Tema 18. Procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los procesos matrimoniales y al proceso monitorio. El requerimiento de pago en el procedimiento monitorio. El juicio cambiario.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El Libro IV de la LEC regula procesos especiales para materias que requieren un cauce distinto del declarativo ordinario. El proceso monitorio permite reclamar deudas dinerarias documentadas sin límite de cuantía; el juicio cambiario, el cobro de títulos cambiarios con embargo preventivo inmediato; y los procesos matrimoniales, las crisis conyugales y las medidas sobre hijos menores, con intervención reforzada del Ministerio Fiscal cuando estos están implicados.
El proceso monitorio: casos en que procede (art. 812 LEC)
Permite reclamar deudas dinerarias, vencidas, exigibles y de cantidad determinada, de cualquier importe, cuando la deuda se acredite mediante documentos firmados por el deudor o con su sello, impronta, marca o cualquier señal física o electrónica proveniente de él, o mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax u otros documentos que, aun creados unilateralmente por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones de la clase existente entre acreedor y deudor (art. 812.1 LEC). También procede para reclamar gastos comunes de comunidades de propietarios aprobados en junta (art. 812.2).
Competencia y petición inicial del monitorio
Es competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor, o del lugar en que pueda ser hallado a efectos de requerimiento (art. 813 LEC); no se admite sumisión expresa ni tácita. La petición inicial se formula en formulario normalizado y no precisa abogado ni procurador, cualquiera que sea la cuantía, acompañada del documento en que se funda la reclamación (art. 814).
El requerimiento de pago en el monitorio (arts. 815-818 LEC)
Admitida la petición, el Letrado de la Administración de Justicia requiere al deudor para que en el plazo de veinte días pague al peticionario (acreditándolo) o comparezca ante el tribunal y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada (art. 815 LEC). Si la reclamación se funda en un contrato entre empresario o profesional y consumidor, el LAJ da cuenta al juez para que aprecie de oficio el posible carácter abusivo de las cláusulas (art. 815.4).
Falta de pago y de oposición: terminación del monitorio
Si el deudor no paga ni comparece, el LAJ dicta decreto dando por terminado el proceso monitorio y despacha ejecución por la cantidad adeudada, sin necesidad de nuevo juicio declarativo, a instancia del acreedor (art. 816 LEC). Si el deudor paga en el plazo, el LAJ lo hace constar y archiva (art. 817).
Oposición del deudor y transformación del procedimiento
Si el deudor se opone en plazo, la oposición se tramita por el juicio que corresponda: si la cuantía no excede de la fijada para el juicio verbal (15.000 euros), la oposición se resuelve directamente en juicio verbal, con sentencia que produce efectos de cosa juzgada; si excede, el acreedor debe presentar demanda en el plazo de un mes desde el traslado de la oposición, y el proceso seguirá por el juicio ordinario (art. 818 LEC). Si no presenta demanda en plazo, se sobresee y se condena en costas.
Efectos de cosa juzgada en el monitorio
El decreto que pone fin al monitorio por falta de pago y oposición no produce efectos de cosa juzgada, de modo que el deudor puede plantear después un juicio ordinario sobre la existencia de la deuda, sin perjuicio de que haya abierto directamente la vía de ejecución. La sentencia dictada tras la oposición, en cambio, sí produce cosa juzgada (arts. 816 y 818 LEC; contrastar el alcance exacto).
El proceso monitorio europeo
El Reglamento (CE) 1896/2006 permite el cobro de créditos pecuniarios no impugnados en litigios transfronterizos dentro de la UE (salvo Dinamarca); si el demandado no formula oposición en el plazo de treinta días desde la notificación, el requerimiento europeo de pago deviene ejecutivo y circula por todos los Estados miembros sin exequátur. Existe además el proceso europeo de escasa cuantía (Reglamento (CE) 861/2007, para créditos transfronterizos de hasta 5.000 euros).
El juicio cambiario: concepto y casos en que procede (arts. 819-827 LEC)
Procede para reclamar el pago de una deuda vencida, líquida y exigible que conste en letra de cambio, cheque o pagaré con los requisitos de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, en los términos de los arts. 819 y siguientes LEC (el cheque exige, además, la presentación y la constancia de impago en la forma legal).
