Ley clave de oposición

LOPDGDD

La LOPDGDD es la ley española que adapta nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), de aplicación directa en toda la Unión Europea desde el 25 de mayo de 2018, y que además desarrolla el derecho fundamental a la protección de datos del art. 18.4 de la Constitución y reconoce un catálogo propio de derechos digitales (desconexión digital, testamento digital, derecho al olvido en Internet y redes sociales, entre otros). En el temario de oposición se estudian siempre juntos: el RGPD marca los principios, bases de licitud y derechos de las personas comunes a toda la UE, mientras que la LOPDGDD concreta esas reglas para España, regula la Agencia Española de Protección de Datos, el delegado de protección de datos, el régimen sancionador propio y el Título X de derechos digitales, que no tiene equivalente en el RGPD. Es materia habitual en oposiciones de Administración General del Estado, Administración Local, Justicia y cualquier cuerpo que trate datos de personas físicas en el ejercicio de sus funciones.

Texto consolidado del BOE (BOE-A-2018-16673)

Estructura de la norma

  • Título I. Disposiciones generales (objeto de la ley, ámbito de aplicación, datos de personas fallecidas)arts. 1-3
  • Título II. Principios de protección de datos (exactitud, confidencialidad, consentimiento, menores, categorías especiales de datos, datos de naturaleza penal)arts. 4-10
  • Título III. Derechos de las personas (transparencia e información; ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición)arts. 11-18
  • Título IV. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos (videovigilancia, sistemas de información crediticia, denunciantes, fines estadísticos y de archivo)arts. 19-27
  • Título V. Responsable y encargado del tratamiento (medidas de responsabilidad activa, encargado del tratamiento, delegado de protección de datos, códigos de conducta)arts. 28-39
  • Título VI. Transferencias internacionales de datosarts. 40-43
  • Título VII. Autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos y autoridades autonómicas)arts. 44-62
  • Título VIII. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datosarts. 63-69
  • Título IX. Régimen sancionador (sujetos responsables, clasificación de infracciones, prescripción, sanciones y medidas correctivas)arts. 70-78
  • Título X. Garantía de los derechos digitales (desconexión digital, videovigilancia laboral, protección de menores en Internet, derecho al olvido, testamento digital)arts. 79-97

📊 Ranking: los artículos que más caen en examen

30 preguntas verificadas · 28 con cita de artículo · 23 artículos distintos citados

Artículo 34🥇 2 preguntas

Designación de un delegado de protección de datos (LOPDGDD)

1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades: a) Los colegios profesionales y sus consejos generales. b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas. [...] 2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.

La LOPDGDD amplía, con una lista tasada de entidades (colegios profesionales, centros docentes y universidades, entidades de crédito, aseguradoras, centros sanitarios, operadores de juego, etc.), los supuestos de designación obligatoria del delegado más allá de los genéricos del art. 37.1 RGPD (tratamiento a gran escala, observación habitual y sistemática, categorías especiales a gran escala). La diferencia clave para examen: estas entidades del art. 34.1 LOPDGDD están obligadas SIEMPRE, aunque no cumplan ninguno de los criterios de volumen del RGPD, solo por pertenecer a la lista. El resto de responsables pueden designar DPO de forma voluntaria (apdo. 2), quedando igualmente sujetos al régimen del RGPD y de esta ley. El plazo de comunicación a la AEPD de nombramientos y ceses es de diez días (apdo. 3), dato muy preguntado y fácil de confundir con otros plazos de la ley (dos meses del art. 37.1, un mes del art. 37.2).

Ver página propia del artículo 34 →

Artículo 36🥈 2 preguntas

Posición del delegado de protección de datos (LOPDGDD)

1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. 2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. 3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.

