1 define a España como «un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político»; el artículo 1.2 proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; el artículo 1.3 establece que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria»; el artículo 2 se fundamenta en «la indisoluble unidad de la Nación española» y reconoce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»; el artículo 3 declara el castellano lengua oficial del Estado y las demás lenguas españolas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos; el artículo 6 reconoce a los partidos políticos, el 7 a sindicatos y asociaciones empresariales, el 8 a las Fuerzas Armadas y el 9.1 la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El artículo 9.3, visto en el tema anterior, garantiza los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica, entre otros. Cronología: aprobación por el Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978, referéndum el 6 de diciembre, sanción real el 27 de diciembre y entrada en vigor tras su publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978.
Derechos y deberes fundamentales: el Título I
El Título I («De los derechos y deberes fundamentales», arts. 10 a 55) es el más extenso y el de mayor relevancia para la actuación policial. Se abre con el artículo 10, que proclama la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social, y se divide en cinco capítulos: el Capítulo I («De los españoles y los extranjeros», arts. 11 a 13) regula la nacionalidad (art. 11), la mayoría de edad a los dieciocho años (art. 12) y los derechos de los extranjeros (art. 13); el Capítulo II («Derechos y libertades», arts. 14 a 38) comienza con el principio de igualdad del artículo 14 y se subdivide en la Sección 1.ª (arts. 15 a 29, «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas», entre ellos el derecho a la vida e integridad física del art. 15, la libertad y seguridad del art. 17, o la inviolabilidad del domicilio del art. 18) y la Sección 2.ª (arts. 30 a 38, «De los derechos y deberes de los ciudadanos»); el Capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52); el Capítulo IV establece las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54, esto es, las garantías generales y el Defensor del Pueblo); y el Capítulo V regula su suspensión (art. 55), tanto la general (estados de excepción y sitio, con remisión a la LO 4/1981) como la individual (investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas, con control judicial y parlamentario). Trampa de examen: el artículo 14 pertenece al Capítulo II pero no a la Sección 1.ª; por eso el artículo 53.2 lo menciona de forma separada («el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo»).
Las garantías de los derechos fundamentales: artículo 53 CE
El artículo 53 CE gradúa la protección de los derechos según su ubicación en el Título I. El artículo 53.1 establece que los derechos y libertades del Capítulo II (arts. 14 a 38, ambas secciones) vinculan a todos los poderes públicos y que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio. El artículo 53.2 reserva la máxima garantía al artículo 14 y a la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15 a 29): cualquier ciudadano puede recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso que es aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30. Además, el desarrollo de los derechos de la Sección 1.ª exige ley orgánica (art. 81 CE). Los principios rectores del Capítulo III (art. 53.3), en cambio, solo informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Trampa de examen: no todo el Título I tiene la misma intensidad de garantía; solo el artículo 14, la Sección 1.ª y el artículo 30.2 tienen amparo; solo la Sección 1.ª tiene reserva de ley orgánica; y los principios rectores no son derechos subjetivos directamente exigibles.
La reforma constitucional: artículos 167 y 168 CE
El Título X (arts. 166 a 169) regula la reforma constitucional, distinguiendo un procedimiento ordinario y uno agravado. El procedimiento ordinario (art. 167 CE) exige la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo entre Congreso y Senado, se intenta mediante una Comisión mixta paritaria de Diputados y Senadores, y si aun así no se logra la mayoría de tres quintos, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios siempre que el Senado la haya aprobado por mayoría absoluta; el texto aprobado debe someterse a referéndum para su ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168 CE) se reserva para la revisión total de la Constitución o para una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I o al Título II (la Corona): exige aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras (por dos tercios) y referéndum obligatorio. La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166, remitiendo al art. 87.1 y 87.2). No puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del artículo 116 (art. 169). Reformas realizadas hasta la fecha, todas por el procedimiento ordinario del art. 167: la de 1992 (art. 13.2, para permitir el derecho de sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, a raíz del Tratado de Maastricht), la de 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y la de 2024 (art. 49, que sustituye la referencia a las personas «disminuidas» por las personas con discapacidad y refuerza su plena autonomía e inclusión; publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024). El procedimiento agravado del artículo 168 no se ha utilizado nunca.
