Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La jurisdicción: Jueces y Magistrados: Funciones y competencias. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Organización y funciones. Sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El Poder Judicial es único y se ejerce por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). Su gobierno corresponde al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional garante de la independencia judicial (art. 122 CE). El Ministerio Fiscal, con autonomía funcional propia, actúa según los principios de unidad y dependencia jerárquica. El acceso a ambas carreras se articula mediante oposición libre y formación reglada en sus respectivas escuelas.
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; estas cuatro notas configuran el estatuto constitucional básico de todo Juez o Magistrado.
La potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE)
El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan; nadie puede ser juzgado por un órgano no predeterminado legalmente (art. 24.2 CE).
Prohibición de funciones distintas de las jurisdiccionales (art. 117.4 CE)
Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las jurisdiccionales y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
Unidad jurisdiccional y jurisdicción militar (art. 117.5 CE)
El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales; la ley regula el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, sin que quepan Tribunales de excepción.
Justicia gratuita (art. 119 CE)
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar; desarrollado por la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que reconoce el derecho a determinados colectivos con independencia de recursos económicos (víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos).
El CGPJ: naturaleza (art. 122.2 CE)
Órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, con jurisdicción en todo el territorio nacional; su creación responde a la necesidad de sustraer el gobierno de la judicatura de la órbita del Poder Ejecutivo, como garantía de la independencia judicial.
Composición del CGPJ
Compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y 20 Vocales nombrados por el Rey por un periodo de 5 años (art. 122.3 CE): 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, en los términos que establezca la LO, y 8 entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado, elegidos por mayoría de 3/5. Según la LOPJ (arts. 566 y ss.), cada Cámara elige por 3/5 a diez Vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia y seis entre Jueces y Magistrados (que pueden ser candidatos presentados por asociaciones judiciales o con aval de un número mínimo de jueces). El CGPJ actual se constituyó en julio de 2024, tras superarse el bloqueo en su renovación, y está presidido por Isabel Perelló Doménech, primera mujer Presidenta del Tribunal Supremo. El acuerdo político de 2024 que desbloqueó la renovación incluyó el compromiso de estudiar una reforma del sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial (que los jueces y magistrados los eligieran directamente, sin intervención de las Cortes); una proposición de ley orgánica en ese sentido fue rechazada por el Pleno del Congreso el 10 de septiembre de 2026, por lo que a la fecha de esta revisión sigue vigente el sistema de elección parlamentaria por 3/5 descrito en este punto.
Nombramiento del Presidente del CGPJ
El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del propio Consejo, elegido por mayoría de 3/5 de sus miembros en la sesión constitutiva, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia que reúnan los requisitos de antigüedad que establece la LOPJ (art. 123.2 CE y art. 586 LOPJ). Preside el Tribunal Supremo, el Pleno y la Comisión Permanente del CGPJ y ostenta la representación del Poder Judicial.
El CGPJ en funciones: limitación de facultades (LO 4/2021)
Cuando el Consejo se encuentra en funciones por expiración de su mandato sin haberse producido su renovación, la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, restringió sus facultades de nombramiento de determinados cargos judiciales discrecionales (en especial, Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Tribunales y de Sala), limitándolas a la gestión ordinaria. Esa limitación fue relevante mientras el CGPJ permaneció en funciones (2018-2024).
Funciones del CGPJ (art. 560 LOPJ)
Propuesta de nombramiento del Presidente del TS; nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados (art. 122.2 CE); selección y formación a través de la Escuela Judicial; informes preceptivos sobre anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten a la constitución, organización y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, al estatuto judicial o a la normativa procesal; resolución de los recursos contra sus propios acuerdos; elaboración del anteproyecto de su presupuesto; y el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias de su competencia (art. 560 LOPJ). Anualmente eleva a las Cortes una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales.
Estructura interna del CGPJ
Se organiza en Pleno (órgano supremo), Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión de Igualdad, Comisión de Calificación y las demás comisiones legalmente previstas o creadas reglamentariamente, con funciones delegadas del Pleno. Cuenta además con el Promotor de la Acción Disciplinaria y con el Servicio de Inspección, que investiga el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y las actuaciones disciplinarias.
