Tema 22. Recurso contencioso-administrativo. Procedimientos ordinarios, abreviados y especiales.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), permite impugnar la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho administrativo. Prevé un procedimiento ordinario, un procedimiento abreviado más ágil ante los órganos unipersonales, y procedimientos especiales (protección de derechos fundamentales, cuestión de ilegalidad, suspensión de acuerdos de Entidades Locales y garantía de la unidad de mercado). El sistema de recursos se completa con reposición, súplica, apelación y casación (esta última, tras la LO 7/2015, basada en el interés casacional objetivo).
Objeto del recurso contencioso-administrativo y ámbito de la jurisdicción (arts. 1-4 LJCA)
Los órganos de este orden conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, los actos de los Gobiernos en relación con derechos fundamentales, elementos reglados y determinación de indemnizaciones, los contratos administrativos y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación. Son además impugnables la inactividad y las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. La jurisdicción no conoce de las cuestiones atribuidas a los órdenes civil, penal y social, aunque estén relacionadas con actos administrativos (art. 3).
Organización de la jurisdicción: órganos
Se estructura en Juzgados/Secciones de lo Contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales (unipersonales), y Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (colegiados).
Competencia de los Juzgados/Secciones y Juzgados Centrales
Los Juzgados (hoy Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia; art. 8 LJCA) conocen, en primera o única instancia, de los recursos contra actos de las Entidades Locales (con las excepciones legales), actos de la Administración autonómica en materias como personal, propiedades especiales y sanciones de cuantía inferior a la legalmente fijada, y de ciertos asuntos de extranjería. Los Juzgados Centrales (art. 9 LJCA) tienen su sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional respecto de actos de órganos centrales de la Administración General del Estado de rango inferior a Ministro o Secretario de Estado en las materias previstas (personal, propiedades especiales, sanciones, etc.).
Competencia de las Salas de los TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
Las Salas de los TSJ (art. 10 LJCA) conocen en única instancia de actos autonómicos/locales no atribuidos a los Juzgados y en apelación de sus sentencias; la de la Audiencia Nacional (art. 11), de actos ministeriales de ámbito nacional; la Sala Tercera del TS (art. 12), de actos del Consejo de Ministros y de la casación con interés casacional objetivo.
Competencia territorial y agotamiento de la vía administrativa previa
Con carácter general es competente el órgano de la sede de la autoridad que dictó el acto (art. 14 LJCA); en materia de personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante puede elegir entre su domicilio y la sede del órgano autor del acto. Para impugnar un acto en vía contenciosa es necesario que haya agotado la vía administrativa (art. 25), lo que ocurre cuando es de los que ponen fin a ella (art. 114 de la Ley 39/2015); el recurso de alzada es potestativo o necesario según el caso, y el de reposición es siempre potestativo.
La legitimación activa: el interés legítimo
Está legitimada cualquier persona que ostente un interés legítimo, entendido como cualquier ventaja o utilidad jurídica actual o potencial derivada de la estimación de la pretensión, concepto más amplio que el antiguo interés directo, sin exigir haber sido destinatario del acto.
Legitimación colectiva y acción popular
Corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos están legitimados para defender intereses colectivos coincidentes con su objeto estatutario; en materias tasadas (urbanismo, costas, patrimonio histórico) existe acción popular sin necesidad de acreditar interés legítimo específico.
La declaración de lesividad
Cuando una Administración quiere impugnar un acto propio favorable a un particular que considera ilegal, no puede revocarlo de oficio: debe seguir el procedimiento de declaración de lesividad para el interés público y luego recurrirlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Representación y defensa de las partes
Es preceptiva la intervención de abogado; el procurador no es preceptivo ante Juzgados unipersonales; la Administración se representa por Abogados del Estado (AGE) o por letrados de sus propios servicios jurídicos (CCAA y entidades locales).
Actos expresos, presuntos y disposiciones generales impugnables
Son impugnables los actos expresos y los presuntos derivados del silencio administrativo, así como las disposiciones generales, ya sea directamente o indirectamente a través de sus actos de aplicación.
El silencio administrativo desestimatorio
El interesado puede esperar a la resolución expresa (que la Administración sigue obligada a dictar) o recurrir contra el acto presunto en vía contenciosa. El art. 46.1 LJCA fija el plazo de seis meses para recurrir contra actos presuntos, contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el silencio; la jurisprudencia constitucional ha matizado que el silencio no hace perder el derecho a recurrir cuando falta notificación expresa.
