Tema 16. El acto administrativo: concepto, elementos y eficacia. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: disposiciones generales.
La Policía Foral de Navarra es un cuerpo único de policía autonómica integral (a diferencia de la Policía Local, no depende de los ayuntamientos): tiene una única convocatoria para toda la Comunidad Foral, gestionada por el Gobierno de Navarra. Este fichero recoge el temario del empleo de Agente (nivel C, turno de acceso libre), que es el escalón de entrada y el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre el temario del empleo de Inspector (nivel B, acceso por promoción interna y turno libre restringido, con temario jurídico y de mando más extenso) ni el de Subinspector u Oficial. El programa oficial consta de 36 temas repartidos en tres bloques (Anexo I de la convocatoria): 11 de parte general, 20 de legislación y 5 de conocimientos técnicos (ofimática e informática básica). El acceso directo al PDF de la Resolución 412/2026 en bon.navarra.es no permite extraer el texto de forma fiable de manera automatizada; los títulos de los temas de este fichero reproducen fielmente la estructura y las materias del Anexo I según fuentes de preparación especializadas contrastadas entre sí (varias academias y editoriales de oposiciones), pero antes de estudiar por ellos conviene contrastar la redacción literal exacta en el PDF oficial del BON enlazado arriba. Los cambios de tema en tema (por ejemplo, Word 2016/2019 frente a Word 2010) pueden variar ligeramente de una convocatoria a otra: la referencia normativa vigente siempre es el anexo de la convocatoria en curso.
El Tema 16 combina la teoría general del acto administrativo (concepto, elementos y eficacia) con las disposiciones generales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), la norma que, junto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, sustituyó en 2015 a la antigua Ley 30/1992 (en vigor desde el 2 de octubre de 2016, con algunas previsiones electrónicas de entrada en vigor diferida). Es la norma marco de cualquier actuación administrativa, incluida la que realiza la Policía Foral cuando tramita denuncias y expedientes sancionadores, y el punto de referencia obligado para entender cómo se documenta, se notifica, se computa un plazo y se recurre cualquier decisión administrativa frente al ciudadano. Atención: la Comunidad Foral de Navarra no puede regular el procedimiento administrativo común, que es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE); solo puede establecer especialidades derivadas de su organización propia.
El acto administrativo: concepto, clases y elementos
El acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, juicio, conocimiento o deseo emitida por una Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, con efectos jurídicos sobre un destinatario concreto. Se diferencia del reglamento (norma de alcance general, que innova el ordenamiento y se integra en él con vocación de permanencia) en que el acto es de alcance singular y se agota con su cumplimiento. Entre las clasificaciones más habituales: actos de trámite y actos definitivos (resolutorios); actos favorables (o declarativos de derechos) y de gravamen; actos reglados y discrecionales (la discrecionalidad nunca equivale a arbitrariedad, art. 9.3 CE); actos expresos y presuntos (producidos por silencio); y actos que ponen o no fin a la vía administrativa. Sus elementos clásicos son: el subjetivo (el órgano competente que lo dicta, que debe respetar las reglas de competencia y, en su caso, de abstención y recusación), el objetivo (el contenido del acto, que debe ser lícito, posible y determinado), el causal (el motivo o fin que lo justifica, con la exigencia de motivación en los casos del art. 35 de la Ley 39/2015) y el formal (el procedimiento seguido para dictarlo y la forma de exteriorizarlo). El art. 36 establece que los actos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia; cuando se ejerza la competencia de forma verbal, la constancia escrita se efectuará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente. El contenido del acto se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos (art. 34), y los actos de rango inferior no podrán vulnerar los establecidos por una disposición de rango superior; además, las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior rango a este (inderogabilidad singular de los reglamentos, art. 37).
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 39/2015 y relación con la Ley 40/2015
La Ley 39/2015 regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1). Su ámbito subjetivo comprende el sector público, integrado por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional (art. 2). Se articula en un Título Preliminar, seis títulos y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Mientras la Ley 39/2015 regula el procedimiento (la relación externa con el ciudadano), la Ley 40/2015 regula la organización y el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas (órganos, competencia, órganos colegiados, sector público institucional, relaciones interadministrativas, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial). Ambas son complementarias y deben leerse conjuntamente. El art. 3 de la Ley 40/2015 recoge los principios generales de actuación: las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho; deben respetar, entre otros, los de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones.
