30 preguntas verificadas · 30 con cita de artículo · 20 artículos distintos citados
Artículo 15🥇 3 preguntas
1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
Límite específico y muy preguntado, con dos niveles de protección que se confunden entre sí: para datos de ideología/afiliación sindical/religión/creencias (apdo. 1, primer párrafo) hace falta consentimiento expreso Y por escrito; para datos de origen racial/salud/vida sexual/genéticos/biométricos o infracciones sin amonestación pública (apdo. 1, segundo párrafo) basta consentimiento expreso —sin exigir que sea 'por escrito'— o amparo en norma con rango de ley. La diferencia de matiz ('y por escrito' frente a solo 'expreso') es justo lo que suele usarse para tender la trampa en examen. Aparte, el apdo. 2 marca la regla general inversa: con carácter general SÍ se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización o actividad del órgano, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos. Y la disociación de datos personales (anonimización, apdo. 4) permite el acceso sin aplicar ninguna de estas restricciones, porque deja de haber persona identificable.
Ver página propia del artículo 15 →Artículo 24🥈 3 preguntas
1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. 6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.
Dos plazos distintos que se confunden constantemente en examen: UN MES para presentar la reclamación, contado desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio (apdo. 2), y TRES MESES como plazo máximo del Consejo para resolverla, transcurridos los cuales se entiende desestimada por silencio (apdo. 4) — otra vez silencio negativo, coherente con el régimen del art. 20.4. La reclamación es potestativa (apdo. 1): el solicitante puede optar directamente por la vía contencioso-administrativa sin pasar por el Consejo, pero si elige la reclamación, esta sustituye a los recursos administrativos ordinarios (alzada, reposición), no se pueden interponer ambos a la vez. La competencia es del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, salvo que la comunidad autónoma correspondiente haya atribuido esa función a un órgano propio.
Ver página propia del artículo 24 →Artículo 2🥉 2 preguntas
1. Las disposiciones de este título se aplicarán a: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. 2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
Trampa habitual: la Casa Real, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas (letra f) SÍ están sujetos a la Ley, pero solo respecto de sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, no en su actividad institucional propia (por ejemplo, las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre un recurso quedan fuera). También se pregunta que el concepto estricto de 'Administraciones Públicas' del apdo. 2 solo abarca las letras a) a d) —AGE, CC.AA., Entes Locales y Seguridad Social—, no todo el listado del apdo. 1, que además incluye organismos autónomos (letra c), entidades vinculadas (letra d), sociedades mercantiles con más del 50% de participación pública directa o indirecta (letra g) y fundaciones y asociaciones del sector público (letras h e i). Ese umbral del 50% en las sociedades mercantiles es otro dato muy preguntado: por debajo de esa participación, la sociedad queda fuera del ámbito de aplicación del título.
Ver página propia del artículo 2 →Artículo 14#4 2 preguntas
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente. 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
Doce límites tasados (letras a-l), que se aplican de forma justificada y proporcionada, ponderando caso por caso (apdo. 2) — nunca de forma automática por el simple hecho de que la información roce alguna de esas doce materias. Ni siquiera invocar 'seguridad nacional' exime de valorar si existe un interés público o privado superior que justifique conceder el acceso pese a todo. Se distinguen de las 'causas de inadmisión' del art. 18: los límites del art. 14 se aplican tras admitir a trámite la solicitud, ponderando el fondo del asunto; las causas de inadmisión del art. 18 impiden entrar siquiera a valorar ese fondo. Trampa de memorización: son doce, no ocho ni quince, y van desde la seguridad nacional y la defensa hasta la protección del medio ambiente (última letra, l).
Ver página propia del artículo 14 →Artículo 18#5 2 preguntas
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. 2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.
Pregunta trampa clásica: son cinco causas de inadmisión (a-e), distintas de los doce límites del art. 14. Deben acordarse SIEMPRE mediante resolución motivada —la inadmisión nunca es un simple silencio o un trámite verbal—. La letra b) (información auxiliar o de apoyo: notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos) es la que más se pregunta porque a primera vista parece que cualquier documento interno queda excluido, cuando en realidad solo aplica a esa categoría concreta de documentos preparatorios, no a la información pública ya elaborada. La letra c) (necesidad de reelaboración) tampoco cubre cualquier trabajo de búsqueda: se refiere a cuando hay que generar información nueva a partir de datos dispersos, no a un simple esfuerzo de localización. Cuando la causa es la letra d) (órgano incompetente y se desconoce el competente), la propia resolución debe señalar qué órgano se considera competente (apdo. 2) — no basta con inadmitir sin más indicación.
Ver página propia del artículo 18 →Artículo 19#6 2 preguntas
1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. 2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. 3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.
