30 preguntas verificadas · 29 con cita de artículo · 19 artículos distintos citados
Artículo 7🥇 4 preguntas
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
La trampa por excelencia junto con el art. 6: el acoso SEXUAL (apdo. 1) exige un comportamiento verbal o físico de 'naturaleza sexual' (insinuaciones, comentarios o contacto de contenido sexual); el acoso POR RAZÓN DE SEXO (apdo. 2) NO requiere naturaleza sexual, basta con que el comportamiento se realice 'en función del sexo' de la persona y busque o consiga atentar contra su dignidad (p. ej. menospreciar sistemáticamente a una trabajadora por ser mujer, sin ningún comentario de contenido sexual). Ambos exigen que se cree, o se pretenda crear, un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, y ambos se consideran 'en todo caso' discriminatorios (apdo. 3), sin que quepa alegar que no hubo intención discriminatoria. El apdo. 4 añade el llamado 'chantaje sexual': condicionar un derecho (un ascenso, la renovación de un contrato) a soportar el acoso se considera también acto de discriminación por razón de sexo, con independencia de que además pueda constituir delito conforme al Código Penal, al que remite expresamente el apdo. 1.
Ver página propia del artículo 7 →Artículo 6🥈 3 preguntas
1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.
El artículo más preguntado de toda la Ley junto al art. 7. Clave para no confundir: la discriminación DIRECTA es un trato menos favorable EXPLÍCITO por razón de sexo, comparando la situación de la persona con otra 'en situación comparable', y NO admite justificación objetiva; la INDIRECTA parte de una norma, criterio o práctica 'aparentemente neutros' que en la práctica perjudica a un sexo, y SÍ admite justificación objetiva (finalidad legítima + medios necesarios y adecuados), algo que la directa no admite. Ejemplo típico de examen para fijar la diferencia: rechazar a una candidata 'por ser mujer' es directa; exigir una altura mínima de 1,75 m para un puesto (criterio en apariencia neutro que de hecho excluye a más mujeres que hombres) es indirecta, salvo que el empresario acredite que esa altura es necesaria y proporcionada para el puesto. El apdo. 3 añade que la mera orden de discriminar, se ejecute o no, ya es discriminatoria por sí sola, tanto si la orden es de discriminar directa como indirectamente.
Ver página propia del artículo 6 →Artículo 1🥉 2 preguntas
1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.
Artículo de apertura muy preguntado: hay que retener que la Ley desarrolla los arts. 9.2 y 14 CE, y que su objeto es 'hacer efectivo' el derecho de igualdad, no simplemente proclamarlo. La distinción entre ambos preceptos constitucionales es clave: el art. 14 CE consagra la igualdad formal ante la ley (no discriminación), mientras que el art. 9.2 CE impone a los poderes públicos el mandato de promover una igualdad real y efectiva, removiendo los obstáculos que la dificulten; esta Ley se sitúa precisamente en ese segundo plano, el de la igualdad material. El apdo. 2 conecta la Ley con los sectores público Y privado, y el listado de ámbitos del apdo. 1 (política, civil, laboral, económica, social y cultural) suele usarse en examen para comprobar si se ha añadido o quitado alguna esfera respecto del texto literal.
Ver página propia del artículo 1 →Artículo 11#4 2 preguntas
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.
Las acciones positivas van dirigidas específicamente 'en favor de las mujeres' (no son medidas neutras ni bidireccionales, a diferencia del principio de igualdad de trato del art. 3, que protege a ambos sexos por igual), son temporales (solo mientras subsista la situación patente de desigualdad de hecho, no indefinidas) y deben ser razonables y proporcionadas al objetivo perseguido. El apdo. 2 permite que también sujetos privados las adopten, no solo los poderes públicos, lo que da cobertura legal a medidas empresariales como reservar plazas de formación o procesos de promoción interna a mujeres en sectores donde estén infrarrepresentadas. Conviene no confundir acción positiva (medida correctora temporal y dirigida a un sexo) con el principio general de igualdad de trato (permanente y aplicable a ambos sexos).
