30 preguntas verificadas · 29 con cita de artículo · 23 artículos distintos citados
Artículo 14🥇 2 preguntas
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia. 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo central de toda la ley — es el que da origen al resto del articulado. Trampa habitual: el deber de protección del empresario NUNCA se ve eximido por la existencia de trabajadores designados, servicio de prevención propio o entidades concertadas (apdo. 4); esas figuras complementan la acción del empresario, no sustituyen su responsabilidad última. El apdo. 1 enumera los derechos concretos que integran la 'protección eficaz' (información, consulta y participación, formación, paralización en riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud) — son exactamente los que luego desarrollan los artículos 18 a 22, así que este artículo funciona como índice de esa parte de la ley. El apdo. 5, sobre el coste, es tajante y sin excepciones: nunca recae sobre el trabajador.
Ver página propia del artículo 14 →Artículo 15🥈 2 preguntas
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
Los nueve principios (letras a-i) siguen un orden lógico de preferencia que se pregunta con frecuencia, tanto para ordenarlos como para detectar el intruso: primero evitar el riesgo, después evaluar lo que no se puede evitar, combatirlo en su origen... La letra h) es trampa recurrente: la protección COLECTIVA siempre se antepone a la individual, nunca al revés (coherente con el art. 17.2, que reserva los EPI para cuando la protección colectiva no basta). La letra i), dar instrucciones a los trabajadores, conecta con la obligación de formación del art. 19 y con los deberes del propio trabajador del art. 29 — los tres artículos suelen combinarse en preguntas de caso práctico.
Ver página propia del artículo 15 →Artículo 16🥉 2 preguntas
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. 2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva: a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, que serán objeto de planificación por el empresario. 2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
Redactado por la Ley 54/2003, que introdujo el 'plan de prevención' como elemento previo y organizativo, antes incluso de la evaluación de riesgos (en la redacción original de 1995 la ley empezaba directamente por la evaluación, sin ese paso previo). El apdo. 2 bis (procedimiento simplificado para pymes, añadido por la Ley 25/2009) es trampa habitual: se pregunta si es 'obligatorio siempre el procedimiento ordinario' —falso— o si la simplificación exime de garantizar el nivel de protección —también falso, la ley exige expresamente que 'no suponga una reducción del nivel de protección'. El apdo. 3 introduce un deber de investigación reactivo cuando ya se ha producido un daño, distinto del deber de evaluación inicial y preventivo del apdo. 2.
Ver página propia del artículo 16 →Artículo 21#4 2 preguntas
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 2. El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 3. Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias, los representantes legales de los trabajadores podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
Encadenamiento de decisiones muy preguntado, de menor a mayor nivel de representación: primero el propio trabajador individual puede interrumpir su actividad y abandonar el puesto si considera que hay riesgo grave e inminente (apdo. 2); si el empresario no adopta las medidas necesarias, deciden los representantes legales de los trabajadores por mayoría, comunicándolo de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, que resuelve en 24 horas (apdo. 3); y solo si no es posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación, la decisión la toman los Delegados de Prevención por mayoría. El apdo. 4 protege frente a represalias a quien ejerce estos derechos, salvo mala fe o negligencia grave — otra trampa habitual es olvidar esta excepción.
Ver página propia del artículo 21 →Artículo 22#5 2 preguntas
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 3. Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados. 4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo. 5. El derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario.
El apdo. 1 es de los más preguntados: la regla general es la VOLUNTARIEDAD de los reconocimientos médicos, y las tres excepciones tasadas (imprescindibilidad para evaluar riesgos, peligro para terceros, o disposición legal específica sobre actividades de especial peligrosidad) deben ir precedidas de informe de los representantes de los trabajadores — sin ese informe previo, ni siquiera en esos supuestos sería válido imponer el reconocimiento. El apdo. 4 distingue datos médicos de carácter personal (reservados al personal médico y autoridades sanitarias) de las conclusiones sobre aptitud para el puesto (que sí se comunican al empresario) — confundir estos dos niveles de información es un error típico de examen. El apdo. 5 añade que el derecho a la vigilancia puede prolongarse más allá de la relación laboral cuando la naturaleza del riesgo lo justifique (por ejemplo, exposición a agentes con efectos a largo plazo).
