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Tema 9. La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita en la Carta de Derechos. El plan de Transparencia Judicial.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso el 16 de abril de 2002 dentro del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, sistematiza los derechos de quienes se relacionan con la Administración de Justicia como usuarios de un servicio público. No tiene rango de ley, pero ha inspirado numerosas reformas legales posteriores en materia de información, atención, identificación de funcionarios, derechos lingüísticos, garantías frente a los profesionales que asisten al ciudadano y justicia gratuita, completadas por el impulso del Plan de Transparencia Judicial.

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Origen: el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia

La Carta trae causa del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito en mayo de 2001 por los dos principales partidos políticos, que fijó como uno de sus objetivos dotar a la ciudadanía de un catálogo sistemático de derechos frente a la Administración de Justicia como servicio público, orientado a la calidad, la transparencia y la cercanía.

Aprobación por el Pleno del Congreso

Fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, mediante una proposición no de ley, lo que le confiere un fuerte respaldo institucional y político transversal, aunque sin capacidad normativa directa por sí misma.

Naturaleza jurídica: declaración institucional, no ley

No es una norma con rango de ley ni resulta directamente exigible ante los tribunales como tal; es una declaración institucional que sistematiza derechos ya reconocidos en la Constitución y en las leyes procesales, y que marca objetivos de mejora que se han ido incorporando después a normas con rango legal (Ley 1/1996, LO 5/2015, Ley 19/2013, entre otras).

Estructura por bloques temáticos

La Carta se articula en bloques de derechos, que giran en torno a una Justicia transparente e informada, moderna y abierta a los ciudadanos, responsable ante ellos, ágil y tecnológicamente avanzada, con un trato correcto y adaptado, en relación con los profesionales que asisten al ciudadano y con la justicia gratuita para quien no pueda costearla. Su contenido se desglosa en un conjunto de derechos concretos (información, atención, identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos, protección de víctimas, etc.).

Derecho a información general y actualizada

El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos tipos de procedimientos judiciales, así como a conocer el contenido actualizado de las leyes.

Servicios de información y atención al ciudadano

Las Oficinas de Justicia y los servicios de atención a la ciudadanía deben facilitar el acceso a dicha información, con especial atención a la accesibilidad para personas con discapacidad y garantizando que el lenguaje empleado en las comunicaciones judiciales sea claro, sencillo y comprensible, evitando tecnicismos innecesarios.

Derecho a conocer la identidad del profesional designado de oficio

Cuando el ciudadano tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, puede conocer con antelación la identidad del Abogado y Procurador que le hayan sido designados de oficio, así como comunicarse con ellos con la debida antelación a cualquier actuación procesal.

Derecho a atención respetuosa y adaptada

El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias personales (edad, discapacidad, situación de vulnerabilidad), incluyendo la protección de su intimidad en las dependencias judiciales.

Derecho a ser recibido por el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia

El ciudadano puede solicitar ser recibido por el Juez o por el Letrado de la Administración de Justicia para tratar un asunto de su competencia relacionado con un procedimiento en el que sea parte, dentro de los cauces y disponibilidad de agenda de cada órgano.

Derecho a conocer el estado de tramitación

Quien tenga interés legítimo en un procedimiento tiene derecho a conocer su estado de tramitación y a obtener copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, salvo que estén declarados secretos o reservados.

Puntualidad en vistas y comparecencias

El ciudadano citado a una vista o comparecencia tiene derecho a que esta se desarrolle con puntualidad, y a ser informado, en caso de retraso, de sus causas y de la nueva hora previsible de celebración.

Derecho a formular quejas y reclamaciones

Se reconoce el derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, ante los servicios correspondientes (Inspección de Tribunales, Servicios de Atención al Ciudadano), con derecho a obtener respuesta motivada en un plazo razonable.

Identificación de Jueces, Fiscales, Letrados y funcionarios

El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y la condición de las autoridades y funcionarios (Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal) que intervengan en el procedimiento del que sea parte, y a que las actuaciones y resoluciones se identifiquen con el órgano judicial, número de procedimiento y demás datos que permitan su seguimiento, a través de los medios de identificación que establezca la normativa de cada Administración.

