30 preguntas verificadas · 30 con cita de artículo · 23 artículos distintos citados
Artículo 48🥇 4 preguntas
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: a) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad [...], cinco días hábiles. Cuando se trate [...] de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles. Cuando se trate de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado [...], tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado [...], el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine. d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto [...]. f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. [...] g) Por nacimiento de hijos prematuros [...], la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. [...] h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años [...], tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. [...] i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. [...] j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal [...]. k) Por asuntos particulares, seis días al año. l) Por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, quince días. m) Por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos [...].
El artículo con más preguntas de examen del TREBEP, porque enumera hasta trece supuestos de permiso (letras a-m) con plazos muy concretos que se prestan a confusión deliberada. Los días exactos de cada permiso son el objetivo típico de las preguntas trampa: 5 días hábiles por enfermedad grave de familiar de primer grado (4 si es de segundo grado), 1 día por traslado de domicilio, 6 días de asuntos particulares, 15 días por matrimonio o constitución de pareja de hecho, 1 hora fraccionable en dos por lactancia, y hasta un 50% de reducción de jornada retribuida por cuidado de familiar en enfermedad muy grave (letra i, máximo un mes). Los exámenes suelen intercambiar las cifras entre letras para comprobar que se memorizan asociadas a su supuesto concreto, no sueltas.
Ver página propia del artículo 48 →Artículo 50🥈 2 preguntas
1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. [...] 3. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. [...] No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.
22 días hábiles de vacaciones por año natural (no 30 días naturales, error muy frecuente entre opositores que vienen de la empresa privada), proporcionales si el tiempo de servicio fue menor. Trampa clave del apdo. 1: los sábados NO se consideran días hábiles a estos efectos, aunque sí lo sean para otros permisos del art. 48. El apdo. 3 añade la regla general de que las vacaciones no pueden sustituirse por dinero, con una única excepción tasada: cuando la relación de servicios termina por causas ajenas a la voluntad del funcionario (jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento), con un tope de compensación de hasta dieciocho meses.
Ver página propia del artículo 50 →Artículo 54🥉 2 preguntas
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. [...] 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. [...] 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.
Once apartados que regulan el comportamiento del día a día del empleado público: trato respetuoso, diligencia en el puesto, obediencia a los superiores, rechazo de regalos, atención al ciudadano en la lengua oficial que solicite... El más preguntado es el apdo. 3: la obediencia debida tiene un límite claro y único — la infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, que obliga a NO obedecer y a ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección en lugar de ejecutar la orden. Se suele combinar en examen con el art. 53 pidiendo distinguir qué principio pertenece a cada artículo (ético vs. de conducta).
Ver página propia del artículo 54 →Artículo 90#4 2 preguntas
1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.
Regula una situación administrativa que priva TEMPORALMENTE del ejercicio de funciones y derechos (no confundir con causa de pérdida de la condición, art. 63). Dos cifras que se confunden constantemente: la suspensión hace perder el PUESTO de trabajo (no la condición de funcionario) cuando excede de seis meses (apdo. 1), mientras que la duración MÁXIMA de la propia suspensión firme por sanción disciplinaria es de seis años (apdo. 2) — la misma cifra que aparece después en el art. 96.1.c) al hablar de las sanciones. Los exámenes suelen preguntar cuál de las dos cifras (6 meses o 6 años) corresponde a qué consecuencia exacta.
Ver página propia del artículo 90 →Artículo 97#5 2 preguntas
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Fija dos series de plazos que se confunden sistemáticamente porque comparten las mismas cifras pero se aplican a cosas distintas: la prescripción de la FALTA (el hecho en sí: 3 años para muy graves, 2 años para graves, 6 meses para leves) y la prescripción de la SANCIÓN ya impuesta (3 años, 2 años y 1 año respectivamente). La trampa más repetida de todo el TREBEP está justo en las leves: la falta leve prescribe a los 6 meses, pero la SANCIÓN por esa misma falta leve prescribe al año — únicamente en el nivel leve las cifras de falta y sanción no coinciden, mientras que en muy graves y graves sí coinciden (3 y 2 años respectivamente).
Ver página propia del artículo 97 →Artículo 1#6 1 pregunta
1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación: a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. h) Transparencia. i) Evaluación y responsabilidad en la gestión. j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo. l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.