Ver página propia del artículo 22 →Artículo 35#6 2 preguntas
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.
LA pregunta trampa por excelencia de toda la ley: la escala del apdo. 2 (2 delegados de 50 a 100 trabajadores, 3 de 101 a 500, 4 de 501 a 1.000, 5 de 1.001 a 2.000, 6 de 2.001 a 3.000, 7 de 3.001 a 4.000, 8 a partir de 4.001) se confunde sistemáticamente entre sus tramos, y además hay dos regímenes especiales para empresas pequeñas que no siguen esa escala: hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención ES directamente el Delegado de Personal (no hay elección separada), y de 31 a 49 trabajadores hay un único Delegado de Prevención elegido entre los propios Delegados de Personal. El apdo. 3 añade una regla de cómputo poco recordada: los contratos temporales de hasta un año se computan a razón de un trabajador más por cada 200 días trabajados o fracción, no como trabajador fijo completo.
Ver página propia del artículo 35 →Artículo 2#7 1 pregunta
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
Trampa clásica: el carácter de 'Derecho necesario mínimo indisponible' (apdo. 2) significa que la ley fija un suelo de protección que nunca puede rebajarse por convenio colectivo o pacto individual, pero sí puede mejorarse y desarrollarse al alza. No es 'indisponible en todo caso sin excepción': lo indisponible es rebajarlo, no mejorarlo. El apdo. 1 enumera los fines de la ley (promover la seguridad y salud, fijar principios generales, regular información/consulta/participación/formación) que luego se desarrollan artículo por artículo a lo largo del resto de la norma — conviene tenerlo presente como 'índice' de lo que viene después.
Ver página propia del artículo 2 →Artículo 3#8 1 pregunta
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. 2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: –Policía, seguridad y resguardo aduanero. –Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. –Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 4. (Suprimido).
Doble trampa muy actual: (1) la lista de exclusiones del apdo. 2 (policía, protección civil, Fuerzas Armadas) no significa 'no se aplica nunca' — la ley 'inspirará' la normativa específica de esos colectivos, es una exclusión de aplicación directa, no de influencia; (2) el apartado 4, que excluía el servicio del hogar familiar, fue SUPRIMIDO por el Real Decreto-ley 16/2022, por lo que la LPRL sí se aplica hoy a esa relación laboral especial. Ojo también al apdo. 3: en centros militares se aplica la LPRL con particularidades, y en establecimientos penitenciarios se adapta según la Ley 7/1990 — no son exclusiones totales como las del apdo. 2.
Ver página propia del artículo 3 →Artículo 4#9 1 pregunta
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata. 5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Definiciones legales que el examen scrambla entre sí: 'riesgo laboral' (posibilidad de que un trabajador sufra un daño, sin más) frente a 'riesgo laboral grave e inminente' (exige probabilidad racional de materializarse en un futuro inmediato Y daño grave, un escalón cualitativo distinto, ver art. 21); 'daños derivados del trabajo' (enfermedades, patologías o lesiones ya producidas) frente a 'riesgo laboral' (posibilidad, no hecho consumado); y 'equipo de trabajo' (máquina, aparato o instalación usada en el trabajo) frente a 'equipo de protección individual' (lo que el propio trabajador lleva puesto para protegerse). Fijarse en que la definición de riesgo grave e inminente incluye expresamente la exposición a agentes cuyos daños no se manifiesten de forma inmediata — un matiz que se pregunta con frecuencia.
Ver página propia del artículo 4 →Artículo 17#10 1 pregunta
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Trampa clásica: los EPI son el último recurso dentro de la jerarquía preventiva, se usan solo cuando el riesgo no se puede evitar NI limitar suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o por medidas organizativas del trabajo — no son la primera opción (coherente con el art. 15.1.h). El apdo. 1 añade otra capa que se olvida con facilidad: cuando un equipo de trabajo presenta riesgo específico, su uso debe quedar reservado a personal autorizado y su reparación/mantenimiento a personal específicamente capacitado, no a cualquier trabajador que sepa manejarlo en el día a día.
