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Tema 15. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Tribunal de Justicia. Fuentes del Derecho comunitario.

Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre · Índice oficial del Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I.

La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.

El Tema 15 estudia el marco institucional de la Unión Europea (Consejo Europeo, Consejo, Parlamento Europeo, Comisión y Tribunal de Justicia, junto con el resto de instituciones del artículo 13 TUE) y el sistema de fuentes de su Derecho. España es miembro de las Comunidades Europeas desde el 1 de enero de 1986 y el artículo 93 de la Constitución habilita la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a organizaciones internacionales; en consecuencia, el Derecho de la Unión forma parte del ordenamiento jurídico español, con efecto directo y primacía en el ámbito de las competencias atribuidas. Conocer estas instituciones y estas fuentes es necesario para situar correctamente normas que se citan en otros temas, como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, las directivas que inspiran la legislación española sobre protección de datos en el ámbito policial, o los instrumentos de cooperación policial y judicial (Europol, Eurojust, Schengen, orden europea de detención y entrega). Importante: desde el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009) se habla de «Derecho de la Unión» y no de «Derecho comunitario», porque la Unión sucedió a la Comunidad Europea y se suprimió la estructura de pilares.

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El marco institucional de la Unión: artículo 13 TUE

El artículo 13 TUE establece un marco institucional que tiene por finalidad promover los valores de la Unión, perseguir sus objetivos, servir a sus intereses, a los de sus ciudadanos y a los de los Estados miembros, y garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas. Enumera siete instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Cada institución actúa dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados (principio de atribución de competencias institucionales) y con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines en ellos previstos, y entre las instituciones rige el principio de cooperación leal. Trampa de examen frecuente: no son instituciones en sentido técnico el Defensor del Pueblo Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, las agencias (Europol, Eurojust, Frontex, etc.) ni los dos órganos consultivos del artículo 13.4 TUE, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, que asisten al Parlamento, al Consejo y a la Comisión con funciones consultivas. Cabe recordar también que la sede del Parlamento está en Estrasburgo (plenos ordinarios), con trabajo de comisiones y plenos adicionales en Bruselas y Secretaría General en Luxemburgo; la Comisión y el Consejo tienen su sede en Bruselas, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo y el Banco Central Europeo en Fráncfort.

De la CECA a la Unión Europea: evolución histórica esencial

El proceso de integración europea arranca con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, Tratado de París, 1951, que expiró en 2002) y continúa con los Tratados de Roma de 1957, que crean la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). El Acta Única Europea (firmada en 1986, en vigor en 1987) impulsa el mercado interior. El Tratado de Maastricht (firmado en 1992, en vigor el 1 de noviembre de 1993) crea la Unión Europea sobre la estructura de los llamados «tres pilares» (comunitario, política exterior y de seguridad común, y cooperación en justicia e interior), e introduce la ciudadanía europea y sienta las bases de la unión económica y monetaria; los Tratados de Ámsterdam (1997) y Niza (2001) lo reforman, y Ámsterdam integró el acervo de Schengen en el marco de la Unión. El proyecto de Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa (2004) no llegó a entrar en vigor tras su rechazo en referéndum en Francia y los Países Bajos en 2005 (España sí lo ratificó tras un referéndum consultivo en 2005). El Tratado de Lisboa (firmado en 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009) suprime la estructura de pilares, dota a la Unión de personalidad jurídica única, convierte la Carta de los Derechos Fundamentales en jurídicamente vinculante y reordena los dos tratados vigentes: el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); el Tratado EURATOM subsiste como tratado separado. España firmó el Tratado de adhesión en 1985 y es miembro desde el 1 de enero de 1986. Con la salida del Reino Unido (31 de enero de 2020, conforme al artículo 50 TUE) la Unión cuenta con 27 Estados miembros; Croacia, el último en incorporarse (2013), adoptó el euro y entró en el espacio Schengen el 1 de enero de 2023.

