Tema 21. Procedimiento de juicio sobre delitos leves. Juicios Rápidos. La ejecución en el proceso penal, con especial referencia a la ejecución de los delitos leves. La pieza de responsabilidad civil en el proceso penal.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El juicio sobre delitos leves (arts. 962 y ss. LECrim) y los Juicios Rápidos (arts. 795 y ss., Ley 38/2002) son los cauces penales de mayor agilidad, orientados a resolver con celeridad la delincuencia menos grave o de instrucción sencilla. La ejecución en el proceso penal (Libro VII LECrim y CP), con especial referencia a la de los delitos leves, y la pieza de responsabilidad civil, que asegura desde la instrucción las responsabilidades pecuniarias del investigado (arts. 100 y ss., 589 y ss. LECrim; arts. 109 y ss. CP), completan el tema.
Los delitos leves sustituyeron a las antiguas faltas tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve (art. 13.4 CP). Las penas leves del art. 33.4 CP incluyen, entre otras, la multa de hasta tres meses, la localización permanente, los trabajos en beneficio de la comunidad de corta duración y la privación temporal del derecho a conducir o a la tenencia de armas. El procedimiento se regula en los arts. 962 y ss. de la LECrim, y con carácter general los delitos leves de contenido patrimonial o de lesiones leves solo se persiguen mediante denuncia del agraviado.
Órgano competente e incoación del juicio sobre delitos leves
Instruye y enjuicia el propio Juzgado de Instrucción o Sección correspondiente, sin necesidad general de diligencias de instrucción diferenciadas; se incoa mediante denuncia, atestado o de oficio.
Citación y convocatoria inmediata de la vista
El LAJ cita a las partes con expresión de los hechos, lugar, día y hora, advirtiendo de que el juicio podrá celebrarse aunque no asistan; es frecuente la celebración inmediata ante el propio Juzgado de guardia.
Legitimación e intervención del Ministerio Fiscal en delitos leves
Puede acusar el ofendido o perjudicado, sin necesidad general de abogado ni procurador; el Fiscal solo interviene cuando hay intereses generales, menores o personas con discapacidad implicados, o si el perjudicado no comparece y el interés público lo exige.
Desarrollo de la vista y sentencia en delitos leves
Se practica en acto único: alegaciones, prueba (testifical y documental fundamentalmente) y breves conclusiones; la sentencia debe dictarse en tres días, pudiendo pronunciarse oralmente si las partes no manifiestan intención de recurrir.
Recursos contra la sentencia de delitos leves
Cabe apelación en el plazo de cinco días desde la notificación (art. 976 LECrim), más breve que el general del procedimiento abreviado, resuelta por la Audiencia Provincial o el órgano correspondiente, con frecuencia sin necesidad de vista. La organización en Tribunales de Instancia tras la LO 1/2025 no ha alterado este plazo ni el régimen sustantivo de los delitos leves, que siguen regulados por el Código Penal reformado por la LO 1/2015.
Archivo por falta de acusación en delitos leves
En los perseguibles solo a instancia de parte, si el denunciante-perjudicado no comparece sin justa causa y el Fiscal no sostiene la acusación, procede el archivo por falta de acusación, en aplicación estricta del principio acusatorio.
Los Juicios Rápidos: ámbito de aplicación (arts. 795 y ss. LECrim)
Modalidad especial del abreviado, introducida por la Ley 38/2002, para delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años o con otras penas cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, cuando la Policía Judicial haya instruido atestado y detenido a una persona o la haya citado ante el Juzgado de guardia, y se trate de delitos flagrantes, de determinados delitos (lesiones, coacciones, amenazas, violencia doméstica o de género, hurtos, robos, delitos contra la seguridad vial, daños, delitos contra la salud pública menores, etc.) o de hechos cuya instrucción sea presumiblemente sencilla.
Actuaciones de la Policía Judicial y citación para el servicio de guardia
La Policía Judicial cita directamente al investigado, víctima, testigos y peritos para comparecer ante el Juzgado de guardia, remitiendo el atestado con la mayor celeridad.
