30 preguntas verificadas · 30 con cita de artículo · 29 artículos distintos citados
Artículo 17.4🥇 2 preguntas
La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Se pregunta el nombre exacto de la institución ('habeas corpus', con esa grafía y comillas latinas en el texto oficial) y su finalidad: producir la inmediata puesta a disposición judicial de una persona detenida ILEGALMENTE —no de cualquier detenido, solo de quien lo está de forma contraria a derecho—. Suele confundirse con el recurso de amparo del art. 53.2 (protege cualquier derecho fundamental de los arts. 14 a 30 ante el Tribunal Constitucional, no solo la libertad) y con la prisión provisional, que el propio art. 17.4 menciona en su segunda frase: la ley (no la Constitución directamente) determinará su plazo máximo de duración. Tres figuras distintas en un mismo apartado que el examen tipo test disfruta mezclando.
Ver página propia del artículo 17.4 →Artículo 1🥈 1 pregunta
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Es el artículo más preguntado de toda la Constitución. Hay que memorizar literalmente los cuatro valores superiores (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) sin confundirlos con los 'principios' del art. 9.3, que son otra lista distinta (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas...). El apartado 1 define el modelo de Estado con tres calificativos a la vez —social, democrático y de Derecho—, cada uno con su propio significado: 'social' remite a la intervención pública en la economía y a los derechos prestacionales (conectado con el art. 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover condiciones de igualdad real); 'democrático' remite a la soberanía popular del apartado 2; y 'de Derecho' remite al sometimiento del poder a la ley. El apartado 2 ('la soberanía nacional reside en el pueblo español') suele preguntarse distinguiéndolo de la titularidad de la Corona, que no es soberana sino que reina por la Constitución (art. 56). El apartado 3 fija la forma política —Monarquía parlamentaria—, un dato que se confunde a menudo con 'Monarquía constitucional' o con 'Jefatura del Estado', términos que no usa el texto.
Ver página propia del artículo 1 →Artículo 2🥉 1 pregunta
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Examina el equilibrio entre dos principios que conviven en el mismo artículo: la unidad indisoluble de la Nación española (patria común e indivisible) y el reconocimiento del derecho a la autonomía. Suelen tender trampas cambiando 'nacionalidades y regiones' —el término histórico y político que usa el art. 2— por 'Comunidades Autónomas', que es la denominación jurídico-administrativa que aparece más adelante, a partir del Título VIII (arts. 137 y siguientes), cuando esas nacionalidades y regiones se constituyen formalmente. También se pregunta el tercer elemento del artículo, la solidaridad entre todas ellas, que a veces se olvida por ir al final de la frase y quedar eclipsado por 'unidad' y 'autonomía'.
Ver página propia del artículo 2 →Artículo 3#4 1 pregunta
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Clave distinguir que solo el castellano lleva aparejados un deber (conocerla) y un derecho (usarla) para todos los españoles en todo el territorio; las demás lenguas españolas son oficiales únicamente 'en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos', nunca en el conjunto del Estado. Es un error de examen muy típico afirmar que 'todas las lenguas españolas son oficiales en toda España' o que existe también un deber de conocer las lenguas cooficiales: el texto solo impone deber respecto al castellano. El apartado 3, sobre la riqueza de las modalidades lingüísticas como 'patrimonio cultural... objeto de especial respeto y protección', suele confundirse con el reconocimiento de oficialidad del apartado 2, cuando en realidad habla de algo distinto: protección cultural, no estatuto jurídico de lengua oficial.
Ver página propia del artículo 3 →Artículo 4#5 1 pregunta
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Pregunta clásica de memorización literal: la proporción exacta de las franjas (amarilla el doble de ancha que cada una de las rojas) es el dato que más se examina, y suele plantearse también al revés preguntando qué franja es más estrecha. El apartado 2, que a menudo se ignora por centrarse todos en el 4.1, es igual de preguntable: los Estatutos de Autonomía 'podrán reconocer' banderas propias (es potestativo, no obligatorio), y esas banderas autonómicas se usan siempre junto a la de España en edificios y actos oficiales, nunca en su lugar. Este artículo suele compararse con el art. 5 por su brevedad casi telegráfica, y ambos se usan como preguntas 'de relleno' para comprobar que el opositor domina la numeración exacta del Título Preliminar.