Derechos lingüísticos: uso de la lengua cooficial

El ciudadano tiene derecho a utilizar la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en las actuaciones judiciales que se sigan en su territorio, tanto oralmente como por escrito (art. 231 LOPJ). Las actuaciones y documentos en lengua cooficial tienen plena validez y eficacia sin necesidad de traducción dentro del territorio de la Comunidad, y solo se traducen de oficio cuando deban surtir efecto fuera de él, salvo que deban hacerlo en otra Comunidad con la misma lengua cooficial.

Derecho a ser informado del derecho lingüístico

El ciudadano tiene derecho a ser informado de su facultad de ser atendido en la lengua cooficial correspondiente antes de iniciar cualquier actuación en la que intervenga.

Derecho a interpretación y traducción gratuita

Cuando el ciudadano desconozca tanto el castellano como la lengua cooficial, tiene derecho a la traducción o interpretación gratuita, con especial relevancia en el proceso penal conforme a la Directiva 2010/64/UE, transpuesta por la Ley Orgánica 5/2015, que refuerza estas garantías para investigados y acusados.

Libre elección de Abogado y Procurador

El ciudadano tiene derecho a la libre elección de Abogado y Procurador que le asistan y representen, así como a ser debidamente asesorado y defendido en todos los órdenes jurisdiccionales.

Derecho a conocer previamente el coste de los servicios

Frente a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, el ciudadano tiene derecho a conocer con carácter previo el coste aproximado de la intervención profesional, salvo que exista reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Derecho a reclamar ante los Colegios profesionales

El ciudadano puede formular quejas por la actuación de Abogados, Procuradores o Graduados Sociales ante el Colegio profesional correspondiente, que tramitará el expediente conforme a su propio régimen disciplinario colegial.

Representación técnica de los Graduados Sociales

La Carta reconoce la intervención de los Graduados Sociales colegiados como profesionales que pueden ejercer la representación técnica y la defensa de las partes en el orden jurisdiccional social, conforme habilita la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. En el orden social, la parte puede comparecer también por sí misma. En los demás órdenes, la defensa y la representación corresponden a Abogados y Procuradores (arts. 23 y 31 LEC), salvo las excepciones legales.

El derecho a la justicia gratuita en la Carta

La Carta consagra expresamente el derecho de todo ciudadano que carezca de recursos suficientes para litigar a la asistencia jurídica gratuita, incluyendo el asesoramiento previo a la iniciación del proceso.

Desarrollo legal: la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita

La Ley 1/1996 desarrolla este derecho fijando requisitos económicos de acceso (con carácter general, recursos e ingresos computables que no superen el doble del IPREM para quienes no se integran en una unidad familiar, con umbrales superiores para las unidades familiares), el procedimiento de reconocimiento ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (previa solicitud ante el Colegio de Abogados o el órgano judicial), y el contenido de las prestaciones: asesoramiento y orientación previos, asistencia de Abogado al detenido, defensa y representación por Abogado y Procurador cuando sean preceptivos, exención de tasas y depósitos, asistencia pericial gratuita, obtención gratuita de copias y testimonios, y reducción del 80% de los derechos arancelarios de Notarios y Registradores (escrituras, copias, notas, certificaciones y asientos) cuando guarden relación directa con el proceso y los pida el órgano judicial o el propio beneficiario. Se desarrolla reglamentariamente por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

Colectivos con reconocimiento automático del derecho

Determinados colectivos gozan de reconocimiento automático del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de sus recursos económicos: víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, en los términos de la LO 1/2004 y de la normativa concordante.

Designación urgente de Abogado y Procurador de oficio

En supuestos de urgencia (detención, violencia de género, medidas cautelares inaplazables) se prevé la designación inmediata de Abogado y Procurador del turno de oficio, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva sobre el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.

