Tema 11. La inconstitucionalidad de las Leyes y el Tribunal Constitucional: Principios generales. El recurso directo. La cuestión de constitucionalidad. La Sentencia de inconstitucionalidad y sus efectos. Otras vías de declaración de inconstitucionalidad de las leyes.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
La Constitución de 1978 instaura en España un sistema de control de constitucionalidad de las leyes concentrado en un único órgano ad hoc, el Tribunal Constitucional, siguiendo el modelo europeo o kelseniano frente al modelo difuso norteamericano en el que cualquier juez puede inaplicar una ley que estime inconstitucional. El Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX CE (arts. 159 a 165) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC), monopoliza la declaración de inconstitucionalidad de las normas con rango de ley a través de dos vías principales, el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, cuya diferencia esencial no reside en el objeto de control sino en quién puede activarlas y en qué momento procesal.
Este tema estudia la naturaleza, composición y competencias del Tribunal Constitucional, ambas vías de control a posteriori de constitucionalidad, los efectos de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad —con particular atención a la técnica de la nulidad y a sus modulaciones jurisprudenciales— y otras vías complementarias de control, como el examen previo de tratados internacionales o la cuestión prejudicial de validez del Derecho de la Unión Europea, con la que la cuestión de inconstitucionalidad guarda semejanzas funcionales pero también diferencias sustanciales de régimen jurídico.
El Tribunal Constitucional: naturaleza, composición y designación de magistrados (art. 159 CE)
El Tribunal Constitucional es, conforme al art. 1 LOTC, el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su propia ley orgánica; no forma parte del Poder Judicial ordinario, sino que constituye un órgano constitucional autónomo situado al margen de los tres poderes clásicos. Conforme al art. 159 CE, se compone de doce miembros nombrados por el Rey, de los cuales cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro por el Senado con idéntica mayoría cualificada y entre Senadores designados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los magistrados deben ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, entre Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados. Su mandato dura nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres, lo que persigue garantizar tanto la independencia frente a coyunturas políticas concretas como la continuidad institucional. El Presidente del Tribunal es nombrado por el Rey, a propuesta del propio Tribunal en pleno, entre sus miembros, por un periodo de tres años.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), fue la primera ley orgánica aprobada tras la entrada en vigor de la Constitución, en desarrollo directo del mandato del art. 165 CE, que remite a ley orgánica el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. La LOTC regula la organización del Tribunal (Pleno, Salas y Secciones), el estatuto personal de los magistrados (nombramiento, incompatibilidades, causas de cese), y desarrolla con detalle procedimental cada uno de los procesos constitucionales: el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, los conflictos de competencia, los conflictos entre órganos constitucionales, los conflictos en defensa de la autonomía local y la declaración previa sobre la constitucionalidad de tratados internacionales. La norma ha sido reformada en numerosas ocasiones, entre las que destacan la LO 6/2007, que introdujo el trámite de admisión del recurso de amparo basado en la especial trascendencia constitucional, y la LO 15/2015, que dotó al Tribunal de nuevos instrumentos de ejecución de sus resoluciones frente a incumplimientos, incluyendo la posibilidad de imponer multas coercitivas o acordar la suspensión de autoridades o empleados públicos de las Administraciones responsables.
Competencias del Tribunal Constitucional (art. 161 CE)
El art. 161.1 CE atribuye al Tribunal Constitucional, con jurisdicción en todo el territorio español, el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, cuya declaración de inconstitucionalidad tiene valor de cosa juzgada, vincula a todos los poderes públicos y produce efectos generales desde su publicación en el BOE (letra a); del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades reconocidos en el art. 53.2 CE, en los casos y formas que la ley establezca, correspondiendo en todo caso su tutela general a los Tribunales ordinarios (letra b); de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre sí (letra c); y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas (letra d), cláusula abierta que ha permitido a la LOTC añadir los conflictos entre órganos constitucionales, los conflictos en defensa de la autonomía local, la declaración previa sobre tratados internacionales y el recurso previo de inconstitucionalidad frente a Estatutos de Autonomía. El apartado segundo del mismo artículo añade la potestad del Gobierno de impugnar disposiciones y resoluciones autonómicas sin rango de ley, con el efecto suspensivo automático ya estudiado.