El Consejo Europeo (artículo 15 TUE)

El Consejo Europeo está formado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, junto con su Presidente y el Presidente de la Comisión; el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad participa en sus trabajos. Su función es dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales, sin ejercer función legislativa alguna. Se reúne al menos dos veces por semestre, convocado por su Presidente, y como regla general se pronuncia por consenso, salvo que los Tratados dispongan otra cosa. Su Presidente, cargo permanente creado por el Tratado de Lisboa, es elegido por el propio Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, renovable una sola vez; preside e impulsa los trabajos, facilita la cohesión y el consenso y asegura, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante. Desde el 1 de diciembre de 2024 el cargo lo ocupa António Costa. No debe confundirse con el Consejo de Europa, organización internacional ajena a la Unión con sede en Estrasburgo, a la que pertenecen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

El Consejo de la Unión Europea: formaciones, presidencia y votación (artículo 16 TUE)

El Consejo de la Unión Europea (el «Consejo», informalmente «Consejo de Ministros») está integrado por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, con capacidad para comprometer al Gobierno del Estado al que representa y ejercer el derecho de voto. Ejerce, conjuntamente con el Parlamento Europeo, la función legislativa y la función presupuestaria, y ejerce funciones de definición de políticas y de coordinación conforme a los Tratados. Se reúne en distintas formaciones sectoriales (Asuntos Generales, Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Financieros, Justicia y Asuntos de Interior —de especial relevancia para la cooperación policial—, Agricultura y Pesca, entre otras). La formación de Asuntos Exteriores está presidida por el Alto Representante; las demás formaciones las preside, por un sistema de rotación igualitaria entre Estados miembros, la Presidencia del Consejo, que cambia cada seis meses (en el segundo semestre de 2026 corresponde a Irlanda y, a continuación, a Lituania). Los trabajos se preparan en el Comité de Representantes Permanentes (COREPER). La regla general de votación es la mayoría cualificada: al menos el 55 % de los miembros del Consejo, con un mínimo de quince, que incluya Estados miembros que reúnan al menos el 65 % de la población de la Unión (sistema aplicable desde el 1 de noviembre de 2014); una minoría de bloqueo debe incluir al menos cuatro miembros. Se exige unanimidad en materias especialmente sensibles (como la fiscalidad, la mayor parte de la política exterior y de seguridad común o la adhesión de nuevos Estados). España ejerció la Presidencia del Consejo en el segundo semestre de 2023.

El Parlamento Europeo (artículo 14 TUE y artículos 223 y siguientes TFUE)

El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión elegida por sufragio universal directo, libre y secreto de los ciudadanos europeos, por un mandato de cinco años (las últimas elecciones se celebraron en junio de 2024). Ejerce, conjuntamente con el Consejo, la función legislativa y presupuestaria, y ejerce funciones de control político y consultivas. Elige al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, que ha de tener en cuenta el resultado de las elecciones europeas; la Comisión en su conjunto se somete a un voto de aprobación del Parlamento antes de ser nombrada. Puede aprobar una moción de censura contra la Comisión (artículo 234 TFUE), que exige una mayoría de dos tercios de los votos emitidos que represente además la mayoría de los miembros que componen el Parlamento, y cuya aprobación obliga a los miembros de la Comisión a dimitir colectivamente. El Tratado fija un máximo de 750 diputados más el Presidente, con un mínimo de seis y un máximo de noventa y seis escaños por Estado miembro (proporcionalidad decreciente: más población, más escaños, pero cada eurodiputado de un Estado pequeño representa a menos ciudadanos que el de uno grande). En la legislatura 2024-2029 el Parlamento tiene 720 miembros, de los que 61 corresponden a España. Salvo disposición en contrario de los Tratados, adopta sus decisiones por mayoría de los votos emitidos. Crea comisiones de investigación, recibe peticiones de los ciudadanos y nombra al Defensor del Pueblo Europeo.

La Comisión Europea (artículo 17 TUE)

