Tema 15. Libertad sindical: El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según la Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de huelga. Salud y prevención de riesgos laborales.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La libertad sindical (art. 28.1 CE) y el derecho de huelga (art. 28.2 CE) son derechos fundamentales reconocidos también a los funcionarios de la Administración de Justicia, con matices propios de su función pública. Se desarrollan en la LO 11/1985 de Libertad Sindical, en la Ley 9/1987 y el TREBEP en cuanto a los órganos de representación del personal funcionario (Delegados y Juntas de Personal) y en el RDL 17/1977 y la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 11/1981) en cuanto a la huelga; la salud laboral se rige por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.
El art. 28.1 CE reconoce a todos el derecho a sindicarse libremente. La ley puede limitar o exceptuar su ejercicio a las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, el de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a ellas, y nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
Exclusión de Jueces, Magistrados y Fiscales
El art. 127.1 CE prohíbe a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo pertenecer a partidos políticos o a sindicatos y remite a la ley el sistema de asociación profesional, garantizando su independencia e imparcialidad frente a intereses corporativos o partidistas. La LOPJ extiende la prohibición de sindicación y de huelga a los miembros de la Carrera Judicial.
La Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS)
Desarrolla el art. 28.1 CE reconociendo el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección, a la actividad sindical y a la negociación colectiva, así como a formar confederaciones y a afiliarse a organizaciones sindicales internacionales.
Contenido esencial de la libertad sindical
Comprende el derecho a la actividad sindical propiamente dicha, entre otras manifestaciones: negociación colectiva, planteamiento de conflictos colectivos, huelga, y presentación de candidaturas para los órganos de representación del personal.
La vertiente negativa de la libertad sindical
Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato, garantizándose la libertad sindical negativa como manifestación complementaria e igualmente protegida del derecho reconocido en el art. 28.1 CE.
Protección frente a la discriminación sindical
La LOLS garantiza la protección de los trabajadores y funcionarios frente a cualquier discriminación por razón de su afiliación o actividad sindical, tanto en el acceso al empleo como durante la relación de servicio.
Representatividad sindical y tutela antisindical
La LOLS regula el sistema de representatividad sindical, que determina la legitimación de los sindicatos para participar en los distintos niveles de negociación colectiva, y establece un procedimiento especial de tutela frente a conductas antisindicales.
Juntas de Personal
Constituyen el órgano de representación colectiva del personal funcionario en unidades electorales con 50 o más funcionarios (art. 39 TREBEP), integradas por representantes elegidos por sufragio. Su número depende del censo: 5 miembros entre 50 y 100 funcionarios, 9 entre 101 y 250, 13 entre 251 y 500, 17 entre 501 y 750, 21 entre 751 y 1.000, y dos más por cada mil o fracción a partir de ahí, hasta un máximo de 75.
Delegados de Personal
Se eligen en unidades electorales con entre seis y cuarenta y nueve funcionarios (un delegado hasta 30 funcionarios y tres delegados entre 31 y 49), y ejercen mancomunadamente la representación, con las mismas competencias que las Juntas de Personal (art. 39 TREBEP).
Sistema electoral de las elecciones sindicales
Se elige mediante sufragio personal, libre, directo y secreto, pudiendo emitirse el voto por correo, a través de listas cerradas presentadas por los sindicatos, coaliciones o agrupaciones de electores, con reparto proporcional de los puestos. Las listas que no alcanzan el 5% de los votos válidos en el colegio electoral correspondiente no participan en el reparto de puestos (art. 15 Ley 9/1987, régimen análogo al del Estatuto de los Trabajadores). Las elecciones las convocan los sindicatos promotores y las organiza una mesa electoral.
Duración del mandato de los representantes
El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, pudiendo ser reelegidos en sucesivos procesos electorales.
Función de información de los órganos de representación
Tienen derecho a recibir información sobre la política de personal y sobre la evolución de las retribuciones, así como sobre cualquier decisión que pueda afectar de forma relevante a las condiciones de trabajo del colectivo representado.
Función de emisión de informe previo
Emiten informe con carácter previo a la adopción de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo del personal, como traslados colectivos, planes de formación o implantación de nuevos sistemas de organización del trabajo.
Función de vigilancia normativa
Vigilan el cumplimiento de la normativa vigente en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo, pudiendo instar a la Administración a corregir las deficiencias detectadas.