Ver página propia del artículo 11 →Artículo 12#5 2 preguntas
1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. 3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Dos ideas trampa: (1) la tutela judicial se puede pedir incluso después de que haya terminado la relación (laboral, por ejemplo) en la que se produjo la discriminación, para evitar que la extinción del contrato o el cese sirvan para eludir la responsabilidad; (2) en los litigios sobre acoso, la ÚNICA persona legitimada es la persona acosada, a diferencia de la legitimación más amplia del apdo. 2 (personas físicas y jurídicas con interés legítimo) para el resto de supuestos de discriminación. Esta restricción de legitimación en el acoso no es casual: busca proteger la intimidad de la víctima, evitando que terceros (sindicatos, asociaciones) puedan litigar sobre hechos tan sensibles sin su consentimiento, aunque sí puedan personarse como coadyuvantes si la propia persona acosada lo autoriza.
Ver página propia del artículo 12 →Artículo 45#6 2 preguntas
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. 4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
Dato de examen muy vigente: el umbral de obligatoriedad del plan de igualdad son las empresas de CINCUENTA o más trabajadores (bajado desde los 250 originales de la Ley de 2007 por el Real Decreto-ley 6/2019, ya incorporado al texto consolidado). El artículo distingue cuatro vías distintas hacia la obligación de tener plan: (1) empresas de 50+ trabajadores, siempre (apdo. 2); (2) cualquier empresa, si lo impone su convenio colectivo, con independencia de su tamaño (apdo. 3); (3) como sustitución de sanciones accesorias en un procedimiento sancionador (apdo. 4); y (4) para las que no encajan en ninguna de las anteriores, la elaboración sigue siendo voluntaria (apdo. 5), aunque siempre precedida de negociación o consulta con la representación legal de los trabajadores. El cómputo de la plantilla para el umbral de 50 sigue reglas específicas de la normativa laboral que no aparecen en este artículo.
Ver página propia del artículo 45 →Artículo 46#7 2 preguntas
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias: a) Proceso de selección y contratación. b) Clasificación profesional. c) Formación. d) Promoción profesional. e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. g) Infrarrepresentación femenina. h) Retribuciones. i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas. 5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.
Las nueve materias mínimas del diagnóstico (letras a-i) son objeto de pregunta de memorización habitual, y en examen se suele pedir identificar cuál de varias opciones NO figura en la lista (afiliación sindical, por ejemplo, no está entre ellas, aunque suene relacionada). También se pregunta que existe un Registro de Planes de Igualdad de obligatoria inscripción (apdo. 4 y 5), creado dentro de los Registros de convenios y acuerdos colectivos dependientes de la Dirección General de Trabajo y de las Autoridades Laborales autonómicas. El apdo. 1 distingue dos elementos que se confunden con frecuencia: el diagnóstico (fotografía previa de la situación de la empresa) y el plan propiamente dicho (las medidas concretas que se adoptan a partir de ese diagnóstico, con objetivos, estrategias y sistema de seguimiento).
Ver página propia del artículo 46 →Artículo 3#8 1 pregunta
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Se pregunta con frecuencia cuáles son las tres circunstancias que la Ley cita expresamente como fuentes especiales de discriminación por razón de sexo: maternidad, obligaciones familiares y estado civil (no incluye, por ejemplo, la orientación sexual, que es otra causa distinta, protegida por otras normas). Este artículo abre el Título I y funciona como la definición general de la que luego se derivan las definiciones más técnicas de los arts. 6 y 7 (discriminación directa/indirecta y acoso); conviene leerlo como el 'paraguas' conceptual: primero se fija qué es el principio de igualdad de trato en abstracto, y después la Ley va desgranando sus manifestaciones concretas. El término 'especialmente' antes de las tres circunstancias indica que la lista no es cerrada, sino ejemplificativa de los supuestos más habituales.
