30 preguntas verificadas · 30 con cita de artículo · 17 artículos distintos citados
Artículo 44🥇 6 preguntas
Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado. 2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: a) Los de filiación, maternidad y paternidad. b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales. d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. 3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo. c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. 4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. 5. En todos estos casos está vedada la mediación.»
El artículo con más carga de examen de toda la ley. En lo penal, los JVM instruyen (no enjuician ni fallan, salvo el conocimiento y fallo de las faltas de la letra d) los delitos contra quien sea o haya sido esposa o pareja afectiva, con o sin convivencia, y contra determinados descendientes o menores/incapaces convivientes, siempre que exista también un acto de violencia de género. En lo civil, conocen de una lista tasada de materias (apdo. 2) y solo tienen competencia exclusiva y excluyente cuando concurren simultáneamente los cuatro requisitos del apdo. 3. Se pregunta con frecuencia esta distinción penal/civil, y que la mediación está vedada en todos los casos (apdo. 5). Nota de precisión: el término 'faltas' se corresponde con la redacción original de este artículo; la reforma del Código Penal por la LO 1/2015 sustituyó las faltas por los delitos leves, pero el texto de este precepto de la LO 1/2004, al ser una disposición ya ejecutada que modificó la LOPJ, conserva su redacción original.
Ver página propia del artículo 44 →Artículo 21🥈 5 preguntas
1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 2. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. 3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad. 4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en situación de cese temporal de la actividad en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar.
Artículo con más preguntas trampa de la ley junto al 44: los derechos laborales exactos del apdo. 1 (reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica, cambio de centro, adaptación de puesto, suspensión con reserva de plaza, extinción) no incluyen ninguna indemnización automática, algo que los tests suelen introducir como distractor. La duración de la bonificación empresarial del apdo. 3 se confunde con frecuencia: todo el periodo de suspensión si la trabajadora suspendió su contrato, pero solo seis meses si lo ejercitado fue movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. El régimen de las trabajadoras autónomas del apdo. 5 (cese temporal de actividad, seis meses de suspensión de cotización computados como efectiva, asimilación al alta) no exige ninguna antigüedad mínima en el RETA, otro distractor habitual. Y tanto la suspensión como la extinción del contrato dan lugar a situación legal de desempleo (apdo. 2), con el tiempo de suspensión computando como cotización efectiva.
Ver página propia del artículo 21 →Artículo 1🥉 3 preguntas
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero.
Artículo más preguntado de la ley: fija el ámbito subjetivo (cónyuge o pareja afectiva, actual o pasada, con o sin convivencia) y el objetivo (violencia física, psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación de libertad). El apartado 4, incorporado por la LO 8/2021, añade la llamada violencia vicaria: la ejercida sobre hijos o allegados menores para dañar a la mujer. Trampa habitual en test: no confundir 'violencia de género' (LO 1/2004, exige vínculo de pareja o expareja del autor hacia la mujer) con 'violencia doméstica' (art. 173.2 CP, ámbito familiar más amplio, sin exigir esa relación afectiva ni que la víctima sea mujer). El apdo. 2 aclara que la protección alcanza también a los hijos menores y menores bajo tutela o guarda de la víctima, no solo a ella.
Ver página propia del artículo 1 →Artículo 20#4 2 preguntas
1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. 2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género. 4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas. 5. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular. 6. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos. 7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
El derecho comprende el asesoramiento previo a la denuncia y la defensa gratuita en cualquier proceso o procedimiento administrativo con causa directa o indirecta en la violencia sufrida, no solo el proceso penal — trampa habitual: pensar que se limita al proceso penal principal. La ley exige que una misma dirección letrada asuma toda la defensa de la víctima (apdo. 1) y que los Colegios de Abogados y Procuradores garanticen designación urgente de oficio (apdos. 3-5). La posibilidad de personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, sin retrotraer ni reiterar actuaciones ya practicadas y sin merma del derecho de defensa del acusado (apdo. 7), es otro punto de examen frecuente, a menudo confundido con un efecto retroactivo que el precepto expresamente descarta.