Dos plazos que se confunden entre sí y son de los más preguntados de la Ley: diez días para que el solicitante concrete una solicitud mal identificada (apdo. 2) y quince días de alegaciones para terceros cuyos derechos o intereses puedan verse afectados (apdo. 3). Ambos supuestos suspenden el plazo para resolver (el mes del art. 20.1), un efecto que también se pregunta con frecuencia. Otro matiz del apdo. 2: si el solicitante no concreta la información en esos diez días, se le tiene por desistido —no se deniega la solicitud, se archiva por desistimiento—. Y el apdo. 4 cubre un supuesto distinto: cuando la información fue generada en su parte principal por otro sujeto, se le remite la solicitud a ese otro sujeto para que decida sobre el acceso, no al que la recibió primero.
Ver página propia del artículo 19 →Artículo 20#7 2 preguntas
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. 3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. 6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
El artículo más preguntado de toda la Ley: plazo de UN MES para resolver y notificar, prorrogable por OTRO MES si el volumen o complejidad lo justifica y previa notificación al solicitante (nunca 15 días ni 3 meses, que corresponden a otros trámites de esta misma Ley). El silencio administrativo es NEGATIVO —desestimatorio— (apdo. 4), justo la excepción a la regla general de silencio positivo del procedimiento administrativo común, y es uno de los datos que más se usa para tender trampas de examen. También conviene fijarse en el apdo. 3: si el mero hecho de decir si la información existe o no ya vulnerase algún límite del art. 14, la resolución puede desestimar sin confirmar ni negar esa existencia. Y el apdo. 6 añade una consecuencia disciplinaria poco conocida: el incumplimiento reiterado del plazo para resolver se considera infracción grave a efectos del régimen disciplinario de los responsables.
Ver página propia del artículo 20 →Artículo 22#8 2 preguntas
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días. 3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
El acceso es gratuito como regla general (apdo. 4); solo puede cobrarse por expedición de copias o por la trasposición de la información a un formato diferente del original, y siempre conforme a la normativa de tasas y precios públicos aplicable — nunca como tarifa libre fijada por el órgano que resuelve. Si la información ya está publicada, la resolución puede limitarse a remitir al solicitante a esa publicación en lugar de reproducirla de nuevo (apdo. 3), y si no puede darse el acceso de inmediato al notificar la resolución, el plazo máximo para materializarlo es de diez días (apdo. 1) — el mismo plazo que el art. 19.2 usa para que el solicitante concrete una solicitud, lo que facilita confundirlos en examen. El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica, salvo que no sea posible o el solicitante pida expresamente otro medio.
Ver página propia del artículo 22 →Artículo 1#9 1 pregunta
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Los tres objetos de la Ley que se preguntan literalmente: ampliar/reforzar la transparencia, regular y garantizar el derecho de acceso, y establecer las obligaciones de buen gobierno (con sus consecuencias por incumplimiento). No es casualidad que sean tres: cada uno da nombre a uno de los tres títulos de la Ley (Título I transparencia y acceso, Título II buen gobierno, Título III el Consejo que vigila ambos), así que memorizar el art. 1 sirve de mapa para ubicar cualquier otro artículo. Trampa habitual: el examen suele colar un cuarto 'objeto' inventado (crear un registro de lobbies, garantizar la neutralidad de la Administración, etc.) que no figura en el precepto — solo hay tres.
Ver página propia del artículo 1 →Artículo 6#10 1 pregunta
1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. 2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.
Primer bloque de publicidad activa: información institucional (funciones, normativa, organigrama actualizado con perfil de responsables) y de planificación (planes y programas con objetivos, evaluación y publicación periódica de resultados). Trampa habitual: el organigrama no basta con identificar el cargo, debe incluir el perfil y la trayectoria profesional de cada responsable (apdo. 1) — un dato que se suele confundir con el currículum completo, que la Ley NO exige publicar. En el apdo. 2 conviene fijarse en que la evaluación del cumplimiento de planes y programas en la AGE corresponde específicamente a las inspecciones generales de servicios, no a un órgano de nueva creación ni al propio Consejo de Transparencia.
Ver página propia del artículo 6 →Artículo 8#11 1 pregunta
1. Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. [...] 3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
Tercer bloque de publicidad activa, el más preguntado del Capítulo II: contratos (con posibilidad de publicación trimestral para los menores), convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales, retribuciones de altos cargos e indemnizaciones por cese, y relación de bienes inmuebles (apdo. 3). Trampa habitual: sobre los contratos hay que publicar el número de licitadores participantes y la identidad del adjudicatario, además de las modificaciones y también las decisiones de desistimiento y renuncia — no solo el contrato finalmente adjudicado. En retribuciones (letra f), el examen suele preguntar que se publican tanto las retribuciones anuales de altos cargos como las indemnizaciones que perciban al abandonar el cargo, dos partidas distintas que conviene no confundir.