Las diligencias urgentes
Constituyen la modalidad de instrucción de este procedimiento: se practican durante el servicio de guardia, en una secuencia muy ágil (declaración del detenido, de la víctima y testigos, informes periciales, reconocimientos). El detenido debe ser puesto a disposición judicial dentro de los plazos constitucionales y legales de la detención (art. 17 CE), y el atestado se remite de inmediato al Juzgado de guardia. Los plazos concretos del servicio de guardia fijados en los arts. 797 y 799 deben contrastarse con el texto vigente.
Conclusión de las diligencias urgentes y transformación
Concluida la instrucción, el Juez de guardia dicta auto de continuación por los trámites del enjuiciamiento rápido; si el asunto resulta más complejo, se transforma en diligencias previas del procedimiento abreviado ordinario.
Señalamiento del juicio y enjuiciamiento inmediato por el Juzgado de guardia
Concluidas las diligencias urgentes, el Juzgado de guardia procura el señalamiento del juicio ante el Juzgado de lo Penal en un plazo muy breve fijado por el art. 800 LECrim. Si existe conformidad ante el propio Juzgado de guardia y la pena no excede de tres años de prisión, de multa de cualquier cuantía o de diez años de otra naturaleza, el Juez dicta sentencia de conformidad en el acto (art. 801), con reducción de un tercio de la pena.
Reducción de pena por conformidad en el enjuiciamiento rápido
La conformidad ante el Juzgado de guardia da derecho a una reducción de un tercio de la pena solicitada (art. 801.2 LECrim). Es una especialidad de este cauce: en el abreviado general la conformidad no lleva aparejada reducción legal automática.
Especialidades de violencia de género en el enjuiciamiento rápido
Permite la adopción inmediata de medidas de protección (orden de protección, medidas cautelares civiles y penales) desde el propio servicio de guardia, con intervención de las unidades de valoración forense del riesgo.
La ejecución en el proceso penal: disposiciones generales
Corresponde exclusivamente a Jueces y Tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE). Firme la sentencia condenatoria, se declara la firmeza y se abre la ejecutoria ante el órgano sentenciador, al que corresponde la ejecución y, en lo penitenciario, el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria (art. 76 LOGP; Sección de Vigilancia Penitenciaria en los Tribunales de Instancia). El LAJ practica la liquidación de condena, que aprueba el Tribunal, y se encarga del seguimiento de multas, trabajos en beneficio de la comunidad y demás penas.
La liquidación de condena y el abono de la prisión preventiva
Determina las fechas de inicio y fin del cumplimiento, computando los abonos que procedan. El tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente se abona en su totalidad a la pena impuesta en la causa en que se decretó (art. 58 CP); si se sufrió en otra causa, solo se abona si fue acordada con posterioridad a los hechos que motivan la pena y en la medida en que no haya sido abonada en aquella.
Ejecución de los delitos leves: la multa y la responsabilidad personal subsidiaria
La pena habitual es la multa; en caso de impago cabe responsabilidad personal subsidiaria (un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, o localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad con consentimiento del condenado).
Órgano ejecutor y aspectos civiles en la ejecución de delitos leves
El mismo órgano que dicta la sentencia se encarga de su ejecución, tanto penal como civil, a diferencia del reparto de funciones del procedimiento abreviado ordinario; la responsabilidad civil se ejecuta conforme a las reglas de la ejecución dineraria si no se satisface voluntariamente.
La pieza de responsabilidad civil: concepto (arts. 589 y ss. LECrim)
Toda persona penalmente responsable lo es también civilmente, salvo renuncia o reserva expresa; se forma pieza separada desde las diligencias previas para asegurar las responsabilidades pecuniarias mediante fianza, embargo de bienes suficientes o medidas cautelares reales.
El actor civil y el ofrecimiento de acciones
El perjudicado puede personarse solo para ejercitar la responsabilidad civil, sin asumir la acusación penal; el instructor debe informarle de su derecho a mostrarse parte, nombrar abogado y procurador y solicitar justicia gratuita.
El responsable civil directo y el subsidiario
El responsable civil directo es el propio autor del delito; el subsidiario es un tercero (titular de vehículo, empresa por sus dependientes) que responde solo en defecto del directo, debiendo ser citado y emplazado en la causa.
Extinción y reserva de la acción civil
El perjudicado puede reservarse la acción civil para ejercitarla en la vía civil tras la firmeza de la sentencia penal, o renunciar a ella; la extinción se produce por pago, prescripción, condonación o renuncia expresa.
Ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito
Firme la sentencia, se ejecuta conforme a las normas de la LEC (orden general de ejecución y decreto de medidas ejecutivas concretas); si el penado resulta insolvente, cabe reanudar la ejecución si mejora su fortuna.
Orden de prelación de pagos (art. 126 CP)
Los pagos que se efectúen por el penado se imputarán, por este orden: primero, a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios; segundo, a la indemnización al Estado por el importe de los gastos hechos por su cuenta en la causa; tercero, a las costas del acusador particular o privado cuando se impusieren en la sentencia; cuarto, a las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados; y, en último lugar, a la multa.
Ayudas públicas a las víctimas de delitos
Cuando el condenado resulta insolvente, la víctima de delitos violentos y contra la libertad sexual puede acudir al sistema público de ayudas previsto en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, además de los derechos del Estatuto de la víctima (Ley 4/2015).
Citación de perjudicados no personados en delitos leves
Debe procurarse su citación para que puedan ejercer las acciones penal y civil; su incomparecencia no impide la celebración del juicio, sin perjuicio de su derecho a reclamar posteriormente por la vía civil los daños no resueltos.
La responsabilidad civil derivada del delito leve
Se determina en la propia sentencia penal, salvo renuncia o reserva, aplicándose las reglas generales sobre responsables directos y subsidiarios; la escasa cuantía habitual facilita su determinación en el propio acto de la vista.
Acumulación de juicios por delitos leves conexos
Cuando varios hechos guardan conexión entre sí (mismo suceso, mismas partes), puede acordarse su acumulación en un único juicio, evitando resoluciones contradictorias.
Efectos de la absolución penal sobre la acción civil
La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, salvo que la extinción proceda de no existir el hecho que fue objeto de la causa (art. 116 LECrim). La absolución del acusado no impide, por tanto, reclamar la responsabilidad civil en la vía civil, con las excepciones señaladas.
Especialidades procesales de los Juicios Rápidos en el escrito de acusación
El escrito de acusación puede formularse oralmente, documentado en acta, cuando la sencillez del asunto lo permita, manteniendo el mismo contenido mínimo exigido con carácter general (hechos, calificación, participación, pena, prueba).
Competencia del Juzgado de guardia
El servicio de guardia rota entre los Juzgados de Instrucción de la localidad, correspondiendo al que en cada momento tenga asumido dicho servicio la competencia para incoar y tramitar las diligencias urgentes, con independencia del reparto ordinario.
Coordinación entre Policía Judicial y Fiscalía
El buen funcionamiento de los Juicios Rápidos exige una estrecha coordinación entre la Policía Judicial, que selecciona los asuntos susceptibles de este cauce, y el Ministerio Fiscal, disponible en el propio servicio de guardia para formular acusación o negociar conformidad.
Recursos en materia de ejecución penal
Contra las resoluciones dictadas en fase de ejecución cabe, según los casos, recurso de reforma ante el propio órgano sentenciador y, en su caso, apelación ante el órgano superior correspondiente.
La cancelación de antecedentes penales
Cumplida la pena, y transcurridos los plazos del art. 136 CP sin reincidencia, el penado tiene derecho a la cancelación de sus antecedentes en el Registro Central de Penados. Los plazos son: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco años para las penas menos graves iguales o superiores a tres años; y diez años para las penas graves. Se cuentan desde el día siguiente a la extinción de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad
Procede (arts. 80 y ss. CP), con carácter general, para penas privativas de libertad no superiores a dos años, cuando sea razonable esperar que la ejecución no es necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos, el penado haya delinquido por primera vez y haya satisfecho las responsabilidades civiles (salvo imposibilidad). El plazo de suspensión es de dos a cinco años para las penas de prisión y de tres meses a un año para las penas leves (art. 81 CP). Hay supuestos especiales para enfermos graves y para penados dependientes de sustancias (art. 80.4 y 80.5), y puede condicionarse a reglas de conducta.