Categorías de la carrera judicial (art. 299 LOPJ)
La carrera judicial se integra por las categorías de Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez; el ascenso de categoría se produce, según los casos, por antigüedad, por concurso de méritos o por el turno de juristas de reconocida competencia.
Independencia judicial: garantías
Se garantiza mediante la inamovilidad (no separación, suspensión, traslado ni jubilación sino por causas y garantías legales), la reserva de jurisdicción, la exclusividad de la función jurisdiccional y el sometimiento único a la ley; frente a injerencias, la LOPJ prevé cauces de amparo ante el CGPJ.
Incompatibilidades y prohibiciones de Jueces, Magistrados y Fiscales (art. 127 CE)
Mientras se hallen en activo, los Jueces, Magistrados y Fiscales no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127.1 CE); la ley establece el sistema y modalidades de asociación profesional (en la carrera judicial existen asociaciones profesionales como la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Francisco de Vitoria). El régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial lo fija la ley de forma que se asegure su total independencia (art. 127.2 CE); la LOPJ prohíbe además el ejercicio de actividades mercantiles y de la abogacía y procuraduría, con excepciones como la docencia y la investigación jurídica.
Responsabilidad de Jueces y Magistrados
Civil: por los daños y perjuicios causados con dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones (art. 411 LOPJ), a instancia del perjudicado, por el procedimiento ordinario y previa declaración firme del carácter doloso o culposo de la resolución. Penal: por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (p. ej., prevaricación), con las especialidades de aforamiento. Disciplinaria: por faltas muy graves, graves y leves (arts. 417 a 419 LOPJ), con las sanciones del art. 420, sancionadas por el CGPJ. Aparte, el Estado responde de los daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE), sin perjuicio de la acción de repetición contra el juez en caso de dolo o culpa grave.
El Ministerio Fiscal: misión (art. 124.1 CE)
Sin ser parte del Poder Judicial, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Principios de actuación del Ministerio Fiscal (art. 124.2 CE)
Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad; a diferencia de los Jueces, que actúan con independencia individual, el Fiscal actúa integrado en una organización jerárquica.
El Fiscal General del Estado (art. 124.4 CE)
Es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE), entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión (art. 29 EOMF). Su mandato es de cuatro años (Ley 24/2007) y cesa, entre otras causas, a petición propia, por incapacidad o incompatibilidad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, por expiración del mandato o por cese del Gobierno que lo propuso. Es el jefe superior del Ministerio Fiscal y lo representa en todo el territorio. Desde el 10 de diciembre de 2025 el cargo lo ocupa Teresa Peramato Martín, tras el cese de su predecesor Álvaro García Ortiz; conviene comprobar en el BOE la titularidad vigente en la fecha de la convocatoria, dado que el cargo puede cambiar durante la legislatura.
Organización territorial del Ministerio Fiscal
Fiscalía General del Estado; Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas; Fiscalía ante el Tribunal Supremo; Fiscalía de la Audiencia Nacional; Fiscalías Especiales (Antidroga y contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada); Fiscalías de las Comunidades Autónomas (Superiores); Fiscalías Provinciales; y Fiscalías de Área. Órganos de apoyo y asesoramiento: Consejo Fiscal, Junta de Fiscales de Sala, Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, Secretaría Técnica e Inspección Fiscal. El Ministerio Fiscal puede practicar diligencias de investigación en los términos de su Estatuto Orgánico, sin perjuicio del control judicial.
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981)
Regula la organización, funciones y estatuto personal de los miembros de la carrera fiscal, garantizando sus derechos y deberes, así como el régimen disciplinario propio de la carrera fiscal, distinto del de la carrera judicial.
Ingreso ordinario en la carrera judicial
Se produce mediante oposición libre entre Licenciados o Graduados en Derecho, seguida de un curso teórico y práctico de selección impartido por la Escuela Judicial, órgano dependiente del CGPJ con sede en Barcelona; superado el curso, se produce el nombramiento como Juez.
