Ley clave de oposición

Ley 40/2015 (LRJSP)

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), regula el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas: sus principios de actuación, el régimen de los órganos administrativos y colegiados, la abstención y recusación, los principios de la potestad sancionadora, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, los convenios administrativos, la organización de la Administración General del Estado y su sector público institucional, y las relaciones interadministrativas (colaboración, cooperación y coordinación). Es la ley 'hermana' de la Ley 39/2015: mientras esta regula el procedimiento administrativo (la relación con el ciudadano), la 40/2015 regula el funcionamiento interno de la Administración.

Texto consolidado del BOE (BOE-A-2015-10566)

Estructura de la norma

  • Título Preliminar. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector públicoarts. 1 a 53
  • Capítulo I. Disposiciones generalesarts. 1 a 4
  • Capítulo II. De los órganos de las Administraciones Públicas (órganos administrativos, competencia, órganos colegiados, abstención y recusación)arts. 5 a 24
  • Capítulo III. Principios de la potestad sancionadoraarts. 25 a 31
  • Capítulo IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicasarts. 32 a 37
  • Capítulo V. Funcionamiento electrónico del sector públicoarts. 38 a 46 bis
  • Capítulo VI. De los conveniosarts. 47 a 53
  • Título I. Organización y funcionamiento de la Administración General del Estadoarts. 54 a 80
  • Título II. Organización y funcionamiento del sector público institucionalarts. 81 a 139
  • Título III. Relaciones interadministrativasarts. 140 a 158

📊 Ranking: los artículos que más caen en examen

28 preguntas verificadas · 28 con cita de artículo · 26 artículos distintos citados

Artículo 30🥇 2 preguntas

Prescripción (potestad sancionadora)

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. [...] 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Es el artículo trampa por excelencia del bloque sancionador: cuando una ley sectorial no fija plazos propios, la Ley 40/2015 establece plazos supletorios distintos para INFRACCIONES (muy graves: 3 años; graves: 2 años; leves: 6 meses) y para SANCIONES ya impuestas (muy graves: 3 años; graves: 2 años; leves: 1 año). El desajuste está precisamente en las leves —6 meses para la infracción, 1 año para la sanción ya impuesta—, la pareja de datos que más se confunde en examen. El cómputo de la prescripción de la infracción empieza el día en que se cometió; el de la sanción, desde que es ejecutable o venció el plazo para recurrirla.

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Artículo 140🥈 2 preguntas

Principios de las relaciones interadministrativas

1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones [...] de acuerdo con los siguientes principios: a) Lealtad institucional. b) Adecuación al orden de distribución de competencias [...] c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes. d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común [...] f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos [...] i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.

Da las definiciones legales exactas que distinguen los tres principios de las relaciones interadministrativas, la trampa más repetida de todo el Título III: colaboración (letra c, deber general y básico de actuar con el resto de Administraciones para fines comunes), cooperación (letra d, VOLUNTARIA: dos o más Administraciones deciden libremente asumir compromisos específicos) y coordinación (letra e, OBLIGATORIA, a cargo típicamente de la Administración General del Estado, para garantizar la coherencia de actuaciones de varias Administraciones sobre una misma materia). También cita la lealtad institucional, la adecuación al orden de competencias y la solidaridad interterritorial como principios adicionales.

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Artículo 3🥉 1 pregunta

Principios generales

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos [...]

Es el artículo más citado de la ley: repite casi literalmente los principios del art. 103.1 CE (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, sometimiento pleno a la Ley y al Derecho) y añade en el apartado 1 una lista propia de once principios (servicio efectivo al ciudadano, simplicidad, participación, racionalización, buena fe, responsabilidad, planificación por objetivos...) que NO están en la Constitución. Trampa habitual: el examen suele pedir distinguir cuáles de estos principios vienen literalmente del art. 103.1 CE (los cinco primeros) y cuáles son aportación exclusiva de la Ley 40/2015 (el resto de la lista del apartado 1). También conviene no confundir este artículo con los principios generales del procedimiento del art. 3 de la Ley 39/2015.

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Artículo 8#4 1 pregunta

Competencia

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. [...] 3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Fija la regla de oro de la competencia administrativa: es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tenga atribuida, salvo delegación (el órgano titular sigue siendo responsable, pero traslada el ejercicio) o avocación (el superior asume el conocimiento de un asunto que correspondía al inferior). El apartado 3 resuelve el supuesto trampa de 'competencia sin órgano especificado': si una norma atribuye la competencia a una Administración sin decir a qué órgano, se entiende que corresponde a los órganos inferiores competentes por materia y territorio, y si hay varios, al superior jerárquico común. Es habitual confundir esta regla de cierre con la avocación, que exige siempre un acto expreso y motivado del superior, no una atribución automática.