Ver página propia del artículo 17 →Artículo 18#11 1 pregunta
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.
La existencia de representantes de los trabajadores no exime al empresario de informar DIRECTAMENTE a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su propio puesto de trabajo o función; es una obligación adicional, no sustitutiva del canal a través de representantes. Distinguir este artículo (información, un deber unidireccional del empresario) del art. 33 y siguientes (consulta y participación, que exigen intercambio y en ocasiones acuerdo) es una confusión habitual en examen: aquí basta con que el trabajador reciba la información, en consulta hay que dar oportunidad real de opinar antes de decidir.
Ver página propia del artículo 18 →Artículo 19#12 1 pregunta
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
La formación debe ser teórica Y práctica —no basta una charla teórica ni solo un manual—, se exige con independencia de la modalidad o duración del contrato (también en contratos temporales cortos), y debe repetirse cuando cambien las funciones, se introduzcan nuevas tecnologías o cambien los equipos de trabajo, no solo en el momento de la contratación inicial. El apdo. 2 fija dos garantías que se preguntan por separado: debe impartirse dentro de la jornada laboral siempre que sea posible (y si no, se descuenta el tiempo de la jornada) y su coste nunca puede repercutirse en el trabajador, igual que ocurre con el coste general de las medidas preventivas del art. 14.5.
Ver página propia del artículo 19 →Artículo 23#13 1 pregunta
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse. d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos. e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. 3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo.
Enumera los cinco documentos obligatorios (letras a-e) que el empresario debe elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral: plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, controles del estado de salud y relación de accidentes/enfermedades profesionales con baja superior a un día. Esta documentación cumple una doble función práctica que ayuda a recordarla: sirve de prueba ante una inspección de trabajo y también en caso de reclamación judicial por un accidente. El apdo. 2 añade una obligación que se olvida con frecuencia: al cesar la actividad, la empresa debe remitir toda esta documentación a la autoridad laboral, no simplemente archivarla o destruirla.
Ver página propia del artículo 23 →Artículo 24#14 1 pregunta
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores. 2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar. 3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
Distingue tres niveles de responsabilidad cuando coinciden varias empresas en un mismo centro de trabajo (el ejemplo típico de examen es una obra con contratas y subcontratas): cooperación mutua entre todas las empresas concurrentes (apdo. 1), deber reforzado de información e instrucciones del empresario titular del centro hacia las demás empresas que trabajan en él (apdo. 2), y deber de vigilancia del cumplimiento normativo específicamente cuando hay contrata o subcontrata de la propia actividad de la empresa principal (apdo. 3) — este último va más allá de informar, exige comprobar que el contratista realmente cumple. El apdo. 5 extiende los deberes de cooperación e información también a los trabajadores autónomos que operen en esos centros de trabajo.
Ver página propia del artículo 24 →Artículo 29#15 1 pregunta
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. 2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 1.º Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y demás medios con los que desarrollen su actividad. 2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo. 4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas.
Las seis obligaciones del apdo. 2 (numeradas 1.º a 6.º) son de memorización habitual: uso adecuado de máquinas y sustancias, uso correcto de los EPI facilitados, no manipular dispositivos de seguridad, informar de inmediato de cualquier situación de riesgo, contribuir al cumplimiento normativo y cooperar con el empresario. El apdo. 3 es la trampa más repetida: el incumplimiento del trabajador NO es una 'infracción administrativa' de la LPRL en sentido técnico (eso corresponde al empresario, vía LISOS), sino un incumplimiento laboral conforme al art. 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, o una falta disciplinaria si se trata de personal funcionario o estatutario — dos regímenes sancionadores distintos según el tipo de relación.
Ver página propia del artículo 29 →Artículo 30#16 1 pregunta
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo. 6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.
El umbral del apdo. 5 es trampa muy repetida: el empresario puede asumir personalmente la actividad preventiva hasta 10 trabajadores con carácter general, y hasta 25 trabajadores si la empresa tiene un único centro de trabajo (redacción de la Ley 14/2013) — no confundir con el umbral de 6 trabajadores del art. 34 (representación general), el de 50 del art. 38 (Comité de Seguridad y Salud) ni con la escala variable de Delegados de Prevención del art. 35. El apdo. 6 añade una obligación que se olvida: si la empresa no concierta el servicio de prevención con una entidad ajena, debe someter su propio sistema preventivo a una auditoría externa periódica — la autoevaluación sin control externo no es suficiente.