Ingreso ordinario en la carrera fiscal
Análogo al judicial: oposición libre (convocatoria unificada con la judicial hasta la fase de curso selectivo) seguida de un curso teórico y práctico impartido por el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia; superado el curso, se produce el nombramiento como Fiscal.
El cuarto turno de acceso a la carrera judicial (art. 301.3 LOPJ)
Permite el ingreso en la categoría de Magistrado, mediante un proceso selectivo basado en la valoración de méritos, de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional; se reserva a este turno una parte de las vacantes de la categoría de Magistrado, en los términos que fija la LOPJ.
Promoción interna en la carrera judicial
El ascenso a Magistrado se produce, con carácter general, por antigüedad dentro de la categoría de Juez, o por el turno de especialistas (pruebas selectivas de especialización en órdenes concretos: mercantil, contencioso-administrativo, social, violencia sobre la mujer, menores, vigilancia penitenciaria).
Diferencia entre inamovilidad e independencia
La independencia protege al Juez frente a instrucciones, presiones o injerencias en el ejercicio de la función jurisdiccional; la inamovilidad es la garantía instrumental que impide su cese, suspensión, traslado o jubilación fuera de los casos y garantías legalmente previstos.
El Ministerio Fiscal y su relación con el Poder Ejecutivo
Aunque el Fiscal General del Estado es nombrado a propuesta del Gobierno, el Ministerio Fiscal no está integrado en el Poder Ejecutivo, sino que constituye un órgano con relevancia constitucional propia (art. 124 CE), sujeto en su actuación a los principios de legalidad e imparcialidad.
Principios del Título VI no desarrollados: oralidad, publicidad, acción popular y Policía Judicial
Las actuaciones judiciales son públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; el procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; las sentencias siempre serán motivadas y se pronunciarán en audiencia pública (art. 120 CE). Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto (art. 118 CE). Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado (art. 125 CE; LO 5/1995). La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente (art. 126 CE). El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE).
Jueces de carrera y jueces no profesionales
Además de la carrera judicial (Jueces, Magistrados y Magistrados del TS), ejercen jurisdicción los Jueces de Paz (en municipios en los que no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción), que no pertenecen a la carrera judicial, son nombrados por la Sala de Gobierno del TSJ a propuesta del Ayuntamiento y ejercen por un período de cuatro años; los Magistrados suplentes y los Jueces sustitutos, que cubren de forma interina vacantes o ausencias; y los Jueces en prácticas, durante el período de formación práctica posterior al curso de la Escuela Judicial. Las Salas de Gobierno de los TSJ ejercen funciones gubernativas sobre los órganos de su territorio.
Funciones y competencias de Jueces y Magistrados
Los Jueces ejercen la potestad jurisdiccional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en Juzgados unipersonales (Primera Instancia, Instrucción, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Penal, Contencioso-administrativo y Social) y, los Magistrados, en órganos colegiados (Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). Además de la función jurisdiccional, pueden ejercer las funciones que la ley les atribuya expresamente en garantía de un derecho (art. 117.4 CE), como el control del Registro Civil o la autorización de entradas en domicilios. El Juez de guardia atiende urgencias fuera del horario ordinario. El estatuto judicial se completa con los deberes de prestar juramento o promesa al tomar posesión y de residencia en el lugar de destino.
El Ministerio Fiscal: funciones principales (art. 3 EOMF)
Entre otras: velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas; ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros; tomar parte en defensa de la legalidad en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley; intervenir en el proceso penal velando por la protección procesal de las víctimas; velar por la protección procesal de menores y personas con discapacidad; intervenir en los procesos de amparo ante el TC; defender la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales en los casos previstos; mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales; y ejercer la dirección de la Policía Judicial en cuanto a investigación de delitos en las diligencias de investigación que practique. El principio de imparcialidad implica que el Fiscal actúa objetivamente, sin interés propio.