Garantía de independencia clásica de examen: el DPO solo puede ser removido o sancionado por dolo o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones (apdo. 2) — no por cualquier desacuerdo del responsable con sus recomendaciones, que es justamente lo que la norma quiere evitar para que el DPO pueda actuar con libertad frente a la propia organización que lo contrata. El apdo. 3 refuerza esa independencia por otra vía: nadie puede oponerle al DPO el deber de confidencialidad para negarle el acceso a datos y procesos de tratamiento, ni siquiera invocando el propio art. 5 de esta ley. Distínguelo del art. 37: aquel regula los plazos de respuesta cuando un afectado reclama a través del DPO, este regula la posición institucional del DPO dentro de la organización.

Ver página propia del artículo 36 →

Artículo 4🥉 2 preguntas

Art. 4 RGPD — Definiciones (dato personal y tratamiento)

A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 1) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona; 2) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; [...] 7) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento [...] 8) «encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Este artículo del RGPD (no de la LOPDGDD) es la base de todo el temario: las 26 definiciones legales, especialmente 'dato personal' (persona identificada O identificable, directa o indirectamente, por cualquier identificador — nombre, número, localización, identificador en línea, o rasgos físicos, fisiológicos, genéticos, psíquicos, económicos, culturales o sociales) y 'tratamiento' (concepto amplísimo que incluye desde la mera conservación hasta la destrucción, automatizado o no). La distinción responsable/encargado es la más preguntada: el responsable decide POR QUÉ y CÓMO se tratan los datos (fines y medios); el encargado trata datos por cuenta de otro, siguiendo sus instrucciones, sin margen propio de decisión sobre la finalidad — un mismo organismo puede ser responsable de unos tratamientos y encargado de otros según el caso concreto.

Ver página propia del artículo 4 →

Artículo 5#4 2 preguntas

Art. 5 RGPD — Principios relativos al tratamiento

1. Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»); b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines [...] («limitación de la finalidad»); c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»); d) exactos y, si fuera necesario, actualizados [...] («exactitud»); e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales [...] («limitación del plazo de conservación»); f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales [...] («integridad y confidencialidad»). 2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

Los seis principios (a-f), cada uno con su nombre técnico entre comillas, son de memorización literal obligatoria: licitud-lealtad-transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad-confidencialidad. El apartado 2 añade un séptimo principio transversal, la 'responsabilidad proactiva' (accountability), que exige poder DEMOSTRAR el cumplimiento, no solo cumplir — es la base jurídica que sustenta en la práctica obligaciones como llevar el registro de actividades de tratamiento o hacer evaluaciones de impacto: no basta con cumplir la ley de hecho, hay que poder acreditarlo documentalmente ante una eventual inspección de la AEPD.

Ver página propia del artículo 5 →

Artículo 6#5 2 preguntas

Art. 6 RGPD — Licitud del tratamiento

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero [...]. Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

Las seis bases de licitud (a-f) son alternativas, basta UNA para que un tratamiento sea lícito: consentimiento, ejecución de un contrato, cumplimiento de obligación legal, protección de intereses vitales, misión de interés público/ejercicio de poderes públicos, e interés legítimo. Trampa muy repetida: la base f) 'interés legítimo' NO puede usarla nunca una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones (último párrafo), a diferencia de una empresa privada — una Administración que trata datos en ejercicio de sus potestades debe apoyarse normalmente en la letra e) o c), nunca en el interés legítimo, precisamente para evitar que invoque un interés genérico propio en vez de una habilitación legal o competencial concreta.

Ver página propia del artículo 6 →

Artículo 1#6 1 pregunta

Objeto de la ley (LOPDGDD)

La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Pregunta base: la LOPDGDD tiene un doble objeto, letra a) adaptar el ordenamiento español al RGPD y letra b) garantizar derechos digitales nuevos, sin equivalente en el RGPD, amparados también en el art. 18.4 CE. Matiz que se confunde mucho: un reglamento europeo no se 'transpone' como una directiva (que sí necesita una norma nacional para producir efectos) — el RGPD ya es de aplicación directa desde el 25-mayo-2018, así que la LOPDGDD lo completa y desarrolla, no lo traslada al derecho interno. El Título X (arts. 79-97), que regula desconexión digital, testamento digital y derecho al olvido, es la parte de la ley sin ningún equivalente en el RGPD — nace directamente de la letra b) de este artículo.