Este artículo abre la ley y fija su doble objeto: sentar las bases del régimen estatutario de los funcionarios de carrera (para todas las Administraciones) y, a la vez, fijar las normas aplicables al personal laboral a su servicio. El apdo. 3 es la parte más rentable de memorizar: los doce fundamentos de actuación (letras a) a l)) resumen la filosofía de toda la ley — igualdad-mérito-capacidad, sometimiento a la ley, transparencia, eficacia, negociación colectiva, cooperación entre Administraciones... Trampa habitual: los exámenes cuelan como distractor un principio real pero de OTRA norma (p. ej. 'estabilidad presupuestaria') o inventan uno que suena plausible sin figurar en ninguna letra.
Ver página propia del artículo 1 →Artículo 2#7 1 pregunta
1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Las Administraciones de las entidades locales. d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. e) Las Universidades Públicas. [...] 3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. [...] 5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
Delimita a quién se aplica el Estatuto: funcionarios y, en lo que proceda, personal laboral de la AGE, comunidades autónomas, entidades locales, organismos públicos vinculados y universidades públicas (apdo. 1, letras a-e). Trampa habitual: el personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud NO se rigen íntegramente por el TREBEP, sino por su legislación específica, con la excepción del capítulo II del título III (salvo el art. 20, evaluación del desempeño) y los arts. 22.3, 24 y 84 — una excepción muy citada en examen porque mezcla remisión y aplicación directa. El apdo. 5, además, da carácter supletorio al Estatuto para cualquier personal no incluido expresamente en su ámbito, lo que se usa como cláusula de cierre en preguntas de 'qué pasa si no hay norma específica'.
Ver página propia del artículo 2 →Artículo 8#8 1 pregunta
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual.
Artículo bisagra de todo el Título II: primero define qué es 'empleado público' (quien desempeña funciones retribuidas al servicio de los intereses generales, apdo. 1) y después fija las cuatro clases en las que se subdivide (funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual, apdo. 2, desarrolladas después en los arts. 9-12). Trampa habitual: se pregunta con mucha frecuencia si el 'personal directivo profesional' es una quinta clase — no lo es: se regula aparte en el art. 13 como figura potestativa de las Administraciones, no como clase de empleado público. También conviene tener claro que estas cuatro clases son las únicas reconocidas 'en todo caso' por el Estatuto, con independencia de que cada Administración module su régimen concreto.
Ver página propia del artículo 8 →Artículo 10#9 1 pregunta
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. 2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad [...]. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
Regula la figura del interino, que cubre necesidades temporales pero SIN generar nunca la condición de funcionario de carrera (apdo. 2, cierre expreso del artículo). Los cuatro supuestos habilitantes (a-d) y sus plazos son la pregunta trampa por excelencia: vacante sin cobertura por funcionario de carrera (máx. 3 años), sustitución transitoria de titulares (sin plazo fijo, 'el tiempo estrictamente necesario'), programas de carácter temporal (3 años, ampliable 12 meses más) y exceso o acumulación de tareas (9 meses dentro de 18 meses). Se confunden entre sí con frecuencia porque varios comparten la cifra '3 años' con matices distintos — conviene fijarse en qué supuesto lleva plazo ampliable y cuál no.
Ver página propia del artículo 10 →Artículo 12#10 1 pregunta
1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. [...] 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. 4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
Regula la figura de mayor discrecionalidad de toda la ley: solo realiza funciones de confianza o asesoramiento especial (nunca funciones ordinarias ni las reservadas a funcionarios del art. 9.2) y se retribuye con créditos presupuestarios específicos para ese fin. Trampa clásica: el nombramiento Y el cese son libres (apdo. 3) — no hace falta motivar ni tramitar expediente — y el cese se produce en todo caso cuando cesa la autoridad a la que se presta la función de confianza. El apdo. 4 añade otra trampa muy repetida: la condición de personal eventual nunca puede constituir mérito para el acceso a la función pública ni para la promoción interna, precisamente para evitar que sirva de puerta de entrada encubierta.
Ver página propia del artículo 12 →Artículo 15#11 1 pregunta
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A la libertad sindical. b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.
Recoge solo cinco derechos (a-e), pero son los que más se preguntan del bloque: libertad sindical, negociación colectiva, huelga (con la garantía de servicios esenciales), planteamiento de conflictos colectivos y reunión. La trampa más repetida es clasificar mal un derecho entre este artículo y el art. 14: la clave está en que estos cinco son derechos individuales que solo tienen sentido si se ejercen EN GRUPO (nadie hace una huelga solo, nadie negocia un convenio en solitario), mientras que los del art. 14 se ejercen y disfrutan de forma estrictamente personal.