Los interesados en el procedimiento: artículos 3 a 12
El Título I de la Ley 39/2015 (arts. 3 a 12) regula quiénes pueden ser parte en un procedimiento administrativo. El artículo 3 reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de a las personas físicas y jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, así como a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos cuando la ley así lo declare expresamente. El artículo 4 define como interesados en el procedimiento a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. El artículo 5 regula la representación: los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado; para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación, por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal o electrónica del interesado (apoderamiento apud acta). Los artículos 6 a 12 se ocupan de los registros electrónicos de apoderamientos y de empleados públicos habilitados, del registro electrónico general, de los sistemas de identificación y firma y de la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Importante: la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento (art. 62.5).
Derechos de las personas ante las Administraciones y relaciones electrónicas: artículos 13 a 20
El Título II regula la actividad de las Administraciones Públicas. El artículo 13 enumera los derechos de quienes se relacionan con ellas, entre otros: comunicarse con las Administraciones a través de un punto de acceso general electrónico; ser asistidas en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros; ser tratadas con respeto y deferencia; exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio cuando legalmente proceda; y a la protección de datos de carácter personal. El artículo 14 distingue entre el derecho y la obligación de relacionarse por medios electrónicos: las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican por medios electrónicos o no, pero están obligados a relacionarse electrónicamente las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (en sus trámites con la Administración en ejercicio de esa actividad), quienes representen a un interesado obligado y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición. El artículo 16 regula los registros: cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General; los documentos dirigidos a las Administraciones podrán presentarse en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. El artículo 18 regula la colaboración de las personas (que solo están obligadas a facilitar informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por ley) y el artículo 19 la comparecencia, que solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley; la citación expresará el lugar, fecha, hora, objeto de la comparecencia y los efectos de no atenderla. Es un precepto de especial interés para la actividad policial, que cita con frecuencia a ciudadanos para comparecer.
Términos y plazos: cómputo (artículos 29 a 33)
Salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, los plazos señalados por días se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos (art. 30.2); los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Cuando los plazos se señalen por meses o años se computarán de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, publicación o silencio, y concluirán el mismo día en que se produjo la notificación en el mes o año de vencimiento; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes (art. 30.4). Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 30.5). El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, rigiéndose por la fecha y hora oficial; a efectos del cómputo de plazos, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil (art. 31). La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, siempre que las circunstancias lo aconsejen y con ello no se perjudiquen derechos de tercero; la ampliación no puede otorgarse sobre plazos ya vencidos (art. 32). Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la que se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (art. 33).
Requisitos de validez y eficacia del acto administrativo
La Ley 39/2015 distingue con precisión entre la validez del acto (su conformidad con el ordenamiento en el momento de dictarse) y su eficacia (el momento y las condiciones a partir de las cuales despliega efectos). Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1). Esta presunción de validez —conocida como presunción de legalidad o «privilegio de autotutela declarativa»— obliga al destinatario a cumplir el acto e impugnarlo si no está de acuerdo, en lugar de desatenderlo por su cuenta. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39.3). El art. 38 proclama la ejecutividad inmediata de los actos, que se desarrolla en el art. 98. En cuanto a la invalidez, son nulos de pleno derecho (art. 47.1) los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los que tengan un contenido imposible; los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Son anulables (art. 48) los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder; el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y la actuación administrativa fuera del tiempo establecido solo implicará la anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La nulidad puede declararse de oficio en cualquier momento (art. 106, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma cuando sea preceptivo), mientras que los actos anulables pueden ser convalidados por la Administración subsanando los vicios de que adolezcan (art. 52) y, si son favorables, impugnados por la propia Administración mediante la declaración de lesividad y recurso contencioso-administrativo (art. 107, en el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto).
La motivación de los actos administrativos (artículo 35)
El artículo 35 de la Ley 39/2015 exige la motivación, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, de determinados actos: los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de suspensión, así como la adopción de medidas provisionales y las que declaren su ampliación; los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias; las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial; y los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La motivación puede consistir en la aceptación de informes o dictámenes (motivación «in aliunde»), que deben incorporarse al texto de la resolución. La motivación es una garantía esencial, especialmente relevante en el ámbito sancionador que instruye la actividad policial, porque permite al interesado conocer las razones de la decisión y, en su caso, articular su defensa y el control judicial.