Ver página propia del artículo 8 →Artículo 12#12 1 pregunta
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.
Titularidad universal del derecho: 'todas las personas', sin exigir nacionalidad española ni acreditar interés legítimo (a diferencia del acceso a expedientes de un procedimiento administrativo concreto en el que el solicitante es parte, regulado por la LPAC, que sí exige esa condición de interesado). Conecta directamente con el art. 105.b) de la Constitución, que es su fundamento. Trampa clásica de examen: el acceso a la información pública de la Ley 19/2013 y el acceso al expediente de un procedimiento en curso son dos derechos distintos, con regímenes y requisitos distintos, y suelen mezclarse en preguntas de opción múltiple.
Ver página propia del artículo 12 →Artículo 13#13 1 pregunta
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Concepto legal de 'información pública': cualquiera que sea su formato o soporte, con dos requisitos acumulativos —que obre en poder del sujeto obligado Y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones—. Ambos requisitos deben cumplirse a la vez: un documento que un empleado público conserve por motivos personales, sin relación con sus funciones, no encaja en el concepto aunque físicamente esté en su despacho. Este artículo conecta directamente con las causas de inadmisión del art. 18 (por ejemplo, la información 'auxiliar o de apoyo' de notas y borradores) y con los límites del art. 14, que solo se aplican una vez confirmado que sí estamos ante información pública en este sentido legal.
Ver página propia del artículo 13 →Artículo 17#14 1 pregunta
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. 2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. b) La información que se solicita. c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud. 4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.
El dato más preguntado del artículo: el solicitante NO está obligado a motivar su solicitud (apdo. 3); la falta de motivación nunca es, por sí sola, causa de rechazo. Eso sí, si el solicitante decide exponer motivos, la Administración SÍ puede tenerlos en cuenta al resolver — no es que los motivos sean irrelevantes, es que su ausencia no perjudica. Se confunde con las causas de inadmisión del art. 18, que son otra cosa. También conviene fijarse en el apdo. 4: la solicitud puede dirigirse en cualquiera de las lenguas cooficiales del territorio donde radique la Administración, y en el apdo. 2 en que basta cualquier medio que deje constancia de identidad, información solicitada y dirección de contacto — no se exige un formulario oficial ni sede electrónica obligatoriamente.
Ver página propia del artículo 17 →Artículo 25#15 1 pregunta
1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses. 2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. 3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.
El Título II de buen gobierno se aplica exclusivamente a altos cargos (miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y asimilados en la AGE y su sector público, apdo. 1), no a todos los empleados públicos, a diferencia del Título I de transparencia, que afecta a las Administraciones en su conjunto. El apdo. 2 extiende el título a los altos cargos o asimilados de comunidades autónomas y entidades locales, pero remitiendo a lo que diga su propia normativa autonómica o local —no es una aplicación automática e idéntica en todo el territorio—, e incluye expresamente a los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. Trampa habitual: el apdo. 3 aclara que someterse a este régimen no afecta a la condición de cargo electo que pudiera tener la persona, es decir, no se pierde ni se suspende esa condición por aplicárseles el Título II.
Ver página propia del artículo 25 →Artículo 26#16 1 pregunta
1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes: a) Principios generales: 1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos [...]. 2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público [...]. 3.º Respetarán el principio de imparcialidad [...]. 4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones [...]. 5.º Actuarán con la diligencia debida [...]. 6.º Mantendrán una conducta digna [...]. 7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias [...]. b) Principios de actuación: 1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación [...]. 2.º Guardarán la debida reserva [...]. [...] 6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. [...] 3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título.
Se distinguen dos bloques de principios que el examen suele pedir diferenciar: 'principios generales' (letra a, entre ellos transparencia en la gestión, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual sin discriminaciones y asunción de responsabilidad por las decisiones propias) y 'principios de actuación' (letra b, más operativos: dedicación plena, reserva debida sobre asuntos conocidos por razón del cargo y el régimen de regalos). El régimen de regalos institucionales (letra b, 6º) es un clásico de examen: no se aceptan los que superen los usos habituales, sociales o de cortesía ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el ejercicio de las funciones, y los obsequios de mayor relevancia institucional se incorporan al patrimonio de la Administración correspondiente, no se quedan en manos del alto cargo. El apdo. 3 cierra el artículo recordando que estos principios informan la interpretación del régimen sancionador del propio título, es decir, sirven también para graduar las infracciones.
Ver página propia del artículo 26 →Artículo 32#17 1 pregunta
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.
Regla de memorización directa que se pregunta con frecuencia: los plazos de prescripción de infracciones y de sanciones son idénticos entre sí (5/3/1 años según sean muy graves/graves/leves) — no hay que aprenderse dos tablas distintas, es la misma escala aplicada dos veces (apdo. 1 para las infracciones, apdo. 2 para las sanciones ya impuestas). Truco mnemotécnico útil: cuanto más grave la infracción, más años tarda en prescribir, en la misma escala 5-3-1 que usan otras leyes sancionadoras del sector público, así que conviene fijarse en que aquí concretamente es 5 años para muy graves, no 6 ni 4.
