Tema 4. Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estado de las Autonomías. Las Comunidades Autónomas: Su constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La provincia y el municipio.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El Título VIII CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137). El llamado Estado de las Autonomías se articuló mediante dos vías de acceso al autogobierno y un reparto competencial en dos listas (arts. 148 y 149), completado por los Estatutos como norma institucional básica de cada Comunidad; la Administración Local, regulada en la LRBRL, tiene en el municipio y la provincia sus entidades territoriales básicas.
Fundamento constitucional de la autonomía (art. 2 CE)
El art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, dentro de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, proclamando también la solidaridad entre todas ellas.
Los tres niveles territoriales (art. 137 CE)
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan; todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses: autonomía administrativa en los entes locales, autonomía política en el caso de las CC.AA., sin llegar en ningún caso a la soberanía.
Solidaridad y equilibrio económico territorial (art. 138 CE)
El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular; las diferencias entre los Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales.
Igualdad de derechos y libre circulación (art. 139 CE)
Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado; ninguna autoridad puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
La vía ordinaria de acceso a la autonomía (art. 143 CE)
Iniciada por las Diputaciones interesadas o el órgano interinsular correspondiente y por dos terceras partes de los municipios de cada provincia afectada que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas; el techo competencial inicial es el del art. 148, ampliable transcurridos 5 años mediante reforma del Estatuto (art. 148.2 CE).
La vía agravada de acceso a la autonomía (art. 151 CE)
Exige iniciativa reforzada (acuerdo de las Diputaciones y de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una) y ratificación mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia; permite el acceso directo al techo competencial máximo del art. 149. Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron a ese nivel de autogobierno por la Disposición Transitoria 2ª CE (territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto); Andalucía lo hizo por el propio procedimiento del art. 151, tras el referéndum del 28 de febrero de 1980.
El supuesto especial del art. 144 CE
Permite que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, autoricen la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 (caso de Madrid), o sustituyan la iniciativa de las Corporaciones locales (art. 144.c). Del mismo art. 144.b) deriva la posibilidad de autorizar un Estatuto para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Ceuta y Melilla se rigen por la Disposición Transitoria 5ª CE, que les permite constituirse en Comunidades Autónomas por acuerdo de la mayoría absoluta de sus Ayuntamientos y autorización de las Cortes por ley orgánica.
Contenido de los Estatutos de Autonomía (art. 147 CE)
Norma institucional básica de cada Comunidad, integrada en el ordenamiento jurídico estatal; debe contener necesariamente la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco de los arts. 148 y 149, así como las bases para el traspaso de los servicios correspondientes.
Aprobación y reforma de los Estatutos
Se aprueban mediante ley orgánica de las Cortes Generales; su reforma se ajusta al procedimiento establecido en los propios Estatutos y requiere, en todo caso, aprobación final por las Cortes Generales mediante ley orgánica, no bastando el mero acuerdo de la Asamblea autonómica.
El reparto competencial: materias asumibles por las CC.AA. (art. 148.1 CE)
Enumera 22 materias que las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus Estatutos: organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio y urbanismo, obras públicas de interés de la Comunidad, agricultura, montes, protección del medio ambiente, museos, patrimonio monumental, asistencia social, sanidad e higiene, entre otras.
El reparto competencial: materias reservadas al Estado (art. 149.1 CE)
Reserva a la competencia exclusiva del Estado, entre otras: nacionalidad, inmigración y extranjería; relaciones internacionales; Defensa y Fuerzas Armadas; Administración de Justicia; legislación mercantil, penal, penitenciaria y procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades derivadas de las particularidades del derecho sustantivo autonómico; legislación laboral; Hacienda general y Deuda del Estado; y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La legislación procesal como competencia exclusiva estatal (art. 149.1.6ª CE)
Solo el Estado puede aprobar normas de naturaleza estrictamente procesal (LEC, LECrim, LJCA, LRJS); las Comunidades Autónomas con Derecho civil, foral o especial propio pueden introducir las especialidades procesales que deriven necesariamente de las particularidades de ese Derecho sustantivo, pero no innovar el régimen procesal común.
La cláusula de cierre y la supletoriedad (art. 149.3 CE)
Las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las CC.AA. en virtud de sus Estatutos; la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto sobre las de las CC.AA. en todo lo no atribuido a su exclusiva competencia, siendo el Derecho estatal, en todo caso, supletorio del Derecho de las CC.AA.
Organización institucional de las CC.AA. de vía rápida (art. 152.1 CE)
En las CC.AA. que accedieron por el art. 151, la organización se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal conforme a un sistema de representación proporcional, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, con funciones de dirección del Consejo de Gobierno y de suprema representación de la Comunidad, así como la ordinaria del Estado en ella.