Ver página propia del artículo 3 →Artículo 4#9 1 pregunta
La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
Trampa habitual: el artículo califica la igualdad de 'principio informador del ordenamiento jurídico', expresión que se confunde con otras fórmulas constitucionales (p. ej. 'valor superior', que es el término que usa el art. 1.1 CE para la igualdad, no esta Ley). El efecto práctico de este artículo es de tipo hermenéutico: obliga a que cualquier juez, funcionario o Administración que interprete o aplique CUALQUIER norma del ordenamiento (no solo esta Ley) lo haga teniendo en cuenta el principio de igualdad, incluso si esa otra norma no menciona la igualdad expresamente. Es distinto de un 'derecho fundamental de aplicación directa' (que sí sería invocable autónomamente ante los tribunales por la vía del art. 53.2 CE) y de un 'principio programático sin eficacia jurídica' (que no vincularía a nadie); aquí la Ley opta por una fórmula intermedia, de aplicación transversal pero no autónoma.
Ver página propia del artículo 4 →Artículo 5#10 1 pregunta
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
El artículo se aplica tanto al empleo privado como al público, y cubre un catálogo amplio: acceso al empleo (incluido el trabajo por cuenta propia), formación, promoción, condiciones de trabajo (retributivas y de despido incluidas) y afiliación sindical/empresarial. La excepción del segundo párrafo (requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y proporcionado) es la pregunta trampa clásica: no es una excepción abierta que el empresario pueda invocar libremente, exige los tres requisitos de forma acumulativa (esencial y determinante + objetivo legítimo + proporcionalidad), y solo opera respecto del ACCESO al empleo y la formación necesaria para él, no respecto de las condiciones de trabajo ya en marcha. Un ejemplo típico de examen es exigir sexo femenino para un papel de actriz o masculino para un modelo de ropa de hombre: ahí sí hay requisito profesional esencial; exigirlo para un puesto administrativo no lo sería.
Ver página propia del artículo 5 →Artículo 8#11 1 pregunta
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
Trampa muy repetida: la Ley califica expresamente este supuesto como discriminación DIRECTA (no indirecta), a pesar de que a primera vista podría parecer una discriminación 'por una circunstancia' (el embarazo) y no un trato explícito por razón de sexo. La razón de fondo, coherente con el enfoque que desde hace décadas se sigue en el ámbito de la Unión Europea, es que el embarazo y la maternidad son circunstancias que, biológicamente, solo pueden afectar a las mujeres, así que cualquier trato desfavorable ligado a ellas equivale, en la práctica, a un trato desfavorable por razón de sexo, sin necesidad de comparar la situación con la de un hombre en circunstancias comparables (a diferencia de la discriminación directa 'genérica' del art. 6.1). Este artículo suele combinarse en examen con el art. 8 del Estatuto de los Trabajadores o con la normativa de excedencias y permisos de maternidad/paternidad.
Ver página propia del artículo 8 →Artículo 47#12 1 pregunta
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.
El derecho de acceso a la información sobre el plan de igualdad corresponde, en primer lugar, a la representación legal de los trabajadores y, solo 'en su defecto' (si no existe esa representación en la empresa, algo frecuente en empresas pequeñas sin comité), a los propios trabajadores directamente. Este artículo es breve pero encaja con el art. 46 (contenido del plan) y el art. 45 (obligatoriedad): mientras esos artículos regulan qué debe contener el plan y quién está obligado a tenerlo, el art. 47 se limita a garantizar que, una vez elaborado, su contenido y el grado de consecución de sus objetivos no queden ocultos a la plantilla.
Ver página propia del artículo 47 →Artículo 48#13 1 pregunta
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. 2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con especial atención al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.
Redacción actualizada (por la LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como 'solo sí es sí') que incluye expresamente el acoso 'cometido en el ámbito digital', reconociendo que el acoso sexual y por razón de sexo también se produce a través de mensajería, redes sociales o correo corporativo. Se pregunta también la corresponsabilidad de los representantes de los trabajadores (apdo. 2), no solo de la empresa: mientras el apdo. 1 pone el foco en las medidas que debe PROMOVER la empresa (códigos de buenas prácticas, campañas, formación), el apdo. 2 exige a los representantes de los trabajadores un papel activo de sensibilización e información a la dirección, no de mera pasividad receptora.
Ver página propia del artículo 48 →Artículo 49#14 1 pregunta
Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.