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Artículo 15#5 1 pregunta

Régimen de los órganos colegiados

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. 2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación [...]

Base del régimen de órganos colegiados: cuando participan organizaciones representativas de intereses sociales, o están compuestos por representación de varias Administraciones, se integran en la Administración correspondiente pero, como regla general, sin formar parte de su estructura jerárquica —salvo que sus propias normas de creación digan lo contrario—. Estos órganos pueden establecer o completar sus propias normas de funcionamiento, lo que los distingue de los órganos colegiados 'ordinarios' regulados en los artículos siguientes (16 a 24), que se rigen íntegramente por la ley salvo previsión expresa distinta. Trampa típica: no todos los órganos colegiados de la Administración están fuera de su jerarquía; solo los que reúnen el perfil de este apartado 2.

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Artículo 16#6 1 pregunta

Secretario de los órganos colegiados

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. 3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.

El Secretario puede ser o no miembro del propio órgano colegiado —a diferencia del Presidente, que siempre es miembro—, y puede ser también una persona al servicio de la Administración ajena al órgano. Sus dos funciones clave, muy preguntadas en test, son: velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano (control interno de legalidad) y certificar las actuaciones y acuerdos adoptados (da fe pública de lo ocurrido). El apartado 3 añade un matiz que se pregunta poco pero conviene conocer: si el Secretario no miembro es suplido por alguien que sí es miembro del órgano, ese suplente conserva todos sus derechos como miembro (voto incluido), algo que no ocurriría si el titular fuera un Secretario-miembro.

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Artículo 17#7 1 pregunta

Convocatorias y sesiones

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia [...] 2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. [...] 4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

Regula dos elementos que suelen combinarse en la misma pregunta de test: el quorum de constitución (asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario —o de quienes les suplan— y de la mitad al menos de los miembros) y la regla del orden del día (no cabe deliberar ni acordar sobre asuntos no incluidos en él, salvo que asistan todos los miembros y se declare la urgencia por mayoría de voto favorable). Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos, salvo que otra norma exija una mayoría reforzada. Trampa habitual: la 'doble condición' para saltarse el orden del día (asistencia de TODOS + urgencia declarada por mayoría) se confunde a menudo con exigir solo una de las dos.

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Artículo 18#8 1 pregunta

Actas

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. [...] 2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.

El contenido mínimo obligatorio del acta —asistentes, orden del día, circunstancias de lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y contenido de los acuerdos adoptados— se pregunta a menudo en formato 'señale la opción incorrecta', añadiendo un elemento que no forma parte de esa lista tasada (por ejemplo, el texto literal e íntegro de cada intervención, que NO es obligatorio, solo sus 'puntos principales'). El acta la levanta siempre el Secretario, y puede aprobarse en la misma sesión o en la inmediata siguiente —dato que también se pregunta, porque no exige aprobación inmediata.

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Artículo 19#9 1 pregunta

Régimen de los órganos colegiados de la AGE

2. Corresponderá a su Presidente: [...] d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. [...] 3. Los miembros del órgano colegiado deberán: a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. [...]

Precisa dos reglas del funcionamiento de los órganos colegiados 'ordinarios' de la AGE: el Presidente dirime los empates con su voto de calidad, salvo en los órganos del art. 15.2 (con participación de intereses sociales o de varias Administraciones), donde el voto solo es dirimente si así lo establecen sus propias normas de funcionamiento; y los miembros tienen derecho a recibir la convocatoria con el orden del día con una antelación mínima de dos días. Trampa habitual: aplicar el voto de calidad del Presidente de forma automática a cualquier órgano colegiado, cuando en realidad los órganos 'especiales' del art. 15.2 pueden excluirlo.

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Artículo 23#10 1 pregunta

Abstención

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 2. Son motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en el asunto [...] b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo [...] c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta [...] d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento [...] e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada [...] 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

Establece una lista cerrada (numerus clausus) de motivos de abstención: interés personal en el asunto, vínculo matrimonial o análogo y parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo, amistad íntima o enemistad manifiesta, haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento, y tener relación de servicio con la persona interesada. El apartado 4 es la trampa clásica del artículo: que concurra un motivo de abstención y la autoridad no se abstenga NO implica, necesariamente y en todo caso, la invalidez del acto en que haya intervenido —es un vicio que hay que valorar caso por caso, no una nulidad automática—.