El Tribunal Superior de Justicia como culminación judicial autonómica
El art. 152.1, párrafo 2º CE, prevé que un Tribunal Superior de Justicia, sin detrimento de la jurisdicción del Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma; principio desarrollado por la LOPJ.
El municipio: elementos esenciales (art. 11 LRBRL)
Entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; son elementos del municipio el territorio, la población (integrada por las personas inscritas en el Padrón municipal) y la organización.
Órganos de gobierno municipal
El gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales (art. 140 CE), elegidos éstos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos. Organización necesaria en todos los municipios: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno; en municipios de más de 5.000 habitantes existe además, con carácter obligatorio, la Junta de Gobierno Local (y también en los de menos si así lo disponen su reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno). Los municipios con población inferior a 100 habitantes, y los que tradicionalmente cuenten con este régimen, pueden funcionar en régimen de Concejo Abierto.
Competencias propias de los municipios (art. 25 LRBRL)
Tras la Ley 27/2013 (LRSAL), el art. 25 LRBRL enumera como competencias propias del municipio, en los términos de la legislación estatal y autonómica: urbanismo (planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística), medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, infraestructura viaria y otros equipamientos, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social, policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, tráfico y estacionamiento, información y promoción turística, ferias, abastos y mercados, protección de la salubridad pública, cementerios y actividades funerarias, promoción del deporte e instalaciones deportivas. El art. 26 fija los servicios mínimos obligatorios según el tamaño del municipio: todos (alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de vías públicas); más de 5.000 habitantes (parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos); más de 20.000 (protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público); más de 50.000 (transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano). En los municipios de menos de 20.000 habitantes, la Diputación (u órgano equivalente) coordina la prestación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público.
La provincia: doble naturaleza (art. 141 CE y art. 31 LRBRL)
La provincia es, de un lado, una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y de otro, una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; toda alteración de los límites provinciales requiere ley orgánica.
El gobierno provincial: la Diputación Provincial
El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden, con carácter general, a la Diputación Provincial u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2 CE); en la Diputación se integran el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno, y los diputados provinciales son elegidos de forma indirecta por los concejales de los partidos judiciales. Sus fines propios son garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado (art. 31 LRBRL); sus competencias propias incluyen la coordinación de los servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios (especialmente a los de menor capacidad), la prestación de servicios públicos supramunicipales y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social (art. 36 LRBRL).
Regímenes insulares especiales
En los archipiélagos, las islas cuentan además con su propia Administración en forma de Cabildos (Canarias) o Consejos Insulares (Baleares), que asumen el gobierno, la administración y la representación de cada isla, y ejercen las competencias propias de la Diputación Provincial, entre otras.
Otras entidades locales (art. 3.2 LRBRL)
Gozan también de condición de entidad local las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios, éstas con personalidad y capacidad jurídica propias para la ejecución en común de obras y servicios determinados.
Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local: función
Desarrolla el marco constitucional de la Administración Local, estableciendo el régimen de organización y competencias de los entes locales, su régimen de funcionamiento, la autonomía local (garantía institucional frente al legislador estatal y autonómico) y el sistema de controles.
Autonomía local frente a autonomía política autonómica
La autonomía municipal y provincial (arts. 140-141 CE) es autonomía administrativa para la gestión de los propios intereses, garantizada institucionalmente pero sin potestad legislativa propia; la autonomía de las CC.AA. es de naturaleza política, incluyendo potestad legislativa dentro de su ámbito competencial, sin alcanzar tampoco la soberanía.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
Ceuta y Melilla accedieron a un régimen de autonomía mediante los Estatutos de Autonomía aprobados por Ley Orgánica 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, al amparo de la Disposición Transitoria 5ª CE; son Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ciudades Autónomas) y no Comunidades Autónomas plenas: su régimen jurídico combina elementos de la organización municipal con competencias de naturaleza autonómica, y carecen de potestad legislativa.
CC.AA. uniprovinciales
Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Madrid, Navarra (Comunidad Foral) e Illes Balears coinciden territorialmente con una sola provincia, lo que determina que las funciones de la Diputación Provincial sean asumidas por los propios órganos autonómicos, sin perjuicio de las peculiaridades del régimen foral navarro y del régimen insular balear (Consejos Insulares).
El principio dispositivo en el Estado autonómico
El Estado de las Autonomías se caracteriza por el principio dispositivo: la Constitución no impone un mapa autonómico cerrado ni un nivel competencial homogéneo, sino que son los propios territorios, a través de sus Estatutos, quienes deciden constituirse en Comunidad Autónoma y qué competencias, dentro del marco constitucional, asumen.