El requerimiento de pago y el embargo preventivo en el cambiario
Presentada la demanda con el título, el tribunal ordena el requerimiento de pago y el embargo preventivo inmediato de los bienes del deudor por la cantidad reclamada más intereses, gastos y costas presupuestados, sin necesidad de que el acreedor preste caución (art. 821.1 LEC). El requerimiento puede practicarlo el Cuerpo de Auxilio Judicial.
Oposición al juicio cambiario
El deudor puede oponerse en el plazo de diez días desde el requerimiento (art. 825 LEC) por los motivos tasados de la Ley Cambiaria y del Cheque (art. 67: falta de validez de la declaración cambiaria, falta de legitimación del tenedor, extinción del crédito, entre otros) y por las causas procesales generales; si no hay oposición, el embargo preventivo se convierte en ejecutivo y se despacha ejecución. La sentencia que resuelve la oposición cambiaria produce efectos de cosa juzgada material sobre lo que haya sido objeto del juicio cambiario, a diferencia del decreto que pone fin al monitorio por incomparecencia (arts. 825 a 827 LEC).
Diferencias entre monitorio y cambiario
El monitorio admite cualquier documento habitual entre acreedor y deudor y no tiene límite de cuantía; el cambiario exige específicamente un título cambiario y ofrece de inicio embargo preventivo automático sin caución.
Concepto y clases de procesos matrimoniales
Tienen por objeto la nulidad del matrimonio, la separación y el divorcio, y sus efectos sobre los hijos y las relaciones patrimoniales. Se rigen por los arts. 748 y siguientes y 769 y siguientes de la LEC; se distingue entre procesos contenciosos (tramitados por el juicio verbal con especialidades, art. 770) y de mutuo acuerdo o a petición de un cónyuge con consentimiento del otro (art. 777), con propuesta de convenio regulador.
Competencia en los procesos matrimoniales
Es competente el Juzgado de Primera Instancia (hoy, Sección del Tribunal de Instancia) del lugar del domicilio conyugal o, en su defecto, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado según el art. 769 LEC; las normas de competencia territorial en los procesos de familia son imperativas y no admiten sumisión de las partes. Si hay hijos, se atiende a su residencia en las pretensiones sobre ellos.
Intervención del Ministerio Fiscal en procesos matrimoniales
Debe intervenir en los procesos de nulidad, separación y divorcio cuando alguno de los cónyuges o sus hijos sean menores, tengan modificada judicialmente su capacidad o discapacidad que precise apoyo, o estén en situación de ausencia legal (art. 749 LEC), siendo parte desde el inicio del proceso, con traslado de la demanda y del convenio regulador. En los procesos matrimoniales las partes no pueden disponer libremente del objeto: allanamiento, renuncia y transacción no vinculan al tribunal cuando afectan a menores.
El divorcio y la separación contenciosos
No es necesario alegar causa. Desde la reforma de 2005 (Ley 15/2005), el divorcio se decreta a petición de uno o de ambos cónyuges una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo riesgo para la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos (arts. 81 y 86 Código Civil); el divorcio no exige separación previa.
La separación y el divorcio de mutuo acuerdo
Exigen solicitud conjunta o de uno con el consentimiento del otro, y propuesta de convenio regulador (art. 777 LEC y art. 90 CC). Con hijos menores o con discapacidad que precisen apoyo, es preceptivo el informe del Ministerio Fiscal y se oye a los menores con suficiente juicio; el juez aprueba el convenio salvo que sea dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges.
El convenio regulador: contenido mínimo (art. 90 Código Civil)
El convenio regulador debe contener, como mínimo (art. 90 CC): el cuidado de los hijos sujetos a patria potestad y el régimen de visitas, la atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar, la contribución a las cargas del matrimonio y los alimentos, la liquidación del régimen económico del matrimonio y, en su caso, la pensión compensatoria.
Separación y divorcio ante notario o LAJ
Desde la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, la separación o el divorcio de mutuo acuerdo pueden formalizarse ante notario mediante escritura pública o ante Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, siempre que no existan hijos menores no emancipados ni con la capacidad modificada judicialmente o con discapacidad que precisen apoyo, que se hayan cumplido tres meses desde el matrimonio y que el convenio sea completo y se cuente con asistencia letrada obligatoria (art. 82 CC, art. 54 de la Ley del Notariado y art. 777 LEC).