Las Mesas de negociación
La Mesa General y las Mesas sectoriales constituyen el cauce institucional de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, conforme al TREBEP, distinto de los órganos unitarios de representación.
El derecho de huelga: art. 28.2 CE
Reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, remitiendo a la ley que regule su ejercicio el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Normativa reguladora del ejercicio de la huelga
Sigue rigiendo, en lo no declarado inconstitucional por la STC 11/1981, el Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, a falta de una ley orgánica específica que lo sustituya. El TREBEP (art. 15) reconoce a los empleados públicos el derecho a ejercer la huelga con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Reconocimiento expreso en la LOPJ
La LOPJ reconoce expresamente el derecho de huelga a los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia en los términos generales previstos en el ordenamiento jurídico (art. 496 LOPJ; contrastar el apartado exacto).
Modulación del derecho de huelga en la Administración de Justicia
El ejercicio de este derecho se modula por la necesidad de garantizar unos servicios mínimos que aseguren la tutela judicial efectiva del art. 24 CE en determinadas actuaciones inaplazables: medidas cautelares urgentes, habeas corpus, guardias, y causas con detenidos.
Fijación de los servicios mínimos
Se fijan por resolución de la autoridad gubernativa competente (Ministerio de Justicia o, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias transferidas), previa negociación con los sindicatos convocantes, ponderando el derecho de huelga con la garantía del servicio esencial, y han de ser motivados y proporcionados.
Control jurisdiccional de los servicios mínimos
Cabe el control jurisdiccional, por la vía contencioso-administrativa, de la proporcionalidad de los servicios mínimos decretados, evitando que bajo su apariencia se vacíe de contenido el derecho de huelga.
Colectivos excluidos del derecho de huelga
Además de Jueces, Magistrados y Fiscales, no son titulares del derecho de huelga los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Guardia Civil; los miembros de los cuerpos policiales tampoco pueden ejercerla (LO 2/1986). El derecho de sindicación les está vedado a militares y Guardia Civil, pero no a la Policía Nacional.
Titularidad plena en los Cuerpos Generales
Los funcionarios de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial son plenos titulares del derecho de huelga, con sujeción a los servicios mínimos que se fijen en cada convocatoria concreta.
Marco normativo de la prevención de riesgos laborales
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, resulta de aplicación al personal al servicio de la Administración de Justicia con las adaptaciones que exige su condición de empleado público.
Derecho a una protección eficaz
Se garantiza el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante la evaluación de riesgos de cada puesto, la planificación de la actividad preventiva y la vigilancia periódica de la salud.
Principios de la acción preventiva (art. 15 Ley 31/1995)
Ordenan evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona y priorizar la protección colectiva sobre la individual, entre otros principios generales.
Formación e información de los trabajadores
La Administración debe garantizar la formación e información adecuadas de los funcionarios en materia de riesgos específicos de su puesto de trabajo y de las medidas de prevención y protección aplicables.
Los Comités de Seguridad y Salud
Son órganos paritarios de participación entre la Administración y los representantes de los trabajadores, de constitución obligatoria en centros de trabajo con cincuenta o más trabajadores.
Los Delegados de Prevención
Son representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, elegidos entre y por los representantes del personal en cada centro de trabajo.
El Comité Central de Seguridad y Salud
La LOPJ reconoce a los funcionarios de la Administración de Justicia el derecho a la protección de su salud y seguridad en el trabajo (art. 495 LOPJ; contrastar el apartado exacto), y los órganos de participación en la materia (Comités de Seguridad y Salud y Delegados de Prevención) se constituyen en los ámbitos del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
Representatividad sindical (arts. 6 y 7 LOLS)
Son sindicatos más representativos a nivel estatal los que acrediten el 10% o más del total de delegados de personal, miembros de comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas; y a nivel autonómico, los que alcancen el 15% en su ámbito, con un mínimo de 1.500 representantes. Además, tienen la consideración de representativos los que alcanzan el 10% o más de representantes en el ámbito territorial y funcional específico. Los sindicatos más representativos gozan de capacidad representativa a todos los niveles, de participación institucional y de legitimación para la negociación colectiva.
