30 preguntas verificadas · 30 con cita de artículo · 26 artículos distintos citados
Artículo 24.2🥇 3 preguntas
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
Diferencia clave: el silencio POSITIVO es un verdadero acto administrativo, con todos sus efectos (crea derechos, es título habilitante, solo se puede revisar por los cauces de revisión de oficio o declaración de lesividad); el silencio NEGATIVO es una mera ficción legal que EXCLUSIVAMENTE sirve para que el interesado pueda recurrir — la Administración conserva la obligación de resolver expresamente después, y esa resolución posterior puede ser distinta del silencio.
Ver página propia del artículo 24.2 →Artículo 30.4🥈 2 preguntas
4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Los plazos por meses/años se cuentan "de fecha a fecha", no por días hábiles ni naturales — no hay que contar día a día, solo localizar la fecha de vencimiento en el calendario. Truco típico de examen: si el mes de vencimiento no tiene día equivalente al de inicio (un plazo de un mes que empieza el 31 de enero vence el último día de febrero, no el 1 ni el 3 de marzo). Es el apartado que más se confunde con el 30.2, porque el opositor tiende a aplicar aquí también la lógica de días hábiles, cuando en meses/años no se excluyen festivos ni fines de semana.
Ver página propia del artículo 30.4 →Artículo 122🥉 2 preguntas
1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.
3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.
Los dos plazos que más se confunden en examen: UN MES para interponer el recurso de alzada si el acto es expreso (si no es expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a los efectos del silencio administrativo); TRES MESES como plazo máximo para resolverlo y notificarlo (transcurrido, silencio desestimatorio, salvo la excepción del art. 24.1 párrafo tercero). Además, contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos tasados del art. 125.1 — la vía ordinaria administrativa queda agotada.
Ver página propia del artículo 122 →Artículo 1#4 1 pregunta
1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
Es la pregunta más clásica de "definiciones": qué regula la LPACAP (validez y eficacia de los actos, procedimiento común, sancionador, responsabilidad patrimonial, iniciativa legislativa y potestad reglamentaria) frente a lo que regula la Ley 40/2015 (organización y funcionamiento interno de las Administraciones). Truco para no confundirlas: la 39/2015 mira "hacia fuera" (cómo se relaciona el ciudadano con la Administración), la 40/2015 mira "hacia dentro" (cómo se organiza la Administración entre sí). El apartado 2 es de nivel superior pero cae en exámenes de técnico: solo mediante LEY (nunca reglamento) pueden añadirse trámites adicionales, y solo si es eficaz, proporcionado y necesario — manifestación del principio de reserva de ley en materia de procedimiento.
Ver página propia del artículo 1 →Artículo 3#5 1 pregunta
A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
La trampa típica es sobre los menores de edad: SÍ tienen capacidad de obrar para el ejercicio de derechos cuya actuación les permite el ordenamiento sin asistencia de quien ejerce la patria potestad/tutela/curatela (no es una regla general absoluta de "todos los menores pueden actuar solos"). También conviene memorizar la letra c): grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes solo tienen capacidad de obrar cuando una LEY lo declare expresamente — no basta con que existan de hecho, hace falta habilitación legal expresa.
Ver página propia del artículo 3 →Artículo 5.3#6 1 pregunta
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
Muy preguntado: hay que memorizar la lista cerrada de actos que EXIGEN acreditar representación (formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos) frente a los actos y gestiones de mero trámite, donde la representación se PRESUME sin necesidad de acreditarla. El examen suele plantear un acto concreto — p. ej. "presentar un escrito de alegaciones" o "recoger una notificación" — y pedir si hace falta acreditar representación o no.
Ver página propia del artículo 5.3 →Artículo 9.1#7 1 pregunta
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
Se pregunta que la obligación de verificar la identidad recae en la ADMINISTRACIÓN (no es el interesado quien debe demostrar activamente quién es, más allá de aportar el documento), y el medio de comprobación de referencia es el DNI o documento identificativo equivalente (NIE, pasaporte según el caso). Se combina en examen con el art. 9.2, que regula los sistemas de identificación electrónica admitidos (Cl@ve, certificado electrónico, sistemas de clave concertada).