Ver página propia del artículo 15 →Artículo 24#12 1 pregunta
La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Desarrolla el segundo bloque retributivo: los cuatro factores (a-d) que justifican que un puesto cobre más que otro por complementos — progresión en la carrera, dificultad técnica o responsabilidad del puesto, rendimiento/resultados obtenidos, y servicios extraordinarios fuera de jornada. Los exámenes piden memorizar las cuatro letras y, sobre todo, identificar cuáles quedan excluidas del prorrateo en las pagas extraordinarias del art. 22.4 — precisamente las letras c) y d), por su naturaleza variable y ligada al desempeño puntual, no estructural.
Ver página propia del artículo 24 →Artículo 62#13 1 pregunta
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superación del proceso selectivo. b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
Fija los cuatro requisitos que deben cumplirse de forma SUCESIVA (no simultánea, ni en cualquier orden) para adquirir la condición de funcionario de carrera: superar el proceso selectivo, ser nombrado por el órgano competente (publicado en el Diario Oficial), realizar el acto de acatamiento de la Constitución (y del Estatuto de Autonomía si procede) y tomar posesión dentro de plazo. El orden exacto es objeto de pregunta directa muy repetida, así como identificar cuál de los cuatro falta en un supuesto práctico — normalmente se pregunta por el 'acatamiento', que es el paso que más se suele olvidar al estudiar de memoria.
Ver página propia del artículo 62 →Artículo 63#14 1 pregunta
Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) La renuncia a la condición de funcionario. b) La pérdida de la nacionalidad. c) La jubilación total del funcionario. d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
Cinco causas tasadas (renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, sanción disciplinaria firme de separación del servicio, e inhabilitación firme para cargo público) que agotan la lista — no caben más por analogía. La trampa más repetida: la 'suspensión de funciones' (art. 90) NO es causa de pérdida de la condición de funcionario, porque solo priva TEMPORALMENTE del ejercicio de funciones y derechos, mientras que las causas de este artículo son definitivas. Confundir suspensión con pérdida de la condición es de los errores más frecuentes entre opositores.
Ver página propia del artículo 63 →Artículo 67#15 1 pregunta
1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala [...]. 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad.
Distingue las tres modalidades de jubilación (voluntaria, forzosa y por incapacidad permanente, apdo. 1) y fija las dos cifras numéricas más repetidas de todo este bloque: 65 años para la jubilación forzosa de oficio (apdo. 3) y hasta 70 años como límite máximo de prolongación voluntaria en el servicio activo, si así lo permiten las leyes de desarrollo de cada Administración. Se pregunta con frecuencia si la prolongación es un derecho automático (no lo es: hay que solicitarla y puede denegarse) o si la edad forzosa es igual en todas las Administraciones (la regla general es 65, pero cuerpos específicos pueden fijar edades distintas por su normativa propia).
Ver página propia del artículo 67 →Artículo 85#16 1 pregunta
1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en otras Administraciones Públicas. d) Excedencia. e) Suspensión de funciones.
Abre el Título VI enumerando las cinco situaciones administrativas 'de base' en las que puede hallarse un funcionario de carrera: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Trampa habitual: el apdo. 2 del propio artículo permite que otras leyes de función pública añadan situaciones adicionales a las de este listado, así que preguntar '¿son estas las ÚNICAS situaciones posibles?' tiene como respuesta correcta que NO — son las previstas 'en todo caso', el suelo común, no un numerus clausus absoluto.
Ver página propia del artículo 85 →Artículo 87#17 1 pregunta
1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. [...] i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. [...] 2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. (Fragmento: el apartado 1 completo enumera doce supuestos, letras a) a l).)
Enumera hasta doce supuestos (letras a-l) que dan lugar a servicios especiales: cargos electos, altos cargos, miembros de instituciones europeas o internacionales, y también — letra i), muy preguntada — el paso a personal eventual con funciones de confianza, si el funcionario no opta por permanecer en activo. Trampa habitual del apdo. 2: en servicios especiales se cobran las retribuciones del NUEVO puesto o cargo, no las de funcionario de carrera, pero se CONSERVA el derecho a los trienios reconocidos — una combinación de 'pierde X pero conserva Y' que los exámenes formulan al revés para comprobar que no se memoriza de forma automática.