Ver página propia del artículo 4 →Artículo 5#6 1 pregunta
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Artículo brevísimo (una sola frase) pero muy preguntado como pregunta 'de relleno' —'¿qué artículo dice que la capital es Madrid?'— precisamente por su simplicidad, que hace fácil confundir el número con el art. 4 (bandera) o el art. 6 (partidos), sus vecinos igual de cortos. No hay que memorizar nada más allá del número y el texto exacto: es de los pocos artículos de la Constitución que no admite matices ni excepciones, y por eso mismo el examen no puede preguntar 'trampas' sobre su contenido, solo sobre su ubicación en el articulado.
Ver página propia del artículo 5 →Artículo 6#7 1 pregunta
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Se suele comparar con el art. 7 (sindicatos y asociaciones empresariales) y con el art. 36 (Colegios Profesionales), que comparten casi la misma redacción: los tres exigen 'estructura interna y funcionamiento democráticos'. El examen busca que el opositor detecte a qué sujeto se refiere cada artículo cuando la pregunta cambia solo el sustantivo (partidos / sindicatos y patronal / colegios profesionales). Del art. 6 conviene retener las tres funciones que la Constitución atribuye a los partidos: expresar el pluralismo político, concurrir a la formación de la voluntad popular, y ser instrumento de participación política —una lista cerrada que también se pregunta literalmente.
Ver página propia del artículo 6 →Artículo 8.1#8 1 pregunta
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Hay que memorizar los tres ejércitos exactos (Tierra, Armada, Ejército del Aire) y las cuatro misiones en su orden literal (garantizar la soberanía e independencia de España, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional). El error más repetido en examen es incluir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional entre las Fuerzas Armadas: ambos son Cuerpos y Fuerzas de Seguridad regulados en el art. 104, de naturaleza distinta (dependen de Interior, no de Defensa, salvo la Guardia Civil en su vertiente militar). También se pregunta con frecuencia el apartado 2 del mismo art. 8 (no reproducido aquí), que remite a una ley orgánica para regular las bases de la organización militar.
Ver página propia del artículo 8.1 →Artículo 9.3#9 1 pregunta
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Lista cerrada de siete principios que se pregunta literalmente y en el orden exacto del artículo: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El error típico de los exámenes es invertir 'irretroactividad' por 'retroactividad': lo que garantiza la Constitución es que las normas sancionadoras desfavorables NO se apliquen hacia atrás, mientras que las normas favorables sí pueden ser retroactivas (esa es la regla general del Derecho sancionador, aunque no la diga este artículo). No hay que confundir esta lista con los cuatro valores superiores del art. 1.1 (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político): son dos listas distintas que suelen mezclarse en preguntas de opción múltiple.
Ver página propia del artículo 9.3 →Artículo 14#10 1 pregunta
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Abre el Capítulo II (Derechos y libertades) del Título I, antes de dividirse en la Sección 1ª (arts. 15-29, con protección reforzada) y la Sección 2ª (arts. 30-38); el art. 14 es un derecho autónomo, no está dentro de ninguna de las dos secciones, aunque comparte protección jurisdiccional con la Sección 1ª. Se pregunta como hueco literal por la lista exacta de causas de discriminación prohibidas: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social —esta cláusula final abierta ('cualquier otra...') es clave, porque convierte la lista en enunciativa y no cerrada, algo que algunas opciones de examen intentan negar.