El recurso de inconstitucionalidad: objeto y plazo de tres meses
El recurso de inconstitucionalidad es un proceso constitucional de carácter abstracto y objetivo, dirigido a depurar el ordenamiento jurídico de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley contrarias a la Constitución, con independencia de que exista o no un litigio concreto en el que dicha norma resulte aplicable. Su objeto comprende los Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas, las leyes ordinarias, estatales o autonómicas, los decretos-leyes, los decretos legislativos (en cuanto excedan los límites de la delegación, sin perjuicio del control adicional por la jurisdicción ordinaria previsto en el art. 82.6 CE) y los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales con valor de ley. Conforme al art. 33.1 LOTC, el recurso debe interponerse dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la norma impugnada, plazo de caducidad que no admite suspensión ni interrupción salvo en el supuesto de ampliación a nueve meses previsto para las negociaciones en el seno de las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Transcurrido el plazo sin haberse interpuesto el recurso, la ley solo podrá ser depurada del ordenamiento, en su caso, a través de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un órgano judicial con ocasión de un proceso concreto.
Legitimación activa para interponer el recurso de inconstitucionalidad
El art. 162.1.a CE y el art. 32 LOTC reservan la legitimación activa para interponer el recurso de inconstitucionalidad a un elenco tasado de sujetos, mucho más restringido que la legitimación reconocida para el recurso de amparo: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas Legislativas de estas. Los órganos ejecutivos y legislativos autonómicos solo están legitimados cuando la ley, disposición o acto con fuerza de ley pueda afectar a su propio ámbito de autonomía, requisito de legitimación material que el Tribunal Constitucional ha interpretado con cierta amplitud, admitiendo la impugnación no solo de normas que invadan directamente competencias autonómicas sino también, en determinados supuestos, de preceptos que incidan indirectamente en su ámbito de intereses. A diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad, cuya iniciativa corresponde a un órgano judicial imparcial ajeno al proceso político, el recurso de inconstitucionalidad es por tanto un instrumento esencialmente político en su activación, reservado a las minorías parlamentarias cualificadas (cincuenta Diputados o Senadores) y a las instituciones de garantía o representación territorial, lo que explica su frecuente uso como prolongación del debate político-parlamentario ante el Tribunal Constitucional.
Procedimiento del recurso de inconstitucionalidad
Formalizado el recurso ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo legal, con expresión de los preceptos legales o constitucionales cuya infracción se denuncia, así como de las alegaciones fundamentadas de contraste entre unos y otros, el Tribunal, admitido a trámite, da traslado al Congreso, al Senado y, en su caso, al Gobierno o a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma de la que emane la ley impugnada, para que puedan personarse y formular alegaciones dentro de los quince días siguientes. El recurso de inconstitucionalidad no tiene efecto suspensivo sobre la vigencia y aplicación de la norma impugnada, salvo en el supuesto excepcional de que el propio recurso lo interponga el Presidente del Gobierno invocando el art. 161.2 CE respecto de leyes, disposiciones o actos de las Comunidades Autónomas, en cuyo caso sí opera la suspensión automática, ratificable o levantable en cinco meses. Concluida la fase de alegaciones, y practicada en su caso la prueba pertinente, el Pleno del Tribunal Constitucional dicta sentencia, que puede ser desestimatoria (declarando la constitucionalidad de la norma, en su caso mediante una interpretación conforme) o estimatoria total o parcial, declarando la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los preceptos afectados.