Secciones sindicales y delegados sindicales
Los afiliados a un sindicato pueden constituir secciones sindicales en la empresa o centro de trabajo, y los sindicatos más representativos o con presencia en los órganos de representación tienen derecho a delegados sindicales con los derechos de información, acceso a tablón de anuncios y local, y reuniones previstos en la LOLS (arts. 8 a 10). Las garantías de los representantes (no ser despedidos o sancionados por su actuación, crédito horario retribuido y expresión de opiniones colectivas) protegen su función.
Tutela de la libertad sindical
La vulneración de la libertad sindical da derecho a la tutela de derechos fundamentales, con un procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción competente (en el caso de los funcionarios, la contencioso-administrativa por el procedimiento especial de los derechos fundamentales; en el personal laboral, la jurisdicción social). Las conductas antisindicales pueden dar lugar a indemnización y a la reparación de la situación.
La negociación colectiva de los funcionarios (arts. 31 a 38 TREBEP)
Las condiciones de trabajo de los funcionarios se determinan mediante negociación colectiva en las Mesas de Negociación: la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, la Mesa General de la Administración General del Estado y las Mesas sectoriales (en Justicia, la Mesa Sectorial de Administración de Justicia). Están legitimados para negociar los sindicatos más representativos y los que alcanzan el 10% de representantes en el ámbito de la Mesa. Los resultados se plasman en pactos y acuerdos, y la Administración conserva la facultad de aprobar unilateralmente una condición de trabajo cuando por causa grave de interés público no se alcanza acuerdo.
Pactos y acuerdos
Los Pactos se celebran sobre materias de competencia del órgano que los suscribe y vinculan directamente; los Acuerdos versan sobre materias de competencia de los órganos de gobierno o administrativos, y para su validez y eficacia es necesaria su aprobación expresa por esos órganos. Los Pactos y Acuerdos deben publicarse y, en su caso, remitirse a los órganos legislativos si afectan a materias reservadas a la ley.
Las competencias de los órganos de representación (art. 40 TREBEP)
Las Juntas y los Delegados de Personal reciben información sobre la política de personal y sobre la evolución de las retribuciones; emiten informe previo sobre traslados totales o parciales y planes de formación; participan en la gestión de obras sociales; colaboran con la Administración para el cumplimiento de la productividad; vigilan el cumplimiento de las normas de condiciones de trabajo, prevención de riesgos y Seguridad Social; y ejercen acciones administrativas y judiciales en el ámbito de sus competencias.
Garantías de los representantes del personal (art. 41 TREBEP)
Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados disfrutan de acceso y libre circulación por las dependencias, de distribución de publicaciones de interés laboral, de un crédito de horas mensuales retribuidas que aumenta con el censo (de quince a cuarenta horas mensuales), de expresión colectiva, de protección frente a sanciones por su actuación y de prioridad de permanencia en caso de traslado, sin que puedan ser discriminados en su promoción económica o profesional.
Derecho de reunión
Los empleados públicos tienen derecho de reunión (arts. 46 y 47 TREBEP). Están legitimados para convocar las reuniones las organizaciones sindicales, las Juntas y Delegados de Personal y los propios funcionarios en número no inferior al 40% del colectivo convocado.
Requisitos formales de la huelga
El RDL 17/1977 exige que la huelga en servicios públicos se comunique con un preaviso mínimo de diez días naturales (cinco en los demás casos), que la convoquen los trabajadores o sus representantes y, en las huelgas ilegales o abusivas, no se genera el derecho a la protección. La participación en una huelga legal suspende el contrato o la relación funcionarial sin retribución durante el período de huelga, sin que pueda sancionarse al trabajador por ejercer su derecho; se prohíbe la sustitución de los huelguistas por personal ajeno al servicio.
Doctrina constitucional sobre la huelga
La STC 11/1981 declaró inconstitucionales determinados preceptos del RDL 17/1977 y fijó que el derecho de huelga es un derecho fundamental cuyo contenido esencial incluye la cesación del trabajo; los servicios mínimos no pueden aniquilar el derecho (STC 26/1981: el derecho prevalece y los servicios mínimos han de ser proporcionados y motivados). La Administración ha de justificar la necesidad de cada servicio mínimo.
Derechos y deberes en prevención de riesgos laborales
El art. 14 Ley 31/1995 reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, que corresponde a un deber del empleador (incluidas las Administraciones Públicas) de protección. El trabajador tiene deberes (art. 29): usar adecuadamente los medios y equipos, cooperar, informar de riesgos y no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. La vigilancia de la salud es voluntaria salvo excepciones legales (art. 22).