La obligación de resolver y el plazo máximo (artículos 21 a 23)
El artículo 21.1 establece que «la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación». En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación de resolver los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea (art. 21.2); cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses (art. 21.3). Los plazos se cuentan desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio y desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación en los iniciados a solicitud del interesado. Las Administraciones deben comunicar a los interesados, en los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el plazo máximo para resolver y notificar y los efectos del silencio. Los titulares de los órganos competentes para instruir y resolver son directamente responsables del cumplimiento de la obligación de resolver en plazo. El plazo máximo puede suspenderse en los supuestos del artículo 22 (por ejemplo, durante el tiempo necesario para subsanar la solicitud o mejorar la petición, o para la emisión de informes preceptivos) y ampliarse excepcionalmente en los términos del artículo 23, sin que la ampliación pueda exceder del plazo establecido para la tramitación del procedimiento.
El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (artículo 24)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo (silencio positivo, regla general), excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga que el silencio tiene efecto desestimatorio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. El silencio tendrá efecto desestimatorio (silencio negativo) en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del art. 29 CE, en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. También será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones; no obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entenderá estimado si llegado el plazo de resolución el órgano competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias antes enumeradas. La estimación por silencio tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación por silencio tiene los solos efectos de permitir a los interesados interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se ajusta al siguiente régimen: si el silencio es positivo, solo podrá dictarse de ser confirmatoria; si es negativo, se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos producidos por silencio se pueden hacer valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, y su existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba, incluido el certificado acreditativo del silencio producido, que se expedirá de oficio por el órgano competente en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver.
Caducidad del procedimiento y efectos de la falta de resolución en los iniciados de oficio (artículos 25 y 95)
El artículo 25 regula el vencimiento del plazo máximo en los procedimientos iniciados de oficio. En los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad: la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción; así, mientras no haya prescrito la infracción puede iniciarse un nuevo procedimiento sancionador. Por su parte, el artículo 95 regula la caducidad por paralización del procedimiento iniciado a solicitud del interesado por causa imputable a este: transcurridos tres meses desde que se produjo la paralización, la Administración le advertirá que, transcurrido ese plazo, se producirá la caducidad del procedimiento; consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. No cabe la caducidad si la cuestión suscitada afecta al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
Notificación y publicación de los actos administrativos: artículos 40 a 46
El artículo 40 obliga a la Administración a notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. Toda notificación debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, hayan omitido alguno de los demás requisitos, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o interponga cualquier recurso que proceda. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41); se podrán practicar en papel cuando no sea obligatoria la vía electrónica y en los supuestos que la ley prevé. En las notificaciones en papel en el domicilio del interesado, si no se hallara presente en el momento de entregar la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad; si nadie pudiera hacerse cargo, se hará constar en el expediente, junto con el día y hora en que se intentó, y se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (art. 42). En las notificaciones electrónicas, la notificación se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43). Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 44). La publicación sustituye a la notificación en los casos que la ley prevé (actos de destinatarios plurales o procedimientos de concurrencia competitiva, art. 45).
El derecho a no presentar documentos ya aportados y la subsanación de solicitudes: artículos 28 y 68
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración (arts. 53.1.d y 28). La Administración actuante podrá consultar o recabar esos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ello; no cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones deben recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Este derecho es una manifestación del principio de simplificación administrativa y de la relación digital entre ciudadano y Administración. Por otra parte, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo 66 (nombre y apellidos del interesado y, en su caso, del representante; hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud; lugar y fecha; firma o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada; órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su código de identificación) o los que señala la legislación específica, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 (art. 68). Los trámites que deban cumplir los interesados se realizarán en el plazo de diez días desde la notificación del acto, salvo plazo distinto (art. 73).