Ver página propia del artículo 23 →

Artículo 24#11 1 pregunta

Recusación

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. [...] 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

Regula el procedimiento para recusar a quien debería haberse abstenido y no lo ha hecho: se plantea por escrito, expresando la causa; el recusado tiene un día para manifestar si reconoce o no la causa; si la niega, el superior resuelve en tres días previos los informes y comprobaciones oportunos. El dato más preguntado es precisamente ese plazo de tres días. El segundo dato clave es que contra la resolución de recusación no cabe recurso directo —solo se puede alegar la recusación al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento—, lo que suele confundirse con el resto de resoluciones administrativas, normalmente recurribles de forma autónoma.

Ver página propia del artículo 24 →

Artículo 25#12 1 pregunta

Principio de legalidad (potestad sancionadora)

1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [...] 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

Abre el capítulo de la potestad sancionadora con el principio de legalidad: esa potestad solo puede ejercerse cuando una norma con rango de LEY la reconozca expresamente —nunca basta un reglamento—, aplicando el procedimiento de la Ley 39/2015. Matiz que se pregunta con frecuencia: aunque la potestad en sí exige ley, la atribución de esa potestad a un órgano administrativo concreto SÍ puede hacerse por norma legal o reglamentaria, sin que ambas cosas deban confundirse en la misma pregunta.

Ver página propia del artículo 25 →

Artículo 27#13 1 pregunta

Principio de tipicidad

1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley [...] Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. [...] 4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

Fija el principio de tipicidad: solo son infracciones administrativas las conductas tipificadas como tales por una LEY, que además debe clasificarlas en leves, graves o muy graves; y solo pueden imponerse las sanciones que esa misma ley delimite. El apartado 4 añade una regla trasladada del Derecho penal que se pregunta mucho: las normas que definen infracciones y sanciones no admiten aplicación analógica —no se puede sancionar por 'parecido' a una conducta tipificada si no encaja exactamente en el tipo—.

Ver página propia del artículo 27 →

Artículo 28#14 1 pregunta

Responsabilidad (potestad sancionadora)

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. [...] 3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

Fija que la responsabilidad sancionadora exige siempre dolo o culpa —nunca es objetiva, a diferencia de la responsabilidad patrimonial del art. 32, que sí lo es—, la trampa comparativa más habitual de todo el bloque sancionador. Cuando una misma obligación legal corresponde conjuntamente a varias personas, todas responden solidariamente de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas, salvo que la norma permita individualizar la responsabilidad de cada una.

Ver página propia del artículo 28 →

Artículo 29#15 1 pregunta

Principio de proporcionalidad

1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. [...] 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. [...] 5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.

Reúne dos garantías del principio de proporcionalidad: la prohibición absoluta de que una sanción administrativa implique, directa o subsidiariamente, privación de libertad (a diferencia de las penas del Código Penal), y la regla del concurso de infracciones, según la cual, cuando de cometer una infracción se deriva necesariamente cometer otra, solo se sanciona la más grave —evitando así una doble sanción por el mismo hecho—. También exige que la sanción sea idónea y necesaria, proporcional a la gravedad de la infracción cometida.

Ver página propia del artículo 29 →

Artículo 32#16 1 pregunta

Principios de la responsabilidad patrimonial

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. [...] 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Piedra angular de la responsabilidad patrimonial: procede siempre que haya lesión efectiva, evaluable económicamente e individualizada, derivada del funcionamiento normal O anormal de los servicios públicos —es responsabilidad objetiva, no exige culpa de la Administración—, salvo fuerza mayor o deber jurídico de soportar el daño. Trampa muy repetida: que un acto se anule en vía administrativa o contenciosa no genera, por sí solo, derecho a indemnización —hay que probar además el daño efectivo—. Y un dato que se confunde con frecuencia: el plazo de UN AÑO para reclamar esta responsabilidad NO está en este artículo, sino en el art. 67.1 de la Ley 39/2015 (es un plazo procedimental, no sustantivo).

Ver página propia del artículo 32 →

Artículo 33#17 1 pregunta

Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas

1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. [...] 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.

Distingue dos supuestos de concurrencia de varias Administraciones en un mismo daño que se confunden con facilidad: si el daño deriva de una fórmula CONJUNTA de actuación (por ejemplo, un convenio de gestión compartida), la responsabilidad frente al particular es SIEMPRE solidaria, sin más matices; si en cambio varias Administraciones concurren de forma no conjunta, la responsabilidad se reparte según criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención de cada una, y solo se vuelve solidaria cuando esa proporción no se puede determinar.