La inactividad y la vía de hecho como objeto de recurso
Frente a la inactividad (art. 29), el interesado reclama a la Administración el cumplimiento de una obligación concreta de hacer y, transcurridos tres meses sin respuesta, puede recurrir ante el órgano judicial. Frente a la vía de hecho (art. 30), puede requerir el cese de la actuación y, si no se atiende en diez días, o sin requerimiento, interponer recurso con los plazos específicos del art. 46.3.
Interposición del recurso y plazos (art. 46 LJCA)
El plazo general es de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto expreso que agota la vía administrativa; para los actos presuntos, seis meses desde que se produzca el silencio; frente a disposiciones generales, dos meses desde su publicación. En el procedimiento de derechos fundamentales es de diez días. Los plazos del art. 46 son de caducidad y se cuentan excluyendo el mes de agosto, que es inhábil salvo para el procedimiento de derechos fundamentales (art. 128.2).
El escrito de interposición y la reclamación del expediente
El escrito de interposición es sucinto (identifica recurrente, acto y órgano), reservándose la fundamentación jurídica para la demanda; admitido, se reclama a la Administración el expediente administrativo completo, que debe remitirse en 20 días.
Emplazamiento de demandados, codemandados e interesados
Se emplaza a la Administración demandada y a los interesados identificados en el expediente, que disponen de nueve días para personarse; transcurridos sin comparecer, se les tiene por parte solo a efectos de notificarles la sentencia.
Causas de inadmisibilidad del recurso
Falta de jurisdicción o competencia, falta de legitimación, acto no susceptible de impugnación, extemporaneidad, y existencia de cosa juzgada o litispendencia.
La demanda y la contestación
El plazo para formular la demanda y para contestarla es de veinte días en cada caso; la falta de contestación de la Administración no equivale a allanamiento tácito, dado el carácter de orden público del control de legalidad.
Las alegaciones previas
Antes de contestar, la parte demandada puede plantear alegaciones previas sobre incompetencia o inadmisibilidad, resolviéndose antes de entrar en el fondo, para evitar una tramitación completa innecesaria.
Prueba, vista y conclusiones
Se recibe el pleito a prueba si hay disconformidad sobre hechos relevantes no acreditados en el expediente; concluida, las partes optan por vista oral o conclusiones escritas, sin poder introducir en estas últimas hechos o motivos nuevos.
El principio de plena jurisdicción en la sentencia
La sentencia estimatoria puede limitarse a anular el acto o, además, reconocer una situación jurídica individualizada con medidas de restablecimiento (incluida indemnización), o condenar a una prestación concreta si el recurso era por inactividad.
Otros medios de terminación del procedimiento
Desistimiento del recurrente, allanamiento de la Administración (controlado judicialmente frente a fraude o perjuicio a terceros), satisfacción extraprocesal, reconocimiento total en vía administrativa y conciliación judicial en materias transigibles.
El procedimiento abreviado contencioso-administrativo: ámbito
Se tramitan por este cauce los asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros, y, con independencia de la cuantía, las cuestiones de personal sin separación de empleados inamovibles, extranjería y asilo.
Tramitación concentrada del procedimiento abreviado
Interposición y demanda se presentan juntas; en un único acto de vista se concentran alegaciones previas, contestación oral, prueba y conclusiones orales; el plazo para dictar sentencia es de diez días desde la vista.
Incomparecencia de las partes en el procedimiento abreviado
Si el recurrente no comparece sin justa causa, se le tiene por desistido; si no comparece la Administración, se celebra el acto en su ausencia, sin estimación automática del recurso.
El recurso de apelación contencioso-administrativo
Procede contra las sentencias de los Juzgados y Juzgados Centrales, salvo que su cuantía no exceda de 30.000 euros o se trate de los supuestos excluidos (art. 81). Se interpone en el plazo de 15 días ante el propio órgano que dictó la sentencia y se resuelve por la Sala del TSJ o de la Audiencia Nacional. Permite revisar hechos y derecho con más amplitud que la casación.
El recurso de casación contencioso-administrativo
Tras la reforma de la LO 7/2015, se articula en torno al interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (art. 88), filtrado por una Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sustituyendo al antiguo sistema basado en la cuantía. Se prepara ante el órgano judicial que dictó la sentencia en el plazo de 30 días (art. 89). Existe además una casación autonómica ante las Salas de los TSJ para el Derecho autonómico (art. 86.3).