La cuestión de inconstitucionalidad: naturaleza y legitimación de los órganos judiciales
La cuestión de inconstitucionalidad, regulada en el art. 163 CE y en los arts. 35 a 37 LOTC, es el instrumento mediante el cual cualquier Juez o Tribunal ordinario, de oficio o a instancia de parte, que considere en el curso de un proceso del que esté conociendo que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pudiera ser contraria a la Constitución, eleva la cuestión al Tribunal Constitucional para que sea este, y solo este, quien se pronuncie sobre su validez, suspendiéndose entretanto el proceso judicial concreto. Se trata de un mecanismo coherente con el modelo de control concentrado de constitucionalidad: el juez ordinario carece de potestad para inaplicar por sí mismo una ley por considerarla inconstitucional (a diferencia de lo que ocurre con los reglamentos ilegales, que sí puede inaplicar), debiendo en su lugar plantear la duda al único órgano competente para expulsar la norma del ordenamiento. La legitimación para plantearla corresponde exclusivamente a órganos judiciales unipersonales o colegiados en ejercicio de la función jurisdiccional, nunca a las partes del proceso, que solo pueden solicitar al juez que la plantee sin que este quede vinculado por dicha petición, correspondiéndole en exclusiva el juicio sobre su procedencia.
Requisitos de admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad: el juicio de relevancia
La admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad exige la concurrencia de dos requisitos materiales estrechamente relacionados, además de los formales de identificación precisa de la norma cuestionada y del precepto constitucional que se estima vulnerado, con exposición razonada de la duda de constitucionalidad. El primero es que la norma legal cuestionada sea aplicable al caso concreto que el órgano judicial está enjuiciando; el segundo, íntimamente conectado, es el llamado juicio de relevancia: el fallo del proceso a quo debe depender efectivamente de la validez de la norma cuestionada, de modo que la eventual declaración de inconstitucionalidad altere el sentido de la resolución que el juez habría de dictar. El Tribunal Constitucional controla, antes de admitir a trámite la cuestión, la concurrencia de ambos presupuestos, pudiendo inadmitirla mediante auto motivado si aprecia su ausencia notoria, sin perjuicio de que en fases posteriores del proceso pueda igualmente declarar su inadmisión sobrevenida. El planteamiento de la cuestión debe realizarse, conforme al art. 35.2 LOTC, una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, tras haber oído a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantearla, lo que garantiza que la cuestión no se emplee como cauce dilatorio en fases procesales tempranas.
Diferencias entre el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad
Ambas vías de control de constitucionalidad de leyes comparten objeto (normas con rango de ley) y órgano competente (Tribunal Constitucional en Pleno o Sala, según la relevancia de la cuestión), pero se diferencian en aspectos sustanciales. La legitimación activa: el recurso corresponde a sujetos políticos e institucionales tasados (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, cincuenta parlamentarios, órganos autonómicos), mientras que la cuestión solo puede plantearla un órgano judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional. El momento procesal: el recurso puede interponerse en abstracto, sin necesidad de litigio concreto, dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la norma, mientras que la cuestión surge siempre con ocasión de un proceso judicial concreto ya en curso, sin sujeción a plazo de caducidad alguno, pudiendo plantearse en cualquier momento mientras la norma continúe vigente y resulte aplicable. La naturaleza del control: el recurso constituye un control abstracto y objetivo del ordenamiento, mientras que la cuestión nace de un control concreto vinculado a la aplicación de la norma a un caso determinado, aunque el fallo del Tribunal Constitucional, una vez admitida y resuelta la cuestión, produzca en ambos casos efectos generales erga omnes si declara la inconstitucionalidad.
La autocuestión de inconstitucionalidad
La autocuestión de inconstitucionalidad es una figura de creación jurisprudencial y hoy expresamente prevista en el art. 55.2 LOTC, que opera en el seno del proceso de amparo constitucional: cuando la Sala o Sección del Tribunal Constitucional que conoce de un recurso de amparo considera que la lesión del derecho fundamental invocado trae causa de la aplicación de una ley que pudiera ser contraria a la Constitución, no puede resolver directamente sobre la inconstitucionalidad de dicha ley dentro del propio proceso de amparo (reservado, en principio, a la tutela de derechos fundamentales frente a actos de los poderes públicos), sino que debe elevar la cuestión al Pleno del propio Tribunal Constitucional, que sustanciará y resolverá la cuestión con arreglo a los trámites del art. 37 y siguientes LOTC, como si de una cuestión de inconstitucionalidad ordinaria planteada por un órgano judicial se tratase. Esta figura permite conciliar la naturaleza subjetiva del amparo, centrado en la tutela del derecho fundamental del recurrente en el caso concreto, con la necesidad de depurar del ordenamiento, con efectos generales, la norma legal que se revele estructuralmente contraria a la Constitución, evitando que el Tribunal deba limitarse a otorgar el amparo sin expulsar del ordenamiento la ley causante de la lesión.