Ver página propia del artículo 87 →Artículo 89#18 1 pregunta
1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Excedencia voluntaria por interés particular. b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. c) Excedencia por cuidado de familiares. d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. [...] La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. [...] Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
Distingue cinco modalidades de excedencia (voluntaria por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, y las especiales por violencia de género/sexual y por violencia terrorista), cada una con requisitos y efectos distintos. La más preguntada es la voluntaria por interés particular: exige cinco años de servicios efectivos inmediatamente anteriores (apdo. 2), queda subordinada a las necesidades del servicio, no puede solicitarse con expediente disciplinario en curso, y durante ella NO se devengan retribuciones ni cuenta el tiempo para ascensos, trienios ni Seguridad Social — el contraste con la excedencia por cuidado de familiares, que sí computa a ciertos efectos, es una trampa habitual entre modalidades.
Ver página propia del artículo 89 →Artículo 93#19 1 pregunta
1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
Extiende la responsabilidad disciplinaria más allá de quien comete la falta directamente: quien INDUCE a otro a cometerla incurre en la MISMA responsabilidad que el autor material (apdo. 2), sin matices ni atenuación. El apdo. 3 añade un matiz muy preguntado sobre el encubrimiento: solo genera responsabilidad si la falta encubierta es muy grave o grave Y, además, se deriva de ello un daño grave para la Administración o los ciudadanos — encubrir una falta leve, o encubrir una grave sin daño relevante, queda fuera de este artículo.
Ver página propia del artículo 93 →Artículo 94#20 1 pregunta
2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. d) Principio de culpabilidad. e) Principio de presunción de inocencia.
Fija los cinco principios (a-e) que limitan y ordenan el ejercicio de la potestad disciplinaria: legalidad y tipicidad, irretroactividad/retroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia — un catálogo que recuerda mucho al de la potestad sancionadora administrativa general. La trampa más común está en la letra b): NO hay una retroactividad general de las normas sancionadoras, sino justo lo contrario — irretroactividad de lo DESFAVORABLE y retroactividad de lo FAVORABLE al presunto infractor, el mismo esquema que rige en Derecho Penal y sancionador administrativo.
Ver página propia del artículo 94 →Artículo 95#21 1 pregunta
1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. [...] c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. [...] i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. [...] o) El acoso laboral. p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.
Clasifica las faltas en tres niveles (muy graves, graves y leves, apdo. 1) pero con una asimetría clave que es la pregunta más repetida de todo el régimen disciplinario: el TREBEP tipifica DIRECTAMENTE las faltas muy graves en su propio art. 95.2 (dieciséis letras, de la a) a la p), incluyendo el acoso laboral como falta muy grave expresa), pero remite a leyes de función pública o convenios colectivos la tipificación tanto de las faltas graves (apdo. 3, con solo tres criterios orientativos: vulneración de legalidad, gravedad del daño y descrédito a la imagen pública) como de las leves (apdo. 4). Confundir qué nivel regula el propio TREBEP y cuál remite a otra norma es el error más común.
Ver página propia del artículo 95 →Artículo 96#22 1 pregunta
1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. f) Apercibimiento. g) Cualquier otra que se establezca por ley.
Enumera las siete sanciones posibles (a-g): separación del servicio (funcionarios) o despido disciplinario (personal laboral) — ambas equivalentes y reservadas EXCLUSIVAMENTE a faltas muy graves —, suspensión firme (máximo 6 años, misma cifra que el art. 90.2), traslado forzoso, demérito, apercibimiento y una cláusula abierta para sanciones adicionales que establezca otra ley. Trampa habitual: pensar que el despido disciplinario del personal laboral es una sanción distinta y menos severa que la separación del servicio — en realidad son la misma sanción con nombre distinto según el tipo de vínculo (estatutario o laboral), y ambas exigen falta muy grave.
Ver página propia del artículo 96 →Artículo 98#23 1 pregunta
1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 2. [...] En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 3. [...] La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
Distingue dos vías procedimentales según la gravedad: procedimiento completo (con separación entre fase instructora y sancionadora, encomendadas a órganos distintos, apdo. 2) para faltas muy graves y graves, frente al procedimiento sumario con simple audiencia al interesado para las faltas leves (apdo. 1) — una diferencia de garantías muy preguntada. El apdo. 3 añade otra cifra que se confunde con las del art. 90: la suspensión provisional como medida CAUTELAR durante la tramitación de un expediente tiene un tope de 6 meses (salvo paralización imputable al interesado), distinto del tope de 6 años de la suspensión FIRME ya impuesta como sanción.