Iniciación del procedimiento: de oficio y a solicitud de interesado
El procedimiento administrativo común se estructura en tres grandes fases: iniciación, instrucción y terminación (con la ejecución como fase posterior). La iniciación (arts. 54 y siguientes) puede producirse de oficio, por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia; o a solicitud de persona interesada, mediante la correspondiente solicitud que debe reunir los requisitos mínimos del artículo 66. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (art. 55). Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer (art. 56); antes de la iniciación, en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrán adoptarse medidas provisionales motivadas, que deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que habrá de efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, y que quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo. La denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo; las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables (art. 62). En los procedimientos de naturaleza sancionadora, como los que puede instruir la Administración foral, se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia (art. 63).
La instrucción: alegaciones, prueba, informes, audiencia e información pública
La fase de instrucción (arts. 75 y siguientes) comprende los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio (art. 76). Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo, a petición de los interesados o de oficio, podrá acordar la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes (art. 77). Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. De especial interés para la actividad policial es el artículo 77.5: los documentos formalizados por los funcionarios a quienes se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario (valor probatorio de las denuncias y actas de los agentes de la autoridad, que no impide la prueba en contrario del interesado). El trámite de audiencia (art. 82) consiste en poner de manifiesto el procedimiento a los interesados, antes de redactar la propuesta de resolución, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes; puede prescindirse del trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. La información pública (art. 83) permite abrir un período de información pública de duración no inferior a veinte días para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde.
La terminación del procedimiento: resolución y otras formas
El artículo 84 establece que pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico) y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. El desistimiento es la renuncia a continuar el procedimiento, sin renunciar al derecho de fondo (el interesado puede volver a solicitarlo); la renuncia implica abandonar el derecho mismo. Pueden también celebrarse acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado (terminación convencional, art. 86). El artículo 88 regula el contenido de la resolución, que decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento, será congruente con las peticiones formuladas por estos, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial (prohibición de reformatio in peius), y expresará los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. En los procedimientos sancionadores, iniciado el procedimiento, si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá resolver con la imposición de la sanción que proceda; y cuando la sanción tenga solo carácter pecuniario, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la indemnización por daños. En ambos casos el órgano competente aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, que deben figurar en la notificación de iniciación y cuya efectividad queda condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (art. 85). La Ley prevé además un procedimiento simplificado (art. 96), que debe resolverse en treinta días desde el acuerdo de tramitación simplificada, para supuestos en los que el órgano competente aprecie razones de interés público o falta de complejidad.
El procedimiento administrativo sancionador: especialidades
La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se rige por los principios de los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015 (legalidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones), mientras que las especialidades de procedimiento se encuentran en la Ley 39/2015 (principalmente arts. 53.2, 63, 64, 85, 89 y 90): los procedimientos se inician siempre de oficio; se establecerá la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos; los presuntos responsables tienen derecho a ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. El acuerdo de iniciación puede ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, si el interesado no efectúa alegaciones en plazo. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica; y la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa (art. 90). La graduación de la sanción atiende al principio de proporcionalidad: se exige la debida idoneidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerando especialmente el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia (art. 29 Ley 40/2015). Si la ley no fija otros plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por graves a los dos años y por leves al año (art. 30 Ley 40/2015).
Eficacia ejecutiva y ejecución forzosa de los actos administrativos (artículos 38 y 98 a 105)
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos (art. 39.1) y son inmediatamente ejecutivos (arts. 38 y 98.1), salvo que se produzca la suspensión de su eficacia, se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición, una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior. Esta ejecutividad inmediata (potestad de autotutela ejecutiva, que permite a la Administración hacer cumplir sus propios actos sin acudir previamente a los tribunales, a diferencia de un particular) es nota característica del Derecho Administrativo. Si el obligado no cumple, la Administración puede proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. Los medios de ejecución forzosa son: el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria (realización del acto por la Administración a costa del obligado), la multa coercitiva (reiterable por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, compatible con las sanciones y sin carácter sancionador) y la compulsión sobre las personas (solo en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución). Se aplicará siempre el medio menos restrictivo de la libertad individual (principio de proporcionalidad en la ejecución). La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de que el órgano competente pueda suspenderla, de oficio o a solicitud del recurrente, cuando concurran perjuicios de imposible o difícil reparación o causa de nulidad de pleno derecho (art. 117); se entiende suspendida si, transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, este no ha dictado y notificado resolución expresa.