Ver página propia del artículo 9.1 →Artículo 13#8 1 pregunta
Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.
Se confunde con el art. 53 (derechos específicos de los interesados EN un procedimiento concreto). El art. 13 reconoce derechos a cualquier persona en su relación GENERAL con la Administración, aunque no sea parte de ningún procedimiento en curso: comunicarse por vía electrónica, ser asistido, usar la lengua cooficial, acceder a información pública, trato respetuoso, exigir responsabilidad, protección de datos... El propio artículo aclara que estos derechos se dan "sin perjuicio" de los del art. 53, es decir, se ACUMULAN, no se sustituyen.
Ver página propia del artículo 13 →Artículo 14.2#9 1 pregunta
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
Lista cerrada muy preguntada: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados obligatoriamente para trámites de su actividad profesional (con mención expresa a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles), representantes de un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente, y empleados públicos (solo para trámites por razón de su condición de empleado, no para gestiones personales ajenas a su puesto). El examen suele dar un caso concreto — un médico colegiado, una asociación sin personalidad jurídica— y pedir si está o no obligado.
Ver página propia del artículo 14.2 →Artículo 16.1#10 1 pregunta
1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Cada Administración (no cada órgano ni cada ministerio) dispone de UN único Registro Electrónico General; los organismos públicos vinculados o dependientes pueden tener registro propio, pero debe ser interoperable con el general. Se pregunta también qué se anota en él: tanto la entrada de documentos presentados o recibidos como, en su caso, la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares — no es solo un registro de entrada.
Ver página propia del artículo 16.1 →Artículo 25.1#11 1 pregunta
1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.
En los procedimientos DE OFICIO no hay silencio positivo nunca. Si son favorables al interesado (reconocimiento de derechos, p. ej. una subvención de oficio) opera silencio NEGATIVO — el interesado puede entender desestimada su pretensión y recurrir. Si son de gravamen o sancionadores (los que pueden perjudicar al interesado) opera la CADUCIDAD, no el silencio: se archivan las actuaciones y, para reabrir el asunto, la Administración debe iniciar un procedimiento nuevo, siempre que no haya prescrito la infracción o el derecho correspondiente.
Ver página propia del artículo 25.1 →Artículo 32.1#12 1 pregunta
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
El límite de la ampliación es LA MITAD del plazo original (no el doble, no "hasta el mismo plazo otra vez") — un plazo de 10 días solo puede ampliarse hasta 5 días más, no duplicarse. Puede acordarse de oficio o a petición del interesado, y exige dos condiciones acumulativas: que las circunstancias lo aconsejen y que no se perjudiquen derechos de tercero. El acuerdo de ampliación debe notificarse, y es la cara opuesta de la tramitación de urgencia (art. 33), que en vez de ampliar plazos los reduce.
Ver página propia del artículo 32.1 →Artículo 33.1#13 1 pregunta
1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Los plazos se reducen A LA MITAD (no se suprimen ni se eliminan trámites), y hay una excepción expresa muy preguntada: los plazos de presentación de SOLICITUDES y de RECURSOS NO se reducen nunca, aunque el procedimiento esté declarado urgente. Puede acordarse de oficio o a petición del interesado, igual que la ampliación del art. 32 — son las dos caras opuestas de la gestión del tiempo en el procedimiento.
Ver página propia del artículo 33.1 →Artículo 54#14 1 pregunta
Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
Base de toda la distinción posterior entre procedimientos de oficio y a solicitud de interesado, con consecuencias muy distintas en materia de silencio administrativo (positivo en los de solicitud salvo excepciones, art. 24; negativo o caducidad en los de oficio, art. 25) y de desistimiento (el interesado puede desistir de su solicitud, art. 94; la Administración solo puede desistir en los de oficio, art. 93). Memorizar bien esta clasificación de entrada facilita mucho el resto del bloque de procedimiento.