Elaboración de los Estatutos y conflictos de competencia: referencias esenciales
El art. 146 CE regula la elaboración del proyecto de Estatuto por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, que lo eleva a las Cortes Generales. Los primeros Estatutos fueron los del País Vasco (LO 3/1979) y Cataluña (LO 4/1979); el mapa autonómico de 17 Comunidades se completó en 1983. La ley orgánica 9/1992 amplió las competencias de las Comunidades de vía ordinaria. La reforma del Estatuto de Cataluña por LO 6/2006 dio lugar a la STC 31/2010, que declaró inconstitucionales o interpretó conforme a la Constitución varios preceptos. Los conflictos competenciales entre Estado y CC.AA. se resuelven ante el Tribunal Constitucional (art. 161.1.c CE).
Control de la actividad de las Comunidades Autónomas (art. 153 CE)
El control de la actividad de los órganos de las CC.AA. se ejerce por el Tribunal Constitucional (disposiciones normativas con fuerza de ley), por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, respecto del ejercicio de funciones delegadas (art. 150.2), por la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de la administración autónoma y sus normas reglamentarias, y por el Tribunal de Cuentas respecto del control económico y presupuestario. Además, el art. 155 CE permite al Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado y previo requerimiento al Presidente de la CA, adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones.
Instrumentos de articulación del reparto competencial (art. 150 CE)
Leyes marco: las Cortes pueden atribuir a las CC.AA. la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal (art. 150.1). Leyes de transferencia o delegación: el Estado puede transferir o delegar en las CC.AA. facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación (art. 150.2, ley orgánica). Leyes de armonización: el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CC.AA., aun en materias de su competencia, cuando así lo exija el interés general, apreciado por la mayoría absoluta de cada Cámara (art. 150.3).
Clases de competencias: exclusivas, compartidas y de ejecución
El TC ha precisado que, además de las competencias exclusivas (legislación y ejecución en una sola Administración), existen competencias compartidas (al Estado le corresponde fijar las bases o la legislación básica y a la CA su desarrollo legislativo y la ejecución) y competencias ejecutivas (el Estado dicta la legislación y la CA la ejecuta). La competencia sobre una materia no excluye la posible incidencia de títulos transversales estatales (arts. 149.1.1ª, 13ª o 18ª CE). La supletoriedad del Derecho estatal (art. 149.3) no es una cláusula atributiva de competencias: el Estado no puede dictar normas supletorias sin título competencial propio (STC 61/1997).
Financiación autonómica y local (arts. 156 a 158 y 142 CE)
Las CC.AA. gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad (art. 156). Sus recursos son impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales, tributos propios, transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales, rendimientos de su patrimonio y operaciones de crédito (art. 157). La LO 8/1980 (LOFCA) desarrolla este régimen; el sistema común vigente se rige por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sin perjuicio de reformas posteriores sobre los recursos del sistema (conviene comprobar en el BOE la normativa de desarrollo vigente en la fecha del examen). Las Haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las CC.AA. (art. 142 CE). País Vasco y Navarra disponen de sistemas forales de concierto y convenio económico, amparados en la Disposición Adicional 1ª CE.
Régimen de los municipios de gran población y otros regímenes especiales
El Título X LRBRL (añadido por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local) regula el régimen de organización de los municipios de gran población: los de más de 250.000 habitantes, las capitales de provincia con más de 175.000, las capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, y los municipios de más de 75.000 habitantes con circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales que así lo decida la Asamblea Legislativa autonómica a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos. Madrid y Barcelona tienen además regímenes especiales propios por su condición de capital del Estado y por su carta municipal. El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local se aprobó por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Número de concejales y elección del Alcalde (LOREG)
El art. 179 LOREG fija el número de concejales según la población: hasta 100 habitantes, 3; de 101 a 250, 5; de 251 a 1.000, 7; de 1.001 a 2.000, 9; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 17; de 20.001 a 50.000, 21; de 50.001 a 100.000, 25; y a partir de 100.001, uno más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más si resultase un número par. En la elección del Alcalde (art. 196 LOREG) pueden ser candidatos los concejales que encabecen las listas; resulta elegido quien obtenga la mayoría absoluta de los votos de los concejales y, si ninguno la obtiene, el cabeza de la lista más votada. Mandato: cuatro años.