Ver página propia del artículo 33 →

Artículo 34#18 1 pregunta

Indemnización

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos [...] 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables [...] 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística [...]

Fija qué daños NO son indemnizables aunque exista responsabilidad patrimonial: los llamados 'riesgos del desarrollo', es decir, los que no se pudieron prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento en que se produjeron —no en el momento de reclamar—. La cuantía de la indemnización se calcula con los criterios de la legislación fiscal y de expropiación forzosa, y se actualiza a la fecha de fin del procedimiento con el Índice de Garantía de la Competitividad del INE, no con el IPC general, matiz que se pregunta a veces.

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Artículo 36#19 1 pregunta

Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Configura un sistema de responsabilidad directa de la Administración, frecuente en examen: el particular perjudicado NUNCA reclama directamente a la autoridad o empleado público que causó el daño, sino siempre a la Administración correspondiente. Es después la propia Administración, una vez indemnizado el particular, quien puede repetir de oficio contra su personal —pero solo si hubo dolo, culpa o negligencia GRAVES, no ante cualquier negligencia—, previa instrucción de un procedimiento específico. Confundir 'responsabilidad directa del funcionario' con este sistema es el error más habitual.

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Artículo 47#20 1 pregunta

Definición y tipos de convenios

1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. [...] Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 2. Los convenios [...] deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos: a) Convenios interadministrativos [...] b) Convenios intradministrativos [...] c) Convenios firmados entre una Administración Pública [...] y un sujeto de Derecho privado. d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional [...]

Traza la frontera, muy preguntada, entre convenio y contrato: el convenio es un acuerdo con efectos jurídicos entre Administraciones (o con sujetos de derecho privado) para un FIN COMÚN, mientras que el contrato implica una prestación a cambio de una contraprestación. Regla de cierre: un convenio nunca puede tener por objeto prestaciones propias de un contrato; si eso ocurre, deja de regirse por la Ley 40/2015 y pasa a regirse por la legislación de contratos del sector público, con todas sus exigencias de publicidad y concurrencia.

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Artículo 48#21 1 pregunta

Requisitos de validez y eficacia de los convenios

1. Las Administraciones Públicas [...] podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. [...] 8. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal [...] Asimismo, serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia que corresponda a la otra administración firmante.

Fija que firmar un convenio nunca supone ceder la titularidad de la competencia —solo se comparte su ejercicio, no su titularidad—, matiz que se confunde con la delegación de competencias del art. 9. Para los convenios de la AGE, la eficacia exige dos trámites con plazos distintos que se preguntan juntos y se confunden entre sí: inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación en 5 días hábiles desde la formalización, y publicación en el BOE en 10 días hábiles desde la formalización.

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Artículo 49#22 1 pregunta

Contenido de los convenios

Los convenios [...] deberán incluir, al menos, las siguientes materias: a) Sujetos que suscriben el convenio [...] b) La competencia en la que se fundamenta la actuación [...] c) Objeto del convenio [...] d) Obligaciones y compromisos económicos [...] e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento [...] f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control [...] g) El régimen de modificación del convenio. [...] h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto [...] los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Fija la duración máxima ordinaria de un convenio: 4 años, salvo que una norma prevea expresamente un plazo superior. Antes de que termine ese plazo, los firmantes pueden acordar UNÁNIMEMENTE su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales, o bien su extinción. Es de los datos numéricos más preguntados del bloque de convenios, junto con los plazos de inscripción y publicación del art. 48.8 —conviene no confundir los 4 años del convenio con los 5 y 10 días hábiles de esos trámites registrales.

Ver página propia del artículo 49 →

Artículo 51#23 1 pregunta

Extinción de los convenios

1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 2. Son causas de resolución: a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. [...] d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Lista de forma cerrada las causas de resolución de un convenio —transcurso del plazo sin prórroga acordada, acuerdo unánime de todos los firmantes, incumplimiento de obligaciones por alguno de ellos, decisión judicial que declare su nulidad, y cualquier otra causa prevista en el propio convenio o en una ley—, distinta de la extinción por cumplimiento del objeto, que es la vía 'normal' de terminación regulada en el apartado 1. Trampa habitual: incluir como causa de resolución algo no tasado en la lista (por ejemplo, la simple discrepancia de un tercero ajeno al convenio).

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Artículo 141#24 1 pregunta

Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas

1. Las Administraciones Públicas deberán: a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados [...] c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen [...] d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar [...] 2. La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado.