Ver página propia del artículo 14 →Artículo 15#11 1 pregunta
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
La trampa habitual es afirmar que la pena de muerte está abolida 'sin excepción': el propio texto constitucional reserva la excepción de las leyes penales militares en tiempo de guerra. Esa excepción ya no tiene aplicación práctica porque la legislación penal militar la eliminó por ley ordinaria hace años, pero el artículo 15 de la Constitución en sí mismo no se ha reformado y sigue mencionándola —el examen pregunta el texto constitucional literal, no la legislación de desarrollo vigente. El artículo protege tres cosas distintas en una sola frase: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, y la prohibición absoluta (sin ninguna excepción, a diferencia de la pena de muerte) de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes.
Ver página propia del artículo 15 →Artículo 16.3#12 1 pregunta
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
España es aconfesional pero no laica en sentido estricto: el artículo obliga expresamente a los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación, dato que se pregunta con mucha frecuencia porque contradice la idea intuitiva de separación total Iglesia-Estado. La trampa más repetida es responder que 'se prohíbe cualquier relación con confesiones religiosas' o que 'el catolicismo es la religión oficial' —ninguna de las dos es correcta: ninguna confesión tiene carácter estatal (aconfesionalidad), pero se cita expresamente a la Iglesia Católica junto a 'las demás confesiones' como destinatarias de esa cooperación, sin que eso suponga oficialidad. Este apartado 3 es el único del art. 16 que suele preguntarse; los apartados 1 y 2 (libertad religiosa individual y secreto de creencias) se examinan menos.
Ver página propia del artículo 16.3 →Artículo 18.2#13 1 pregunta
El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Las tres únicas vías de entrada legal en un domicilio (consentimiento del titular, resolución judicial, o flagrante delito) son objeto de pregunta directa y de huecos, y conviene memorizarlas como lista cerrada: no cabe entrar por orden de un agente de policía sin más, ni por simple sospecha de actividad delictiva si no hay flagrancia. El concepto de 'flagrante delito' exige que el delito se esté cometiendo o se acabe de cometer en el momento, con el autor sorprendido en ese instante o en circunstancias que hagan evidente su participación inmediata —no vale una investigación previa que concluya horas después. Este artículo (18.2) suele estudiarse junto al 18.3, que protege de forma parecida el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial, para no confundir ambos regímenes de garantía.
Ver página propia del artículo 18.2 →Artículo 19#14 1 pregunta
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
La cláusula final ('no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos') es el matiz que más se examina, porque no significa que el derecho sea absoluto: el propio artículo admite que se ejerza 'en los términos que la ley establezca' (por ejemplo, restricciones judiciales en un proceso penal), solo prohíbe expresamente que la limitación tenga causa política o ideológica. El artículo reconoce en realidad dos derechos distintos dentro del mismo párrafo: la libertad de residencia y circulación dentro de España (sin necesidad de ley que lo habilite expresamente) y el derecho a entrar y salir libremente del país, este último sí sujeto a lo que la ley determine en cuanto a su forma de ejercicio (pasaporte, controles fronterizos, etc.).
Ver página propia del artículo 19 →Artículo 20#15 1 pregunta
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Artículo extenso con cinco apartados y de los más preguntados del Capítulo II; el examen suele separar bien el derecho a la información 'veraz' (apartado 1.d, exigible solo a quien informa, no a quien opina) de la prohibición absoluta de censura previa (apartado 2, sin excepciones), y el hecho de que el secuestro de publicaciones solo cabe por resolución judicial (apartado 5, nunca por decisión gubernativa). El apartado 4 —los límites de estas libertades en el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia— es otra lista cerrada que se pregunta literalmente y que suele combinarse con el art. 18.1 (que reconoce esos mismos derechos al honor, intimidad y propia imagen como derecho autónomo, no solo como límite de la libertad de expresión). Cuatro derechos distintos en el apartado 1 (expresar y difundir pensamientos, producción y creación científica/artística, libertad de cátedra, y comunicar/recibir información) que conviene no fundir en uno solo.