Recursos no devolutivos: reposición, súplica y recursos contra decisiones del LAJ
La reposición procede contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación, y la súplica contra las dictadas por órganos colegiados (Salas), con plazo de cinco días (art. 79). Contra los decretos del LAJ cabe reposición ante el propio LAJ y revisión ante el órgano judicial (art. 102 bis).
Procedimiento especial de protección de derechos fundamentales: principios y plazo
Se rige por preferencia (prioridad sobre cualquier otro asunto salvo el habeas corpus) y sumariedad; el plazo de interposición es de diez días, frente a los dos meses generales.
Legitimación e intervención del Ministerio Fiscal en este procedimiento
Están legitimados los afectados por la lesión del derecho fundamental, y el Ministerio Fiscal es siempre parte con independencia de quién promoviera el recurso, velando por la efectiva protección del derecho invocado (art. 119).
Relación con el recurso de amparo constitucional
Este procedimiento constituye presupuesto previo obligado para acceder al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando la vulneración proviene de una Administración Pública, en aplicación del principio de subsidiariedad del amparo.
Medidas cautelares en el contencioso-administrativo
Los interesados pueden solicitar en cualquier momento las medidas cautelares que aseguren la efectividad de la sentencia (art. 129). Procederán cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (art. 130), previa valoración circunstanciada de los intereses en conflicto. En casos de especial urgencia pueden adoptarse medidas cautelarísimas sin audiencia de la parte contraria (art. 135).
La cuestión de ilegalidad: concepto y presupuestos
Mecanismo de control indirecto de disposiciones generales: cuando un órgano no competente para el recurso directo estima un recurso indirecto por apreciar la ilegalidad de una norma, remite la cuestión al órgano sí competente para el directo.
Efectos de la sentencia sobre la cuestión de ilegalidad
La sentencia que la resuelve tiene efectos generales (erga omnes) y se publica en el mismo diario oficial que la disposición anulada, a diferencia de la sentencia del recurso indirecto, cuyos efectos se limitan a las partes.
Suspensión administrativa de acuerdos de Entidades Locales por interés general
La legislación de régimen local permite al Delegado del Gobierno impugnar acuerdos locales que atenten gravemente contra el interés general de España, previo requerimiento a la Entidad Local para que los anule, y solicitar su suspensión ante el órgano jurisdiccional, que resuelve con tramitación preferente (LJCA, arts. 127 y ss.; art. 67 LRBRL).
Supuestos de suspensión inmediata de acuerdos locales
En supuestos de especial gravedad (por ejemplo, grave atentado al orden público) la normativa permite la suspensión inmediata del acuerdo sin requerimiento previo, comunicándola de inmediato al tribunal competente. Los detalles y plazos exactos deben contrastarse con el texto vigente de la LJCA y de la Ley de Bases del Régimen Local.
Ratificación o levantamiento judicial de la suspensión
Recibida la comunicación, el tribunal, tras audiencia de la Entidad Local afectada, resuelve mediante auto sobre la ratificación o el levantamiento de la suspensión ya acordada administrativamente, con tramitación preferente.
Capacidad procesal y capacidad para ser parte en este orden jurisdiccional
Tienen capacidad para ser parte, además de personas físicas y jurídicas, los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes cuando la ley les reconozca expresamente esta capacidad.
Extensión de efectos de sentencias firmes en materia tributaria y de personal
En estas materias (arts. 110 y 111 LJCA) puede extenderse a terceros en idéntica situación jurídica el contenido de una sentencia firme que reconozca una situación jurídica individualizada, siempre que lo soliciten en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia y concurran los requisitos legales.
El anuncio de la interposición del recurso
Cuando el recurso afecta a una pluralidad indeterminada de personas, o se dirige contra una disposición general, es preceptiva la publicación del anuncio de la interposición en el diario oficial correspondiente.
Los actos de trámite cualificados
Aunque los actos de trámite no son impugnables autónomamente, sí lo son cuando deciden directa o indirectamente el fondo, imposibilitan continuar el procedimiento, o producen indefensión o un perjuicio irreparable.
El plazo para dictar sentencia en el procedimiento ordinario
El tribunal debe dictar sentencia dentro de los diez días siguientes a que el pleito quede concluso para sentencia, plazo de naturaleza ordenatoria cuyo incumplimiento no invalida la resolución finalmente dictada.