Fundamento de la acción civil derivada del delito (arts. 100 y 112 LECrim; arts. 109 y ss. CP)
De todo delito nace acción penal y puede nacer también acción civil para la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios (arts. 100 LECrim y 110 CP). Ejercitada la acción penal, se entiende ejercitada también la civil, salvo renuncia o reserva expresa (art. 112 LECrim). La persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios (art. 116 CP).
Responsables civiles
Además del autor, responden civilmente de manera subsidiaria determinados terceros: titulares de empresas por delitos de sus empleados en el desempeño de sus servicios, personas o entidades dedicadas a ciertas actividades (art. 120 CP), y el Estado y demás Administraciones en los supuestos del art. 121 CP respecto de las autoridades o agentes que causen daños en el ejercicio de sus funciones. Las compañías aseguradoras responden directamente hasta el límite de la póliza (art. 117 CP).
Aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias: fianza y embargo
Desde las primeras diligencias el Juez puede exigir al investigado una fianza para asegurar la responsabilidad pecuniaria y, si no se presta, decretar el embargo de bienes suficientes (arts. 589 y ss. LECrim). La formación de la pieza separada de responsabilidad civil permite tramitar estas medidas sin interferir con el curso de la causa principal.
Costas procesales (art. 123 CP)
Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito. Si el acusado resulta absuelto, las costas se declaran de oficio salvo temeridad o mala fe del acusador. En los procesos por delitos de acción privada, las costas siguen reglas propias.
La pena de multa: sistema de días-multa y su ejecución
La pena de multa se impone por el sistema de días-multa, con una extensión mínima de un día y máxima de cinco años y una cuota diaria de entre 2 y 400 euros (art. 50 CP). Si el condenado no satisface la multa, queda sujeto a responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 53 CP), que en los delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente y, con consentimiento, trabajos en beneficio de la comunidad.
Ejecución de las penas privativas de libertad y de los trabajos en beneficio de la comunidad
En las penas de prisión interviene la Administración penitenciaria (Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979) bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que resuelve sobre beneficios penitenciarios, clasificación y permisos. Los trabajos en beneficio de la comunidad exigen consentimiento del penado y se desarrollan en entidades públicas o privadas con la supervisión del servicio competente (Real Decreto 840/2011); el órgano sentenciador fija la forma de cumplimiento.
Peculiaridades de la ejecución en delitos leves
El órgano que dicta la sentencia por delito leve es también el competente para su ejecución (art. 984 LECrim, según la reforma de 2015). Los trámites se simplifican: requerimiento de pago de la multa, apremio patrimonial y, en su defecto, responsabilidad personal subsidiaria. Las penas leves de privación del derecho a conducir se ejecutan comunicando la resolución a la autoridad de tráfico.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LO 1/2015 sustituyó las antiguas faltas por los delitos leves, castigados con penas leves (art. 33.4 CP): multa de hasta tres meses, localización permanente breve, TBC corto.
Instruye y enjuicia el propio Juzgado de Instrucción en los delitos leves (arts. 962 y ss. LECrim), incoándose por denuncia, atestado o de oficio.
En delitos leves puede acusar el ofendido o perjudicado sin necesidad general de abogado ni procurador; el Fiscal solo interviene cuando hay intereses generales, menores o discapacidad implicados.
La apelación contra la sentencia de delitos leves debe interponerse en 5 días y la resuelve la Audiencia Provincial.
Los Juicios Rápidos (Ley 38/2002, arts. 795 y ss.) exigen atestado policial, pena no superior a 5 años de prisión (u otras penas hasta 10) y delito flagrante, determinados delitos o instrucción sencilla.
La conformidad ante el Juzgado de guardia (art. 801) permite sentencia inmediata con reducción de un tercio de la pena, si la pena no excede de 3 años de prisión, multa o 10 años de otra naturaleza.
Firme la sentencia condenatoria, se abre la ejecutoria ante el órgano sentenciador; el LAJ practica la liquidación de condena y el Tribunal la aprueba.
El tiempo de prisión preventiva se abona a la pena de la misma causa (art. 58 CP).
En los delitos leves, el mismo órgano que dicta la sentencia se encarga de su ejecución, tanto penal como civil.
La responsabilidad civil derivada del delito se tramita en pieza separada desde la instrucción, para asegurar mediante fianza o embargo el pago futuro (arts. 589 y ss. LECrim).