El Plan de Transparencia Judicial: origen y objetivo

El Plan de Transparencia Judicial, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005 (publicado por Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 28 de octubre de 2005), se concibe como instrumento para hacer efectivo el bloque de derechos de información de la Carta: busca que la ciudadanía comprenda y pueda conocer el funcionamiento de la Justicia mediante la publicación sistemática de datos, resoluciones y estadísticas y la mejora de la comunicación institucional.

Publicación de estadísticas judiciales

El Plan promueve la publicación periódica de estadísticas judiciales (asuntos ingresados, resueltos, pendientes, tiempos medios de resolución) por órgano y por materia, permitiendo comparar el rendimiento de los distintos Juzgados y Tribunales.

El CENDOJ y el acceso a las resoluciones judiciales

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), órgano técnico del CGPJ con sede en San Sebastián, facilita el acceso público y gratuito a la jurisprudencia y a las resoluciones judiciales anonimizadas, constituyendo la pieza central de la transparencia sobre el contenido de las decisiones de Jueces y Tribunales.

Publicidad de las actuaciones y difusión de vistas

Las actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento (art. 120 CE y art. 232.1 LOPJ); excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales pueden, mediante resolución motivada, limitar la publicidad y declarar las actuaciones total o parcialmente secretas (art. 232.2 LOPJ). La grabación y difusión de vistas de especial trascendencia social requiere autorización del órgano judicial, que pondera el derecho a la información con los derechos de las partes, de las víctimas y de terceros.

Relación con los medios de comunicación

El Plan mejora los cauces de comunicación entre la Administración de Justicia y los medios de comunicación a través de los Gabinetes de Comunicación de los Tribunales Superiores de Justicia y de los propios órganos judiciales, facilitando el acceso periodístico a información veraz sobre procedimientos de interés público.

Conexión con la Ley 19/2013 de transparencia

El impulso de la transparencia judicial se enmarca en las obligaciones generales de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que impone la Ley 19/2013, con las adaptaciones propias de la independencia judicial y del secreto de las actuaciones cuando proceda. El CGPJ, como otros órganos constitucionales, queda sujeto a la Ley 19/2013 solo en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (art. 2.1.f), y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es la autoridad independiente de control.

El Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015)

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, reconoce derechos de información (desde el primer contacto con las autoridades), de participación en el proceso, de protección y de apoyo y asistencia, así como el derecho a entender y ser entendido, a la traducción e interpretación gratuitas y a acceder a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (Real Decreto 1109/2015). La Carta de Derechos recoge este bloque como derechos específicos de las víctimas, que tienen especial relevancia en el proceso penal y en la violencia de género.

Profesionales que asisten y representan al ciudadano: normativa aplicable

Abogados: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, y Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales; Procuradores: Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales; Graduados Sociales: Estatuto General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Todos están sujetos a la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, al régimen disciplinario colegial y al deber de secreto profesional. La LO 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, refuerza las garantías del derecho de defensa y la posición de los profesionales que lo ejercen. En la práctica, el cliente debe recibir una hoja de encargo o documento equivalente con los honorarios, y las discrepancias sobre honorarios se resuelven por los procedimientos de jura de cuentas o por el Colegio.

Tasas judiciales y justicia gratuita

Las tasas judiciales de la Ley 10/2012 se aplican a personas jurídicas y quedaron limitadas a ellas por el Real Decreto-ley 3/2013, por lo que las personas físicas están exentas; los beneficiarios de justicia gratuita están exentos en todo caso. La Carta se alinea con el principio constitucional del art. 119 CE y con la tutela judicial efectiva del art. 24 CE: el coste del servicio no puede impedir el acceso a la Justicia.