Ver página propia del artículo 20 →Artículo 27#5 2 preguntas
1. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. 2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo. 3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley. 4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. 5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.
Cifras muy preguntadas: requisito de carecer de rentas superiores al 75% del SMI en cómputo mensual, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (apdo. 1); ayuda equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, elevada a doce meses si la víctima tiene reconocida oficialmente una discapacidad igual o superior al 33% (apdo. 2); y ampliable a dieciocho meses con responsabilidades familiares, o veinticuatro si además concurre esa discapacidad en la víctima o en un familiar conviviente (apdo. 4). La concesión exige informe del Servicio Público de Empleo sobre la previsibilidad de que el programa de empleo no mejore sustancialmente la empleabilidad de la víctima (apdo. 3), y la situación de violencia debe acreditarse conforme al art. 23. Es compatible con las ayudas de la Ley 35/1995 a víctimas de delitos violentos y con cualquier otra ayuda autonómica o local (apdo. 5) — la compatibilidad, no la exclusión, es lo que suelen preguntar.
Ver página propia del artículo 27 →Artículo 2#6 1 pregunta
A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos. i) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.
Once fines (letras a-k) que articulan la respuesta integral de la ley: sensibilización y prevención (a), derechos exigibles ante la Administración (b), refuerzo de servicios sociales (c), derechos laborales y funcionariales (d), derechos económicos (e), tutela institucional a través de la Delegación del Gobierno (f), refuerzo del marco penal y procesal (g), coordinación de recursos públicos (h), colaboración con la sociedad civil (i), especialización profesional (j) y transversalidad (k). Se pregunta con frecuencia identificar cuál de las opciones no aparece en la lista; la mediación no figura entre estos principios y, de hecho, el art. 44.5 la prohíbe expresamente en los procesos civiles de competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer — es la trampa más repetida en los tests sobre este artículo.
Ver página propia del artículo 2 →Artículo 18#7 1 pregunta
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. 2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. 3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. La información deberá ser accesible para las mujeres que desconozcan el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial de su territorio de residencia.
Primer derecho del catálogo del Título II: información sin discriminación en el acceso, en formato accesible para mujeres con discapacidad (lengua de signos u otros sistemas alternativos y aumentativos, apdo. 2) y garantizando la accesibilidad lingüística para quienes desconozcan el castellano o la lengua oficial del territorio de residencia (apdo. 3, añadido por la LO 10/2022). A diferencia de otros derechos del Título II (como la asistencia jurídica del art. 20, ligada al proceso), este derecho a la información es transversal y no depende de que la víctima haya presentado denuncia ni de que exista resolución judicial alguna — se ejerce ante cualquier servicio, organismo u oficina pública, lo que suele ser objeto de pregunta trampa frente a otros derechos del Título II que sí requieren acreditación previa vía art. 23.
Ver página propia del artículo 18 →Artículo 19#8 1 pregunta
1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 2. La atención multidisciplinar implicará especialmente: a) Información a las víctimas. b) Atención psicológica. c) Apoyo social. d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. e) Apoyo educativo a la unidad familiar. f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios, asegurando, en todo caso, la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los mismos. En todo caso, se procurará una distribución territorial equitativa de los servicios y se garantizará su accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales y otras zonas alejadas. 4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que consideren necesarias. 5. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o convivan en contextos familiares en los que se cometen actos de violencia de género. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. En particular, deberán contar con profesionales de la psicología infantil para la atención de las hijas e hijos menores víctimas de violencia de género, incluida la violencia vicaria. 6. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de las comunidades autónomas en las materias reguladas en este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte de la Administración General del Estado, de recursos financieros referidos específicamente a la prestación de los servicios. 7. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora.
Este artículo se conocía originalmente como 'derecho a la asistencia social integral'; la LO 10/2022 renombró su rúbrica a 'derecho a la atención integral'. Se pregunta la lista cerrada de siete elementos de la atención multidisciplinar (apdo. 2): información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de reclamaciones, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en igualdad y apoyo a la formación e inserción laboral — cualquier otro elemento no mencionado (por ejemplo, asistencia médica hospitalaria domiciliaria) es la opción incorrecta típica. También es clave la extensión del derecho a los menores del entorno familiar, incluidas las víctimas de violencia vicaria (apdo. 5), y que los servicios deben actuar coordinadamente con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los servicios sanitarios (apdo. 4), pudiendo solicitar directamente al órgano judicial medidas urgentes.