Ver página propia del artículo 1 →

Artículo 9#7 1 pregunta

Categorías especiales de datos (LOPDGDD)

1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.

Trampa muy repetida: para datos especialmente sensibles (ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico) el consentimiento del afectado, por sí solo, NO basta para levantar la prohibición de tratamiento — es una restricción española más estricta que la mera letra a) del art. 9.2 RGPD, pensada para evitar que un consentimiento aparente encubra una situación discriminatoria. Ojo con el apdo. 2: cuando el tratamiento se ampara en las letras g), h) o i) del art. 9.2 RGPD (interés público esencial, medicina preventiva/laboral, salud pública) y se basa en Derecho español, hace falta una norma con rango de LEY, no basta un reglamento o una orden ministerial.

Ver página propia del artículo 9 →

Artículo 37#8 1 pregunta

Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación (LOPDGDD)

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame. En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación. 2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.

Dos plazos que se confunden en examen y que dependen de QUIÉN inicia el contacto: si el afectado se dirige directamente al DPO antes de reclamar ante la AEPD, el DPO responde en un máximo de dos meses (apdo. 1); si en cambio el afectado ya presentó la reclamación ante la AEPD (o autoridad autonómica) y es esta quien decide trasladarla al DPO para que gestione el caso, el plazo se acorta a un mes (apdo. 2). La lógica es que la vía directa al DPO es una especie de trámite previo voluntario y más flexible, mientras que cuando interviene la autoridad de control conviene un plazo de respuesta más ajustado.

Ver página propia del artículo 37 →

Artículo 70#9 1 pregunta

Sujetos responsables (LOPDGDD)

1. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica: a) Los responsables de los tratamientos. b) Los encargados de los tratamientos. c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. d) Las entidades de certificación. e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. 2. No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este Título.

Pregunta trampa habitual: el delegado de protección de datos NO responde personalmente bajo este régimen sancionador (apdo. 2); quien responde siempre es el responsable o el encargado del tratamiento, coherente con la garantía de independencia del art. 36. El apdo. 1 enumera cinco tipos de sujetos sancionables que conviene memorizar completos porque en examen suelen aparecer letras menos evidentes: además de responsables (a) y encargados (b), también están sujetas al régimen las entidades de certificación (d) y las entidades acreditadas de supervisión de códigos de conducta (e) — dos categorías que se olvidan con facilidad frente a las dos primeras.

Ver página propia del artículo 70 →

Artículo 72#10 1 pregunta

Infracciones consideradas muy graves (LOPDGDD)

1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679. b) El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. c) El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 para la validez del consentimiento. [...] e) El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto y en el artículo 9 de esta ley orgánica. [...] k) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años (apdo. 1) y se listan por remisión directa a los artículos del RGPD infringidos (5, 6, 7, 9, 15-22...); esta correspondencia artículo RGPD infringido → letra del art. 72 es un tipo de pregunta muy frecuente, así que conviene fijarse en qué principio o derecho protege cada remisión: la letra a) protege los principios del art. 5 (licitud, minimización...), la b) la falta de base de licitud del art. 6, la c) el consentimiento inválido del art. 7, la e) el tratamiento de categorías especiales sin amparo del art. 9, y la k) el bloqueo del ejercicio de los derechos de los arts. 15 a 22 (acceso, supresión, oposición, portabilidad...). El adjetivo clave del apartado 1 es 'sustancial': no cualquier incumplimiento de esos artículos es muy grave, tiene que suponer una vulneración sustancial.

Ver página propia del artículo 72 →

Artículo 75#11 1 pregunta

Interrupción de la prescripción de la infracción (LOPDGDD)

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el interesado del acuerdo de inicio.

El plazo de prescripción se reinicia (no simplemente se suspende ni continúa donde estaba) si el expediente sancionador queda paralizado más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor; dato numérico clásico de examen que conviene no confundir con el plazo de prescripción en sí (tres años para las muy graves, según el art. 72). El artículo distingue además dos momentos distintos que interrumpen la prescripción: la iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado en el régimen general, y el conocimiento formal del acuerdo de inicio cuando la AEPD actúa como autoridad de control principal en el procedimiento de cooperación del art. 60 RGPD (casos transfronterizos).