La Comisión Europea promueve el interés general de la Unión y toma las iniciativas adecuadas con este fin; vela por la aplicación de los Tratados y de las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos; supervisa la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia; ejecuta el presupuesto y gestiona los programas; ejerce funciones de coordinación, ejecución y gestión conforme a los Tratados; y asume la representación exterior de la Unión, con excepción de la política exterior y de seguridad común. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, los actos legislativos de la Unión solo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión (monopolio de la iniciativa legislativa ordinaria). Tiene un mandato de cinco años. El artículo 17.5 TUE preveía que, a partir de 2014, el número de comisarios correspondería a dos tercios del número de Estados miembros, salvo que el Consejo Europeo decidiera por unanimidad modificarlo; el Consejo Europeo decidió mantener un comisario por Estado miembro, de modo que hoy la Comisión tiene 27 miembros, incluidos su Presidente y el Alto Representante (que es además uno de sus Vicepresidentes). Los comisarios son elegidos en razón de su competencia general y su compromiso europeo, ejercen sus funciones con plena independencia y no solicitan ni aceptan instrucciones de ningún Gobierno. El Presidente de la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo (mayoría cualificada) y elegido por el Parlamento por mayoría de los miembros que lo componen; el Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adopta la lista de las demás personalidades propuestas como comisarios; y el colegio en su conjunto se somete a la aprobación del Parlamento y es nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Desde diciembre de 2024 preside la Comisión Ursula von der Leyen.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: estructura y competencias (artículo 19 TUE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados y asegura la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros. El artículo 19 TUE dice que comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados que pudieran crearse; en la actualidad no existe ningún tribunal especializado (el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, creado en 2004, se disolvió en 2016 y sus competencias pasaron al Tribunal General). El Tribunal de Justicia cuenta con un juez por Estado miembro (27) asistidos por once abogados generales, que presentan conclusiones motivadas e imparciales; el Tribunal General cuenta desde 2019 con dos jueces por Estado miembro. Los jueces son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité que informa sobre la idoneidad de los candidatos, para un mandato de seis años renovable. Sus principales vías procesales son: el recurso por incumplimiento (artículos 258 a 260 TFUE), mediante el cual la Comisión (o un Estado) denuncia ante el Tribunal el incumplimiento del Derecho de la Unión por un Estado miembro, con posibilidad de sanción pecuniaria en caso de incumplimiento de la sentencia; el recurso de anulación (artículo 263 TFUE) contra actos de las instituciones; el recurso por omisión (artículo 265 TFUE); la acción de responsabilidad extracontractual (artículos 268 y 340 TFUE); y la cuestión prejudicial (artículo 267 TFUE). Trampa de examen habitual: no debe confundirse con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que pertenece al Consejo de Europa y aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, ni con el Tribunal Internacional de Justicia (La Haya, Naciones Unidas) ni con el Tribunal Penal Internacional.

La cuestión prejudicial (artículo 267 TFUE)

La cuestión prejudicial es el mecanismo de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia: cuando se plantea ante un órgano jurisdiccional nacional una cuestión sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ese órgano puede (facultad) solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Si la cuestión se plantea en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano está obligado a someter la cuestión al Tribunal, con la excepción de los supuestos de acto aclarado o de acto claro (doctrina Cilfit, 1982). Cuando la cuestión se refiere a la validez de un acto de la Unión, solo el Tribunal de Justicia puede declarar su invalidez, de modo que todo órgano jurisdiccional nacional que dude de la validez de un acto debe plantearla. La respuesta es vinculante para el órgano que planteó la cuestión y, en la práctica, produce efectos interpretativos para cualquier otro órgano que deba aplicar la misma norma. Es un procedimiento que se plantea entre jueces, no un recurso de las partes, y ha permitido construir por vía jurisprudencial principios esenciales del Derecho de la Unión, como el efecto directo (sentencia Van Gend en Loos, 1963) y la primacía (sentencia Costa/ENEL, 1964).

Otras instituciones y órganos: Banco Central Europeo, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo y un miembro por Estado miembro (mandato de seis años renovable), fiscaliza las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión y de cualquier organismo creado por ella, examina la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantiza la buena gestión financiera; carece de funciones jurisdiccionales. El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort, forma junto con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), mientras que el BCE junto con los bancos centrales de los Estados que han adoptado el euro constituye el Eurosistema, que define y ejecuta la política monetaria de la zona del euro. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios, y goza de plena independencia en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros dentro de la Unión; los Estados miembros pueden emitir monedas, pero el volumen de la emisión requiere la aprobación del BCE (artículo 128 TFUE). El Defensor del Pueblo Europeo (artículo 228 TFUE), elegido por el Parlamento al inicio de cada legislatura, recibe quejas de ciudadanos y residentes sobre casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión (con exclusión del Tribunal de Justicia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales); no es una institución en sentido técnico.