Ejercitada la acción penal se entiende ejercitada la civil salvo renuncia o reserva expresa (art. 112 LECrim).
El responsable civil directo es el propio autor del delito; el responsable civil subsidiario es un tercero que responde solo en defecto del directo.
La extinción de la acción penal no extingue la civil, salvo que proceda de la inexistencia del hecho (art. 116 LECrim).
Orden de prelación del art. 126 CP: reparación del daño; gastos del Estado; costas del acusador particular; demás costas; y, en último lugar, la multa.
Multa: cuota diaria de 2 a 400 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas (arts. 50 y 53 CP).
La suspensión de la ejecución procede, con carácter general, para penas no superiores a dos años, con plazo de suspensión de dos a cinco años.
Plazos de cancelación de antecedentes (art. 136 CP): seis meses, dos, tres, cinco y diez años según la pena.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Ejercitada la acción penal, la acción civil derivada del delito:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 21 de Tramitación Procesal (Justicia)?
El juicio sobre delitos leves (arts. 962 y ss. LECrim) y los Juicios Rápidos (arts. 795 y ss., Ley 38/2002) son los cauces penales de mayor agilidad, orientados a resolver con celeridad la delincuencia menos grave o de instrucción sencilla. La ejecución en el proceso penal (Libro VII LECrim y CP), con especial referencia a la de los delitos leves, y la pieza de responsabilidad civil, que asegura desde la instrucción las responsabilidades pecuniarias del investigado (arts. 100 y ss., 589 y ss. LECrim; arts. 109 y ss. CP), completan el tema.
¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?
La LO 1/2015 sustituyó las antiguas faltas por los delitos leves, castigados con penas leves (art. 33.4 CP): multa de hasta tres meses, localización permanente breve, TBC corto. Instruye y enjuicia el propio Juzgado de Instrucción en los delitos leves (arts. 962 y ss. LECrim), incoándose por denuncia, atestado o de oficio. En delitos leves puede acusar el ofendido o perjudicado sin necesidad general de abogado ni procurador; el Fiscal solo interviene cuando hay intereses generales, menores o discapacidad implicados. La apelación contra la sentencia de delitos leves debe interponerse en 5 días y la resuelve la Audiencia Provincial. Los Juicios Rápidos (Ley 38/2002, arts. 795 y ss.) exigen atestado policial, pena no superior a 5 años de prisión (u otras penas hasta 10) y delito flagrante, determinados delitos o instrucción sencilla. La conformidad ante el Juzgado de guardia (art. 801) permite sentencia inmediata con reducción de un tercio de la pena, si la pena no excede de 3 años de prisión, multa o 10 años de otra naturaleza. Firme la sentencia condenatoria, se abre la ejecutoria ante el órgano sentenciador; el LAJ practica la liquidación de condena y el Tribunal la aprueba. El tiempo de prisión preventiva se abona a la pena de la misma causa (art. 58 CP). En los delitos leves, el mismo órgano que dicta la sentencia se encarga de su ejecución, tanto penal como civil. La responsabilidad civil derivada del delito se tramita en pieza separada desde la instrucción, para asegurar mediante fianza o embargo el pago futuro (arts. 589 y ss. LECrim). Ejercitada la acción penal se entiende ejercitada la civil salvo renuncia o reserva expresa (art. 112 LECrim). El responsable civil directo es el propio autor del delito; el responsable civil subsidiario es un tercero que responde solo en defecto del directo. La extinción de la acción penal no extingue la civil, salvo que proceda de la inexistencia del hecho (art. 116 LECrim). Orden de prelación del art. 126 CP: reparación del daño; gastos del Estado; costas del acusador particular; demás costas; y, en último lugar, la multa. Multa: cuota diaria de 2 a 400 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas (arts. 50 y 53 CP). La suspensión de la ejecución procede, con carácter general, para penas no superiores a dos años, con plazo de suspensión de dos a cinco años. Plazos de cancelación de antecedentes (art. 136 CP): seis meses, dos, tres, cinco y diez años según la pena.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 100, 112, 116, 589 y ss., 795-803, 962-977 y 983 y ss.
Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la LECrim sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 13.4, 33.4, 50, 53, 58, 80-81, 109-126 y 136.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal.
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Tramitación Procesal (Justicia).