Acceso a las carreras judicial y fiscal: ingreso y reformas pendientes
Requisitos generales: ser español, mayor de edad, licenciado o graduado en Derecho y no estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad. Procedimiento: oposición libre, de convocatoria conjunta y pruebas comunes para las carreras judicial y fiscal, con temario amplio de Derecho civil, penal, procesal, mercantil, constitucional, administrativo, laboral, UE y otros, y fase de curso teórico-práctico en la Escuela Judicial (Barcelona) o en el Centro de Estudios Jurídicos, con periodo de prácticas tuteladas. Existen proyectos de reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal y de ampliación de plantillas en tramitación a la fecha de esta revisión; conviene verificar su estado antes del examen. Por otro lado, el Gobierno aprobó a comienzos de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que sustituye por primera vez la LECrim de 1882 y atribuye la instrucción penal al Ministerio Fiscal; su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2028, por lo que a la fecha de esta revisión la instrucción sigue correspondiendo al Juez de Instrucción conforme a la LECrim vigente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 117.1 CE configura el estatuto básico de Jueces y Magistrados: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
La potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales predeterminados por la ley; los Juzgados no ejercen más funciones que las jurisdiccionales salvo las expresamente atribuidas en garantía de un derecho (art. 117.4 CE).
El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización de los Tribunales; la jurisdicción militar queda reservada al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio, sin Tribunales de excepción.
La justicia gratuita (art. 119 CE) se desarrolla por la Ley 1/1996, que reconoce el derecho automático a víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos.
El CGPJ tiene 21 miembros (Presidente del TS + 20 Vocales: 12 jueces/magistrados + 8 juristas), elegidos por 3/5 de cada Cámara, con mandato de 5 años.
El Presidente del TS y del CGPJ es nombrado por el Rey a propuesta del propio Consejo por 3/5 de sus miembros, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con los requisitos de antigüedad de la LOPJ.
En funciones por expiración de mandato, la LO 4/2021 limita las facultades del CGPJ a los nombramientos de mera gestión ordinaria.
El CGPJ se organiza en Pleno, Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria y Comisión de Igualdad, entre otras.
La carrera judicial se integra por Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez (art. 299 LOPJ), con ascenso por antigüedad, concurso de méritos o el turno de juristas de reconocida competencia.
Independencia (frente a otros poderes e injerencias) e inamovilidad (no cese salvo causa y garantía legal) son garantías judiciales distintas y complementarias.
Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127.1 CE); la LOPJ prohíbe además actividades mercantiles, salvo docencia e investigación jurídica.
La responsabilidad judicial puede ser civil (dolo o culpa), penal y disciplinaria, cada una con su propio procedimiento; el Estado responde además por error judicial y funcionamiento anormal (art. 121 CE).
El Ministerio Fiscal actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a legalidad e imparcialidad, a diferencia de la independencia individual de cada Juez (art. 124.2 CE).
El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ, entre juristas con más de 15 años de ejercicio.
El ingreso ordinario en ambas Carreras es por oposición libre seguida de curso selectivo en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos; el cuarto turno permite acceso directo a Magistrado con 10+ años de ejercicio profesional mediante concurso de méritos.
Aunque el Fiscal General se nombra a propuesta del Gobierno, el Ministerio Fiscal no se integra en el Poder Ejecutivo, sino que tiene relevancia constitucional propia (art. 124 CE).
Isabel Perelló Doménech preside el Tribunal Supremo y el CGPJ desde julio de 2024; el CGPJ actual se constituyó tras el acuerdo de renovación de junio de 2024.
El art. 127 CE prohíbe a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo ocupar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos; la ley regula la asociación profesional.
El Estado responde por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE); el juez responde civilmente solo por dolo o culpa (art. 411 LOPJ).
Faltas disciplinarias judiciales: muy graves (art. 417), graves (art. 418) y leves (art. 419); sanciones del art. 420 LOPJ.
Fiscal General del Estado: mandato de cuatro años (Ley 24/2007); cesa, entre otras causas, al cesar el Gobierno que lo propuso.
Jueces de Paz: no pertenecen a la carrera judicial, los nombra la Sala de Gobierno del TSJ por cuatro años.
Art. 120 CE: oralidad, publicidad, motivación y publicidad de la sentencia; art. 118: obligatoriedad de cumplir las resoluciones; art. 126: Policía Judicial dependiente de Jueces, Tribunales y Fiscal.