Ver página propia del artículo 75 →

Artículo 76#12 1 pregunta

Sanciones y medidas correctivas (LOPDGDD)

1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo. 2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse en cuenta: a) El carácter continuado de la infracción. [...] g) Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos. h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier interesado. [...] 4. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica.

La LOPDGDD añade criterios de graduación propios a los del art. 83.2 RGPD, entre ellos dos que atenúan la sanción y que conviene distinguir bien: disponer voluntariamente de un DPO cuando no era obligatorio (letra g) y acudir de forma voluntaria a mecanismos de resolución alternativa de conflictos con el interesado (letra h) — ambos premian la actitud proactiva del responsable más allá del mínimo legal. La publicación en el BOE de la sanción exige tres requisitos acumulativos, no basta con uno solo: que sancione la AEPD (no una autoridad autonómica), que la sanción supere un millón de euros y que el infractor sea persona jurídica (apdo. 4) — si falta cualquiera de los tres, no hay publicación en el BOE, aunque la sanción sea firme.

Ver página propia del artículo 76 →

Artículo 77#13 1 pregunta

Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento (LOPDGDD)

1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados: a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos. b) Los órganos jurisdiccionales. c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local. [...] 2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución declarando la infracción y estableciendo, en su caso, las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido, con excepción de la prevista en el artículo 58.2.i del Reglamento (UE) 2016/679.

Trampa muy preguntada: los órganos constitucionales, jurisdiccionales y las Administraciones Públicas (AGE, CCAA, Administración Local) NO reciben multas económicas cuando infringen la norma, sino una resolución declarativa de la infracción con medidas correctoras (apdo. 2); queda excluida expresamente la multa administrativa del art. 58.2.i) RGPD. La razón práctica que se suele preguntar de forma indirecta es que una multa a cargo de fondos públicos acabaría pagándola, en última instancia, el propio contribuyente, por eso el legislador opta por un régimen corrector en vez de sancionador económico para este listado tasado de sujetos del apdo. 1. Ojo: esto no significa impunidad — la infracción se declara igualmente y hay que corregir sus efectos, solo cambia el tipo de consecuencia.

Ver página propia del artículo 77 →

Artículo 88#14 1 pregunta

Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (LOPDGDD)

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión [...]. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

El derecho a la desconexión digital se reconoce expresamente tanto a trabajadores como a empleados públicos (apdo. 1), y se refuerza especialmente en el teletrabajo y el trabajo a distancia (apdo. 3), donde el uso de herramientas tecnológicas en el propio domicilio hace más fácil que se difumine el límite entre jornada laboral y tiempo de descanso. Es uno de los 'derechos digitales' propios de la LOPDGDD (Título X), sin equivalente en el RGPD, y su desarrollo concreto no lo fija la ley directamente sino que remite a la negociación colectiva o, en su defecto, al acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores (apdo. 2) — es un derecho de configuración más programática que otros del mismo título, como el olvido o el testamento digital, que sí tienen un procedimiento de ejercicio detallado en la propia ley.

Ver página propia del artículo 88 →

Artículo 93#15 1 pregunta

Derecho al olvido en búsquedas de Internet (LOPDGDD)

1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. [...] Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo. 2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.

Regula el derecho al olvido frente a MOTORES DE BÚSQUEDA (no frente al sitio web de origen): el derecho subsiste aunque la información original siga siendo lícita en la web de origen (apdo. 1), y solo afecta a la búsqueda por el nombre de la persona, no a otros criterios de búsqueda (apdo. 2) — distinción muy preguntada frente al art. 94 (olvido en redes sociales), que sí puede llegar a exigir la supresión de los datos en origen. Los criterios que pondera el buscador para decidir si procede la desindexación (inadecuación, inexactitud, falta de pertinencia o de actualidad, o carácter excesivo, incluso sobrevenido por el paso del tiempo) exigen ponderar el interés público de la información frente al derecho del afectado, no es una supresión automática por simple solicitud.