La caducidad del procedimiento contencioso-administrativo
Puede declararse caducado cuando, por causa imputable al recurrente, se paraliza su tramitación sin realizar las actuaciones que le correspondan, terminando el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, sin equivaler necesariamente a la prescripción de la acción sustantiva.
Litigios entre Administraciones: el requerimiento previo (art. 44 LJCA)
En los litigios entre Administraciones Públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa. La Administración que pretenda impugnar un acto de otra puede requerirla previamente para que lo derogue, anule o modifique; el requerimiento se dirige en el plazo de dos meses y se entiende rechazado si no se contesta en el plazo de un mes.
Otros procedimientos especiales: garantía de la unidad de mercado
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, incorporó a la LJCA un procedimiento especial (arts. 127 bis a 127 quáter) para impugnar disposiciones, actos y actuaciones contrarias a la libertad de establecimiento y circulación. Puede iniciarlo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y se tramita con plazos reducidos. Debe contrastarse con el texto vigente el órgano competente y los plazos.
Terminación convencional y mediación
Además del desistimiento (art. 74), el allanamiento (art. 75) y el reconocimiento total de las pretensiones en vía administrativa (art. 76), el art. 77 permite al órgano judicial, de oficio o a solicitud de parte, someter a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo en asuntos susceptibles de transacción. La LO 1/2025 refuerza los medios adecuados de solución de controversias también en este orden.
Costas procesales (art. 139 LJCA)
En primera o única instancia, el órgano judicial impondrá las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas, salvo que aprecie serias dudas de hecho o de derecho. En los recursos de apelación y casación rige también el criterio del vencimiento, y la ley permite fijar un límite máximo de cuantía por todos los conceptos.
Ejecución de sentencias (arts. 103 y ss. LJCA)
La potestad de hacer ejecutar las sentencias corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (art. 103.1). Firme la sentencia, el LAJ la comunica al órgano administrativo que realizó la actividad impugnada para que la lleve a puro y debido efecto, y para que en el plazo de dos meses indique el órgano responsable del cumplimiento (art. 104). Si no se ejecuta en plazo, la parte interesada puede instar su ejecución forzosa y el Juez puede adoptar medidas coercitivas, incluidas multas a autoridades.
Cuantía del recurso
La cuantía determina el procedimiento abreviado, la apelación y el límite de costas. Se fija por el valor económico de la pretensión (art. 40), y se consideran de cuantía indeterminada los asuntos sin valor económico, que son apelables. En los recursos contra disposiciones generales la cuantía se considera indeterminada.
Procurador, abogado y representación de las partes
Las partes han de ser asistidas por abogado; pueden conferir su representación a procurador. Ante Juzgados unipersonales el abogado puede asumir la representación; ante Salas colegiadas (TSJ, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo) es preceptivo procurador. Las Administraciones se representan por sus letrados (art. 24).
El procedimiento ordinario: esquema
Interposición (escrito sucinto) con reclamación del expediente; plazo de 20 días para remisión del expediente; emplazamiento de interesados (9 días); demanda (20 días) y contestación (20 días); alegaciones previas; prueba (período ordinario de treinta días, con un primero de quince para proponer); vista o conclusiones; sentencia en diez días. Se trata de una de las preguntas más frecuentes por sus plazos.
Reforma de la organización judicial (LO 1/2025)
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha creado los Tribunales de Instancia, que absorben los antiguos Juzgados. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo pasan a ser Secciones de lo Contencioso-Administrativo; la implantación, completada a finales de 2025, ya está en funcionamiento en todo el territorio a la fecha de esta revisión. Las referencias a Juzgados en la LJCA deben entenderse hechas a estas Secciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Son impugnables la actividad administrativa sujeta a Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, la inactividad y la vía de hecho.
La legitimación activa exige interés legítimo (ventaja o utilidad jurídica actual o potencial), concepto más amplio que el antiguo interés directo; la acción popular existe solo en casos previstos por ley.
Para impugnar un acto propio favorable, la Administración debe seguir el procedimiento de declaración de lesividad antes de recurrirlo.
Es preceptiva la intervención de abogado; el procurador no lo es ante Juzgados unipersonales.
Plazo general de interposición: 2 meses desde la notificación o publicación; 6 meses frente a acto presunto; 10 días en derechos fundamentales; agosto es inhábil.