Los recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión
Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados pueden interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48 (art. 112.1). La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112). El recurso de alzada (arts. 121 y 122) se interpone contra resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que los dictó (puede presentarse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo); el plazo es de un mes si el acto es expreso (si no lo es, el régimen del acto presunto se cuenta desde que se produzcan los efectos del silencio), transcurrido el cual la resolución es firme a todos los efectos, y el plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses. El recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124) se interpone contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó o, alternativamente, directamente ante el orden contencioso-administrativo; el plazo es de un mes si el acto es expreso y el plazo máximo para resolver y notificar es de un mes; no puede interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Ponen fin a la vía administrativa, entre otras, las resoluciones de los recursos de alzada, las de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico y las demás que señale una disposición legal o reglamentaria (art. 114). El recurso extraordinario de revisión (art. 125) cabe contra actos firmes en vía administrativa, ante el órgano que los dictó, solo en cuatro supuestos tasados: error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; aparición de documentos de valor esencial para la resolución del asunto; que hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; y que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia judicial firme. El plazo es de cuatro años desde la notificación en el primer caso y de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia en los demás. Agotada la vía administrativa, procede el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la notificación del acto expreso (o seis meses si el acto es presunto), conforme a la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Navarra: la Ley 39/2015 y la Administración de la Comunidad Foral
El procedimiento administrativo común es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE), de modo que la Ley 39/2015 es de aplicación directa a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a sus entes instrumentales, y la normativa foral solo puede establecer las especialidades derivadas de su organización propia. La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral (estudiada en el Tema 20) reproduce, adaptándolos al ámbito foral, los criterios de organización y funcionamiento de la Ley 40/2015. Para la Policía Foral, la Ley 39/2015 resulta especialmente relevante en la tramitación de denuncias y actas (valor probatorio de las declaraciones de los agentes, art. 77.5), en las citaciones para comparecer (art. 19), en las medidas provisionales y en el procedimiento sancionador. Para el examen conviene fijar los números y plazos más repetidos: seis meses (plazo máximo general), tres meses (plazo supletorio), diez días (notificación tras dictarse el acto; subsanación; cumplimiento de trámites), diez a quince días (audiencia), diez a treinta días (prueba), veinte días (información pública), un mes (alzada y reposición), tres meses (resolución del recurso de alzada y caducidad por paralización), cuatro años (lesividad y extraordinario de revisión por error de hecho).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El acto administrativo (declaración unilateral, alcance singular, se agota con su cumplimiento) se diferencia del reglamento (norma general e innovadora del ordenamiento); elementos: subjetivo, objetivo, causal (motivación, art. 35) y formal (art. 36).
Presunción de validez y eficacia desde la fecha en que se dicta (art. 39.1 Ley 39/2015), salvo demora legal de la eficacia (notificación, publicación, aprobación superior; art. 39.2).
Actos nulos de pleno derecho (art. 47) frente a actos anulables (art. 48): distinto régimen de invalidez y de convalidación; la nulidad puede declararse de oficio en cualquier momento (art. 106), la lesividad exige recurso contencioso en el plazo de dos meses tras su declaración y esta no puede declararse transcurridos cuatro años (art. 107).
Art. 21: obligación general de dictar resolución expresa; plazo máximo de 6 meses salvo que una norma con rango de ley (o el Derecho de la UE) fije uno mayor (art. 21.2); plazo supletorio de 3 meses cuando la norma reguladora no fije plazo (art. 21.3).
Art. 24: regla general del silencio administrativo POSITIVO en procedimientos iniciados a instancia de parte; es NEGATIVO en petición (art. 29 CE), dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones (salvo alzada contra desestimación presunta).
Si el silencio es positivo, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; si es negativo, la resolución expresa posterior no está vinculada al silencio. El certificado de silencio se emite de oficio en 15 días.
Ley 39/2015 regula el procedimiento (relación externa con el ciudadano); Ley 40/2015 regula la organización y el régimen jurídico del sector público — son complementarias.
Interesados (art. 4): quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos afectados, y quienes tienen intereses legítimos y se personan antes de la resolución definitiva. El denunciante NO es, por el solo hecho de denunciar, interesado (art. 62.5).
Están obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados obligatoriamente, sus representantes y empleados públicos. Las personas físicas pueden elegir.