Ver página propia del artículo 32 →Artículo 33#18 1 pregunta
1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nace como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (apdo. 1), pero con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y plena independencia en el cumplimiento de sus fines (apdo. 2): la adscripción ministerial fija dónde se ubica administrativamente, pero no implica dependencia jerárquica en sus decisiones ni que el Ministerio pueda ordenarle cómo resolver una reclamación. Esta doble cara —adscrito pero independiente— es justo el matiz que se pregunta: no es un órgano dentro de la estructura jerárquica del Ministerio como una Dirección General, sino un organismo autónomo con vida jurídica propia.
Ver página propia del artículo 33 →Artículo 37#19 1 pregunta
1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.
Dato muy preguntado: el mandato del Presidente es de cinco años y NO renovable (a diferencia de otros altos cargos cuyo mandato sí puede renovarse), nombrado por Real Decreto a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El procedimiento tiene dos fases que conviene distinguir: primero una comparecencia de la persona propuesta ante la Comisión competente del Congreso, y después el refrendo del nombramiento por esa misma Comisión mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, en el plazo de un mes natural desde que reciben la comunicación. El requisito de fondo es ser persona de 'reconocido prestigio y competencia profesional' — no se exige ser funcionario ni jurista, a diferencia de otros altos cargos técnicos.
Ver página propia del artículo 37 →Artículo 38#20 1 pregunta
1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones: a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto. d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. [...] 2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones: a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley. b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I [...]. c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley. d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley.
Distinción clave y muy preguntada: las reclamaciones del art. 24 las resuelve el PRESIDENTE del Consejo a título individual (apdo. 2.c), no la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en pleno, que tiene funciones más generales de recomendación, asesoramiento, informe preceptivo de proyectos normativos y evaluación del grado de aplicación de la Ley (apdo. 1). El Presidente, además de resolver reclamaciones, adopta los criterios de interpretación uniforme de la Ley (letra a), vela por el cumplimiento de la publicidad activa (letra b), responde consultas facultativas de los órganos que tramitan solicitudes de acceso (letra d) e insta el inicio del procedimiento sancionador del Título II (letra e) — esta última función conecta el art. 38 con los fines de 'garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno' del art. 34, aunque quien sanciona finalmente no es el propio Consejo.
Ver página propia del artículo 38 →Artículo 7
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
Segundo bloque de publicidad activa: información de relevancia jurídica. Se pregunta mucho el momento de publicación de anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos (letra b): se publican cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes o, si no es preceptivo ningún dictamen, en el momento de su aprobación. Trampa: para los proyectos de reglamento (letra c) la regla es parecida —publicación cuando se soliciten los dictámenes— pero el precepto aclara expresamente que esa publicación NO supone, por sí sola, la apertura de un trámite de audiencia pública, que es un trámite distinto regulado en otra normativa. También se pregunta la letra d), que exige publicar las memorias e informes del expediente normativo, citando expresamente la memoria de análisis de impacto normativo.
Ver página propia del artículo 7 →Artículo 34
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
Los cuatro fines del Consejo, que reflejan los tres bloques de la Ley y sirven para ubicar cada función concreta del art. 38 dentro de uno de ellos: promover la transparencia de la actividad pública (finalidad general), velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (Título I, Capítulo II), salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso (Título I, Capítulo III, incluidas las reclamaciones del art. 24) y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno (Título II). Trampa habitual: se suele preguntar si el Consejo tiene funciones sancionadoras propias — no las tiene de forma directa; sus funciones son de promoción, vigilancia y salvaguarda, y respecto del buen gobierno se limita a poder instar el inicio del procedimiento sancionador, que resuelve otro órgano.
Ver página propia del artículo 34 →Artículo 36
2. Dicha Comisión estará compuesta por: a) El Presidente. b) Un Diputado. c) Un Senador. d) Un representante del Tribunal de Cuentas. e) Un representante del Defensor del Pueblo. f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 3. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.
Composición de ocho miembros que suele preguntarse de forma literal (el Presidente, un Diputado, un Senador y representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), y que salvo el Presidente no cobran por su condición de miembro ni tienen dedicación exclusiva (apdo. 3) — el examen suele plantear como falso que 'todos los miembros perciben remuneración', cuando la excepción es solo para el Presidente. Fijarse también en que hay representación de tres poderes distintos (legislativo con Diputado y Senador, y de control con Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo) además de la propia Administración, lo que refuerza el carácter de órgano de control transversal, no solo interno del Ministerio de Hacienda.
Ver página propia del artículo 36 →