Ver página propia del artículo 19 →Artículo 23#9 1 pregunta
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.
Enumera de forma cerrada, aunque con cláusula de cierre para normativa sectorial, los títulos válidos de acreditación: sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial de medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal, o informe de servicios sociales/especializados/de acogida. Para menores de edad se añade la acreditación por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Es clave distinguir estos títulos tasados de cualquier otro medio de prueba no contemplado (por ejemplo, una declaración testifical notarial sin intervención judicial, del Ministerio Fiscal ni de los servicios sociales no acredita la situación a efectos de esta ley) — es el distractor más repetido en los tests, y condiciona el acceso a derechos como la ayuda social del art. 27 o la asistencia jurídica del art. 20.
Ver página propia del artículo 23 →Artículo 29#10 1 pregunta
1. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno y elaborará la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres. Asimismo, coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las administraciones con competencia en la materia. 2. La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estará legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta ley en colaboración y coordinación con las administraciones con competencias en la materia. 3. Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas de la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Órgano central de la tutela institucional (Título III), adscrito al Ministerio de Igualdad o al departamento competente en la materia: formula políticas públicas, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres y, a través de su persona titular, está legitimada para intervenir ante los órganos jurisdiccionales en defensa de los derechos tutelados por la ley (apdo. 2). No es un órgano judicial ni depende del Consejo General del Poder Judicial — trampa habitual en test, que suele confundirlo con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer del art. 43 o atribuirle dependencia del CGPJ. El rango y las funciones concretas de su persona titular se determinan reglamentariamente (apdo. 3).
Ver página propia del artículo 29 →Artículo 43#11 1 pregunta
Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: «1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. 2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. 3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente Ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. 4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta Ley.»
Crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) mediante la adición del art. 87 bis a la LOPJ: uno o más por partido judicial, con sede en la capital y jurisdicción en todo su ámbito territorial (apdo. 1); la extensión excepcional a varios partidos judiciales solo puede darse dentro de la misma provincia (apdo. 2), nunca entre provincias distintas — distractor habitual. En circunscripciones con mucha carga de trabajo, el CGPJ puede atribuir estos asuntos a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción, en vez de crear un JVM propio (apdo. 3); y en los partidos judiciales con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, es éste quien asume automáticamente las competencias del art. 87 ter (apdo. 4). Conviene no confundir esta organización territorial con las competencias materiales de los JVM, reguladas en el artículo siguiente (44).
Ver página propia del artículo 43 →Artículo 61#12 1 pregunta
1. Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente capítulo serán compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y penales. 2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.
Abre el capítulo de medidas judiciales de protección (Título V, Capítulo II): el Juez debe pronunciarse siempre —de oficio o a instancia de un elenco amplio de legitimados (víctima, hijos, convivientes, personas bajo su guarda o custodia, Ministerio Fiscal, o la Administración de la que dependan los servicios de atención o acogida)— sobre la pertinencia de las medidas cautelares y de aseguramiento del capítulo, con especial mención a las de los arts. 64, 65 y 66. El apdo. 1 aclara que estas medidas son compatibles con cualesquiera otras medidas cautelares que puedan adoptarse en los procesos civiles y penales generales, no son exclusivas ni sustitutivas de ellas — un matiz que se pregunta con frecuencia.
Ver página propia del artículo 61 →Artículo 62#13 1 pregunta
Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Remite directamente al art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el procedimiento de la orden de protección; el precepto reconoce expresamente la intervención del Juez de Guardia junto al Juez de Violencia sobre la Mujer para su adopción. Es uno de los artículos más breves de la ley, pero clave para entender que la orden de protección no se regula ex novo en la LO 1/2004, sino que se articula a través de la LECrim — trampa habitual en test: atribuir la regulación procedimental de la orden de protección a esta ley en vez de a la LECrim. La orden de protección también aparece como uno de los títulos válidos de acreditación de la situación de violencia de género a efectos del art. 23.