Ver página propia del artículo 30 →Artículo 31#17 1 pregunta
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes. 3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo, en particular en: a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. b) La evaluación de los factores de riesgo. c) La planificación de la actividad preventiva. d) La información y formación de los trabajadores. e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. f) La vigilancia de la salud de los trabajadores. 4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario.
Aclara la frontera entre bastar con un trabajador designado (art. 30) y ser necesario constituir un servicio de prevención propio o ajeno (este artículo): el salto se produce cuando esa designación individual resulta insuficiente por el tamaño de la empresa, los riesgos a los que están expuestos los trabajadores o la peligrosidad de las actividades desarrolladas. Las seis funciones del apdo. 3 (letras a-f: diseño del plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación preventiva, información y formación, primeros auxilios y planes de emergencia, y vigilancia de la salud) suelen pedirse en examen para identificar cuál NO figura entre ellas — conviene memorizarlas como bloque cerrado. El apdo. 4 remata con el carácter interdisciplinario que debe tener el servicio, es decir, combinar distintas especialidades preventivas, no una sola.
Ver página propia del artículo 31 →Artículo 34#18 1 pregunta
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio.
El umbral de seis trabajadores marca el paso de la representación general (comités de empresa, delegados de personal) a la representación especializada en materia de prevención, que luego se concreta en Delegados de Prevención desde 50 trabajadores según la escala del art. 35 (con regímenes especiales para empresas más pequeñas). Conviene tener claro el mapa completo de umbrales de esta ley, porque el examen los mezcla constantemente: 6 trabajadores (representación general, este artículo), 10 o 25 (el empresario puede asumir personalmente la prevención, art. 30.5), 30 y 31-49 (regímenes especiales de designación de Delegado de Prevención, art. 35.2) y 50 (Comité de Seguridad y Salud, art. 38).
Ver página propia del artículo 34 →Artículo 36#19 1 pregunta
1. Son competencias de los Delegados de Prevención: a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo. b) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores. e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
Distingue 'competencias' (apdo. 1, qué puede hacer el Delegado de Prevención: colaborar, promover, ser consultado, vigilar) de 'facultades' (apdo. 2, con qué medios concretos ejercerlas: acompañar a técnicos e inspectores, acceder a documentación, ser informado de daños a la salud, visitar los lugares de trabajo, proponer la paralización de actividades del art. 21.3). Trampa muy repetida: en empresas sin Comité de Seguridad y Salud (menos de 50 trabajadores), las competencias que la ley atribuye a ese órgano no quedan sin cubrir — las ejercen directamente los Delegados de Prevención, según establece expresamente el apdo. 1 in fine.
Ver página propia del artículo 36 →Artículo 37#20 1 pregunta
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido.
Trampa muy específica: NO todo el tiempo de actuación del Delegado de Prevención consume su crédito de horas sindicales del art. 68 e) del Estatuto de los Trabajadores; las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y ciertas visitas previstas en el art. 36.2 se consideran tiempo de trabajo efectivo APARTE de ese crédito horario, es decir, no restan horas sindicales disponibles para otras funciones representativas. El apdo. 2 añade que la formación preventiva que debe proporcionar el empresario también cuenta como tiempo de trabajo y nunca puede costearla el propio Delegado. El apdo. 3 remite al deber de sigilo profesional del art. 65.2 ET, el mismo que rige para cualquier representante de los trabajadores respecto de información reservada.
Ver página propia del artículo 37 →Artículo 38#21 1 pregunta
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. 3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros.