Ver página propia del artículo 98 →Artículo 9
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
Define al funcionario de carrera por tres notas: nombramiento legal, vinculación estatutaria (no contractual) regida por Derecho Administrativo, y carácter permanente del servicio. La clave de examen está en el apdo. 2: el ejercicio de funciones que impliquen participación en potestades públicas o en la salvaguarda de intereses generales queda reservado EN EXCLUSIVA a funcionarios — nunca a personal laboral. Esta reserva se conecta directamente con el art. 11.2, que reconoce lo mismo desde el lado del personal laboral, y es un contraste que los exámenes explotan mucho: preguntan cuál de los dos artículos formula la reserva 'desde dentro' (funcionarios) y cuál 'desde fuera' (laboral).
Ver página propia del artículo 9 →Artículo 11
1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Define al personal laboral por su vínculo contractual (contrato de trabajo por escrito, regido por la legislación laboral) frente al vínculo estatutario del funcionario, regido por Derecho Administrativo — es la distinción de fondo que sostiene todo el Título II. Se pregunta la diferencia entre las tres modalidades posibles según su duración: fijo, por tiempo indefinido y temporal. Trampa habitual: 'fijo' e 'indefinido' no son sinónimos exactos en el lenguaje de la función pública (el indefinido no fijo es una figura intermedia creada por la jurisprudencia laboral y consolidada después en la práctica administrativa), aunque el TREBEP los trate como categorías paralelas dentro del mismo apartado.
Ver página propia del artículo 11 →Artículo 13
El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición [...]. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
Aclara una duda estructural muy preguntada: el personal directivo NO es una quinta clase de empleado público (a diferencia de las cuatro del art. 8.2); es una figura potestativa que cada Administración puede crear o no, con su propio régimen jurídico. Su nota diferencial de examen está en el apdo. 4: las condiciones de empleo del personal directivo quedan excluidas de la negociación colectiva, y si el directivo tiene naturaleza laboral, se somete a la relación laboral especial de alta dirección (no al régimen laboral común) — dos matices que suelen combinarse en preguntas tipo 'verdadero o falso'.
Ver página propia del artículo 13 →Artículo 14
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional [...]. d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. [...] m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. [...] q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Lista larga (letras a) a q), con una 'j bis' intercalada) de derechos que corresponden al empleado público a título individual: inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, desempeño efectivo de sus funciones, retribuciones, formación, vacaciones y permisos, entre otros. La pregunta de examen habitual pide relacionar un derecho concreto con su letra exacta, o distinguir estos derechos 'individuales puros' de los 'individuales ejercidos colectivamente' del art. 15 (huelga, negociación colectiva, libertad sindical) — la frontera entre ambos artículos es de las más preguntadas de todo el bloque de derechos.
Ver página propia del artículo 14 →Artículo 22
1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. 2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional [...] y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. 3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24.
Sienta la estructura básica del sistema retributivo: retribuciones básicas (ligadas al Subgrupo/Grupo de clasificación y a la antigüedad, con sueldo y trienios) frente a complementarias (ligadas al puesto, la carrera o el desempeño). El apdo. 4 es el más preguntado: dos pagas extraordinarias al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas MÁS la totalidad de las complementarias — salvo las de las letras c) y d) del art. 24 (rendimiento y servicios extraordinarios), que quedan excluidas del prorrateo. Esta excepción conecta directamente con el art. 24 y es la trampa más habitual entre ambos artículos.
Ver página propia del artículo 22 →Artículo 47
1. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
Artículo breve que abre el Capítulo V (jornada, permisos y vacaciones, arts. 47-51) y fija la doble clasificación de la jornada: general o especial, y a tiempo completo o parcial. Su brevedad no lo hace menos preguntable: suele aparecer como pregunta de ubicación ('¿qué capítulo regula la jornada?') o como pie de otra pregunta más larga sobre permisos, ya que sienta las bases sobre las que se aplican después los arts. 48 (permisos) y 50 (vacaciones).
Ver página propia del artículo 47 →Artículo 49
Los funcionarios tendrán los siguientes permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer funcionaria o sus hijos e hijas menores de edad, y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de diecinueve semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. [...] Este permiso se ampliará para ambos progenitores en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores. [...] El permiso por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera: 1.º Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa. 2.º Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. 3.º Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años. Este permiso, constituye un derecho individual de la madre biológica, sin que pueda transferirse su ejercicio. [...] b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de diecinueve semanas para cada adoptante, guardador o acogedor. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas. [...] c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de diecinueve semanas. En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el permiso será de treinta y dos semanas. [...] d) Permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. [...] e) Permiso por cuidado de hijo menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras [...], para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) [...]. f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista [...] tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo [...]. g) Permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años: no tendrá carácter retribuido y tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial [...]. Este permiso, constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. [...]