Ver página propia del artículo 93 →

Artículo 94#16 1 pregunta

Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (LOPDGDD)

1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. 2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos [...]. Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas. 3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.

Distinción clave que articula todo el artículo: cuando los datos los subió el propio interesado, basta su simple solicitud para suprimirlos (apdo. 1), sin necesidad de justificar nada más; si los subió un tercero, hace falta que concurran las circunstancias del apdo. 2 (inadecuación, inexactitud, falta de pertinencia o actualidad, carácter excesivo), salvo la excepción de actividades personales o domésticas; pero si los datos se facilitaron durante la minoría de edad del afectado, vuelve a bastar la simple solicitud (apdo. 3), sea quien sea quien los facilitó — el legislador da máxima protección a los datos de menores frente a este tipo de plataformas, equiparando ese supuesto al régimen más favorable del apdo. 1 aunque el origen del dato sea un tercero.

Ver página propia del artículo 94 →

Artículo 96#17 1 pregunta

Derecho al testamento digital (LOPDGDD)

1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas: a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. [...] b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones. c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal [...].

El llamado 'testamento digital': familiares, personas vinculadas por razones de hecho y herederos pueden instruir sobre el destino de los contenidos digitales de un fallecido salvo prohibición expresa de este o de una ley (apdo. 1.a); la prohibición del fallecido, en todo caso, no impide a los herederos acceder a los contenidos que formen parte del caudal relicto (herencia), distinción sutil entre 'instruir sobre el destino de los contenidos' y 'heredar el contenido patrimonial' que suele generar confusión. El albacea testamentario, o la persona/institución designada expresamente por el fallecido, tiene una vía de acceso propia (letra b) independiente de familiares y herederos, y para menores de edad fallecidos estas facultades las ejercen sus representantes legales o el Ministerio Fiscal en el marco de sus competencias (letra c).

Ver página propia del artículo 96 →

Artículo 7#18 1 pregunta

Art. 7 RGPD — Condiciones para el consentimiento

1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. 2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento. 3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

La frase más citada en examen es del apdo. 3: 'será tan fácil retirar el consentimiento como darlo' — si el alta se hace con un clic, la baja no puede exigir una carta certificada. Retirar el consentimiento NO hace ilícito retroactivamente el tratamiento ya realizado antes de la retirada (apdo. 3), y la carga de la prueba de que el consentimiento se obtuvo correctamente es siempre del responsable, nunca del interesado (apdo. 1). El apdo. 2 exige que, cuando el consentimiento se pida dentro de un documento que trata también otros asuntos (por ejemplo, unas condiciones generales de contratación), la petición de consentimiento se distinga con claridad del resto del texto, en lenguaje sencillo — un consentimiento 'escondido' entre cláusulas no es válido aunque formalmente exista una casilla marcada.

Ver página propia del artículo 7 →

Artículo 15#19 1 pregunta

Art. 15 RGPD — Derecho de acceso del interesado

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: a) los fines del tratamiento; b) las categorías de datos personales de que se trate; c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales [...]; d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales [...]. 3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos.

El derecho de acceso incluye tanto confirmar SI se tratan datos como acceder a ellos y a la información asociada (apdo. 1): fines del tratamiento, categorías de datos, destinatarios y, cuando sea posible, el plazo de conservación previsto — no es solo 'ver mis datos', es también entender el contexto completo del tratamiento. Matiz muy preguntado del apdo. 3: la primera copia de los datos es gratuita, solo las copias ADICIONALES que pida el interesado pueden llevar un canon razonable basado en costes administrativos; el responsable no puede cobrar por atender la solicitud de acceso en sí, solo por reiteraciones posteriores del mismo interesado.