El Derecho originario: los Tratados, la Carta y los principios generales

El Derecho originario o primario es el de rango superior en el ordenamiento de la Unión y comprende: el TUE y el TFUE (con sus protocolos y anexos, que forman parte integrante de los Tratados), el Tratado EURATOM, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (proclamada en Niza en 2000 y con el mismo valor jurídico que los Tratados desde Lisboa, conforme al artículo 6.1 TUE), los tratados de adhesión de los nuevos Estados miembros, y los principios generales del Derecho de la Unión elaborados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre ellos la protección de los derechos fundamentales que resultan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la proporcionalidad o la igualdad). Los Tratados se modifican mediante el procedimiento de revisión ordinario del artículo 48 TUE (Convención, conferencia de representantes de los Gobiernos y ratificación por todos los Estados miembros conforme a sus normas constitucionales) o mediante procedimientos de revisión simplificados. El artículo 6.2 TUE prevé la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, aún pendiente de culminar.

El Derecho derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes (artículo 288 TFUE)

El artículo 288 TFUE enumera los actos jurídicos que las instituciones adoptan para ejercer las competencias de la Unión. El reglamento tiene un alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, sin necesidad de acto de incorporación (más aún, los Estados no deben reproducirlo en normas internas que oculten su origen europeo). La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios; exige, por regla general, transposición dentro de un plazo determinado, y su incumplimiento puede generar un recurso por incumplimiento y responsabilidad del Estado. Si una directiva no se ha transpuesto en plazo o se ha transpuesto incorrectamente, sus disposiciones incondicionales y suficientemente precisas pueden ser invocadas por los particulares frente al Estado (efecto directo vertical), pero no frente a otros particulares (no hay efecto directo horizontal de las directivas). La decisión es obligatoria en todos sus elementos; cuando designa destinatarios, solo es obligatoria para estos. Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes. Los actos legislativos son los adoptados por procedimiento legislativo (ordinario o especial); los actos no legislativos incluyen los actos delegados (artículo 290 TFUE, por los que el legislador delega en la Comisión el poder de completar o modificar elementos no esenciales de un acto legislativo) y los actos de ejecución (artículo 291 TFUE). Los reglamentos, directivas y decisiones se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor en la fecha que fijen o, en su defecto, a los veinte días de su publicación (artículo 297 TFUE). A estos actos se suman los acuerdos internacionales celebrados por la Unión (artículo 216 TFUE), que vinculan a las instituciones y a los Estados miembros, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como fuente interpretativa de primer orden.

El procedimiento legislativo ordinario (artículo 294 TFUE)

El procedimiento legislativo ordinario, antes llamado de «codecisión», consiste en la adopción conjunta de un reglamento, directiva o decisión por el Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión. En primera lectura el Parlamento adopta su posición y la transmite al Consejo; si el Consejo la aprueba, el acto queda adoptado. Si no, el Consejo adopta su posición y la comunica al Parlamento, abriéndose la segunda lectura; si no hay acuerdo tras la segunda lectura se convoca un Comité de Conciliación, con igual número de representantes del Consejo y del Parlamento, cuyo proyecto común debe aprobarse en tercera lectura por ambas instituciones. Los procedimientos legislativos especiales (consulta o aprobación del Parlamento, con el Consejo como decisor) se aplican solo en los casos previstos en los Tratados. El principio de seguridad jurídica y el control de los parlamentos nacionales (tarjeta amarilla cuando un tercio de los votos asignados a los parlamentos nacionales —un cuarto en materia de espacio de libertad, seguridad y justicia— considera que una propuesta infringe la subsidiariedad, en el plazo de ocho semanas) completan las garantías del procedimiento.