Ver página propia del artículo 20 →Artículo 21#16 1 pregunta
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Trampa muy repetida: el derecho de reunión NO necesita autorización previa en ningún caso; solo exige comunicación previa a la autoridad cuando se trata de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones —y comunicar no es pedir permiso, es simplemente avisar—. El examen busca que se confunda 'comunicación' con 'autorización', invirtiendo la regla general (libre ejercicio) con la excepción (aviso previo en la vía pública). Otro matiz clave: la autoridad solo puede prohibir la reunión cuando existan 'razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes' —un motivo tasado y cualificado, no una prohibición discrecional por cualquier molestia o inconveniente que genere la reunión.
Ver página propia del artículo 21 →Artículo 23#17 1 pregunta
Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Es el fundamento constitucional del acceso a la función pública en condiciones de igualdad, muy citado junto al art. 103.3 (que remite a la ley el estatuto de los funcionarios y el régimen de acceso según mérito y capacidad) en oposiciones de administración general — ambos artículos suelen aparecer combinados: el 23.2 reconoce el derecho a acceder en igualdad, y el 103.3 es la norma que desarrolla cómo (mérito y capacidad). El artículo recoge en realidad dos derechos de participación política distintos: el derecho a participar en asuntos públicos, directa o por representación (apartado que conecta con el sufragio del art. 68 y siguientes), y el derecho de acceso a funciones y cargos públicos en igualdad, que es el que más se pregunta fuera del ámbito estrictamente electoral.
Ver página propia del artículo 23 →Artículo 24#18 1 pregunta
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Concentra las garantías procesales básicas en un solo artículo muy largo; conviene tener claro qué derechos SÍ menciona literalmente (tutela judicial efectiva sin indefensión, juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, información de la acusación, proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, uso de medios de prueba pertinentes, no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, y presunción de inocencia) frente a otros que NO aparecen expresamente en este texto, como el derecho a la doble instancia penal (que sí reconocen tratados internacionales suscritos por España, pero no lo formula así el art. 24 de forma literal). La última frase del artículo —dispensa de declarar por parentesco o secreto profesional, remitida a la ley— es otro dato que se pregunta y que suele pasar desapercibido frente a la lista de garantías anterior, más vistosa.
Ver página propia del artículo 24 →Artículo 25.1#19 1 pregunta
Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
Es la formulación constitucional del principio de legalidad penal y administrativa sancionadora (relacionado con la máxima 'nullum crimen, nulla poena sine lege'); se pregunta comparándolo con el art. 9.3, que ya garantiza de forma general la irretroactividad de normas sancionadoras desfavorables —el 25.1 es la aplicación específica de esa garantía al ámbito penal, de faltas y de infracciones administrativas—. El dato clave es que exige que la acción u omisión constituya delito, falta O infracción administrativa 'según la legislación vigente en aquel momento': la ley que se aplica es la vigente cuando ocurrieron los hechos, no una ley posterior más severa, aunque si la ley posterior es más favorable al reo sí puede aplicarse retroactivamente (regla que no está en este artículo, pero que se pregunta como contraste).
Ver página propia del artículo 25.1 →Artículo 27.4#20 1 pregunta
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Frase corta y muy citada dentro del art. 27, uno de los más largos y complejos de la Constitución (regula el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la creación de centros docentes, la participación en su control y gestión, y la autonomía universitaria, entre otros apartados). El apartado 4 se examina distinguiéndolo del resto: solo la enseñanza BÁSICA es obligatoria y gratuita, no toda la enseñanza en general, y esa gratuidad no se extiende automáticamente a la libertad de creación de centros docentes (apartado 6) ni a la libertad de cátedra (apartado 10, y también recogida en el art. 20.1.c), que son derechos distintos dentro del mismo artículo. Otro matiz preguntado: 'enseñanza básica' no es un sinónimo constitucional fijo de una etapa educativa concreta —su extensión exacta (edades, cursos) la determina la legislación educativa de cada momento, no la Constitución.