El deber de colaboración es la regla general entre Administraciones (respetar competencias ajenas, ponderar intereses públicos, facilitar información, prestar asistencia); la negativa a colaborar es la excepción y solo cabe por cuatro motivos tasados en el apartado 2: falta de facultad legal para prestarla, falta de medios suficientes, perjuicio grave a los intereses o funciones propias, o carácter confidencial o reservado de la información solicitada. Trampa habitual: inventar un quinto motivo de negativa (por ejemplo, 'sobrecarga de trabajo' sin más) que no está en la lista cerrada de la ley.

Ver página propia del artículo 141 →

Artículo 142#25 1 pregunta

Técnicas de colaboración

Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas: a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios [...] b) La colaboración a fin de proporcionar la inclusión en un sistema integrado de información de las respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas [...] c) El desarrollo de la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas [...] d) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa [...] e) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias [...] f) Cualquier otra prevista en una Ley.

Concreta en técnicas prácticas el deber de colaboración del art. 141: suministro de información, datos o documentos; inclusión en sistemas integrados de información y carpetas ciudadanas; desarrollo de la Plataforma Digital de Colaboración entre Administraciones Públicas; mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa; y el deber de asistencia y auxilio para atender solicitudes de otras Administraciones. Trampa habitual: colar como 'técnica de colaboración' algo que en realidad excede la colaboración, como la cesión definitiva de una competencia —algo que ni los convenios del art. 48.1 permiten—.

Ver página propia del artículo 142 →

Artículo 143#26 1 pregunta

Cooperación entre Administraciones Públicas

1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. 2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios.

Confirma el carácter voluntario de la cooperación —frente al carácter obligatorio de la coordinación del art. 140.1.e)— y exige que se formalice mediante aceptación EXPRESA de las partes, bien en acuerdos de órganos de cooperación, bien en convenios. A diferencia del deber de colaboración (obligatorio y sin necesidad de formalización expresa), la cooperación nace siempre de una decisión voluntaria de cada Administración de sumarse a una acción común, y esa voluntad debe quedar formalmente documentada.

Ver página propia del artículo 143 →

Texto tomado del BOE; consulta siempre el texto consolidado oficial para la versión vigente.

Ponte a prueba

28 preguntas de examen tipo test sobre Ley 40/2015 (LRJSP), en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 280 aciertos

Según el artículo 49.h).1.º de la Ley 40/2015, la duración de un convenio administrativo, salvo que normativamente se prevea un plazo superior, no podrá exceder de:

🕵️ Detective del Artículo Lo mismo, pero contrarreloj: encuentra la cita exacta antes de que se acabe el tiempo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015? Es la confusión más habitual entre opositores.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, regula la relación 'ad extra': cómo se tramita un expediente, los derechos del interesado, los plazos del procedimiento, la notificación, los recursos... La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el funcionamiento 'ad intra' de la Administración: sus órganos, la competencia, los órganos colegiados, la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial como instituciones, los convenios y las relaciones entre Administraciones. Un ejemplo típico de pregunta trampa: el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial prescribe al año, pero ese PLAZO PROCEDIMENTAL está en el art. 67.1 de la Ley 39/2015, mientras que los REQUISITOS SUSTANTIVOS de esa responsabilidad (arts. 32 a 37) están en la Ley 40/2015.

¿Dónde está regulado el plazo de un año para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración?

No está en la Ley 40/2015. Los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 regulan los requisitos de fondo (qué daños son indemnizables, cómo se calcula la indemnización, quién responde), pero el plazo de prescripción de un año para presentar la reclamación se encuentra en el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Es una de las preguntas trampa más repetidas en oposición porque obliga a distinguir qué regula cada una de las dos leyes.

¿Qué diferencia hay entre cooperación y coordinación según la Ley 40/2015?

Según el art. 140.1 de la Ley 40/2015, la cooperación (letra d) es voluntaria: dos o más Administraciones deciden libremente asumir compromisos específicos para una acción común. La coordinación (letra e) es obligatoria: corresponde singularmente a la Administración General del Estado garantizar la coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones cuando así lo prevea la Constitución o el resto del ordenamiento. El deber de colaboración (letra c), a su vez, es el deber general y básico de actuar con lealtad hacia el resto de Administraciones.

¿Cuánto puede durar un convenio administrativo y se puede prorrogar?

Según el art. 49.h) de la Ley 40/2015, un convenio debe tener una duración determinada de hasta cuatro años, salvo que otra norma prevea un plazo superior. Antes de que termine ese plazo, los firmantes pueden acordar unánimemente una única prórroga de hasta cuatro años adicionales, o bien su extinción.

Otras leyes clave