Medidas provisionales previas y coetáneas a la demanda
Cabe solicitar medidas provisionales previas a la demanda (art. 771 LEC; deben confirmarse presentando la demanda en el plazo de treinta días desde su adopción, bajo pena de caducidad automática) o coetáneas, junto con la demanda (art. 773). Se resuelven en una comparecencia sobre guarda, uso de la vivienda, alimentos y contribución a las cargas.
Contenido de las medidas: guarda y custodia, visitas y alimentos
La guarda y custodia puede ser exclusiva o compartida (art. 92 CC), atendiendo al interés superior del menor; el Tribunal Supremo ha afirmado que la guarda compartida es el sistema normal y deseable (STS de 29 de abril de 2013). El régimen de visitas se fija con detalle y la pensión de alimentos a los hijos menores se fija en atención a las necesidades del hijo y a los recursos del obligado (arts. 93 y 142 y ss. CC): el derecho a alimentos es irrenunciable (art. 151 CC), aunque las pensiones atrasadas prescriben a los cinco años (art. 1966 CC), y el tribunal se pronuncia sobre ellas de oficio.
Uso de la vivienda familiar y pensión compensatoria
El uso de la vivienda se atribuye preferentemente a los hijos menores y al progenitor a cuyo cargo queden; la pensión compensatoria (art. 97 CC) compensa el desequilibrio económico derivado de la ruptura y solo se fija a instancia de parte.
Ejecución de las medidas de carácter personal y patrimonial
Las medidas personales (entrega de menores, régimen de visitas) se ejecutan mediante multas coercitivas y, en su caso, el auxilio de la fuerza pública, y el incumplimiento reiterado puede dar lugar a la modificación de las medidas (art. 776 LEC). Las patrimoniales (pensiones impagadas) se ejecutan conforme a las reglas de la ejecución dineraria; la limitación de inembargabilidad del art. 607 no es aplicable cuando se ejecutan condenas al pago de alimentos (art. 608 LEC).
Modificación de medidas definitivas
Las medidas definitivas pueden modificarse cuando se alteren sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al acordarlas (art. 90.3 CC y art. 775 LEC), por el cauce del juicio verbal o, si hay acuerdo, por vía del convenio; la carga de la prueba del cambio corresponde a quien insta la modificación.
Crisis de las uniones estables de pareja o parejas de hecho
No hay vínculo matrimonial que disolver, por lo que no se aplican los procesos de nulidad, separación y divorcio. Sin embargo, las pretensiones sobre guarda y custodia de hijos menores y sobre alimentos reclamados por un progenitor en nombre de los hijos, aunque los progenitores no estén casados, se tramitan por los procesos especiales de familia (arts. 748.4 y 770 LEC), con intervención del Ministerio Fiscal. Los efectos económicos entre los convivientes se rigen por el pacto o la normativa autonómica aplicable.
Recursos contra la sentencia matrimonial
Cabe apelación conforme a las reglas generales, si bien los recursos no suspenden la eficacia de las medidas adoptadas en la sentencia relativas a los hijos ni, en general, las medidas definitivas, que se llevan a efecto pese a la pendencia del recurso (art. 774 LEC).
Presupuestos de la petición monitoria y examen del LAJ
El Letrado de la Administración de Justicia examina que la petición cumple los requisitos formales del formulario, que el documento aportado es de los previstos en el art. 812 y que la competencia territorial es correcta; si hay defectos subsanables concede un plazo, y si la petición no es admisible o falta el documento idóneo da cuenta al juez para que dicte el auto de inadmisión. El tramitador comprueba la identificación del deudor y su domicilio y prepara la cédula de requerimiento.
El requerimiento de pago: forma y contenido
El requerimiento se practica personalmente en el domicilio del deudor (o en el lugar en que pueda ser hallado), por el Cuerpo de Auxilio Judicial o por el medio que el LAJ acuerde, y debe indicar de forma clara el plazo de veinte días hábiles, las consecuencias de no comparecer (despacho de ejecución) y la necesidad de abogado y procurador para formular oposición cuando la cuantía lo exija. En el monitorio no es posible la notificación edictal salvo que la ley la autorice expresamente.