Ver página propia del artículo 27.4 →Artículo 28#21 1 pregunta
Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Contiene dos derechos distintos en un mismo artículo, cada uno en su apartado: libertad sindical (apartado 1) y derecho de huelga (apartado 2); el examen suele preguntar cuál de los dos es cuál, y también cuál de los dos puede limitarse para las Fuerzas o Institutos armados y Cuerpos sometidos a disciplina militar —solo la libertad sindical del apartado 1 prevé esa posible limitación o exceptuación expresa, mientras que el derecho de huelga del apartado 2 se reconoce en términos generales 'de los trabajadores', sin esa mención específica a los cuerpos militares (aunque en la práctica también les esté vedado por su régimen disciplinario propio). Dentro del apartado 1, la libertad sindical incluye tres facultades que se preguntan como lista: fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, formar confederaciones y fundar u afiliarse a organizaciones sindicales internacionales, y la garantía de que nadie puede ser obligado a afiliarse (libertad sindical negativa).
Ver página propia del artículo 28 →Artículo 29#22 1 pregunta
Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
La restricción a los militares —solo de forma individual, nunca colectiva, y con arreglo a su legislación específica— es el dato que más se examina, por contraste con la regla general del primer inciso, que sí permite el ejercicio individual Y colectivo del derecho de petición a cualquier español. Es un derecho reservado a 'los españoles' (no a 'todas las personas', como otros artículos del Capítulo II), matiz que a veces se pregunta por comparación con artículos como el 24 (tutela judicial) que sí se reconocen a 'todas las personas'. La remisión final a que la ley determine 'la forma y con los efectos' del derecho de petición indica que es un derecho de configuración legal en cuanto a su procedimiento, aunque el derecho en sí nace directamente de la Constitución.
Ver página propia del artículo 29 →Artículo 30#23 1 pregunta
Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Cierra la Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38, derechos de los ciudadanos con menor nivel de protección procesal que la Sección 1ª); se pregunta mucho la 'prestación social sustitutoria' vinculada a la objeción de conciencia frente al servicio militar —aunque el servicio militar obligatorio y esa prestación sustitutoria ya no están en vigor en España desde su profesionalización, el texto constitucional los sigue mencionando y el examen pregunta la letra vigente de la Constitución, no la legislación posterior que los suspendió—. El artículo formula, igual que el art. 35 con el trabajo, un binomio derecho-deber ('derecho y deber de defender a España'). También recoge dos figuras adicionales que suelen olvidarse por ir al final: la posibilidad de un servicio civil para fines de interés general, y la habilitación para que la ley regule deberes ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Ver página propia del artículo 30 →Artículo 31.1#24 1 pregunta
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Tres principios literales muy preguntados, en este orden: igualdad, progresividad y prohibición de alcance confiscatorio; suele combinarse en la misma pregunta con el criterio de reparto de la carga tributaria, que no es la igualdad formal sino la 'capacidad económica' de cada contribuyente —el sistema es progresivo (quien más tiene, más paga proporcionalmente), pero nunca puede llegar a ser confiscatorio, es decir, no puede absorber la totalidad o una parte sustancial de la renta o patrimonio del contribuyente. Conviene no confundir 'progresividad' con 'proporcionalidad': un sistema proporcional aplica el mismo porcentaje a todos, mientras que uno progresivo aumenta el porcentaje según aumenta la base imponible, y es este segundo modelo el que exige el art. 31.1.
Ver página propia del artículo 31.1 →Artículo 33#25 1 pregunta
Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
El concepto clave examinado es que la 'función social' de la propiedad y la herencia delimita el contenido de esos derechos —no es un límite externo que se les superponga, sino algo que forma parte de su propia definición constitucional, una idea que distingue el modelo español del de propiedad absoluta anterior—. El apartado 3 regula la expropiación forzosa y exige tres requisitos acumulativos que se preguntan como lista cerrada: causa justificada de utilidad pública o interés social, la correspondiente indemnización, y que se haga de conformidad con lo dispuesto en las leyes; si falta cualquiera de los tres, la privación de bienes sería inconstitucional. Se suele comparar con el art. 128.1 (subordinación de toda la riqueza del país al interés general), que expresa una idea de fondo parecida aplicada a la economía en su conjunto.