Otros derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia

El ciudadano puede relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia en los términos de la Ley 18/2011 (acceso a la sede judicial electrónica, presentación de escritos, notificación electrónica) y de las reformas posteriores; las personas jurídicas, los profesionales y los Cuerpos y Administraciones deben usar los medios electrónicos. La Carta también se vincula con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), a la protección de datos personales en las resoluciones y a la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Carta trae causa del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (mayo de 2001) y fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso el 16 de abril de 2002.
  • No es una norma con rango de ley ni exigible directamente ante los tribunales: es una declaración institucional que sistematiza derechos ya reconocidos y marca objetivos incorporados después a normas legales.
  • El ciudadano tiene derecho a información general y actualizada sobre el funcionamiento de Juzgados y Tribunales, con lenguaje claro y accesible.
  • Cuando hay derecho a asistencia jurídica gratuita, el ciudadano puede conocer con antelación la identidad del Abogado y Procurador de oficio designados.
  • Existe derecho a conocer el estado de tramitación de un procedimiento y a obtener copias simples de escritos y documentos, salvo secreto o reserva.
  • El ciudadano tiene derecho a identificar mediante tarjeta visible a Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios que intervengan en su procedimiento.
  • El derecho a usar la lengua cooficial propia no exige traducción al castellano dentro del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente; si se desconocen ambas, hay derecho a interpretación y traducción gratuita (LO 5/2015 en el proceso penal).
  • El ciudadano tiene libre elección de Abogado y Procurador, y derecho a conocer previamente el coste aproximado de sus servicios, salvo justicia gratuita.
  • Los Graduados Sociales pueden ejercer representación técnica ante la jurisdicción social (Ley 36/2011), a diferencia de otros órdenes.
  • La Ley 1/1996 desarrolla la justicia gratuita fijando baremos por el IPREM y reconociendo el derecho automático a víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos.
  • En supuestos de urgencia se designa Abogado y Procurador de oficio de forma inmediata, sin esperar el reconocimiento definitivo del beneficio de justicia gratuita.
  • El CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), dependiente del CGPJ, es la pieza clave de la transparencia sobre resoluciones judiciales, con acceso público a jurisprudencia anonimizada.
  • El Plan de Transparencia Judicial promueve la publicación de estadísticas judiciales por órgano y materia, y contempla la retransmisión de vistas de especial trascendencia social.
  • El impulso de la transparencia judicial se enmarca en las obligaciones generales de la Ley 19/2013, con las adaptaciones propias de la independencia judicial.
  • La Carta se aprobó por proposición no de ley en el Pleno del Congreso, por unanimidad, el 16 de abril de 2002; el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia se firmó en mayo de 2001.
  • La asistencia jurídica gratuita requiere recursos que no superen, con carácter general, el doble del IPREM (sin unidad familiar); las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata tienen derecho con independencia de recursos.
  • Las personas físicas están exentas de tasas judiciales desde el RDL 3/2013; las personas jurídicas pagan las tasas de la Ley 10/2012 si no tienen justicia gratuita.
  • Art. 231 LOPJ: uso de lenguas cooficiales; las actuaciones en lengua cooficial valen sin traducción, y se traducen de oficio solo si surten efecto fuera de la Comunidad.
  • Art. 232 LOPJ: publicidad de las actuaciones, con secreto excepcional mediante resolución motivada.
  • El CENDOJ (CGPJ) tiene sede en San Sebastián; el CGPJ solo está sujeto a la Ley 19/2013 en su actividad administrativa.
  • Ley 4/2015: Estatuto de la víctima del delito; Oficinas de Asistencia a las Víctimas (RD 1109/2015).
  • En el orden social, las partes pueden comparecer por sí mismas o asistidas por Abogado o Graduado Social; en los demás, defensa y representación por Abogado y Procurador (arts. 23 y 31 LEC).
  • El Plan de Transparencia Judicial fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005.
  • La justicia gratuita reduce un 80% los aranceles de Notarios y Registradores cuando el acto guarda relación directa con el proceso del beneficiario.
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La LO 5/2015, de 27 de abril, transpuso al ordenamiento español la Directiva:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Tramitación Procesal (Justicia)?