La garantía institucional de la autonomía local
La autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE) se configura como garantía institucional: el legislador debe respetar un núcleo indisponible que permita reconocer la institución, pero tiene margen de configuración (STC 32/1981). La Carta Europea de la Autonomía Local (Consejo de Europa, 1985), ratificada por España en 1988, refuerza esta garantía. El Estado fija las bases del régimen local (art. 149.1.18ª CE) y las CC.AA. pueden desarrollarlas conforme a sus Estatutos. La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modificó la LRBRL para clarificar competencias y reforzar el papel de las Diputaciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 2 CE reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la unidad indisoluble de la Nación española.
El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y CC.AA., todos con autonomía para gestionar sus intereses, sin alcanzar la soberanía.
El art. 139 CE garantiza la igualdad de derechos de todos los españoles y la libre circulación en todo el territorio.
La vía ordinaria (art. 143 CE) exige iniciativa de Diputaciones y 2/3 de municipios con mayoría del censo; el techo competencial inicial es el del art. 148, ampliable a los 5 años.
La vía agravada (art. 151 CE) exige iniciativa reforzada (3/4 de municipios) y referéndum de ratificación; da acceso directo al techo del art. 149. Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la DT 2ª CE; Andalucía, por el propio art. 151.
El art. 144 CE permite constituir CC.AA. sin cumplir los requisitos ordinarios (caso de Madrid) mediante ley orgánica de las Cortes; Ceuta y Melilla se rigen por la DT 5ª CE.
El art. 148 CE es el techo competencial inicial de la vía ordinaria (art. 143); el art. 149 recoge las competencias exclusivas del Estado, incluida la Administración de Justicia y la legislación procesal.
Todos los Estatutos de Autonomía se aprueban y reforman por ley orgánica de las Cortes Generales.
La legislación procesal es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª CE), salvo las especialidades del Derecho sustantivo propio de las CC.AA. con Derecho civil o foral.
Por la cláusula de cierre (art. 149.3 CE), lo no atribuido a las CC.AA. corresponde al Estado, y el Derecho estatal es supletorio del autonómico.
En las CC.AA. de vía rápida (art. 152.1 CE), la organización institucional se basa en Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey.
Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en cada Comunidad Autónoma, sin detrimento de la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 152.1 CE).
El municipio (art. 11 LRBRL) tiene territorio, población (Padrón) y organización; su gobierno corresponde al Ayuntamiento, con Junta de Gobierno Local obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes.
La provincia (art. 141 CE) es a la vez entidad local (agrupación de municipios) y división territorial para la actividad del Estado; su gobierno corresponde a la Diputación Provincial, sustituida en los archipiélagos por Cabildos o Consejos Insulares.
Son CC.AA. uniprovinciales Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Madrid, Navarra (Comunidad Foral) e Illes Balears, donde las funciones provinciales las asumen los órganos autonómicos (en Baleares, con Consejos Insulares).
El Estado de las Autonomías se rige por el principio dispositivo: son los territorios, vía Estatuto, quienes deciden constituirse en Comunidad y qué competencias asumen dentro del marco constitucional.
Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron a la autonomía plena por la DT 2ª CE; Andalucía por el propio art. 151 (referéndum de 28-F-1980); no confundir con el art. 151.1.
Ceuta y Melilla: Ciudades con Estatuto de Autonomía (LO 1/1995 y 2/1995), amparadas en la DT 5ª CE; no son Comunidades Autónomas plenas ni tienen potestad legislativa.
Son CC.AA. uniprovinciales: Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Madrid, Navarra e Illes Balears (siete).
El art. 148.1 CE enumera 22 materias asumibles; el art. 149.1 reserva al Estado 32 materias exclusivas. El número de materias es dato de examen.
Alterar los límites provinciales exige ley orgánica (art. 141.1 CE); los Estatutos se aprueban y reforman por ley orgánica de las Cortes (art. 147.3).
El control de las CC.AA. (art. 153 CE): TC, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas), jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas.
Art. 155 CE: coerción estatal con requerimiento previo al Presidente autonómico y mayoría absoluta del Senado.
LOREG art. 179: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 y 25 concejales según tramos de población (hasta 100; 250; 1.000; 2.000; 5.000; 10.000; 20.000; 50.000; 100.000), y uno más por cada 100.000 residentes o fracción a partir de ahí.
Competencias municipales (art. 25 LRBRL, tras Ley 27/2013) y servicios mínimos (art. 26): más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes.
Regímenes foral (País Vasco y Navarra, DA 1ª CE: concierto y convenio) e insular (Cabildos en Canarias y Consejos Insulares en Baleares).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
El control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas corresponde (art. 153 CE) a:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Tramitación Procesal (Justicia)?