Ver página propia del artículo 33 →Artículo 35#26 1 pregunta
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Es, junto al art. 30 (defender a España), de los pocos artículos que formulan un deber y un derecho conjuntamente ('deber de trabajar y derecho al trabajo'); la prohibición de discriminación 'por razón de sexo' es el dato más preguntado, y llama la atención que sea la única causa de discriminación que menciona este artículo en concreto (a diferencia de la lista abierta y más amplia del art. 14). El artículo enumera cuatro derechos distintos vinculados al trabajo que conviene distinguir: el derecho al trabajo en sí, la libre elección de profesión u oficio, la promoción a través del trabajo, y una remuneración suficiente para las necesidades propias y familiares — y cierra remitiendo a la ley la regulación de un 'estatuto de los trabajadores', que dio nombre a la norma laboral básica española.
Ver página propia del artículo 35 →Artículo 97#27 1 pregunta
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Artículo de cabecera del Título IV, muy preguntado en oposiciones de administración general por enumerar de forma cerrada las funciones del Gobierno en dos frases: la primera describe lo que el Gobierno DIRIGE (política interior y exterior, Administración civil y militar, y la defensa del Estado), y la segunda lo que EJERCE (la función ejecutiva y la potestad reglamentaria). El examen tipo test suele mezclar ambas listas para comprobar si el opositor distingue 'dirigir' de 'ejercer': por ejemplo, preguntando si el Gobierno 'dirige' la potestad reglamentaria (no, la ejerce) o si 'ejerce' la Administración militar (no, la dirige). Este artículo se complementa con el art. 98 (composición del Gobierno: Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley) y con el art. 99 (procedimiento de investidura del Presidente), que suelen estudiarse juntos.
Ver página propia del artículo 97 →Artículo 103.1#28 1 pregunta
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Uno de los artículos más preguntados en cualquier oposición de la Administración: hay que memorizar los cinco principios de actuación en orden literal (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación) y la cláusula final de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, que suele olvidarse por ir después de la lista de cinco principios. Es habitual que el examen añada un sexto principio inventado (como 'transparencia' o 'proximidad', que sí aparecen en otras normas administrativas pero NO en el texto literal del art. 103.1) para comprobar si el opositor conoce la lista cerrada exacta. Conviene distinguir bien 'descentralización' (transferencia de competencias a otra Administración distinta, con personalidad jurídica propia) de 'desconcentración' (transferencia de competencias a un órgano inferior dentro de la MISMA Administración), confusión clásica de examen que este mismo artículo pone una al lado de la otra.
Ver página propia del artículo 103.1 →Artículo 117.1#29 1 pregunta
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Fija los cuatro atributos constitucionales de Jueces y Magistrados en orden literal —independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley—, lista cerrada muy preguntada palabra por palabra, incluido el orden exacto. La frase inicial ('la justicia emana del pueblo') es la base constitucional del principio de legitimación democrática de la justicia, mientras que se administra 'en nombre del Rey', una fórmula histórica que no implica que el Rey tenga función jurisdiccional alguna —el Rey no juzga ni ejecuta lo juzgado, solo presta su nombre a los actos judiciales de forma simbólica—. La 'inamovilidad' es el atributo que más se pregunta por contraste con otros cargos públicos de libre designación: un Juez o Magistrado no puede ser separado, suspendido, trasladado ni jubilado sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (art. 117.2), lo que protege su independencia frente a presiones externas.
Ver página propia del artículo 117.1 →Artículo 7
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Redacción gemela del art. 6, pero referida a sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en vez de a partidos políticos; trampa habitual en preguntas de 'qué artículo regula...' cuando el enunciado cita literalmente la frase sobre estructura interna democrática y hay que decidir si el sujeto son partidos (art. 6), sindicatos/patronal (art. 7) o colegios profesionales (art. 36). A diferencia de la libertad sindical individual del art. 28.1 (derecho de la persona a afiliarse), el art. 7 regula el papel institucional de estas organizaciones como sujetos colectivos que 'contribuyen a la defensa y promoción' de intereses económicos y sociales — dos artículos distintos que se examinan juntos con frecuencia.