Ver página propia del artículo 15 →

Artículo 17#20 1 pregunta

Art. 17 RGPD — Derecho de supresión ("el derecho al olvido")

1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento [...] y este no se base en otro fundamento jurídico; c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento [...]; d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente [...]. 3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario: a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; [...] e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

El propio RGPD titula este artículo 'el derecho al olvido' entre paréntesis, pero no es absoluto: tiene seis causas tasadas para suprimir (apdo. 1) — datos ya innecesarios para su finalidad, retirada del consentimiento sin otra base, oposición del interesado sin motivos legítimos prevalentes, tratamiento ilícito, entre otras — y excepciones tasadas donde NO se aplica (apdo. 3), entre ellas la libertad de expresión e información y la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. Frente al art. 18 (limitación), la diferencia es radical: aquí los datos se BORRAN; en la limitación, los datos se conservan pero se 'congelan' su uso — conviene tenerlo claro porque el interesado puede pedir limitación en vez de supresión precisamente cuando discute la licitud del tratamiento (art. 18.1.b).

Ver página propia del artículo 17 →

Artículo 18#21 1 pregunta

Art. 18 RGPD — Derecho a la limitación del tratamiento

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales en un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. 2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones [...].

La limitación no es lo mismo que la supresión: los datos NO se borran, solo se 'congelan' y solo pueden seguir tratándose (aparte de conservarlos) con consentimiento del interesado o para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones (apdo. 2); es la alternativa que puede pedir el interesado en vez de la supresión cuando el tratamiento es ilícito (apdo. 1.b), en vez de perder los datos definitivamente mientras se resuelve la controversia. También se usa como medida cautelar mientras se verifica una impugnación de exactitud (letra a) o una oposición del art. 21.1 (letra d) — en ambos casos, el tiempo que tarda el responsable en comprobar los hechos queda 'cubierto' por la limitación en vez de dejar los datos sin protección alguna.

Ver página propia del artículo 18 →

Artículo 20#22 1 pregunta

Art. 20 RGPD — Derecho a la portabilidad de los datos

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando: a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados. 3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

La portabilidad solo se aplica cuando concurren DOS requisitos acumulativos (apdo. 1): la base del tratamiento es el consentimiento o un contrato, Y el tratamiento se efectúa por medios automatizados; nunca se aplica a tratamientos basados en el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos (apdo. 3), lo que la excluye de hecho de la mayor parte de la actividad administrativa — es, por diseño, un derecho pensado sobre todo para el entorno de mercado digital (redes sociales, banca, telecomunicaciones), no para la relación del ciudadano con la Administración. El apdo. 3 aclara además que ejercer la portabilidad no sustituye ni condiciona el derecho de supresión del art. 17, son derechos independientes que pueden ejercerse a la vez.

Ver página propia del artículo 20 →

Artículo 21#23 1 pregunta

Art. 21 RGPD — Derecho de oposición

1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. 3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

Dos regímenes distintos que se confunden en examen: la oposición 'general' (apdo. 1, bases e/f del art. 6) admite que el responsable siga tratando si acredita motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre los del interesado, o para reclamaciones; la oposición a la mercadotecnia directa (apdo. 2-3) es ABSOLUTA, sin excepciones — basta oponerse para que el tratamiento con ese fin cese sí o sí, sin que el responsable pueda alegar ningún interés propio que prevalezca. Esta distinción tiene su lógica: la mercadotecnia directa nunca es una finalidad esencial para el interesado, así que el legislador no le exige ni siquiera justificar el motivo de su oposición, a diferencia del régimen general del apdo. 1.

Ver página propia del artículo 21 →

Artículo 35

Cualificación del delegado de protección de datos (LOPDGDD)

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.

La certificación es un medio voluntario, no obligatorio, de acreditar la cualificación exigida por el art. 37.5 RGPD (conocimientos especializados en derecho y práctica de protección de datos); la ley NO exige por sí misma un título universitario específico, solo dice que se tendrá 'particularmente en cuenta' la obtención de una titulación que acredite esos conocimientos. En examen suele plantearse como pregunta trampa: no hace falta ser abogado ni tener un máster concreto para ser DPO, basta con poder demostrar la cualificación exigida por cualquier medio razonable, siendo la certificación solo uno de ellos.