La Corona: Título II (arts. 56 a 65 CE)
El artículo 56 CE define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales; su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE), rigiendo en su lugar el principio de refrendo (art. 64 CE): los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, o por el Presidente del Congreso en los supuestos del art. 99 CE, siendo los refrendantes quienes asumen la responsabilidad de esos actos. El artículo 62 CE enumera las funciones del Rey (sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes, proponer al candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, entre otras), todas ellas de carácter formal y sujetas a refrendo. Los refrendos tienen una excepción: la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 son refrendados por el Presidente del Congreso (art. 64.1 CE). El Rey no puede ser sometido a responsabilidad ni a proceso judicial, pero sí los refrendantes. La sucesión a la Corona sigue el orden regular de primogenitura y representación (art. 57), y la Regencia y la Tutela se regulan en los arts. 59 y 60.
Las Cortes Generales: Título III (arts. 66 a 96 CE)
El artículo 66 CE define a las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, como representantes del pueblo español, que ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (fijados por la ley electoral en 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema proporcional por circunscripciones provinciales, con un mínimo inicial de diputados por provincia (art. 68 CE). El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69 CE): en cada provincia se eligen cuatro senadores por sufragio (sistema mayoritario corregido o de voto limitado), con reglas especiales para islas, Ceuta y Melilla, y las Comunidades Autónomas designan además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. Ambas Cámaras se eligen por cuatro años, salvo disolución anticipada. El mandato de los Diputados y Senadores es representativo (no imperativo) y gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones e inmunidad y fuero especial (art. 71 CE). Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos y aprueban autónomamente sus presupuestos (art. 72). El Presidente del Gobierno, tras la investidura (art. 99), es elegido por el Congreso por mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda, con los plazos previstos en el precepto.
El control parlamentario del Gobierno: la moción de censura y la cuestión de confianza
El Título V CE (arts. 108 a 116) regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, con dos instrumentos de control especialmente relevantes. La moción de censura (art. 113 CE) debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno (moción de censura «constructiva») y no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, requiriendo para su aprobación mayoría absoluta del Congreso; si prospera, el candidato incluido en ella se entiende investido de la confianza de la Cámara. La cuestión de confianza (art. 112 CE), en sentido inverso, es planteada por el propio Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general, y se entiende otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados. Si la moción de censura no es aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones (art. 113.4 CE). Otro instrumento de control es la interpelación y las preguntas a los miembros del Gobierno (art. 111 CE). Cuando el Congreso niega su confianza al Presidente (cuestión de confianza no otorgada), este presenta su dimisión y se procede a nueva designación.
El Poder Judicial: Título VI (arts. 117 a 127 CE)
El artículo 117.1 CE proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El artículo 117.3 consagra el principio de exclusividad jurisdiccional: el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes; el artículo 117.5 establece el principio de unidad jurisdiccional y el 117.6 prohíbe los Tribunales de excepción. El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) es el órgano de gobierno del Poder Judicial, integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos por mayoría de tres quintos entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social; actúa con sujeción a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sometimiento, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 126 CE establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, nexo directo con la actuación policial. El artículo 24 CE reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, con prohibición de indefensión, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
El Gobierno y la Administración: Título IV (arts. 97 a 107 CE)
El Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE). El artículo 97 CE le atribuye la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El artículo 103.1 CE, precepto clave para toda la actuación administrativa (incluida la policial), dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 103.3 CE regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad (art. 103.3, vinculado al art. 23.2 CE) y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. El artículo 104.1 CE dispone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El artículo 106 CE somete la potestad reglamentaria y la actuación administrativa al control de los tribunales y reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (responsabilidad patrimonial).
El Tribunal Constitucional: Título IX (arts. 159 a 165 CE)
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, propuestos: cuatro por el Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro por el Senado con igual mayoría, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial (art. 159 CE), entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Su mandato es de nueve años, renovándose por terceras partes cada tres. El Presidente es elegido entre sus miembros por el Pleno y nombrado por el Rey por un período de tres años (art. 160). Es intérprete supremo de la Constitución y sus competencias (art. 161 CE) son el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y asambleas de las Comunidades Autónomas, art. 162.1.a CE; plazo de tres meses desde la publicación), el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades de los artículos 14 a 29 y 30.2 CE (legitimados: toda persona natural o jurídica con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal), la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los jueces (art. 163) y los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí. Desde la reforma de la LOTC por la LO 6/2007, el recurso de amparo exige que el recurrente justifique la especial trascendencia constitucional del asunto. Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares, tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación, no cabe recurso contra ellas y las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley tienen plena efectividad frente a todos (art. 164 CE).