Ver página propia del artículo 62 →Artículo 63#14 1 pregunta
1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. 2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.
Protege la intimidad de la víctima, sus descendientes y las personas bajo su guarda o custodia (apdo. 1), y faculta —no obliga— al Juez a acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas (apdo. 2). El carácter facultativo ('podrán') de esta medida, frente al carácter imperativo de otras medidas de protección de la ley (como la suspensión del régimen de visitas del art. 66 tras la reforma de 2022), es un matiz que suele introducirse como distractor en los tests. Se sitúa dentro del capítulo de disposiciones generales, antes de entrar en las medidas concretas de alejamiento (art. 64) o de ámbito familiar (arts. 65 y 66).
Ver página propia del artículo 63 →Artículo 64#15 1 pregunta
1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. 2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte, con una agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen. 3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 4. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquéllas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar. 5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada o separadamente.
Regula las medidas civiles y penales de protección física frente al inculpado: salida obligatoria del domicilio familiar con prohibición de volver (apdo. 1), permuta excepcional del uso de la vivienda familiar copropiedad de ambos por otra vivienda (apdo. 2), alejamiento con distancia mínima fijada judicialmente, pudiendo verificarse su cumplimiento con medios tecnológicos (apdo. 3), y prohibición de toda clase de comunicación (apdo. 5). Estas medidas pueden acordarse de forma acumulada o separada (apdo. 6) y con independencia de que la persona protegida ya hubiera abandonado previamente el domicilio o el lugar (apdo. 4) — este último matiz es un distractor habitual, ya que algunas opciones de test plantean erróneamente que el alejamiento exige que la víctima siga en el domicilio.
Ver página propia del artículo 64 →Artículo 65#16 1 pregunta
El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.
La suspensión es potestativa ('podrá'), pero si el Juez no la acuerda, tiene el deber de pronunciarse igualmente sobre la forma de ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, y de adoptar medidas de seguimiento periódico de la evolución de los menores y de la mujer. Conviene contrastar este artículo con el 66: mientras que en la suspensión de la patria potestad y custodia el Juez conserva un margen de decisión amplio ('podrá'), en la suspensión del régimen de visitas el verbo empleado tras la reforma de la LO 10/2022 es imperativo ('ordenará'), salvo excepción por el interés superior del menor — es la comparación más preguntada entre ambos artículos.
Ver página propia del artículo 65 →Artículo 70#17 1 pregunta
Se añade un artículo 18 quáter en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la siguiente redacción: «1. El Fiscal General del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes funciones: a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren. d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. 2. Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional.»
Crea la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala, nombrado por el Fiscal General del Estado oído el Consejo Fiscal (apdo. 1), mediante la adición del art. 18 quáter al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Interviene directamente en procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado y, por delegación de este, en los procesos civiles del art. 87 ter.2 LOPJ (letras a y b) — trampa habitual: confundir la intervención civil, que es delegada, con la penal, que es directa. Además supervisa y coordina las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, coordina criterios de actuación entre Fiscalías y elabora un informe semestral sobre los procedimientos seguidos, remitido a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y al Consejo Fiscal.
Ver página propia del artículo 70 →Artículo 66
El Juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en interés superior del menor, no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y realizará un seguimiento periódico de su evolución, en coordinación con dichos servicios.
Trampa habitual: a diferencia del art. 65 (donde la suspensión de la patria potestad y custodia es potestativa, 'podrá'), desde la reforma de la LO 10/2022 el Juez 'ordenará' con carácter imperativo la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado con los menores que dependan de él, salvo que, en atención al interés superior del menor, decida no acordarla — en cuyo caso debe pronunciarse igualmente sobre la forma de su ejercicio. También impone el deber de adoptar medidas de seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer a través de servicios de atención especializada, con seguimiento periódico coordinado con dichos servicios.
Ver página propia del artículo 66 →