Complementa al art. 45.5: las medidas de fomento del Gobierno para la implantación voluntaria de planes de igualdad se dirigen 'especialmente' a las pequeñas y medianas empresas, no a las grandes empresas (que ya están obligadas por el art. 45.2 si tienen 50 o más trabajadores, así que no necesitan 'fomento' para algo que ya es un deber legal). El artículo habla de 'apoyo técnico', lo que en la práctica se traduce en guías, herramientas de autodiagnóstico y asesoramiento gratuito de la Administración, sin que la Ley detalle aquí instrumentos económicos concretos (subvenciones o bonificaciones), que se regulan por normativa de desarrollo distinta a esta Ley.
Ver página propia del artículo 49 →Artículo 51#15 1 pregunta
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.
Artículo que abre el Título V y que se pregunta por letras (a-g): destaca la letra d), presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración de los procesos selectivos, base de muchas preguntas sobre la composición de tribunales de oposiciones. Es habitual que el examen presente una opción falsa mezclada con las siete reales, como un supuesto 'cupo obligatorio de plazas reservadas a un sexo' que el artículo NO establece (el art. 51 regula obligaciones de proceso y de composición de órganos, no cuotas de resultado en las plazas convocadas). Conviene memorizar que este artículo se dirige a las Administraciones públicas 'en el ámbito de sus respectivas competencias', a diferencia de los arts. 52 y siguientes, más específicos de la AGE.
Ver página propia del artículo 51 →Artículo 52#16 1 pregunta
El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.
El principio de presencia equilibrada en este artículo se aplica a los nombramientos de órganos directivos considerados 'en su conjunto' (no exige que cada nombramiento individual respete la proporción 40/60, sino que la evaluación se hace sobre el total de nombramientos que corresponde efectuar al Gobierno en la AGE y sus organismos vinculados o dependientes). Esta matización es justo la que suele usarse como distractor en examen: una opción incorrecta típica afirma que 'cada órgano directivo debe tener representación equilibrada', cuando el criterio legal es de conjunto, no de unidad por unidad, lo que da margen de maniobra en nombramientos individuales sin incumplir la Ley.
Ver página propia del artículo 52 →Artículo 61#17 1 pregunta
1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. 2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.
Es la base legal por la que el principio de igualdad entra en el temario de 'todas' las pruebas de acceso al empleo público de la AGE (apdo. 1), lo que explica precisamente por qué esta misma Ley suele formar parte del temario de cualquier oposición: es, en cierto modo, una norma que 'se autoincluye' como materia examinable. El apdo. 2 añade una obligación distinta y complementaria: formación continua para el personal YA en activo (no solo para quien accede), que debe cubrir tanto igualdad de trato y oportunidades como prevención de la violencia de género, dos materias que en examen a veces se presentan como si fueran una sola cosa, cuando la Ley las distingue expresamente.
Ver página propia del artículo 61 →Artículo 62#18 1 pregunta
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios: a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.
El protocolo debe negociarse con la representación legal de los trabajadores (no se impone unilateralmente por la Administración) y su contenido mínimo son cuatro principios (a-d), entre los que destaca el tratamiento reservado (confidencial) de las denuncias, letra c) — la Ley protege así a quien denuncia frente a la exposición pública del caso, sin perjuicio de que, si los hechos también fueran constitutivos de infracción disciplinaria o delito, se sigan las vías del régimen disciplinario o penal correspondientes, que este protocolo no sustituye. La letra a) exige un compromiso EXPLÍCITO de no tolerancia (no basta con no perseguir el acoso, hay que declararlo activamente), y la letra d) obliga a designar personas concretas responsables de atender las quejas, evitando que la denuncia se pierda por falta de un canal claro.
Ver página propia del artículo 62 →Artículo 64#19 1 pregunta
El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros.