El Defensor del Pueblo: artículo 54 CE
El artículo 54 CE crea la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Está regulado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril; es elegido por las Cortes por mayoría de tres quintos de cada Cámara para un mandato de cinco años y no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución y el respeto debido a los derechos proclamados en el Título I; está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo. Desempeña asimismo, desde 2009, las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que incluye visitas a centros de detención como los calabozos policiales. Las Comunidades Autónomas pueden contar con instituciones análogas (en Navarra, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral).
Economía y Hacienda: Título VII (arts. 128 a 136 CE)
El Título VII CE fija los principios constitucionales del régimen económico y financiero. El artículo 128.1 CE subordina toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, al interés general. El artículo 133 CE atribuye la potestad originaria para establecer los tributos exclusivamente al Estado, mediante ley; las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. En Navarra rige, además, su régimen de Convenio Económico con el Estado, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, y modificado posteriormente, que ampara la disposición adicional primera CE. El artículo 134 CE regula los Presupuestos Generales del Estado, de elaboración por el Gobierno y aprobación anual por las Cortes Generales, que incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal; si no se aprueban antes del primer día del ejercicio, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. El artículo 135 CE (reformado en 2011) consagra el principio de estabilidad presupuestaria. El Tribunal de Cuentas (art. 136 CE) es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales.
Deberes constitucionales y su relación con los derechos
Frente al catálogo de derechos, la Constitución también establece deberes exigibles a los ciudadanos, varios de ellos de directa relevancia para la actuación policial: el deber de defender a España (art. 30.1 CE), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno (art. 31.1 CE), el deber de trabajar (art. 35.1 CE) y el deber, en general, de cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico que el art. 9.1 CE impone tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. Este último —sujeción de todos, gobernantes y gobernados, al ordenamiento jurídico— constituye el fundamento último del Estado de Derecho y el marco constitucional en el que se inserta toda la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estudiada en otros temas de este bloque.
Los estados de alarma, excepción y sitio: artículo 116 CE
El artículo 116 CE regula los estados excepcionales, desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse; procede ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. El estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados, por un plazo máximo de treinta días prorrogable por otro igual, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente. Permite la suspensión de determinados derechos fundamentales: según el artículo 55.1 CE, los de los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (residencia y circulación), 20.1.a) y d) y 20.5 (expresión e información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (conflicto colectivo), con la salvedad de que en el estado de excepción no puede suspenderse el apartado 3 del artículo 17 (asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales). El estado de sitio, el más grave, lo declara el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno, ante una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Durante la vigencia de los estados excepcionales no puede disolverse el Congreso y el funcionamiento de los poderes constitucionales no se interrumpe (art. 116.5 CE). El Tribunal Constitucional, en la STC 148/2021 y en las posteriores sobre el estado de alarma de la pandemia, declaró que determinadas medidas (como el confinamiento domiciliario general) excedían de lo que permite el estado de alarma y que suspender la libertad de circulación de forma generalizada requería el estado de excepción. Suspensión individual de derechos (art. 55.2 CE): para personas determinadas, en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, los arts. 17.2 (plazo de detención), 18.2 y 18.3 pueden suspenderse por ley orgánica, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.
El artículo 104 CE como fundamento constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El artículo 104 CE, ya citado y ampliado en el tema dedicado a la LO 2/1986, constituye el fundamento constitucional directo del sistema policial español: su apartado 1 encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; su apartado 2 remite a una ley orgánica la determinación de las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mandato que cumplió precisamente la LO 2/1986. Este precepto se ubica sistemáticamente dentro del Título IV («Del Gobierno y de la Administración»), lo que subraya la naturaleza administrativa (no militar, ni jurisdiccional) de la función policial en el diseño constitucional español, sin perjuicio del carácter militar de la Guardia Civil en determinados aspectos organizativos.
El principio de igualdad: artículo 14 CE y su desarrollo
El artículo 14 CE proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Aunque no forma parte de la Sección 1.ª del Capítulo II, goza de la máxima garantía del artículo 53.2 CE (tutela judicial preferente y sumaria y recurso de amparo), aunque no de la reserva de ley orgánica del artículo 81. El artículo 9.2 CE lo completa con una dimensión de igualdad material, no solo formal: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este mandato es el fundamento constitucional directo, entre otras, de la LO 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Tribunal Constitucional ha admitido las diferencias de trato razonables, objetivas y proporcionadas y las medidas de acción positiva dirigidas a corregir desigualdades materiales.