Relación entre el Derecho de la Unión y el ordenamiento español: efecto directo, primacía y responsabilidad del Estado

Las notas definitorias de la relación entre el Derecho de la Unión y los ordenamientos nacionales se han construido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La aplicabilidad directa significa que determinadas normas (como los reglamentos) forman parte del ordenamiento de los Estados sin necesidad de transposición. El efecto directo permite a los particulares invocar ante los jueces nacionales disposiciones claras, precisas e incondicionales del Derecho de la Unión (sentencia Van Gend en Loos, 1963). La primacía implica que, en caso de conflicto, el Derecho de la Unión prevalece sobre cualquier norma interna, incluso posterior, y obliga al juez nacional a inaplicar la norma interna contraria (sentencias Costa/ENEL, 1964, y Simmenthal, 1978). La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a los particulares por la infracción del Derecho de la Unión fue establecida en la sentencia Francovich (1991). En España, el fundamento constitucional es el artículo 93 CE, y el Tribunal Constitucional, en su Declaración 1/2004, distinguió entre la primacía del Derecho de la Unión, que opera en el ámbito de las competencias cedidas, y la supremacía de la Constitución, que se mantiene sobre el ordenamiento interno. La inaplicación de una norma interna por contraria al Derecho de la Unión no es un control de constitucionalidad: corresponde al juez ordinario, que puede además plantear cuestión prejudicial.

Los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad: artículo 5 TUE y categorías de competencias

El artículo 5 TUE regula tres principios que delimitan el ejercicio de las competencias de la Unión frente a los Estados miembros. El principio de atribución: la Unión solo actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que estos determinan, correspondiendo a los Estados miembros toda competencia no atribuida a la Unión. El principio de subsidiariedad: en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puedan lograrse mejor a escala de la Unión. El principio de proporcionalidad: el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Los artículos 2 a 6 TFUE distinguen las competencias exclusivas de la Unión (unión aduanera, normas de competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior, política monetaria de los Estados que tienen el euro, conservación de los recursos biológicos marinos en la política pesquera común, política comercial común), las competencias compartidas (mercado interior, espacio de libertad, seguridad y justicia, agricultura y pesca, medio ambiente, protección de los consumidores, transportes, energía, entre otras) y las competencias de apoyo, coordinación o complemento (protección y mejora de la salud humana, industria, cultura, turismo, educación, protección civil, entre otras). La seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro (artículo 4.2 TUE).

La ciudadanía de la Unión Europea (artículo 20 TFUE)

El artículo 20 TFUE crea la ciudadanía de la Unión, que se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla: toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro es ciudadana de la Unión. Entre los derechos que confiere destacan el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, el derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en el territorio de un tercer país en el que no esté representado su propio Estado, y el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, de recurso al Defensor del Pueblo Europeo y de dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los Tratados y recibir respuesta en la misma lengua. Desde 2012 los ciudadanos pueden además promover una iniciativa ciudadana europea con al menos un millón de firmas procedentes de, al menos, una cuarta parte de los Estados miembros, para invitar a la Comisión a presentar una propuesta.

Cooperación policial y judicial: Europol, Eurojust, Fiscalía Europea, Frontex y CEPOL

Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, con sede en La Haya, regulada por el Reglamento (UE) 2016/794 sobre la base del artículo 88 TFUE) apoya y refuerza la actuación de las autoridades policiales y otros servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su cooperación mutua, en la prevención y lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que lesionen un interés común objeto de una política de la Unión. No tiene competencias ejecutivas propias (no puede detener ni practicar registros) y actúa como centro de intercambio de información y análisis criminal y de apoyo operativo a las investigaciones nacionales. Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, también con sede en La Haya, Reglamento (UE) 2018/1727, artículo 85 TFUE) apoya y refuerza la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales en relación con la delincuencia grave transfronteriza. La Fiscalía Europea (EPPO, artículo 86 TFUE y Reglamento (UE) 2017/1939, con sede en Luxemburgo y operativa desde el 1 de junio de 2021) es un órgano independiente competente para investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos que perjudican a los intereses financieros de la Unión; España participa en ella. Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Reglamento (UE) 2019/1896, con sede en Varsovia) apoya la gestión integrada de las fronteras exteriores, y CEPOL (Agencia de la Unión Europea para la formación policial, con sede en Budapest) forma a los funcionarios policiales. Merece mención la Directiva (UE) 2016/680, relativa a la protección de datos personales tratados por las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, incorporada al ordenamiento español por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.