Ver página propia del artículo 54 →Artículo 66.1#15 1 pregunta
1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
Lista cerrada de contenido mínimo de toda solicitud (identificación del interesado y su representante, medio de notificación, hechos/razones/petición con claridad, lugar y fecha, firma o acreditación de la voluntad, y órgano al que se dirige) muy preguntada casi letra por letra. Se confunde con los requisitos de subsanación del art. 68: el 66 dice QUÉ debe contener la solicitud, el 68 dice QUÉ pasa si falta algo de eso.
Ver página propia del artículo 66.1 →Artículo 76.1#16 1 pregunta
1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
El límite temporal para alegar libremente y aportar documentos es "en cualquier momento ANTERIOR al trámite de audiencia" — después de la audiencia rige el régimen específico del art. 82, con su propio plazo (10-15 días) y su propia lógica (alegar sobre el expediente ya completo, no aportar nueva prueba libremente). Todo lo alegado antes de la audiencia debe ser tenido en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, no puede ignorarse sin más.
Ver página propia del artículo 76.1 →Artículo 77.2#17 1 pregunta
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.
Plazos que se confunden mucho entre sí: período de prueba ORDINARIO entre 10 y 30 días (se abre cuando la Administración no da por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exige); período EXTRAORDINARIO adicional de hasta 10 días más, a petición de los interesados, cuando el instructor lo considere necesario. No confundir con el plazo de audiencia (10-15 días) ni el de subsanación (10 días), trámites distintos del mismo procedimiento.
Ver página propia del artículo 77.2 →Artículo 82.2#18 1 pregunta
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Plazo de audiencia: ENTRE 10 y 15 días, muy confundido con el plazo del período de prueba (10-30 días, art. 77.2) o el de subsanación (10 días, art. 68.1) — los tres plazos empiezan en 10 días pero tienen techos distintos. El trámite de audiencia es el momento en que el interesado ve el expediente completo, ya instruido, y puede alegar y presentar documentos por última vez antes de la propuesta de resolución.
Ver página propia del artículo 82.2 →Artículo 84.1#19 1 pregunta
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
Lista cerrada de las cuatro formas de terminación: resolución, desistimiento, renuncia al derecho, y declaración de caducidad — el apartado 2 añade la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas. Trampa de examen: la AMPLIACIÓN de plazos (art. 32) no es una forma de terminación, ni tampoco lo es la suspensión del procedimiento — son incidencias durante la tramitación, no formas de acabarlo.
Ver página propia del artículo 84.1 →Artículo 93#20 1 pregunta
En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
Trampa clásica: el desistimiento NO es solo una figura del interesado (art. 94); la propia Administración puede desistir, pero únicamente en procedimientos iniciados DE OFICIO (nunca en los iniciados a solicitud del interesado) y siempre de forma MOTIVADA, con los requisitos que en cada caso prevean las leyes sectoriales aplicables. Es la contrapartida institucional del desistimiento del interesado.
Ver página propia del artículo 93 →Artículo 94.1#21 1 pregunta
1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
Diferencia clave preguntada: DESISTIR es abandonar la solicitud o el procedimiento concreto — el interesado puede volver a pedir lo mismo en un procedimiento posterior, no pierde el derecho de fondo. RENUNCIAR es abandonar el derecho de fondo mismo — ya no se puede volver a ejercitar, y solo cabe cuando el ordenamiento jurídico no lo prohíbe expresamente (hay derechos irrenunciables). Se combina en examen con el art. 93: la Administración también puede desistir, pero nunca renunciar a potestades públicas.