La disposición adicional primera CE y los derechos históricos forales
La disposición adicional primera de la Constitución dispone que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», estableciendo que «la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». Este precepto, junto con la disposición transitoria cuarta (relativa a la eventual incorporación de Navarra al régimen autonómico vasco, nunca ejercitada), constituye el anclaje constitucional directo del régimen foral navarro, actualizado precisamente mediante la LORAFNA de 1982, estudiada en otro tema de este bloque como norma institucional básica de la Comunidad Foral, funcionalmente equivalente a un Estatuto de Autonomía pero con esta cobertura constitucional singular y diferenciada. Históricamente, el régimen foral navarro se remonta al Reino de Navarra, a la Ley de 25 de octubre de 1839 (confirmación de fueros) y a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, cuyo carácter pactado inspira el principio de «amejoramiento» de la LORAFNA. La LORAFNA fue reformada por la LO 1/2001, de 26 de marzo, y por la LO 7/2010, de 27 de octubre; su reforma sigue un procedimiento paccionado, sin necesidad de referéndum.
Rango normativo de la Constitución y control de constitucionalidad
La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español: todas las demás normas —leyes orgánicas, ordinarias, forales, reglamentos— deben ajustarse a ella y son nulas en lo que la contradigan (principio de jerarquía normativa, art. 9.3 CE, y supremacía constitucional, art. 9.1 CE). Este control de constitucionalidad se articula, fundamentalmente, a través de dos vías ante el Tribunal Constitucional: el recurso de inconstitucionalidad, de carácter directo y abstracto, y la cuestión de inconstitucionalidad, planteada por un Juez o Tribunal ordinario cuando, al conocer de un proceso, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución. Ningún juez ordinario puede inaplicar directamente una ley por considerarla inconstitucional: debe plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional, único órgano competente para declarar su nulidad. Legitimación y plazos: el recurso de inconstitucionalidad se interpone en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma por los sujetos legitimados del artículo 162.1.a CE; la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE) la plantean jueces y tribunales cuando estimen que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución. Un ciudadano solo puede acceder al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos a través del recurso de amparo, una vez agotada la vía judicial previa (30 días desde la notificación de la resolución que agote la vía), y nunca para impugnar directamente una ley.
El artículo 25 CE: principio de legalidad penal y sancionadora
El artículo 25.1 CE consagra el principio de legalidad en materia sancionadora, tanto penal como administrativa: «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento». Este precepto, de aplicación directa a toda la actividad policial con trascendencia sancionadora (tanto en la instrucción de atestados como en la tramitación de denuncias administrativas), es la base constitucional del principio «nullum crimen, nulla poena sine lege», desarrollado en el Código Penal (estudiado en otro tema) y en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público para las infracciones administrativas, y guarda estrecha relación con la garantía de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables del art. 9.3 CE.
La Constitución y los tratados internacionales sobre derechos: artículo 10.2 CE
El artículo 10.1 CE proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El artículo 10.2 CE añade el ya citado criterio interpretativo: las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Esta cláusula convierte a los instrumentos internacionales de derechos humanos en un parámetro interpretativo obligado —no en una fuente autónoma añadida— de cualquier derecho fundamental reconocido en el Título I.
Los derechos fundamentales de la Sección 1.ª con especial relevancia policial
Mapa de derechos de la Sección 1.ª (arts. 15 a 29): art. 15 (vida e integridad física y moral; prohibición de tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes; abolición de la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra, hoy abolida también para este supuesto por la LO 11/1995); art. 16 (libertad ideológica, religiosa y de culto; nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias); art. 17 (libertad y seguridad personales); art. 18 (honor, intimidad personal y familiar y propia imagen; inviolabilidad del domicilio; secreto de las comunicaciones; limitación del uso de la informática); art. 19 (libertad de residencia y circulación); art. 20 (libertad de expresión, información, producción literaria y científica, cátedra; el secuestro de publicaciones solo cabe por resolución judicial); art. 21 (reunión pacífica y sin armas); art. 22 (asociación); art. 23 (participación política y acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad); art. 24 (tutela judicial efectiva y garantías procesales); art. 25 (legalidad penal; penas privativas de libertad orientadas a la reeducación y reinserción social); art. 26 (prohibición de los tribunales de honor); art. 27 (educación); art. 28 (sindicación y huelga); art. 29 (petición). Entre los derechos de la Sección 2.ª destacan: art. 30 (defensa de España y objeción de conciencia), art. 31 (deber tributario), art. 32 (matrimonio), art. 33 (propiedad privada y herencia), art. 35 (trabajo), art. 37 (negociación colectiva) y art. 38 (libertad de empresa).