El Espacio Schengen y los sistemas de información policial

El Espacio Schengen es el área de libre circulación de personas sin controles en las fronteras interiores entre los Estados que lo integran. Nace con el Acuerdo de Schengen de 1985 y el Convenio de aplicación de 1990, que entró en vigor en 1995 (España aplica el acervo Schengen desde el 26 de marzo de 1995), y se incorporó al marco de la Unión por el Tratado de Ámsterdam. No coincide exactamente con los Estados miembros de la Unión: incluye países no miembros (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y no incluye a Irlanda, que mantiene su régimen propio (también Chipre aún no lo aplica plenamente); Bulgaria y Rumanía se han incorporado de forma progresiva (controles en fronteras aéreas y marítimas suprimidos en marzo de 2024 y en fronteras terrestres a partir de enero de 2025). La supresión de controles en las fronteras interiores se compensa con el reforzamiento de las fronteras exteriores comunes, la política común de visados y mecanismos de cooperación policial transfronteriza (vigilancia y persecución transfronteriza, entre otros). El Código de fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399, modificado en 2024) permite, con carácter excepcional y temporal, restablecer controles en las fronteras interiores ante amenazas graves para el orden público o la seguridad interior. El Sistema de Información de Schengen (SIS, regulado por los Reglamentos (UE) 2018/1861 y 2018/1862) es la base de datos compartida sobre personas y objetos buscados o vigilados, de uso diario en la actividad policial. Complementan el sistema la Decisión Prüm 2008/615/JAI (intercambio automatizado de perfiles de ADN, huellas dactilares y datos de matriculación de vehículos), el Sistema de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

La orden europea de detención y entrega

La orden europea de detención y entrega (euroorden), creada por la Decisión Marco 2002/584/JAI, sustituye entre los Estados miembros de la Unión al tradicional procedimiento de extradición por un mecanismo de cooperación judicial directa y simplificada entre autoridades judiciales: una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad. Se basa en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, sin intervención del poder político (a diferencia de la extradición clásica, de naturaleza más diplomática). Para una lista de treinta y dos categorías de delitos (terrorismo, tráfico de seres humanos, corrupción, entre otros) la entrega no está sujeta al control de la doble tipificación cuando el delito esté castigado en el Estado emisor con una pena privativa de libertad de al menos tres años. En España se rige por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que derogó la Ley 3/2003; la ejecución de las euroórdenes recibidas corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La decisión sobre la ejecución debe adoptarse en un plazo de diez días si la persona consiente la entrega y de sesenta días desde la detención en caso contrario (prorrogable en treinta). La misma Ley 23/2014 recoge otros instrumentos de reconocimiento mutuo, como la orden europea de investigación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Son siete las instituciones del artículo 13 TUE: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la UE, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. NO lo son el Defensor del Pueblo Europeo, el BEI, las agencias ni los comités consultivos.
  • El Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, orientación política, sin función legislativa) no es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea (un ministro por Estado, función legislativa junto al Parlamento) ni que el Consejo de Europa (organización ajena a la UE, Estrasburgo).
  • Presidente del Consejo Europeo: mandato de dos años y medio, renovable una vez. Reuniones: al menos dos veces por semestre.