El Título VIII CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137). El llamado Estado de las Autonomías se articuló mediante dos vías de acceso al autogobierno y un reparto competencial en dos listas (arts. 148 y 149), completado por los Estatutos como norma institucional básica de cada Comunidad; la Administración Local, regulada en la LRBRL, tiene en el municipio y la provincia sus entidades territoriales básicas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
El art. 2 CE reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la unidad indisoluble de la Nación española. El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y CC.AA., todos con autonomía para gestionar sus intereses, sin alcanzar la soberanía. El art. 139 CE garantiza la igualdad de derechos de todos los españoles y la libre circulación en todo el territorio. La vía ordinaria (art. 143 CE) exige iniciativa de Diputaciones y 2/3 de municipios con mayoría del censo; el techo competencial inicial es el del art. 148, ampliable a los 5 años. La vía agravada (art. 151 CE) exige iniciativa reforzada (3/4 de municipios) y referéndum de ratificación; da acceso directo al techo del art. 149. Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la DT 2ª CE; Andalucía, por el propio art. 151. El art. 144 CE permite constituir CC.AA. sin cumplir los requisitos ordinarios (caso de Madrid) mediante ley orgánica de las Cortes; Ceuta y Melilla se rigen por la DT 5ª CE. El art. 148 CE es el techo competencial inicial de la vía ordinaria (art. 143); el art. 149 recoge las competencias exclusivas del Estado, incluida la Administración de Justicia y la legislación procesal. Todos los Estatutos de Autonomía se aprueban y reforman por ley orgánica de las Cortes Generales. La legislación procesal es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª CE), salvo las especialidades del Derecho sustantivo propio de las CC.AA. con Derecho civil o foral. Por la cláusula de cierre (art. 149.3 CE), lo no atribuido a las CC.AA. corresponde al Estado, y el Derecho estatal es supletorio del autonómico. En las CC.AA. de vía rápida (art. 152.1 CE), la organización institucional se basa en Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en cada Comunidad Autónoma, sin detrimento de la jurisdicción del Tribunal Supremo (art. 152.1 CE). El municipio (art. 11 LRBRL) tiene territorio, población (Padrón) y organización; su gobierno corresponde al Ayuntamiento, con Junta de Gobierno Local obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes. La provincia (art. 141 CE) es a la vez entidad local (agrupación de municipios) y división territorial para la actividad del Estado; su gobierno corresponde a la Diputación Provincial, sustituida en los archipiélagos por Cabildos o Consejos Insulares. Son CC.AA. uniprovinciales Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Madrid, Navarra (Comunidad Foral) e Illes Balears, donde las funciones provinciales las asumen los órganos autonómicos (en Baleares, con Consejos Insulares). El Estado de las Autonomías se rige por el principio dispositivo: son los territorios, vía Estatuto, quienes deciden constituirse en Comunidad y qué competencias asumen dentro del marco constitucional. Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron a la autonomía plena por la DT 2ª CE; Andalucía por el propio art. 151 (referéndum de 28-F-1980); no confundir con el art. 151.1. Ceuta y Melilla: Ciudades con Estatuto de Autonomía (LO 1/1995 y 2/1995), amparadas en la DT 5ª CE; no son Comunidades Autónomas plenas ni tienen potestad legislativa. Son CC.AA. uniprovinciales: Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Madrid, Navarra e Illes Balears (siete). El art. 148.1 CE enumera 22 materias asumibles; el art. 149.1 reserva al Estado 32 materias exclusivas. El número de materias es dato de examen. Alterar los límites provinciales exige ley orgánica (art. 141.1 CE); los Estatutos se aprueban y reforman por ley orgánica de las Cortes (art. 147.3). El control de las CC.AA. (art. 153 CE): TC, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas), jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas. Art. 155 CE: coerción estatal con requerimiento previo al Presidente autonómico y mayoría absoluta del Senado. LOREG art. 179: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 y 25 concejales según tramos de población (hasta 100; 250; 1.000; 2.000; 5.000; 10.000; 20.000; 50.000; 100.000), y uno más por cada 100.000 residentes o fracción a partir de ahí. Competencias municipales (art. 25 LRBRL, tras Ley 27/2013) y servicios mínimos (art. 26): más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes. Regímenes foral (País Vasco y Navarra, DA 1ª CE: concierto y convenio) e insular (Cabildos en Canarias y Consejos Insulares en Baleares).
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Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Título VIII (arts. 137-158), Disposiciones Transitorias 2ª y 5ª y Disposición Adicional 1ª.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada, entre otras, por la Ley 57/2003 y la Ley 27/2013).
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 179 y 196).
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Ley Orgánica 1/1995 y Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla.
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