Paralización por riesgo grave e inminente
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente, el empresario debe informarles y adoptar medidas; los trabajadores pueden interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, y los representantes (o el Delegado de Prevención) pueden acordar la paralización de la actividad (art. 21 Ley 31/1995). Ese derecho no puede dar lugar a perjuicio para el trabajador, salvo mala fe o negligencia grave.
Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud
Los Delegados de Prevención (art. 35) son elegidos por y entre los representantes del personal con una escala (2 entre 50 y 100 trabajadores, 3 entre 101 y 500, 4 entre 501 y 1.000, 5 entre 1.001 y 2.000, y así sucesivamente); en centros de menos de 50 trabajadores ejerce de delegado el propio representante del personal. El Comité de Seguridad y Salud (art. 38) se constituye en centros de 50 o más trabajadores y es paritario: representantes de la Administración y Delegados de Prevención en igual número.
Normas de desarrollo y riesgos específicos en las oficinas judiciales
La Ley 31/1995 se aplica a las Administraciones Públicas con adaptaciones (Real Decreto 67/2010, para la Administración General del Estado) y se completa con normas técnicas: lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997), pantallas de visualización de datos (Real Decreto 488/1997), manipulación de cargas y riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales (estrés, violencia verbal o física de usuarios) y riesgos derivados del trabajo con documentación antigua en archivos.
Instrumentos de la prevención
El empresario debe integrar la prevención en el sistema de gestión mediante el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación preventiva (arts. 16 y 23); disponer de un servicio de prevención propio o ajeno (arts. 30 y 31); y dar formación e información a los trabajadores (arts. 18 y 19). El incumplimiento se sanciona conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS); en el caso de las Administraciones Públicas, la Inspección de Trabajo propone medidas correctoras y la paralización cuando proceda, en vez de sanciones económicas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 28.1 CE reconoce la libertad sindical a todos, y permite a la ley limitar o exceptuar su ejercicio a las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.
Jueces, Magistrados y Fiscales NO tienen derecho de huelga ni de sindicación (art. 127 CE); los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia SÍ.
La LOLS (LO 11/1985) reconoce el derecho a fundar sindicatos, afiliarse, la actividad sindical y la negociación colectiva.
La libertad sindical incluye la vertiente positiva (afiliarse) y la negativa (no ser obligado a afiliarse), ambas protegidas.
Juntas de Personal en unidades de 50 o más funcionarios; Delegados de Personal en unidades de 6 a 49; el mandato de ambos es de 4 años.
Las Mesas de negociación (General y sectoriales) son el cauce institucional de la negociación colectiva, distinto de los órganos unitarios de representación.
El art. 28.2 CE reconoce el derecho de huelga remitiendo a la ley las garantías para los servicios esenciales; la LOPJ lo reconoce a los Cuerpos Generales de Justicia (art. 496 LOPJ; contrastar apartado).
Los servicios mínimos se fijan por resolución de la autoridad gubernativa competente (Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma), previa negociación con los sindicatos convocantes, y son controlables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Además de Jueces, Magistrados y Fiscales, tampoco tienen derecho de huelga los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni las Fuerzas Armadas.
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplica al personal de la Administración de Justicia con las adaptaciones de su condición de empleado público.
El orden de prioridad de la acción preventiva (art. 15 Ley 31/1995): evitar los riesgos, evaluar los inevitables, combatirlos en origen, priorizar la protección colectiva sobre la individual.
Los Comités de Seguridad y Salud son órganos paritarios obligatorios en centros de 50 o más trabajadores; los Delegados de Prevención son representantes específicos en esta materia.
La LOPJ reconoce a los funcionarios de Justicia el derecho a la protección de su salud (art. 495 LOPJ; contrastar apartado); los comités de seguridad y salud se constituyen en el ámbito del Ministerio y de las Comunidades Autónomas.
Trampa: el art. 28.1 CE NO excluye automáticamente a las Fuerzas Armadas; permite a la ley limitar o exceptuar la sindicación de las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.
Más representativos: 10% a nivel estatal; 15% a nivel autonómico con un mínimo de 1.500 representantes (LOLS).
Juntas de Personal: 50 o más funcionarios; Delegados: 6 a 49 (uno hasta 30, tres entre 31 y 49). Mandato de 4 años.