Libertad y seguridad (art. 17) e inviolabilidad del domicilio (art. 18): contenido policial
El artículo 17 CE es el eje de la actuación policial en materia de detención. Reconoce a toda persona el derecho a la libertad y a la seguridad (17.1); fija que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (17.2); exige que toda persona detenida sea informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, que no puede ser obligada a declarar, y que se garantice la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales (17.3); y establece el procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente (17.4, desarrollado por la LO 6/1984). El artículo 18.2 declara el domicilio inviolable y prohíbe toda entrada o registro sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; el 18.3 garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial; y el 18.4 limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad. El derecho de reunión (art. 21) exige comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes (21.2); se desarrolla por la LO 9/1983, de 15 de julio, y la comunicación debe realizarse con una antelación de diez días naturales como mínimo y treinta como máximo, reduciéndose a veinticuatro horas en supuestos de urgencia.
Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III)
El Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52) recoge los principios rectores: protección social, económica y jurídica de la familia (39), progreso social y económico y pleno empleo (40), régimen público de Seguridad Social (41), protección de la salud (43), acceso a la cultura (44), medio ambiente (45), patrimonio histórico, cultural y artístico (46), derecho a una vivienda digna y adecuada (47), participación de la juventud (48), políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad (49, reformado en 2024), atención a la tercera edad (50), defensa de consumidores y usuarios (51) y organizaciones profesionales (52). Son mandatos dirigidos a los poderes públicos, no derechos subjetivos directamente exigibles ante los tribunales; su eficacia depende de las leyes que los desarrollen (art. 53.3).
La Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los derechos de sus miembros
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son titulares de los derechos constitucionales, con las limitaciones que la propia Constitución y la ley permiten. El artículo 28.1 CE faculta a la ley para limitar o exceptuar el ejercicio de la libertad sindical a las Fuerzas o Institutos armados o demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos; la LO 2/1986 reconoce la sindicación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las particularidades legales y les niega el ejercicio del derecho de huelga (art. 6.8). El artículo 104.2 CE reserva a la ley orgánica la determinación de las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 126 CE configura la Policía Judicial dependiente de los jueces, los tribunales y el Ministerio Fiscal; y el artículo 149.1.29.ª CE atribuye la seguridad pública al Estado sin perjuicio de la creación de policías autonómicas (como la Policía Foral), cuestión que se estudia con la organización territorial.
El Título VIII y la organización territorial: visión de conjunto
El Título VIII (arts. 137 a 158) organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137). Desarrolla los principios de solidaridad (138) e igualdad de derechos y obligaciones en todo el territorio (139), la autonomía municipal (140) y provincial (141), las vías de acceso a la autonomía (143, 144, 146, 148, 149, 151, 152), las competencias (148 y 149), los Estatutos de Autonomía (147), el control de las Comunidades Autónomas (153 y 155) y la financiación (156 a 158). Su estudio detallado, así como la posición singular de Navarra, se desarrolla en el tema siguiente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Constitución aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229); 169 artículos.
Estructura: Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos; Título I (arts. 10-55); Cortes Generales (Título III); Gobierno (IV); Poder Judicial (VI); Organización territorial (VIII); TC (IX); Reforma (X).
Art. 1.1: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Art. 1.3: Monarquía parlamentaria. Art. 2: unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.
Título I: Cap. I (arts. 11-13), Cap. II (arts. 14-38: Sección 1.ª arts. 15-29; Sección 2.ª arts. 30-38), Cap. III principios rectores (arts. 39-52), Cap. IV garantías (arts. 53-54), Cap. V suspensión (art. 55).
Art. 53.1: los derechos del Cap. II vinculan a todos los poderes públicos y su regulación exige ley que respete el contenido esencial. Art. 53.2: tutela preferente y sumaria y amparo para el art. 14, la Sección 1.ª y el art. 30.2. Art. 53.3: principios rectores solo según las leyes que los desarrollen.
El art. 14 (igualdad) no está en la Sección 1.ª, pero tiene amparo (art. 53.2); la reserva de ley orgánica (art. 81) se aplica a la Sección 1.ª.