Ver página propia del artículo 94.1 →Artículo 95.1#22 1 pregunta
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
El plazo de paralización imputable al interesado que da lugar a la caducidad es de TRES MESES desde que la Administración le ADVIERTE de esa consecuencia — no se cuenta desde que empieza la paralización sin más, hace falta el aviso previo. Transcurridos los tres meses sin que el interesado reanude la tramitación, la Administración archiva las actuaciones mediante resolución, que es recurrible. No confundir con la caducidad del art. 25.1.b) (procedimientos sancionadores de oficio), que responde a una lógica distinta: ahí caduca por inactividad de la propia Administración, no del interesado.
Ver página propia del artículo 95.1 →Artículo 112.1#23 1 pregunta
1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
Los actos de trámite solo son recurribles de forma autónoma si cumplen alguno de los cuatro supuestos cualificados: deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión, o producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. El resto de actos de trámite (la mayoría) no se pueden recurrir por sí solos — la oposición a ellos se alega y se resuelve dentro del recurso contra la resolución que pone fin al procedimiento.
Ver página propia del artículo 112.1 →Artículo 121.1#24 1 pregunta
1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.
El recurso de alzada procede contra actos que NO ponen fin a la vía administrativa, y se resuelve por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto — es obligatorio agotarlo si existe, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. Se pregunta mucho la regla especial: los tribunales y órganos de selección de personal (por ejemplo, un tribunal de oposición) se consideran dependientes, a efectos de la alzada, del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que nombró a su presidente — clave para saber ante quién recurrir la puntuación de un tribunal.
Ver página propia del artículo 121.1 →Artículo 123.1#25 1 pregunta
1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Es POTESTATIVO: el interesado elige libremente entre recurrir en reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, o impugnar directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo — a diferencia de la alzada, que es obligatorio agotar si existe (porque el acto aún no pone fin a la vía administrativa). Solo procede contra actos que YA ponen fin a la vía administrativa, justo lo contrario del presupuesto de la alzada (art. 121.1).
Ver página propia del artículo 123.1 →Artículo 124#26 1 pregunta
1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
A diferencia de la alzada (plazo de resolución de 3 meses), el recurso de reposición debe resolverse y notificarse en UN MES — mucho más corto. El plazo de interposición (1 mes si el acto es expreso) coincide con el de la alzada, lo que genera confusión en examen: ambos recursos se interponen en 1 mes si el acto es expreso, pero se RESUELVEN en plazos distintos (alzada: 3 meses; reposición: 1 mes). Transcurrido el plazo de interposición sin recurrir, solo queda la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión si procede.
Ver página propia del artículo 124 →Artículo 2.1
1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.
Se pregunta el orden y la composición exacta del sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local, y sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público...). Se confunde con el art. 2 de la Ley 40/2015, que desarrolla con detalle qué entra dentro de ese "sector público institucional" — la 39/2015 solo lo menciona como categoría, la 40/2015 lo define y clasifica.
Ver página propia del artículo 2.1 →Artículo 4.1
1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Se pregunta distinguir las tres categorías de interesado: quien promueve el procedimiento (titular de derechos o intereses legítimos), quien no lo inicia pero tiene derechos que pueden verse afectados por la resolución, y quien tiene intereses legítimos afectados y se persona voluntariamente. El límite temporal de la letra c) es clave: solo puede personarse MIENTRAS NO haya recaído resolución definitiva — una vez resuelto el procedimiento, ya no cabe esa vía de incorporación como interesado sobrevenido.
Ver página propia del artículo 4.1 →Artículo 5.1
1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
Regla general: si el interesado actúa por medio de representante, la Administración se entiende directamente con éste, no con el representado, salvo que el propio interesado manifieste expresamente lo contrario. Esta presunción a favor del representante agiliza el procedimiento (notificaciones, trámites), pero exige tener claro quién ostenta la representación en cada momento; se complementa con el art. 5.3, que exige acreditarla para los actos más relevantes.