Ejecución derivada del monitorio
El decreto que da por terminado el monitorio es título que permite despachar ejecución por la cantidad reclamada, intereses y costas, sin que el deudor pueda oponerse en la ejecución salvo las causas que la ley mantiene (principalmente el carácter abusivo de cláusulas contractuales, tras la jurisprudencia del TJUE y el art. 815.4). En la ejecución se aplican las reglas generales de embargo del tema 17.
Costas en el monitorio
Cuando el deudor paga en el plazo, no se imponen costas al deudor salvo que el pago se hiciera tras requerimiento judicial; cuando el deudor se opone y pierde, se imponen las costas del juicio posterior conforme a las reglas generales (art. 394 LEC). Si el acreedor no presenta demanda en plazo tras la oposición, se le condena a las costas de la oposición.
Cuadro comparativo: monitorio, cambiario y verbal
Monitorio: sin límite de cuantía, sin postulación en la petición inicial, requerimiento de pago en 20 días y paso directo a ejecución si no hay oposición. Cambiario: exige letra, cheque o pagaré, embargo preventivo inmediato y oposición en 10 días. Verbal de reclamación: cuantía hasta 15.000 euros, demanda sucinta, vista y sentencia en 10 días. La elección del cauce depende del documento que posea el acreedor.
El pagaré, la letra y el cheque
La letra de cambio es una orden de pago del librador al librado a favor del tomador; el pagaré es una promesa de pago del firmante; el cheque es una orden de pago contra una provisión de fondos en una entidad de crédito. La Ley 19/1985 regula los requisitos formales de cada título (denominación, mandato o promesa de pago, vencimiento, lugar de pago, firma). Un título que no cumpla los requisitos puede valer, en su caso, como documento ordinario en el proceso monitorio.
Acción cambiaria y protesto
La acción cambiaria se ejercita contra los firmantes del título (librador, aceptante, endosantes, avalistas). El protesto o la declaración equivalente acredita la falta de aceptación o de pago y es necesario para ejercer la acción cambiaria contra los endosantes y garantes; los plazos de prescripción de la acción cambiaria son breves (en la letra, tres años desde el vencimiento contra el aceptante, art. 88 Ley Cambiaria).
Procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores: reglas comunes (arts. 748 y ss. LEC)
Se aplican a estos procesos reglas comunes: intervención del Ministerio Fiscal cuando proceda (art. 749), indisponibilidad del objeto (arts. 751 y 752), prueba de oficio, posibilidad de excluir la publicidad de las actuaciones (art. 754) y la exploración de los menores (art. 777 y art. 9 LO 1/1996). El tribunal no queda vinculado por la conformidad o el allanamiento de las partes sobre aspectos indisponibles.
Violencia sobre la mujer y competencia civil
En los casos de violencia de género, los Juzgados (hoy Secciones) de Violencia sobre la Mujer conocen de los procesos civiles de nulidad, separación, divorcio y medidas sobre hijos cuando concurran los requisitos del art. 87 ter LOPJ (víctima, relación entre las partes y procedimiento penal en curso). Cuando existe orden de protección, las medidas civiles de la misma tienen una vigencia limitada, que debe confirmarse con la demanda en el plazo de treinta días.
Liquidación del régimen económico matrimonial
Disuelto el matrimonio, la liquidación del régimen económico (gananciales o participación) se tramita conforme a los arts. 806 a 811 LEC: se solicita la formación de inventario, el LAJ convoca a las partes a una comparecencia, y si hay desacuerdo se resuelve en juicio verbal. La liquidación es independiente del proceso de divorcio y puede hacerse de mutuo acuerdo ante notario.
Mediación familiar y puntos de encuentro
La mediación familiar y los puntos de encuentro familiar son recursos de apoyo en la ejecución de las medidas sobre menores: permiten cumplir el régimen de visitas con intervención profesional neutral cuando existe conflicto. A partir de la Ley 1/2025, el intento de MASC es requisito de procedibilidad en los asuntos de familia que versen sobre materias disponibles (por ejemplo, reclamaciones económicas entre cónyuges), no en las cuestiones indisponibles relativas a menores.