El procedimiento abreviado se aplica a asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y, sin importar la cuantía, a personal, propiedades especiales, extranjería e inadmisión de asilo.
En el procedimiento abreviado, interposición y demanda se presentan juntas, concentrando alegaciones, prueba y conclusiones en un único acto de vista.
La apelación (arts. 81 y ss.) procede contra sentencias de Juzgados con cuantía superior a 30.000 euros o indeterminada, en 15 días.
El recurso de casación se articula, tras la LO 7/2015, en torno al interés casacional objetivo, filtrado por la Sección de Admisión de la Sala Tercera del TS; se prepara en 30 días.
Demanda y contestación: 20 días cada una; el expediente se remite en 20 días; los emplazados disponen de 9 días para personarse.
El procedimiento de protección de derechos fundamentales tiene preferencia y sumariedad, plazo de 10 días e intervención del Ministerio Fiscal, siendo presupuesto previo para el amparo.
La cuestión de ilegalidad se plantea cuando el órgano judicial no competente para el recurso directo estima un recurso indirecto por ilegalidad de una norma; su sentencia tiene efectos erga omnes.
Hay mecanismo de extensión de efectos de sentencias firmes en materia tributaria y de personal (un año para solicitarla).
La LO 1/2025 sustituye los Juzgados por Secciones del Tribunal de Instancia.
En los litigios entre Administraciones no cabe recurso administrativo; el requerimiento previo (art. 44) es potestativo.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuál es el plazo general para interponer recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 22 de Tramitación Procesal (Justicia)?
La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), permite impugnar la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho administrativo. Prevé un procedimiento ordinario, un procedimiento abreviado más ágil ante los órganos unipersonales, y procedimientos especiales (protección de derechos fundamentales, cuestión de ilegalidad, suspensión de acuerdos de Entidades Locales y garantía de la unidad de mercado). El sistema de recursos se completa con reposición, súplica, apelación y casación (esta última, tras la LO 7/2015, basada en el interés casacional objetivo).
¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?
Son impugnables la actividad administrativa sujeta a Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, la inactividad y la vía de hecho. La legitimación activa exige interés legítimo (ventaja o utilidad jurídica actual o potencial), concepto más amplio que el antiguo interés directo; la acción popular existe solo en casos previstos por ley. Para impugnar un acto propio favorable, la Administración debe seguir el procedimiento de declaración de lesividad antes de recurrirlo. Es preceptiva la intervención de abogado; el procurador no lo es ante Juzgados unipersonales. Plazo general de interposición: 2 meses desde la notificación o publicación; 6 meses frente a acto presunto; 10 días en derechos fundamentales; agosto es inhábil. El procedimiento abreviado se aplica a asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y, sin importar la cuantía, a personal, propiedades especiales, extranjería e inadmisión de asilo. En el procedimiento abreviado, interposición y demanda se presentan juntas, concentrando alegaciones, prueba y conclusiones en un único acto de vista. La apelación (arts. 81 y ss.) procede contra sentencias de Juzgados con cuantía superior a 30.000 euros o indeterminada, en 15 días. El recurso de casación se articula, tras la LO 7/2015, en torno al interés casacional objetivo, filtrado por la Sección de Admisión de la Sala Tercera del TS; se prepara en 30 días. Demanda y contestación: 20 días cada una; el expediente se remite en 20 días; los emplazados disponen de 9 días para personarse. El procedimiento de protección de derechos fundamentales tiene preferencia y sumariedad, plazo de 10 días e intervención del Ministerio Fiscal, siendo presupuesto previo para el amparo. La cuestión de ilegalidad se plantea cuando el órgano judicial no competente para el recurso directo estima un recurso indirecto por ilegalidad de una norma; su sentencia tiene efectos erga omnes. Hay mecanismo de extensión de efectos de sentencias firmes en materia tributaria y de personal (un año para solicitarla). La LO 1/2025 sustituye los Juzgados por Secciones del Tribunal de Instancia. En los litigios entre Administraciones no cabe recurso administrativo; el requerimiento previo (art. 44) es potestativo.
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Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, arts. 1-4, 8-14, 19, 23-25, 29-30, 44-52, 54, 58, 67, 74-81, 85-89, 102 bis, 103-113, 114-126, 127 y ss., 128-139.
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (reforma de la casación contencioso-administrativa).
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 114.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 67.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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