Las asociaciones profesionales de jueces no son sindicatos; está prohibida la afiliación a sindicatos y partidos pero no la asociación profesional.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 117.1 CE, Jueces y Magistrados son:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Tramitación Procesal (Justicia)?
El Poder Judicial es único y se ejerce por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). Su gobierno corresponde al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional garante de la independencia judicial (art. 122 CE). El Ministerio Fiscal, con autonomía funcional propia, actúa según los principios de unidad y dependencia jerárquica. El acceso a ambas carreras se articula mediante oposición libre y formación reglada en sus respectivas escuelas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
El art. 117.1 CE configura el estatuto básico de Jueces y Magistrados: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales predeterminados por la ley; los Juzgados no ejercen más funciones que las jurisdiccionales salvo las expresamente atribuidas en garantía de un derecho (art. 117.4 CE). El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización de los Tribunales; la jurisdicción militar queda reservada al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio, sin Tribunales de excepción. La justicia gratuita (art. 119 CE) se desarrolla por la Ley 1/1996, que reconoce el derecho automático a víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos. El CGPJ tiene 21 miembros (Presidente del TS + 20 Vocales: 12 jueces/magistrados + 8 juristas), elegidos por 3/5 de cada Cámara, con mandato de 5 años. El Presidente del TS y del CGPJ es nombrado por el Rey a propuesta del propio Consejo por 3/5 de sus miembros, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con los requisitos de antigüedad de la LOPJ. En funciones por expiración de mandato, la LO 4/2021 limita las facultades del CGPJ a los nombramientos de mera gestión ordinaria. El CGPJ se organiza en Pleno, Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria y Comisión de Igualdad, entre otras. La carrera judicial se integra por Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez (art. 299 LOPJ), con ascenso por antigüedad, concurso de méritos o el turno de juristas de reconocida competencia. Independencia (frente a otros poderes e injerencias) e inamovilidad (no cese salvo causa y garantía legal) son garantías judiciales distintas y complementarias. Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127.1 CE); la LOPJ prohíbe además actividades mercantiles, salvo docencia e investigación jurídica. La responsabilidad judicial puede ser civil (dolo o culpa), penal y disciplinaria, cada una con su propio procedimiento; el Estado responde además por error judicial y funcionamiento anormal (art. 121 CE). El Ministerio Fiscal actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a legalidad e imparcialidad, a diferencia de la independencia individual de cada Juez (art. 124.2 CE). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ, entre juristas con más de 15 años de ejercicio. El ingreso ordinario en ambas Carreras es por oposición libre seguida de curso selectivo en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos; el cuarto turno permite acceso directo a Magistrado con 10+ años de ejercicio profesional mediante concurso de méritos. Aunque el Fiscal General se nombra a propuesta del Gobierno, el Ministerio Fiscal no se integra en el Poder Ejecutivo, sino que tiene relevancia constitucional propia (art. 124 CE). Isabel Perelló Doménech preside el Tribunal Supremo y el CGPJ desde julio de 2024; el CGPJ actual se constituyó tras el acuerdo de renovación de junio de 2024. El art. 127 CE prohíbe a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo ocupar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos; la ley regula la asociación profesional. El Estado responde por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE); el juez responde civilmente solo por dolo o culpa (art. 411 LOPJ). Faltas disciplinarias judiciales: muy graves (art. 417), graves (art. 418) y leves (art. 419); sanciones del art. 420 LOPJ. Fiscal General del Estado: mandato de cuatro años (Ley 24/2007); cesa, entre otras causas, al cesar el Gobierno que lo propuso. Jueces de Paz: no pertenecen a la carrera judicial, los nombra la Sala de Gobierno del TSJ por cuatro años. Art. 120 CE: oralidad, publicidad, motivación y publicidad de la sentencia; art. 118: obligatoriedad de cumplir las resoluciones; art. 126: Policía Judicial dependiente de Jueces, Tribunales y Fiscal. Las asociaciones profesionales de jueces no son sindicatos; está prohibida la afiliación a sindicatos y partidos pero no la asociación profesional.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 117-127.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (arts. 299-311, 411-420, 560-586).
Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la LOPJ para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (modificada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre).
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Tramitación Procesal (Justicia).