  • El Parlamento Europeo es la única institución elegida por sufragio universal directo cada cinco años; comparte función legislativa y presupuestaria con el Consejo (procedimiento legislativo ordinario). Máximo 750 + Presidente; mínimo 6 y máximo 96 escaños por Estado; hoy 720 diputados, 61 españoles.
  • Moción de censura contra la Comisión (art. 234 TFUE): dos tercios de los votos emitidos que, además, representen la mayoría de los miembros del Parlamento.
  • La Comisión Europea tiene el monopolio de la iniciativa legislativa ordinaria y vela por el cumplimiento de los Tratados; un comisario por Estado miembro, actuando con independencia y sin recibir instrucciones.
  • El Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo) garantiza la interpretación uniforme del Derecho de la Unión; hoy comprende el Tribunal de Justicia (un juez por Estado) y el Tribunal General (dos jueces por Estado desde 2019); no hay tribunales especializados.
  • Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): facultativa para los jueces nacionales y obligatoria para los órganos cuyas decisiones no son susceptibles de recurso judicial interno (salvo acto claro o aclarado); solo el TJUE puede declarar la invalidez de un acto de la Unión.
  • No confundir el TJUE (UE, Luxemburgo) con el TEDH (Consejo de Europa, Estrasburgo, Convenio de 1950).
  • Tratado de Lisboa (firmado en 2007, en vigor el 1 de diciembre de 2009): suprime la estructura de pilares, personalidad jurídica única, Carta de Derechos Fundamentales vinculante, TUE + TFUE.
  • Mayoría cualificada (art. 16.4 TUE, desde 2014): al menos el 55 % de los Estados (mínimo quince) que reúnan al menos el 65 % de la población; minoría de bloqueo: al menos cuatro Estados.
  • Reglamento (art. 288 TFUE): obligatorio y directamente aplicable, sin transposición. Directiva: obliga en cuanto al resultado y requiere transposición; efecto directo solo vertical (frente al Estado). Decisión: obligatoria en todos sus elementos (solo para los destinatarios si los designa). Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes.
  • Entrada en vigor por defecto de los actos de la Unión: veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (art. 297 TFUE), salvo que fijen otra fecha.
  • Primacía (Costa/ENEL, 1964), efecto directo (Van Gend en Loos, 1963) y responsabilidad del Estado por infracción (Francovich, 1991): tres construcciones jurisprudenciales básicas. En España, art. 93 CE y Declaración TC 1/2004 (primacía del Derecho de la Unión, supremacía de la Constitución).
  • Principios del art. 5 TUE: atribución (solo competencias cedidas), subsidiariedad (la UE actúa en competencias no exclusivas si el Estado no puede lograrlo suficientemente) y proporcionalidad (no exceder lo necesario).
  • BCE: objetivo principal, la estabilidad de precios; autoriza la emisión de billetes en euros (las monedas las emiten los Estados con aprobación del volumen por el BCE). SEBC = BCE + bancos centrales de todos los Estados miembros; Eurosistema = BCE + bancos centrales de los Estados del euro.
  • Europol (La Haya): apoyo, análisis e intercambio de información, SIN competencias ejecutivas propias. Eurojust (La Haya): cooperación entre autoridades JUDICIALES. Fiscalía Europea (Luxemburgo): investiga y persigue delitos contra los intereses financieros de la Unión.
  • Schengen no coincide con la UE (incluye Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza; no incluye a Irlanda). España aplica Schengen desde el 26 de marzo de 1995. SIS: base de datos de personas y objetos buscados.
  • Euroorden (Decisión Marco 2002/584/JAI; en España, Ley 23/2014): sustituye a la extradición entre Estados de la UE, basada en el reconocimiento mutuo judicial directo; 32 categorías de delitos sin control de doble tipificación; plazo de 60 días desde la detención, prorrogable 30.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué mayoría exige el artículo 234 TFUE para que el Parlamento Europeo apruebe una moción de censura contra la Comisión?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 15 de Policía Foral de Navarra?