Efectos de la declaración de inconstitucionalidad: la nulidad
El art. 39.1 LOTC dispone, como regla general, que cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. La técnica de la nulidad, más drástica que la mera anulabilidad o inaplicación, expulsa la norma del ordenamiento jurídico con eficacia general erga omnes desde la publicación de la sentencia en el BOE, sin que ello suponga, con carácter general, la revisión de procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se hubiera hecho aplicación de la ley luego declarada inconstitucional (art. 40.1 LOTC), salvo en los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Esta limitación de los efectos retroactivos de la nulidad busca conciliar la depuración del ordenamiento con la seguridad jurídica y la protección de situaciones jurídicas consolidadas, distinguiendo entre la eficacia pro futuro de la sentencia (general) y su incidencia sobre situaciones ya definitivamente resueltas (excepcional y tasada).
Efecto de cosa juzgada y valor de las sentencias del Tribunal Constitucional
El art. 164.1 CE dispone que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE con los votos particulares, si los hubiere, y que las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. El art. 164.1 in fine añade que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, y que no cabe recurso alguno contra ellas, salvo el incidente de aclaración o el recurso de amparo excepcional frente a actos parlamentarios sin valor de ley. Este efecto de cosa juzgada material se extiende no solo al fallo, sino también, según reiterada jurisprudencia constitucional, a los fundamentos jurídicos que constituyan la ratio decidendi de la resolución, vinculando a todos los poderes públicos en la interpretación de la Constitución realizada por el Tribunal, incluidos los propios órganos judiciales ordinarios, que no pueden aplicar la Constitución de forma contradictoria con la doctrina sentada por su intérprete supremo, sin perjuicio de la posibilidad del propio Tribunal Constitucional de matizar o superar su propia doctrina en resoluciones posteriores.
Modulación de los efectos temporales de las sentencias: la prospectividad
Junto a la regla general de nulidad con eficacia ex tunc modulada por el art. 40.1 LOTC respecto de procesos fenecidos, el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia más reciente, con apoyo expreso hoy en la reforma de la LOTC operada por la LO 15/2015 (que introdujo el art. 92.4), la técnica de la prospectividad o modulación temporal de los efectos de sus sentencias, permitiendo diferir en el tiempo la eficacia de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad cuando así lo exija la seguridad jurídica o el interés general, especialmente en materias tributarias o de gasto público donde una declaración de nulidad con efectos retroactivos plenos podría generar consecuencias económicas desproporcionadas para las arcas públicas (por ejemplo, obligando a devolver ingresos tributarios ya recaudados y gastados conforme a los presupuestos aprobados). El Tribunal ha empleado también, en supuestos singulares, la técnica de declarar la inconstitucionalidad de una norma sin declarar su nulidad inmediata, otorgando al legislador un plazo para subsanar el defecto detectado antes de que la norma quede expulsada del ordenamiento, o limitando los efectos de la nulidad a las situaciones aún no consolidadas administrativa o judicialmente en el momento de dictarse la sentencia.
Las sentencias interpretativas
Las sentencias interpretativas son aquellas en las que el Tribunal Constitucional, en lugar de declarar sin más la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto legal, declara que este es constitucional siempre que se interprete en el sentido que el propio Tribunal indica en sus fundamentos jurídicos, descartando como inconstitucionales otras interpretaciones posibles del mismo enunciado legal que sí resultarían contrarias a la Constitución. Esta técnica, de amplio uso en la jurisprudencia constitucional comparada y española, permite salvar la validez de la ley evitando su expulsión total del ordenamiento cuando basta con excluir alguna de sus interpretaciones posibles para hacerla compatible con el texto constitucional, en aplicación del principio de conservación de la norma. El fallo de estas sentencias suele adoptar fórmulas del tipo "declarar que el precepto impugnado no es inconstitucional interpretado en el sentido expuesto en el fundamento jurídico...", vinculando dicha interpretación, con el mismo valor de cosa juzgada que el resto del fallo, a todos los poderes públicos y en particular a los órganos judiciales encargados de aplicar la ley en el futuro. La técnica ha sido objeto de cierta controversia doctrinal por su proximidad a una función cuasi-legislativa del Tribunal, aunque se ha consolidado como instrumento habitual de autocontención frente a la nulidad total.