Ver página propia del artículo 35 →

Texto tomado del BOE; consulta siempre el texto consolidado oficial para la versión vigente.

Ponte a prueba

30 preguntas de examen tipo test sobre LOPDGDD, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 300 aciertos

Según el artículo 20.1 del RGPD, el derecho a la portabilidad de los datos exige que concurran, entre otros, estos dos requisitos:

🕵️ Detective del Artículo Lo mismo, pero contrarreloj: encuentra la cita exacta antes de que se acabe el tiempo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el RGPD y la LOPDGDD? ¿Por qué hay que estudiar los dos?

El RGPD (Reglamento UE 2016/679) es una norma europea de aplicación DIRECTA en España desde el 25 de mayo de 2018: no necesita ser 'transpuesta' por una ley española para producir efectos, y contiene los principios, bases de licitud y derechos del interesado comunes a toda la Unión Europea. La LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018) es la ley española que, por un lado, COMPLETA y concreta el RGPD en aspectos que el propio Reglamento remite a los Estados miembros (por ejemplo, restringir el consentimiento para datos sensibles, regular la Agencia Española de Protección de Datos o fijar el régimen sancionador propio) y, por otro, añade un catálogo de derechos digitales (Título X: desconexión digital, testamento digital, derecho al olvido en Internet y redes sociales...) que no existe en el RGPD. En examen, cuando la pregunta menciona un derecho 'clásico' (acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición, limitación) suele remitir al RGPD; cuando menciona un derecho digital 'nuevo' (desconexión, testamento digital, olvido en buscadores o redes sociales) suele remitir a la LOPDGDD.

¿Qué parte de esta normativa se pregunta con más frecuencia en examen?

Los bloques más rentables son: las definiciones y los seis principios del tratamiento (arts. 4 y 5 RGPD), las bases de licitud del art. 6 RGPD (especialmente que el interés legítimo no vale para las autoridades públicas), las condiciones del consentimiento (art. 7 RGPD, 'tan fácil retirarlo como darlo'), los derechos del interesado con sus matices (arts. 15-21 RGPD: primera copia gratis, oposición a mercadotecnia directa absoluta, portabilidad solo con consentimiento/contrato + automatización), el delegado de protección de datos (arts. 34-37 LOPDGDD, con sus plazos de 10 días, 1 mes y 2 meses) y el régimen sancionador con sus plazos de prescripción (arts. 70-77 LOPDGDD, sobre todo que las Administraciones Públicas no reciben multa sino resolución declarativa).

¿Se aplica el régimen sancionador del RGPD y la LOPDGDD a las Administraciones Públicas igual que a una empresa privada?

No exactamente. El art. 77 LOPDGDD establece un régimen especial para los órganos constitucionales, los órganos jurisdiccionales y las Administraciones Públicas (AGE, comunidades autónomas y Administración Local, entre otros): cuando cometen una infracción, la autoridad de protección de datos dicta una resolución que DECLARA la infracción y ordena las medidas para corregirla, pero queda excluida expresamente la multa administrativa del art. 58.2.i) RGPD. Además, cuando la infracción sea imputable a autoridades o directivos que no atendieron informes técnicos, se puede incluir una amonestación con publicación del cargo responsable en el boletín oficial correspondiente.

¿Qué es el 'testamento digital' y en qué se diferencia del derecho al olvido?

El testamento digital (art. 96 LOPDGDD) regula qué ocurre con los contenidos digitales de una persona DESPUÉS de su fallecimiento: familiares, herederos o la persona designada por el fallecido pueden pedir a los prestadores de servicios acceder a esos contenidos e impartir instrucciones sobre su uso, destino o supresión, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente. El derecho al olvido (arts. 93 y 94 LOPDGDD, y art. 17 RGPD) es un derecho que ejerce una persona VIVA para pedir que se eliminen o dejen de mostrarse determinados datos suyos, ya sea en resultados de buscadores (art. 93), en redes sociales (art. 94) o de forma general frente a cualquier responsable (art. 17 RGPD). Son derechos distintos: uno opera tras la muerte del titular, el otro en vida.

Otras leyes clave