Ver página propia del artículo 5.1 →Artículo 10.1
1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
Regla general amplia: cualquier medio que acredite autenticidad de la voluntad e integridad del documento sirve como firma, sin exigir un sistema concreto. Se suele confundir con la enumeración cerrada de sistemas de identificación electrónica del art. 9.2 — el 9 regula IDENTIFICARSE ante la Administración, el 10 regula FIRMAR un documento; son cosas distintas aunque se solapen en la práctica (un mismo certificado electrónico puede servir para ambas cosas).
Ver página propia del artículo 10.1 →Artículo 14.1
1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
Regla general: las personas físicas eligen libremente el medio de relación (electrónico o no) con la Administración y pueden cambiarlo en cualquier momento, salvo que estén dentro de los colectivos obligados del apartado 2. Es la contrapartida directa del art. 14.2: mientras las personas físicas tienen libertad de elección, ciertos sujetos (personas jurídicas, profesionales colegiados...) están obligados por ley a relacionarse solo electrónicamente.
Ver página propia del artículo 14.1 →Artículo 24.1
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.
Es el artículo estrella de la LPACAP en oposiciones. La regla general en procedimientos a solicitud del interesado es SILENCIO POSITIVO, salvo excepciones tasadas: norma con rango de ley en contrario, derecho de petición, dominio/servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, e impugnación de actos/revisión de oficio a solicitud del interesado (estos últimos son siempre negativos). Matiz de nivel superior: cuando el procedimiento verse sobre acceso a una actividad o su ejercicio, la ley que quiera imponer silencio negativo tiene que fundarse en "razones imperiosas de interés general" — no basta con que una ley lo diga sin más, tiene que justificarlo.
Ver página propia del artículo 24.1 →Artículo 29
Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
Los plazos obligan tanto a la Administración como a los interesados: no es una obligación unilateral del ciudadano frente a una Administración libre de plazos. Se pregunta en combinación con las consecuencias del incumplimiento por parte de la Administración — el retraso no exime de la obligación de resolver (art. 21) y puede generar responsabilidad disciplinaria del personal responsable, además de los efectos del silencio o la caducidad según el tipo de procedimiento.
Ver página propia del artículo 29 →Artículo 30.2
2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
La regla por defecto cuando un plazo se expresa "en días" es que son HÁBILES (se excluyen sábados, domingos y festivos), salvo que la norma diga expresamente "días naturales" — en cuyo caso debe hacerse constar en la notificación. Es el error más común en examen: asumir que "días" siempre significa naturales, cuando la regla general es justo la contraria. Ojo si vienes de estudiar Derecho Civil: el Código Civil hace la regla inversa (por defecto cuenta días naturales), y esa confusión es habitual.
Ver página propia del artículo 30.2 →Artículo 68.1
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
El plazo general de subsanación es de DIEZ DÍAS (el apartado 2 permite ampliarlo hasta cinco días más en casos de dificultad especial, salvo procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, donde no cabe esa ampliación). Si no se subsana, se declara el DESISTIMIENTO mediante resolución motivada — no es automático ni instantáneo, hace falta una resolución expresa dictada conforme al art. 21.
Ver página propia del artículo 68.1 →Artículo 79.1
1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
Distingue los informes PRECEPTIVOS (exigidos por una disposición legal concreta, que debe citarse) de los FACULTATIVOS (que el órgano instructor pide porque los considera convenientes para resolver, motivando esa conveniencia). Ambos se solicitan antes de resolver el procedimiento. En examen suele preguntarse si un informe concreto es preceptivo o facultativo según si existe o no una norma que lo exija expresamente.
Ver página propia del artículo 79.1 →Artículo 88.3
3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
La resolución debe indicar obligatoriamente los recursos procedentes, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para hacerlo; pero esto no es limitativo — el propio artículo aclara que el interesado puede ejercitar cualquier OTRO recurso que estime oportuno, aunque no coincida con lo indicado en la resolución. Un error de la Administración al señalar el recurso no cierra las vías reales de impugnación que le correspondan al interesado según la ley.
Ver página propia del artículo 88.3 →