El principio de conservación de la norma
El principio de conservación de la norma, de raíz jurisprudencial, orienta al Tribunal Constitucional a agotar las posibilidades interpretativas de un precepto legal antes de declarar su inconstitucionalidad y nulidad, dando preferencia a aquella interpretación que permita salvar su validez cuando sea razonablemente posible, en coherencia con la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes como expresión de la voluntad del legislador democráticamente legitimado. Este principio se manifiesta de forma paradigmática en las sentencias interpretativas y en la declaración de nulidad parcial, limitada estrictamente a los incisos, apartados o expresiones concretas de un precepto que resulten inconstitucionales, sin extender la nulidad a la totalidad del artículo o de la ley cuando el resto del texto pueda subsistir con sentido propio y autónomo tras la expulsión del fragmento viciado. El principio de conservación no es, sin embargo, absoluto: cuando la interpretación conforme exigiría una reconstrucción tan intensa del precepto que equivaldría, en la práctica, a sustituir al legislador en su función de creación normativa, o cuando la conexión entre los preceptos inconstitucionales y el resto de la norma sea tan estrecha que la nulidad parcial vacíe de sentido o coherencia al conjunto, el Tribunal debe optar por la declaración de nulidad total, aun a costa de generar un vacío normativo que corresponderá cubrir al legislador.
Otras vías de control de constitucionalidad: el recurso previo contra Estatutos de Autonomía
Además del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el ordenamiento contempla otras vías, ya estudiadas parcialmente, de control de constitucionalidad de normas con rango de ley. El recurso previo de inconstitucionalidad frente a proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su reforma, suprimido en 1985 y reintroducido de forma limitada por la LO 12/2015, constituye un control anticipado, previo a la sanción y promulgación definitivas del texto, reservado a esta concreta categoría de leyes orgánicas por su especial trascendencia como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y por la dificultad práctica de reformar un Estatuto ya en vigor si posteriormente se declarase inconstitucional. También cabe mencionar, dentro de las vías indirectas de control, la posibilidad de que una cuestión de inconstitucionalidad se plantee no ya frente a la ley aplicada en el proceso a quo, sino frente a una ley conexa cuya inconstitucionalidad determine, por conexión o consecuencia, la de la norma directamente aplicable, en aplicación del art. 39.1 LOTC ya visto respecto de los efectos de la sentencia, que permite extender la declaración de nulidad más allá de los preceptos estrictamente impugnados cuando exista una relación de dependencia sistemática entre ellos.
El control de constitucionalidad de los tratados internacionales (art. 95 CE)
El art. 95 CE establece un control preventivo y específico de constitucionalidad aplicable a los tratados internacionales: la celebración de un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exige la previa revisión constitucional, no pudiendo España obligarse internacionalmente mediante un tratado incompatible con su norma fundamental sin antes reformarla. El propio precepto habilita al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras a requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción, dando lugar a un proceso constitucional específico regulado en el Título VI LOTC (arts. 78 y 79), distinto tanto del recurso como de la cuestión de inconstitucionalidad, puesto que su objeto no es una ley ya aprobada sino un tratado aún no ratificado, y su función es estrictamente preventiva, evitando el conflicto entre el compromiso internacional asumido por España y su propio ordenamiento constitucional interno. Este mecanismo se ha activado en contadas ocasiones en la práctica española, entre las que destacan la Declaración 1/1992, relativa al derecho de sufragio pasivo de ciudadanos comunitarios en el Tratado de Maastricht, que exigió la reforma del art. 13.2 CE, y la Declaración 1/2004, relativa al Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, que concluyó la compatibilidad de dicho Tratado con la Constitución española sin necesidad de reforma.