Papel del Cuerpo de Tramitación en los procesos monitorio y de familia
El tramitador registra la petición o la demanda, revisa la documentación aportada, prepara los decretos de admisión y de terminación del monitorio, confecciona los requerimientos y cédulas de citación, tramita los traslados al Ministerio Fiscal, señala las comparecencias de medidas provisionales y documenta las actuaciones. En los asuntos de familia, la confidencialidad y el cuidado en los datos de menores son esenciales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El proceso monitorio permite reclamar deudas dinerarias de cualquier importe acreditadas por documentos que habitualmente documenten la relación entre acreedor y deudor (art. 812 LEC); no requiere abogado ni procurador para la petición inicial.
El proceso monitorio NO tiene límite de cuantía; el juicio cambiario exige específicamente un título cambiario (letra, cheque o pagaré).
En el monitorio, si el deudor no paga ni se opone en 20 días, el LAJ dicta decreto y se pasa directamente a ejecución sin necesidad de juicio declarativo.
Si el deudor se opone al monitorio, el asunto se resuelve por juicio verbal cuando la cuantía no excede del límite del verbal (15.000 euros) o, si lo excede, el acreedor debe presentar demanda en el plazo de un mes (art. 818 LEC).
El decreto que pone fin al monitorio por incomparecencia no produce cosa juzgada, a diferencia de la sentencia dictada tras la oposición.
En el cambiario, el tribunal ordena el embargo preventivo de inmediato sin exigir caución al acreedor, a diferencia de las medidas cautelares ordinarias (art. 821.1 LEC).
El deudor puede oponerse al cambiario en 10 días por los motivos tasados del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque; la sentencia que resuelve la oposición produce cosa juzgada material (arts. 825-827 LEC).
Los procesos matrimoniales distinguen entre contenciosos (juicio verbal con especialidades, arts. 770 y ss. LEC) y de mutuo acuerdo, con propuesta de convenio regulador.
En los procesos matrimoniales con hijos menores, personas con discapacidad o ausentes, la intervención del Ministerio Fiscal es siempre preceptiva desde el inicio.
Desde la reforma de 2005, el divorcio no exige alegar causa ni separación previa, bastando el transcurso de tres meses desde el matrimonio (salvo riesgo para la vida o integridad).
Desde 2015, sin hijos menores ni personas con discapacidad que precisen apoyo, la separación o el divorcio pueden formalizarse ante Notario o mediante decreto del LAJ, con asistencia letrada obligatoria.
La pensión de alimentos a los hijos menores se fija de oficio; el derecho es irrenunciable y las pensiones atrasadas prescriben a los cinco años.
Las medidas patrimoniales (pensiones impagadas) se ejecutan conforme a las reglas de la ejecución dineraria, sin las limitaciones de inembargabilidad del art. 607 LEC.
Cabe apelación contra la sentencia matrimonial, pero no suspende la ejecutividad de las medidas relativas a los hijos ni, en general, de las medidas definitivas.
Trampa: en el monitorio no hay límite de cuantía, pero el cambiario exige un título cambiario (letra, cheque o pagaré).
Monitorio: si el deudor se opone, la cuantía determina el cauce: hasta el límite del verbal (15.000 euros) directamente a juicio verbal; por encima, demanda del acreedor en un mes.
Monitorio europeo: oposición en 30 días (Reglamento 1896/2006); EEP: créditos transfronterizos de hasta 5.000 euros (Reglamento 861/2007).
Divorcio sin causa: basta que hayan transcurrido tres meses desde el matrimonio (art. 86 CC), salvo riesgo para el cónyuge demandante o los hijos.
Separación o divorcio notarial/ante LAJ: sin hijos menores ni con capacidad modificada o discapacidad que precisen apoyo, y con asistencia letrada (Ley 15/2015).
Medidas previas a la demanda: confirmar con la demanda en 30 días (art. 771 LEC); medidas cautelares ordinarias previas: 20 días (art. 730).
El derecho de alimentos es irrenunciable (art. 151 CC); las pensiones atrasadas prescriben a los cinco años (art. 1966 CC); el art. 607 LEC no se aplica a la ejecución de alimentos (art. 608).
Las parejas de hecho con hijos: se aplican los procesos especiales de familia a las medidas sobre hijos (art. 748.4 LEC).
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Pregunta 1 de 130 aciertos
En el monitorio, si el deudor se opone y la cuantía no excede de 15.000 euros, ¿cómo se resuelve el asunto?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 18 de Tramitación Procesal (Justicia)?