Ver página propia del artículo 7 →Artículo 17.2
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
El dato numérico (72 horas) es de los más preguntados de toda la Constitución en cualquier oposición de cuerpos de seguridad y de administración general, y suele combinarse en la misma pregunta con otros plazos constitucionales para confundir (las 24 horas de puesta en libertad de otras normas, o el plazo de la prisión provisional, que NO fija la Constitución sino que remite a la ley, en el art. 17.4). Conviene fijar la secuencia exacta: pasadas las 72 horas como máximo, el detenido debe ser puesto en libertad O a disposición judicial —son dos desenlaces alternativos, no que necesariamente pase a disposición del juez. El artículo también exige que la detención no dure más del tiempo 'estrictamente necesario' para esclarecer los hechos, un límite que opera incluso antes de agotar las 72 horas.
Ver página propia del artículo 17.2 →Artículo 22
Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
El registro de asociaciones es 'a los solos efectos de publicidad', es decir, declarativo y no constitutivo: la asociación existe legalmente desde que se constituye, no desde que se inscribe (a diferencia de otras figuras jurídicas donde el registro sí es constitutivo). La disolución o suspensión de actividades exige siempre resolución judicial motivada, dato muy preguntado por contraste con regímenes anteriores a 1978, en los que bastaba una decisión gubernativa. El artículo distingue con precisión dos causas de ilegalidad automática (fines o medios tipificados como delito) de una prohibición absoluta y aparte: las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, que ni siquiera necesitan perseguir fines delictivos para estar vedadas por la Constitución. El art. 34 (derecho de fundación) remite expresamente a los apartados 2 y 4 de este mismo artículo.
Ver página propia del artículo 22 →Artículo 26
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
Artículo muy breve (una sola frase) y por eso frecuente como pregunta de precisión sobre su número y su ámbito exacto: prohíbe los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales, dos ámbitos concretos que hay que memorizar tal cual, sin extenderlo al ámbito militar (donde históricamente también existieron figuras similares, pero que este artículo no menciona). Los Tribunales de Honor eran órganos que, antes de la Constitución, podían imponer sanciones graves —incluida la expulsión— sin las garantías propias de un proceso judicial; su prohibición conecta con las garantías del art. 24 (tutela judicial efectiva), aunque el examen pregunta normalmente el art. 26 de forma aislada por su brevedad, no en combinación con otros artículos.
Ver página propia del artículo 26 →Artículo 32
El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
Se pregunta la expresión literal 'plena igualdad jurídica' entre el hombre y la mujer al contraer matrimonio, formulación de 1978 que el Tribunal Constitucional interpretó después como compatible con el matrimonio entre personas del mismo sexo (regulado por ley ordinaria posterior, no por una reforma del propio texto constitucional, dato que a veces se pregunta: el art. 32 no se ha modificado para dar cabida al matrimonio igualitario, fue una ley la que lo introdujo). El artículo remite expresamente a la ley cinco elementos del régimen matrimonial que hay que saber identificar como lista: las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, y las causas de separación y disolución y sus efectos — todo ello de configuración legal, no directamente constitucional.
Ver página propia del artículo 32 →Artículo 34
Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
Artículo breve que remite expresamente a los apartados 2 y 4 del art. 22 (respectivamente, la ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o usen medios delictivos, y la prohibición de asociaciones secretas y de carácter paramilitar), remisión numérica que a veces se pregunta directamente porque exige tener claro el contenido exacto de esos dos apartados del art. 22, no solo el art. 34. El derecho de fundación se reconoce 'para fines de interés general', requisito que lo distingue del derecho de asociación del art. 22 (más amplio, sin exigir ese fin de interés general concreto) — una fundación sin fin de interés general no encaja en este artículo, mientras que casi cualquier asociación lícita sí encaja en el art. 22.