Plazos por días = días hábiles (sin sábados, domingos ni festivos); plazos por meses o años: de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación (art. 30).
Derecho del art. 28 / 53.1.d: no aportar documentos ya en poder de la Administración o elaborados por otra; no cabe oposición a la consulta en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Caducidad: en procedimientos sancionadores o de intervención iniciados de oficio, el vencimiento del plazo sin resolución produce caducidad y archivo (art. 25); no impide iniciar otro procedimiento si no ha prescrito la infracción. Caducidad por paralización imputable al interesado: tres meses y previa advertencia (art. 95).
Notificación (art. 40): se cursa en 10 días desde que se dicta el acto; preferentemente electrónica; se entiende rechazada a los 10 días naturales sin acceso (art. 43); notificación infructuosa: anuncio en el BOE (art. 44).
Prueba: período de 10 a 30 días (art. 77). Audiencia: 10 a 15 días (art. 82). Información pública: mínimo 20 días (art. 83). Subsanación de la solicitud: 10 días (art. 68). Medidas provisionales previas a la iniciación: iniciación del procedimiento en 15 días (art. 56).
Los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad (agentes) hacen prueba de los hechos constatados salvo prueba en contrario (art. 77.5).
Los actos son inmediatamente ejecutivos SALVO en sanciones recurribles en vía administrativa, donde no son ejecutivos hasta agotar esa vía (art. 98.1.b); la interposición de recurso no suspende la ejecución, y la suspensión se entiende concedida si no hay resolución expresa en un mes (art. 117).
Procedimiento sancionador: iniciación siempre de oficio; separación entre órgano instructor y órgano sancionador; presunción de no responsabilidad; proporcionalidad; reducción mínima del 20 % por reconocimiento de responsabilidad y por pago voluntario, acumulables (art. 85).
Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (esta última solo si la ley lo autoriza expresamente).
Recurso de alzada (ante el superior jerárquico, actos que no agotan la vía administrativa) vs. recurso de reposición (mismo órgano, actos que sí agotan la vía): plazo de interposición de 1 mes en ambos si el acto es expreso; resolución en 3 meses (alzada) o 1 mes (reposición).
Recurso extraordinario de revisión (art. 125): contra actos firmes en vía administrativa, por causas tasadas; plazo de 4 años (error de hecho) o 3 meses (resto).
El procedimiento administrativo común es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE): Navarra solo puede dictar especialidades derivadas de su organización propia.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, ¿desde cuándo producen efectos los actos administrativos, salvo que se disponga otra cosa?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 16 de Policía Foral de Navarra?
El Tema 16 combina la teoría general del acto administrativo (concepto, elementos y eficacia) con las disposiciones generales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), la norma que, junto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, sustituyó en 2015 a la antigua Ley 30/1992 (en vigor desde el 2 de octubre de 2016, con algunas previsiones electrónicas de entrada en vigor diferida). Es la norma marco de cualquier actuación administrativa, incluida la que realiza la Policía Foral cuando tramita denuncias y expedientes sancionadores, y el punto de referencia obligado para entender cómo se documenta, se notifica, se computa un plazo y se recurre cualquier decisión administrativa frente al ciudadano. Atención: la Comunidad Foral de Navarra no puede regular el procedimiento administrativo común, que es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE); solo puede establecer especialidades derivadas de su organización propia.
¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?