Reforma ordinaria: art. 167 CE, tres quintos de cada Cámara (más Comisión mixta, 2/3 del Congreso con mayoría absoluta del Senado; referéndum a petición de 1/10). Reforma agravada: art. 168 CE, dos tercios + disolución de Cortes + ratificación + referéndum obligatorio; NUNCA utilizada.
Reformas constitucionales: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad); todas por el procedimiento ordinario del art. 167.
Corona (Título II, arts. 56-65 CE): el Rey es inviolable y no sujeto a responsabilidad; sus actos requieren refrendo del Presidente del Gobierno, de los ministros o del Presidente del Congreso (art. 64).
Cortes Generales (Título III): Congreso (mín. 300, máx. 400 Diputados, fijado en 350) y Senado (Cámara de representación territorial, art. 69). Mandato de cuatro años.
Moción de censura (art. 113 CE): constructiva, incluye candidato, 1/10 de Diputados, no se vota antes de 5 días, mayoría absoluta. Cuestión de confianza (art. 112 CE): la plantea el Presidente, mayoría simple.
Poder Judicial (art. 117 CE): independiente, inamovible, responsable, sometido solo a la ley; exclusividad y unidad jurisdiccional; CGPJ (presidente del TS + 20 vocales: 12 jueces, 4 Congreso, 4 Senado).
Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales — eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Art. 104 CE: fundamento constitucional directo de las FCS, ubicado en el Título IV (naturaleza administrativa, no jurisdiccional); art. 126: la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal.
Tribunal Constitucional: 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3; recurso de inconstitucionalidad (3 meses), amparo (arts. 14-29 y 30.2), cuestión de inconstitucionalidad y conflictos de competencia.
Ningún juez ordinario puede inaplicar una ley por inconstitucional: debe plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
Art. 17 CE: detención preventiva máxima de 72 horas; información inmediata de derechos; derecho a asistencia de abogado; habeas corpus. Art. 18.2: entrada en domicilio solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito.
Estados excepcionales (art. 116 CE, LO 4/1981): alarma (Gobierno, máx. 15 días, prórroga con el Congreso), excepción (Gobierno + autorización del Congreso, 30 días prorrogables, permite suspender derechos del art. 55.1), sitio (Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno).
Art. 55.1: derechos suspendibles en excepción y sitio: 17, 18.2 y 3, 19, 20.1.a y d y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; el art. 17.3 no puede suspenderse en excepción. Art. 55.2: suspensión individual para investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, con control judicial y parlamentario.
Art. 25.1 CE: principio de legalidad sancionadora (penal y administrativa) — nadie puede ser sancionado por hechos que no fueran infracción en el momento de cometerse.
Defensor del Pueblo (art. 54): alto comisionado de las Cortes Generales, LO 3/1981, mandato de 5 años; legitimado para recurso de inconstitucionalidad y amparo.
Disposición adicional primera CE: ampara los derechos históricos de los territorios forales, base constitucional del régimen foral de Navarra actualizado por la LORAFNA (LO 13/1982).
Los principios rectores del Capítulo III (art. 53.3) no son alegables directamente ante tribunales, solo a través de las leyes que los desarrollen.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional nombra el Rey a propuesta del Gobierno?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 13 de Policía Foral de Navarra?