Tres datos de examen que se combinan a menudo en una sola pregunta: (1) el Plan se aprueba 'al inicio de cada legislatura' (no cada año ni de forma permanente), lo que lo vincula al ciclo político, no al calendario natural; (2) se negocia, y en su caso se acuerda, con la representación legal de los empleados públicos, siguiendo las reglas generales de negociación colectiva en la Administración; (3) su cumplimiento se evalúa anualmente por el Consejo de Ministros, aunque el Plan en sí no se renueve cada año. Es fácil confundir la periodicidad de APROBACIÓN (por legislatura) con la periodicidad de EVALUACIÓN de su cumplimiento (anual): son dos ritmos distintos que el examen suele intercambiar en las opciones de respuesta.
Ver página propia del artículo 64 →Artículo 63
Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.
Se pregunta la periodicidad mínima ('al menos anualmente', es decir, puede ser más frecuente pero nunca menos) y la exigencia de que los datos se desagreguen por sexo, requisito técnico que se repite en varias normas de igualdad porque es la única forma de detectar brechas que quedan ocultas en datos agregados (por ejemplo, una retribución media aparentemente equitativa puede esconder una brecha salarial real si no se desglosa por sexo). Los sujetos obligados a remitir la información son todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos, y los destinatarios son los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas (denominaciones ministeriales que han cambiado de nombre con el tiempo, pero la obligación de fondo se mantiene).
Ver página propia del artículo 63 →Artículo 65
Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
Abre el Capítulo IV (Fuerzas Armadas) del Título V, con una redacción prácticamente idéntica al art. 67 (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), lo que genera confusión constante entre ambos artículos en examen: la única diferencia real de contenido es el colectivo al que se dirigen (Fuerzas Armadas aquí, FCSE en el 67), mientras que la lista de ámbitos afectados (acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas) es prácticamente calcada en los dos. Un truco útil para no confundirlos en el examen es fijarse en el número: 65-66 van con las Fuerzas Armadas (Capítulo IV) y 67-68 con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Capítulo V), en ese orden correlativo.
Ver página propia del artículo 65 →Artículo 66
Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.
Su aplicación a las Fuerzas Armadas no es automática ni plena: se aplica 'con las adaptaciones que resulten necesarias' y según su normativa específica, no de forma directa e idéntica a como se aplica al resto de empleados públicos. Las materias que remite son tres: igualdad en sentido general, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y conciliación de la vida personal, familiar y profesional; conviene retener este listado completo porque el examen a veces omite alguna de las tres materias en las opciones incorrectas. La lógica de este artículo (y su gemelo, el art. 68) es evitar un vacío legal: en vez de crear un régimen de igualdad totalmente distinto para militares y policías, se remite al régimen general de las Administraciones Públicas, pero permitiendo matizarlo donde las peculiaridades de la función lo exijan (por ejemplo, en pruebas físicas de acceso).
Ver página propia del artículo 66 →Artículo 67
Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
Equivalente al art. 65 pero para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Capítulo V); trampa habitual en oposiciones de Policía Nacional y Guardia Civil confundir este artículo con el 65 (Fuerzas Armadas), precisamente porque en esas oposiciones el examinando tiende a fijarse en el contenido (casi idéntico) y no en el número de artículo ni en el colectivo exacto al que se aplica. Una diferencia léxica menor pero real entre ambos: el art. 65 habla de procurar 'la efectividad del principio de igualdad', mientras que el art. 67 habla de promover la igualdad efectiva 'impidiendo cualquier situación de discriminación profesional' — formulación algo más explícita en su orientación antidiscriminatoria, aunque el objetivo práctico de ambos artículos sea equivalente.
Ver página propia del artículo 67 →Artículo 68
Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.
Igual que el art. 66 para las Fuerzas Armadas: la aplicación se adapta a las peculiaridades de las funciones encomendadas, no es una remisión en bloque sin matices. Las tres materias remitidas son las mismas que en el art. 66 (igualdad, prevención de la violencia de género y sexual, y conciliación), aplicadas ahora a Policía Nacional, Guardia Civil y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 'en los términos establecidos por su normativa específica' — expresión que en la práctica remite a la normativa propia de cada Cuerpo (por ejemplo, el régimen disciplinario y de personal de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía), que puede introducir particularidades derivadas del carácter operativo de estas funciones.
Ver página propia del artículo 68 →