El Tema 15 estudia el marco institucional de la Unión Europea (Consejo Europeo, Consejo, Parlamento Europeo, Comisión y Tribunal de Justicia, junto con el resto de instituciones del artículo 13 TUE) y el sistema de fuentes de su Derecho. España es miembro de las Comunidades Europeas desde el 1 de enero de 1986 y el artículo 93 de la Constitución habilita la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a organizaciones internacionales; en consecuencia, el Derecho de la Unión forma parte del ordenamiento jurídico español, con efecto directo y primacía en el ámbito de las competencias atribuidas. Conocer estas instituciones y estas fuentes es necesario para situar correctamente normas que se citan en otros temas, como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, las directivas que inspiran la legislación española sobre protección de datos en el ámbito policial, o los instrumentos de cooperación policial y judicial (Europol, Eurojust, Schengen, orden europea de detención y entrega). Importante: desde el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009) se habla de «Derecho de la Unión» y no de «Derecho comunitario», porque la Unión sucedió a la Comunidad Europea y se suprimió la estructura de pilares.

¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?

Son siete las instituciones del artículo 13 TUE: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la UE, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. NO lo son el Defensor del Pueblo Europeo, el BEI, las agencias ni los comités consultivos. El Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, orientación política, sin función legislativa) no es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea (un ministro por Estado, función legislativa junto al Parlamento) ni que el Consejo de Europa (organización ajena a la UE, Estrasburgo). Presidente del Consejo Europeo: mandato de dos años y medio, renovable una vez. Reuniones: al menos dos veces por semestre. El Parlamento Europeo es la única institución elegida por sufragio universal directo cada cinco años; comparte función legislativa y presupuestaria con el Consejo (procedimiento legislativo ordinario). Máximo 750 + Presidente; mínimo 6 y máximo 96 escaños por Estado; hoy 720 diputados, 61 españoles. Moción de censura contra la Comisión (art. 234 TFUE): dos tercios de los votos emitidos que, además, representen la mayoría de los miembros del Parlamento. La Comisión Europea tiene el monopolio de la iniciativa legislativa ordinaria y vela por el cumplimiento de los Tratados; un comisario por Estado miembro, actuando con independencia y sin recibir instrucciones. El Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo) garantiza la interpretación uniforme del Derecho de la Unión; hoy comprende el Tribunal de Justicia (un juez por Estado) y el Tribunal General (dos jueces por Estado desde 2019); no hay tribunales especializados. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): facultativa para los jueces nacionales y obligatoria para los órganos cuyas decisiones no son susceptibles de recurso judicial interno (salvo acto claro o aclarado); solo el TJUE puede declarar la invalidez de un acto de la Unión. No confundir el TJUE (UE, Luxemburgo) con el TEDH (Consejo de Europa, Estrasburgo, Convenio de 1950). Tratado de Lisboa (firmado en 2007, en vigor el 1 de diciembre de 2009): suprime la estructura de pilares, personalidad jurídica única, Carta de Derechos Fundamentales vinculante, TUE + TFUE. Mayoría cualificada (art. 16.4 TUE, desde 2014): al menos el 55 % de los Estados (mínimo quince) que reúnan al menos el 65 % de la población; minoría de bloqueo: al menos cuatro Estados. Reglamento (art. 288 TFUE): obligatorio y directamente aplicable, sin transposición. Directiva: obliga en cuanto al resultado y requiere transposición; efecto directo solo vertical (frente al Estado). Decisión: obligatoria en todos sus elementos (solo para los destinatarios si los designa). Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes. Entrada en vigor por defecto de los actos de la Unión: veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (art. 297 TFUE), salvo que fijen otra fecha. Primacía (Costa/ENEL, 1964), efecto directo (Van Gend en Loos, 1963) y responsabilidad del Estado por infracción (Francovich, 1991): tres construcciones jurisprudenciales básicas. En España, art. 93 CE y Declaración TC 1/2004 (primacía del Derecho de la Unión, supremacía de la Constitución). Principios del art. 5 TUE: atribución (solo competencias cedidas), subsidiariedad (la UE actúa en competencias no exclusivas si el Estado no puede lograrlo suficientemente) y proporcionalidad (no exceder lo necesario). BCE: objetivo principal, la estabilidad de precios; autoriza la emisión de billetes en euros (las monedas las emiten los Estados con aprobación del volumen por el BCE). SEBC = BCE + bancos centrales de todos los Estados miembros; Eurosistema = BCE + bancos centrales de los Estados del euro. Europol (La Haya): apoyo, análisis e intercambio de información, SIN competencias ejecutivas propias. Eurojust (La Haya): cooperación entre autoridades JUDICIALES. Fiscalía Europea (Luxemburgo): investiga y persigue delitos contra los intereses financieros de la Unión. Schengen no coincide con la UE (incluye Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza; no incluye a Irlanda). España aplica Schengen desde el 26 de marzo de 1995. SIS: base de datos de personas y objetos buscados. Euroorden (Decisión Marco 2002/584/JAI; en España, Ley 23/2014): sustituye a la extradición entre Estados de la UE, basada en el reconocimiento mutuo judicial directo; 32 categorías de delitos sin control de doble tipificación; plazo de 60 días desde la detención, prorrogable 30.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Tratado de la Unión Europea (TUE), artículos 4, 5, 6, 13 a 19 y 48
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), artículos 20, 85, 86, 88, 216, 223 y siguientes, 228, 234, 251 y siguientes, 258 a 267, 288 a 291, 294 y 297
  • Constitución Española, artículo 93, y Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre
  • Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
  • Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros
  • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
  • Reglamento (UE) 2016/794 (Europol), Reglamento (UE) 2018/1727 (Eurojust), Reglamento (UE) 2017/1939 (Fiscalía Europea) y Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen)
  • Directiva (UE) 2016/680 y Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales

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