Es un órgano PARITARIO: el mismo número de Delegados de Prevención que de representantes del empresario, lo que lo distingue de los Delegados de Prevención en solitario (arts. 35-37), que actúan sin esa composición equilibrada con la empresa. El umbral de 50 trabajadores (apdo. 2) para constituirlo es distinto del umbral de 6 del art. 34 y de la escala variable de Delegados de Prevención del art. 35 — son tres cifras distintas para tres figuras distintas, fácil de confundir en examen. El apdo. 3 fija una periodicidad mínima trimestral de reuniones, ampliable siempre que lo pida cualquiera de las dos representaciones, y permite crear un Comité Intercentros cuando la empresa tiene varios centros de trabajo con Comité propio.
Ver página propia del artículo 38 →Artículo 39#22 1 pregunta
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica, la elección de la modalidad organizativa de la empresa, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores. d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
El Comité PARTICIPA y PROMUEVE (apdo. 1: elaborar, poner en práctica y evaluar planes, proponer mejoras), no decide unilateralmente — es un órgano de consulta, debate previo y propuesta, distinto de las facultades individuales de vigilancia y control que sí tienen los Delegados de Prevención en el art. 36.2.d). Las facultades del apdo. 2 (conocer la situación preventiva, acceder a documentos e informes, conocer y analizar daños a la salud, conocer la memoria y programación anual del servicio de prevención) son de acceso a información, no de decisión ejecutiva — el Comité informa y propone, pero la decisión última sigue correspondiendo al empresario.
Ver página propia del artículo 39 →Artículo 42#23 1 pregunta
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. 2. (Derogado). 3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.
Las tres responsabilidades derivadas del incumplimiento empresarial —administrativa, penal y civil— son COMPATIBLES entre sí y con el recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social (apdo. 3); no se excluyen unas a otras, y es habitual que un mismo accidente laboral grave desencadene las cuatro vías a la vez. El apartado 2, que regulaba la responsabilidad solidaria de la empresa principal con sus contratistas y subcontratistas, está derogado desde el Real Decreto Legislativo 5/2000; esa materia se regula hoy en la normativa laboral general sobre contratas y subcontratas, no en la LPRL — otro ejemplo, junto con los arts. 45 a 50, de contenido histórico de esta ley que ha migrado a otras normas.
Ver página propia del artículo 42 →Artículo 1
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
Este artículo abre la ley fijando qué se considera «normativa sobre prevención»: no es solo el articulado de la LPRL, sino también sus reglamentos de desarrollo (el más citado en examen es el Reglamento de los Servicios de Prevención) y cualquier otra norma —legal o de origen convencional, como un convenio colectivo— que contenga prescripciones preventivas, aunque no sea una norma pensada originalmente para regular seguridad laboral. Trampa habitual: se pregunta si un convenio colectivo puede formar parte de esta 'normativa'; la respuesta es sí, siempre que contenga prescripciones de este tipo, porque el artículo habla de normas 'legales o convencionales' sin restringir su origen.
Ver página propia del artículo 1 →Artículo 20
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
Tres bloques de medidas de emergencia que se piden completar: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. El personal designado para aplicarlas debe cumplir tres requisitos simultáneos —formación necesaria, número suficiente y material adecuado— en función del tamaño de la empresa y la presencia de personas ajenas a ella. Diferencia clave con el art. 21: este artículo regula la planificación previa ante posibles emergencias (incendio, evacuación), mientras que el art. 21 regula la reacción ante un riesgo grave e inminente ya detectado en el momento — son situaciones distintas que el examen combina para confundir.
Ver página propia del artículo 20 →Artículo 45 a 50
Artículo 45.1. (Párrafo primero y segundo derogados). No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al efecto se establezca. 2. (Derogado). [Artículos 46, 47, 48, 49 y 50: (Derogados)].
Dato clave y muy poco conocido por los opositores: los artículos 45 a 50 de la LPRL, que originalmente clasificaban las infracciones en leves, graves y muy graves y fijaban sus sanciones económicas, fueron DEROGADOS por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprobó el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Hoy esa clasificación y las cuantías de las sanciones se regulan en la LISOS (arts. 11 a 13 y concordantes), NO en la Ley 31/1995. Es una trampa de examen frecuente: preguntar por 'la clasificación de infracciones de la LPRL' cuando en realidad hay que remitirse a otra ley distinta.
Ver página propia del artículo 45 a 50 →