El Libro IV de la LEC regula procesos especiales para materias que requieren un cauce distinto del declarativo ordinario. El proceso monitorio permite reclamar deudas dinerarias documentadas sin límite de cuantía; el juicio cambiario, el cobro de títulos cambiarios con embargo preventivo inmediato; y los procesos matrimoniales, las crisis conyugales y las medidas sobre hijos menores, con intervención reforzada del Ministerio Fiscal cuando estos están implicados.
¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?
El proceso monitorio permite reclamar deudas dinerarias de cualquier importe acreditadas por documentos que habitualmente documenten la relación entre acreedor y deudor (art. 812 LEC); no requiere abogado ni procurador para la petición inicial. El proceso monitorio NO tiene límite de cuantía; el juicio cambiario exige específicamente un título cambiario (letra, cheque o pagaré). En el monitorio, si el deudor no paga ni se opone en 20 días, el LAJ dicta decreto y se pasa directamente a ejecución sin necesidad de juicio declarativo. Si el deudor se opone al monitorio, el asunto se resuelve por juicio verbal cuando la cuantía no excede del límite del verbal (15.000 euros) o, si lo excede, el acreedor debe presentar demanda en el plazo de un mes (art. 818 LEC). El decreto que pone fin al monitorio por incomparecencia no produce cosa juzgada, a diferencia de la sentencia dictada tras la oposición. En el cambiario, el tribunal ordena el embargo preventivo de inmediato sin exigir caución al acreedor, a diferencia de las medidas cautelares ordinarias (art. 821.1 LEC). El deudor puede oponerse al cambiario en 10 días por los motivos tasados del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque; la sentencia que resuelve la oposición produce cosa juzgada material (arts. 825-827 LEC). Los procesos matrimoniales distinguen entre contenciosos (juicio verbal con especialidades, arts. 770 y ss. LEC) y de mutuo acuerdo, con propuesta de convenio regulador. En los procesos matrimoniales con hijos menores, personas con discapacidad o ausentes, la intervención del Ministerio Fiscal es siempre preceptiva desde el inicio. Desde la reforma de 2005, el divorcio no exige alegar causa ni separación previa, bastando el transcurso de tres meses desde el matrimonio (salvo riesgo para la vida o integridad). Desde 2015, sin hijos menores ni personas con discapacidad que precisen apoyo, la separación o el divorcio pueden formalizarse ante Notario o mediante decreto del LAJ, con asistencia letrada obligatoria. La pensión de alimentos a los hijos menores se fija de oficio; el derecho es irrenunciable y las pensiones atrasadas prescriben a los cinco años. Las medidas patrimoniales (pensiones impagadas) se ejecutan conforme a las reglas de la ejecución dineraria, sin las limitaciones de inembargabilidad del art. 607 LEC. Cabe apelación contra la sentencia matrimonial, pero no suspende la ejecutividad de las medidas relativas a los hijos ni, en general, de las medidas definitivas. Trampa: en el monitorio no hay límite de cuantía, pero el cambiario exige un título cambiario (letra, cheque o pagaré). Monitorio: si el deudor se opone, la cuantía determina el cauce: hasta el límite del verbal (15.000 euros) directamente a juicio verbal; por encima, demanda del acreedor en un mes. Monitorio europeo: oposición en 30 días (Reglamento 1896/2006); EEP: créditos transfronterizos de hasta 5.000 euros (Reglamento 861/2007). Divorcio sin causa: basta que hayan transcurrido tres meses desde el matrimonio (art. 86 CC), salvo riesgo para el cónyuge demandante o los hijos. Separación o divorcio notarial/ante LAJ: sin hijos menores ni con capacidad modificada o discapacidad que precisen apoyo, y con asistencia letrada (Ley 15/2015). Medidas previas a la demanda: confirmar con la demanda en 30 días (art. 771 LEC); medidas cautelares ordinarias previas: 20 días (art. 730). El derecho de alimentos es irrenunciable (art. 151 CC); las pensiones atrasadas prescriben a los cinco años (art. 1966 CC); el art. 607 LEC no se aplica a la ejecución de alimentos (art. 608). Las parejas de hecho con hijos: se aplican los procesos especiales de familia a las medidas sobre hijos (art. 748.4 LEC).
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323): arts. 748-755, 769-778, 806-811, 812-818 y 819-827.
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.