El artículo más reformado del TREBEP y uno de los que más se pregunta, porque sus cifras han cambiado dos veces en pocos años y mucho material de estudio sigue con las antiguas. La trampa de examen más habitual es la duración: el Real Decreto-ley 6/2019 equiparó el permiso de ambos progenitores en dieciséis semanas, y el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, lo amplió a DIECINUEVE (treinta y dos en monoparentalidad). Si una pregunta ofrece «dieciséis semanas», hoy es la respuesta incorrecta. La segunda trampa es confundir la duración con su reparto: de esas diecinueve semanas, seis son obligatorias, ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al parto y a jornada completa; once se disfrutan a voluntad hasta que el menor cumple doce meses; y dos más, hasta que cumple ocho años. De ahí que a veces se describa como «diecisiete más dos flexibles»: es el mismo permiso, pero la cifra que se pregunta son diecinueve. La tercera es el permiso parental de la letra g), que son ocho semanas y NO es retribuido, frente a todos los demás, que sí lo son. Ojo también con las ampliaciones, que se preguntan por separado: hasta trece semanas adicionales si el neonato queda hospitalizado, dos semanas más para ambos progenitores por discapacidad del hijo, y una semana para cada progenitor por cada hijo a partir del segundo en parto múltiple (una, no dos). Todos estos permisos son un derecho individual e intransferible.
Ver página propia del artículo 49 →Artículo 52
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Es el 'pórtico' que introduce el Código de Conducta de los empleados públicos, compuesto por dos bloques que se confunden mucho en examen: los principios éticos (art. 53) y los principios de conducta (art. 54). Este art. 52 enumera de un tirón los quince principios que inspiran ambos bloques (objetividad, integridad, neutralidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad...) sin todavía repartirlos entre uno u otro artículo — ese reparto es precisamente lo que hay que saber para no fallar preguntas del tipo '¿en qué artículo está este principio?'. El párrafo final es clave: estos principios informan también la interpretación del régimen disciplinario (arts. 93-98), tendiendo un puente entre ambos bloques de la ley.
Ver página propia del artículo 52 →Artículo 53
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos [...]. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. [...] 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo [...].
Doce apartados numerados (no letras, a diferencia de otros artículos del TREBEP) que fijan el deber ético de fondo del empleado público: respeto a la Constitución, servicio a los intereses generales, imparcialidad... Trampa habitual: el deber de abstención en asuntos con interés personal o riesgo de conflicto de intereses (apdo. 5) y el deber de guardar secreto de materias clasificadas (apdo. 12) están AQUÍ, en los principios éticos, no en el art. 54 de principios de conducta — un error de ubicación muy explotado en examen porque ambos artículos regulan 'deberes' y se tiende a mezclarlos.
Ver página propia del artículo 53 →Artículo 55
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad [...]. 2. Las Administraciones Públicas [...] seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. b) Transparencia. c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Abre el Título IV sobre acceso al empleo público con dos niveles de principios: los tres constitucionales de rango superior (igualdad, mérito y capacidad, apdo. 1, que vienen directamente del art. 103.3 CE) y los seis principios de desarrollo del apdo. 2 (publicidad de convocatorias, transparencia, imparcialidad de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación entre proceso y funciones, y agilidad). La trampa habitual consiste en mezclar ambos niveles como si fueran una sola lista de nueve, cuando en realidad son dos bloques con distinto rango normativo y distinta función en el examen tipo test.
Ver página propia del artículo 55 →Artículo 86
1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. 2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma.
Define el servicio activo como situación 'residual' o por defecto: se está en servicio activo siempre que el funcionario preste servicios y no le corresponda estar en ninguna otra situación administrativa distinta (apdo. 1) — una definición negativa muy explotada en examen tipo 'verdadero o falso'. El apdo. 2 añade la consecuencia práctica: en servicio activo se disfrutan TODOS los derechos de la condición de funcionario y se asumen TODOS los deberes y responsabilidades correspondientes, a diferencia de situaciones como la excedencia, donde ciertos derechos quedan en suspenso.
Ver página propia del artículo 86 →