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso el 16 de abril de 2002 dentro del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, sistematiza los derechos de quienes se relacionan con la Administración de Justicia como usuarios de un servicio público. No tiene rango de ley, pero ha inspirado numerosas reformas legales posteriores en materia de información, atención, identificación de funcionarios, derechos lingüísticos, garantías frente a los profesionales que asisten al ciudadano y justicia gratuita, completadas por el impulso del Plan de Transparencia Judicial.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

La Carta trae causa del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (mayo de 2001) y fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso el 16 de abril de 2002. No es una norma con rango de ley ni exigible directamente ante los tribunales: es una declaración institucional que sistematiza derechos ya reconocidos y marca objetivos incorporados después a normas legales. El ciudadano tiene derecho a información general y actualizada sobre el funcionamiento de Juzgados y Tribunales, con lenguaje claro y accesible. Cuando hay derecho a asistencia jurídica gratuita, el ciudadano puede conocer con antelación la identidad del Abogado y Procurador de oficio designados. Existe derecho a conocer el estado de tramitación de un procedimiento y a obtener copias simples de escritos y documentos, salvo secreto o reserva. El ciudadano tiene derecho a identificar mediante tarjeta visible a Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios que intervengan en su procedimiento. El derecho a usar la lengua cooficial propia no exige traducción al castellano dentro del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente; si se desconocen ambas, hay derecho a interpretación y traducción gratuita (LO 5/2015 en el proceso penal). El ciudadano tiene libre elección de Abogado y Procurador, y derecho a conocer previamente el coste aproximado de sus servicios, salvo justicia gratuita. Los Graduados Sociales pueden ejercer representación técnica ante la jurisdicción social (Ley 36/2011), a diferencia de otros órdenes. La Ley 1/1996 desarrolla la justicia gratuita fijando baremos por el IPREM y reconociendo el derecho automático a víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos. En supuestos de urgencia se designa Abogado y Procurador de oficio de forma inmediata, sin esperar el reconocimiento definitivo del beneficio de justicia gratuita. El CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), dependiente del CGPJ, es la pieza clave de la transparencia sobre resoluciones judiciales, con acceso público a jurisprudencia anonimizada. El Plan de Transparencia Judicial promueve la publicación de estadísticas judiciales por órgano y materia, y contempla la retransmisión de vistas de especial trascendencia social. El impulso de la transparencia judicial se enmarca en las obligaciones generales de la Ley 19/2013, con las adaptaciones propias de la independencia judicial. La Carta se aprobó por proposición no de ley en el Pleno del Congreso, por unanimidad, el 16 de abril de 2002; el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia se firmó en mayo de 2001. La asistencia jurídica gratuita requiere recursos que no superen, con carácter general, el doble del IPREM (sin unidad familiar); las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata tienen derecho con independencia de recursos. Las personas físicas están exentas de tasas judiciales desde el RDL 3/2013; las personas jurídicas pagan las tasas de la Ley 10/2012 si no tienen justicia gratuita. Art. 231 LOPJ: uso de lenguas cooficiales; las actuaciones en lengua cooficial valen sin traducción, y se traducen de oficio solo si surten efecto fuera de la Comunidad. Art. 232 LOPJ: publicidad de las actuaciones, con secreto excepcional mediante resolución motivada. El CENDOJ (CGPJ) tiene sede en San Sebastián; el CGPJ solo está sujeto a la Ley 19/2013 en su actividad administrativa. Ley 4/2015: Estatuto de la víctima del delito; Oficinas de Asistencia a las Víctimas (RD 1109/2015). En el orden social, las partes pueden comparecer por sí mismas o asistidas por Abogado o Graduado Social; en los demás, defensa y representación por Abogado y Procurador (arts. 23 y 31 LEC). El Plan de Transparencia Judicial fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005. La justicia gratuita reduce un 80% los aranceles de Notarios y Registradores cuando el acto guarda relación directa con el proceso del beneficiario.

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Fuentes de este desarrollo

  • Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002 (proposición no de ley).
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.
  • Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, arts. 230-233.
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
  • Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, de transposición de las Directivas 2010/64/UE y 2012/13/UE.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
  • Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.
  • Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, Estatuto General de la Abogacía Española.

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