Ver página propia del artículo 34 →Artículo 36
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
Se examina el paralelismo con los arts. 6 y 7: también aquí se exige estructura interna y funcionamiento democráticos, esta vez para los Colegios Profesionales, cerrando así el trío de organizaciones (partidos, sindicatos/patronal, colegios profesionales) sometidas a esa misma cláusula de democracia interna en la Constitución. El artículo remite a la ley dos cuestiones distintas: el régimen jurídico peculiar de los Colegios Profesionales, y el ejercicio de las profesiones tituladas —esta segunda remisión es la base constitucional de la exigencia de colegiación obligatoria para ejercer ciertas profesiones reguladas, algo que a veces se pregunta como derivado de este artículo y no de una norma autónoma sin cobertura constitucional.
Ver página propia del artículo 36 →Artículo 37
La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
A diferencia del derecho de huelga (solo de los trabajadores, art. 28.2), el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo del art. 37 se reconoce a trabajadores Y empresarios por igual; matiz muy preguntado porque rompe la intuición de que 'conflicto colectivo' es sinónimo de huelga. El artículo protege además dos cosas distintas: el derecho a la negociación colectiva laboral en sí, y la 'fuerza vinculante de los convenios' colectivos que resulten de ella —esta última expresión, que a veces se confunde con una simple recomendación, significa que un convenio colectivo firmado obliga jurídicamente como una norma, no como un mero acuerdo de intenciones—. Ambos artículos, 28.2 y 37, comparten la misma fórmula final sobre garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Ver página propia del artículo 37 →Artículo 38
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
Cierra el Capítulo II del Título I; se pregunta la expresión literal 'en el marco de la economía de mercado', que sitúa constitucionalmente el modelo económico español como uno de mercado con intervención pública, no como una economía completamente dirigida ni completamente liberal. El artículo distingue dos obligaciones distintas para los poderes públicos: garantizar y proteger el EJERCICIO de la libertad de empresa, y defender la PRODUCTIVIDAD 'de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación' — esta mención final a la planificación económica es la que conecta el art. 38 con el art. 131 (planificación de la actividad económica general), y suele preguntarse porque parece contradecir la idea de libre mercado del inicio del propio artículo.
Ver página propia del artículo 38 →Artículo 49
1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Redacción vigente desde la reforma constitucional de 15 de febrero de 2024 (BOE-A-2024-3099): sustituye la expresión 'disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos' del texto original de 1978 por 'personas con discapacidad', e incorpora la mención expresa a mujeres y menores con discapacidad en el apartado 2. Trampa clásica de examen: la redacción antigua sigue circulando en materiales desactualizados y en preguntas de convocatorias anteriores a 2024, así que conviene distinguir bien si el enunciado pide el texto histórico o el vigente. El apartado 1 exige que las personas con discapacidad ejerzan los derechos del Título I 'en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas' —fórmula que conecta con el mandato general del art. 9.2 sobre promoción de la igualdad real— y remite a la ley la protección especial necesaria. El apartado 2 añade un mandato de acción positiva a los poderes públicos: impulsar políticas de autonomía personal e inclusión social 'en entornos universalmente accesibles', concepto de accesibilidad universal que no aparecía en el texto de 1978.
Ver página propia del artículo 49 →Artículo 69.3
En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores −Gran Canaria, Mallorca y Tenerife− y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
Redacción vigente desde la reforma constitucional de 19 de mayo de 2026 (BOE-A-2026-10881), la cuarta reforma de la Constitución desde 1978. Antes de esta reforma, Ibiza y Formentera compartían una única circunscripción con un solo senador; ahora Formentera elige el suyo propio, igual que el resto de islas menores (Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma), todas con un senador cada una. Las tres islas mayores —Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— mantienen sus tres senadores cada una, cifra que no cambió con la reforma. Dato de examen: hay que memorizar bien qué islas eligen tres senadores (solo las tres mayores) frente a las que eligen uno (todas las demás, ahora incluida Formentera de forma independiente), y no confundir esta circunscripción insular con la circunscripción provincial general del art. 69.2, que asigna cuatro senadores por provincia peninsular.
Ver página propia del artículo 69.3 →