El acto administrativo (declaración unilateral, alcance singular, se agota con su cumplimiento) se diferencia del reglamento (norma general e innovadora del ordenamiento); elementos: subjetivo, objetivo, causal (motivación, art. 35) y formal (art. 36). Presunción de validez y eficacia desde la fecha en que se dicta (art. 39.1 Ley 39/2015), salvo demora legal de la eficacia (notificación, publicación, aprobación superior; art. 39.2). Actos nulos de pleno derecho (art. 47) frente a actos anulables (art. 48): distinto régimen de invalidez y de convalidación; la nulidad puede declararse de oficio en cualquier momento (art. 106), la lesividad exige recurso contencioso en el plazo de dos meses tras su declaración y esta no puede declararse transcurridos cuatro años (art. 107). Art. 21: obligación general de dictar resolución expresa; plazo máximo de 6 meses salvo que una norma con rango de ley (o el Derecho de la UE) fije uno mayor (art. 21.2); plazo supletorio de 3 meses cuando la norma reguladora no fije plazo (art. 21.3). Art. 24: regla general del silencio administrativo POSITIVO en procedimientos iniciados a instancia de parte; es NEGATIVO en petición (art. 29 CE), dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones (salvo alzada contra desestimación presunta). Si el silencio es positivo, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; si es negativo, la resolución expresa posterior no está vinculada al silencio. El certificado de silencio se emite de oficio en 15 días. Ley 39/2015 regula el procedimiento (relación externa con el ciudadano); Ley 40/2015 regula la organización y el régimen jurídico del sector público — son complementarias. Interesados (art. 4): quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos afectados, y quienes tienen intereses legítimos y se personan antes de la resolución definitiva. El denunciante NO es, por el solo hecho de denunciar, interesado (art. 62.5). Están obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados obligatoriamente, sus representantes y empleados públicos. Las personas físicas pueden elegir. Plazos por días = días hábiles (sin sábados, domingos ni festivos); plazos por meses o años: de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación (art. 30). Derecho del art. 28 / 53.1.d: no aportar documentos ya en poder de la Administración o elaborados por otra; no cabe oposición a la consulta en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Caducidad: en procedimientos sancionadores o de intervención iniciados de oficio, el vencimiento del plazo sin resolución produce caducidad y archivo (art. 25); no impide iniciar otro procedimiento si no ha prescrito la infracción. Caducidad por paralización imputable al interesado: tres meses y previa advertencia (art. 95). Notificación (art. 40): se cursa en 10 días desde que se dicta el acto; preferentemente electrónica; se entiende rechazada a los 10 días naturales sin acceso (art. 43); notificación infructuosa: anuncio en el BOE (art. 44). Prueba: período de 10 a 30 días (art. 77). Audiencia: 10 a 15 días (art. 82). Información pública: mínimo 20 días (art. 83). Subsanación de la solicitud: 10 días (art. 68). Medidas provisionales previas a la iniciación: iniciación del procedimiento en 15 días (art. 56). Los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad (agentes) hacen prueba de los hechos constatados salvo prueba en contrario (art. 77.5). Los actos son inmediatamente ejecutivos SALVO en sanciones recurribles en vía administrativa, donde no son ejecutivos hasta agotar esa vía (art. 98.1.b); la interposición de recurso no suspende la ejecución, y la suspensión se entiende concedida si no hay resolución expresa en un mes (art. 117). Procedimiento sancionador: iniciación siempre de oficio; separación entre órgano instructor y órgano sancionador; presunción de no responsabilidad; proporcionalidad; reducción mínima del 20 % por reconocimiento de responsabilidad y por pago voluntario, acumulables (art. 85). Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (esta última solo si la ley lo autoriza expresamente). Recurso de alzada (ante el superior jerárquico, actos que no agotan la vía administrativa) vs. recurso de reposición (mismo órgano, actos que sí agotan la vía): plazo de interposición de 1 mes en ambos si el acto es expreso; resolución en 3 meses (alzada) o 1 mes (reposición). Recurso extraordinario de revisión (art. 125): contra actos firmes en vía administrativa, por causas tasadas; plazo de 4 años (error de hecho) o 3 meses (resto). El procedimiento administrativo común es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18.ª CE): Navarra solo puede dictar especialidades derivadas de su organización propia.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Navarra (BON) núm. 40, de 24 de febrero de 2026 (Resolución 412/2026, de 9 de febrero, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso selectivo; corregida en el requisito de edad mínima por la Resolución 672/2026, de 27 de febrero, y en el corte de la tercera prueba por la Resolución 1290/2026), Anexo I (Convocatoria para la provisión de 34 plazas de Agente de la Policía Foral de Navarra, nivel C, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), artículos 1 a 5, 13, 14, 16, 18, 19, 21 a 25, 28 a 33, 34 a 52, 53 a 56, 62 a 64, 66, 68, 73, 75 a 77, 82 a 90, 95, 96, 98 a 107, 112 a 126
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), artículos 3 y 25 a 31
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 46
Constitución Española, artículos 9.3, 29, 103 y 149.1.18.ª
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Foral de Navarra.