Huelga: preaviso de diez días naturales en servicios públicos; los servicios mínimos deben ser motivados y proporcionados (STC 11/1981 y 26/1981).
Delegados de Prevención: elegidos por y entre los representantes; Comité de Seguridad y Salud: centros de 50 o más trabajadores, paritario.
Normas de desarrollo de la prevención: Real Decreto 67/2010 (AGE), Real Decreto 486/1997 (lugares de trabajo), Real Decreto 488/1997 (pantallas).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el art. 28.2 CE, la regulación del derecho de huelga debe garantizar:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Tramitación Procesal (Justicia)?
La libertad sindical (art. 28.1 CE) y el derecho de huelga (art. 28.2 CE) son derechos fundamentales reconocidos también a los funcionarios de la Administración de Justicia, con matices propios de su función pública. Se desarrollan en la LO 11/1985 de Libertad Sindical, en la Ley 9/1987 y el TREBEP en cuanto a los órganos de representación del personal funcionario (Delegados y Juntas de Personal) y en el RDL 17/1977 y la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 11/1981) en cuanto a la huelga; la salud laboral se rige por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
El art. 28.1 CE reconoce la libertad sindical a todos, y permite a la ley limitar o exceptuar su ejercicio a las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Jueces, Magistrados y Fiscales NO tienen derecho de huelga ni de sindicación (art. 127 CE); los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia SÍ. La LOLS (LO 11/1985) reconoce el derecho a fundar sindicatos, afiliarse, la actividad sindical y la negociación colectiva. La libertad sindical incluye la vertiente positiva (afiliarse) y la negativa (no ser obligado a afiliarse), ambas protegidas. Juntas de Personal en unidades de 50 o más funcionarios; Delegados de Personal en unidades de 6 a 49; el mandato de ambos es de 4 años. Las Mesas de negociación (General y sectoriales) son el cauce institucional de la negociación colectiva, distinto de los órganos unitarios de representación. El art. 28.2 CE reconoce el derecho de huelga remitiendo a la ley las garantías para los servicios esenciales; la LOPJ lo reconoce a los Cuerpos Generales de Justicia (art. 496 LOPJ; contrastar apartado). Los servicios mínimos se fijan por resolución de la autoridad gubernativa competente (Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma), previa negociación con los sindicatos convocantes, y son controlables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Además de Jueces, Magistrados y Fiscales, tampoco tienen derecho de huelga los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni las Fuerzas Armadas. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplica al personal de la Administración de Justicia con las adaptaciones de su condición de empleado público. El orden de prioridad de la acción preventiva (art. 15 Ley 31/1995): evitar los riesgos, evaluar los inevitables, combatirlos en origen, priorizar la protección colectiva sobre la individual. Los Comités de Seguridad y Salud son órganos paritarios obligatorios en centros de 50 o más trabajadores; los Delegados de Prevención son representantes específicos en esta materia. La LOPJ reconoce a los funcionarios de Justicia el derecho a la protección de su salud (art. 495 LOPJ; contrastar apartado); los comités de seguridad y salud se constituyen en el ámbito del Ministerio y de las Comunidades Autónomas. Trampa: el art. 28.1 CE NO excluye automáticamente a las Fuerzas Armadas; permite a la ley limitar o exceptuar la sindicación de las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Más representativos: 10% a nivel estatal; 15% a nivel autonómico con un mínimo de 1.500 representantes (LOLS). Juntas de Personal: 50 o más funcionarios; Delegados: 6 a 49 (uno hasta 30, tres entre 31 y 49). Mandato de 4 años. Huelga: preaviso de diez días naturales en servicios públicos; los servicios mínimos deben ser motivados y proporcionados (STC 11/1981 y 26/1981). Delegados de Prevención: elegidos por y entre los representantes; Comité de Seguridad y Salud: centros de 50 o más trabajadores, paritario. Normas de desarrollo de la prevención: Real Decreto 67/2010 (AGE), Real Decreto 486/1997 (lugares de trabajo), Real Decreto 488/1997 (pantallas).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 28, 127 y 24.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (BOE-A-1985-16660).
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas (vigente en lo no derogado por el TREBEP).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP (BOE-A-2015-11719): arts. 15, 31-46.
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y STC 11/1981.
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial: arts. 495 y 496 (derechos de los funcionarios).
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292); Real Decreto 67/2010; Real Decreto 486/1997; Real Decreto 488/1997.
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