El Tema 13 desarrolla la norma suprema del ordenamiento español: la Constitución de 1978, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). Se estudian su estructura (Título Preliminar, diez títulos y 169 artículos), el contenido de cada título, los derechos y deberes fundamentales del Título I y su sistema de garantías (art. 53), la suspensión de derechos (art. 55) y los estados excepcionales (art. 116), la reforma constitucional (arts. 166 a 169; con las tres reformas de 1992, 2011 y 2024), el control de constitucionalidad y la base constitucional del régimen foral de Navarra. Es la norma de referencia obligada para cualquier actuación policial, porque en ella se reconocen los derechos y libertades cuyo respeto condiciona toda intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y porque de ella derivan la organización territorial del Estado y el propio régimen foral navarro.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
Constitución aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229); 169 artículos. Estructura: Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos; Título I (arts. 10-55); Cortes Generales (Título III); Gobierno (IV); Poder Judicial (VI); Organización territorial (VIII); TC (IX); Reforma (X). Art. 1.1: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Art. 1.3: Monarquía parlamentaria. Art. 2: unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Título I: Cap. I (arts. 11-13), Cap. II (arts. 14-38: Sección 1.ª arts. 15-29; Sección 2.ª arts. 30-38), Cap. III principios rectores (arts. 39-52), Cap. IV garantías (arts. 53-54), Cap. V suspensión (art. 55). Art. 53.1: los derechos del Cap. II vinculan a todos los poderes públicos y su regulación exige ley que respete el contenido esencial. Art. 53.2: tutela preferente y sumaria y amparo para el art. 14, la Sección 1.ª y el art. 30.2. Art. 53.3: principios rectores solo según las leyes que los desarrollen. El art. 14 (igualdad) no está en la Sección 1.ª, pero tiene amparo (art. 53.2); la reserva de ley orgánica (art. 81) se aplica a la Sección 1.ª. Reforma ordinaria: art. 167 CE, tres quintos de cada Cámara (más Comisión mixta, 2/3 del Congreso con mayoría absoluta del Senado; referéndum a petición de 1/10). Reforma agravada: art. 168 CE, dos tercios + disolución de Cortes + ratificación + referéndum obligatorio; NUNCA utilizada. Reformas constitucionales: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad); todas por el procedimiento ordinario del art. 167. Corona (Título II, arts. 56-65 CE): el Rey es inviolable y no sujeto a responsabilidad; sus actos requieren refrendo del Presidente del Gobierno, de los ministros o del Presidente del Congreso (art. 64). Cortes Generales (Título III): Congreso (mín. 300, máx. 400 Diputados, fijado en 350) y Senado (Cámara de representación territorial, art. 69). Mandato de cuatro años. Moción de censura (art. 113 CE): constructiva, incluye candidato, 1/10 de Diputados, no se vota antes de 5 días, mayoría absoluta. Cuestión de confianza (art. 112 CE): la plantea el Presidente, mayoría simple. Poder Judicial (art. 117 CE): independiente, inamovible, responsable, sometido solo a la ley; exclusividad y unidad jurisdiccional; CGPJ (presidente del TS + 20 vocales: 12 jueces, 4 Congreso, 4 Senado). Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales — eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Art. 104 CE: fundamento constitucional directo de las FCS, ubicado en el Título IV (naturaleza administrativa, no jurisdiccional); art. 126: la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Tribunal Constitucional: 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3; recurso de inconstitucionalidad (3 meses), amparo (arts. 14-29 y 30.2), cuestión de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Ningún juez ordinario puede inaplicar una ley por inconstitucional: debe plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Art. 17 CE: detención preventiva máxima de 72 horas; información inmediata de derechos; derecho a asistencia de abogado; habeas corpus. Art. 18.2: entrada en domicilio solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito. Estados excepcionales (art. 116 CE, LO 4/1981): alarma (Gobierno, máx. 15 días, prórroga con el Congreso), excepción (Gobierno + autorización del Congreso, 30 días prorrogables, permite suspender derechos del art. 55.1), sitio (Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno). Art. 55.1: derechos suspendibles en excepción y sitio: 17, 18.2 y 3, 19, 20.1.a y d y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; el art. 17.3 no puede suspenderse en excepción. Art. 55.2: suspensión individual para investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, con control judicial y parlamentario. Art. 25.1 CE: principio de legalidad sancionadora (penal y administrativa) — nadie puede ser sancionado por hechos que no fueran infracción en el momento de cometerse. Defensor del Pueblo (art. 54): alto comisionado de las Cortes Generales, LO 3/1981, mandato de 5 años; legitimado para recurso de inconstitucionalidad y amparo. Disposición adicional primera CE: ampara los derechos históricos de los territorios forales, base constitucional del régimen foral de Navarra actualizado por la LORAFNA (LO 13/1982). Los principios rectores del Capítulo III (art. 53.3) no son alegables directamente ante tribunales, solo a través de las leyes que los desarrollen.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, BOE-A-1978-31229), artículos 1 a 3, 9, 10 a 55, 56 a 65, 66 a 96, 97 a 107, 108 a 116, 117 a 127, 128 a 136, 159 a 165 y 166 a 169; disposición adicional primera
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española (2024); reforma del artículo 135 (2011); reforma del artículo 13.2 (1992)
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (modificada por la LO 6/2007)
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus; Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo 6.8
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA); Ley 28/1990, de 26 de diciembre, del Convenio Económico con Navarra
Sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021 y 183/2021
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Foral de Navarra.