La cuestión prejudicial de validez del Derecho de la Unión Europea: distinción con la cuestión de inconstitucionalidad
La cuestión prejudicial regulada en el art. 267 TFUE, mediante la cual los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden o, en el caso de los que resuelven en última instancia, deben plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus dudas sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, presenta una funcionalidad análoga a la cuestión de inconstitucionalidad interna, pero se diferencia de ella en aspectos esenciales. El órgano competente para resolverla es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal Constitucional español, y su parámetro de control es el Derecho de la Unión (Tratados, Carta de Derechos Fundamentales, actos derivados), no la Constitución española. Además, la cuestión prejudicial puede plantearse tanto respecto de normas nacionales con rango de ley como respecto de actos administrativos o incluso de normas de Derecho derivado de la propia Unión cuya validez se cuestiona, mientras que la cuestión de inconstitucionalidad se ciñe exclusivamente a normas internas con rango de ley. La coexistencia de ambos mecanismos ha generado una jurisprudencia constitucional específica sobre su articulación, admitiendo el Tribunal Constitucional que los órganos judiciales españoles inapliquen directamente una ley interna contraria al Derecho de la Unión sin necesidad de plantear previamente cuestión de inconstitucionalidad, en aplicación del principio de primacía.
Efectos erga omnes de las sentencias y su publicación en el BOE
El art. 38.1 LOTC dispone que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, requisito de publicidad que constituye condición de eficacia general de la resolución y no un mero trámite de publicidad noticia. Esta eficacia erga omnes distingue radicalmente a las sentencias de inconstitucionalidad de las sentencias civiles o administrativas ordinarias, cuyos efectos de cosa juzgada se limitan, con carácter general, a las partes del proceso concreto; aquí, por el contrario, la declaración de inconstitucionalidad de una ley opera automáticamente frente a cualquier ciudadano, empresa o Administración Pública, con independencia de que hubiera sido o no parte en el proceso constitucional, e incluso frente a procesos judiciales en curso ante cualquier órgano jurisdiccional del territorio nacional, que deberán tener en cuenta la nulidad sobrevenida de la norma aplicable. El régimen de publicación conjunta del fallo y de los votos particulares, si los hubiere, refleja además la voluntad constituyente de dotar de transparencia al proceso deliberativo del Tribunal, permitiendo conocer las posiciones discrepantes de los magistrados que no compartieron la decisión mayoritaria.
La presunción de constitucionalidad de las leyes
La presunción de constitucionalidad de las leyes es un principio estructural del sistema de control concentrado que se proyecta en múltiples aspectos del régimen procesal estudiado: exige que la declaración de inconstitucionalidad se adopte siempre con las máximas garantías procedimentales (mayoría cualificada dentro del Tribunal cuando así lo exige la LOTC, contradicción efectiva de las partes legitimadas, motivación reforzada de la sentencia), justifica el principio de conservación de la norma y la preferencia por las sentencias interpretativas frente a la nulidad total, y explica por qué la duda de constitucionalidad de un juez ordinario no le habilita a inaplicar la ley por sí mismo, sino que debe plantear la cuestión ante el único órgano constitucionalmente habilitado para desvirtuar dicha presunción. Esta presunción encuentra su fundamento último en el principio democrático y en la legitimidad del Parlamento como titular de la potestad legislativa (art. 66.2 CE), de modo que solo un órgano de garantías reforzadas, con mayorías especiales de designación de sus miembros y procedimientos rigurosos, puede desvirtuarla mediante una declaración de inconstitucionalidad que, precisamente por su gravedad institucional al dejar sin efecto una decisión del legislador democrático, se configura como remedio de ultima ratio dentro del sistema de fuentes.
Control de constitucionalidad y control de convencionalidad: distinción
Conviene distinguir con precisión el control de constitucionalidad, objeto central de este tema y reservado en España al Tribunal Constitucional mediante el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, del denominado control de convencionalidad, consistente en la verificación de la compatibilidad de una norma interna con un tratado internacional (y muy singularmente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos) por parte de cualquier juez o tribunal ordinario en el ejercicio de su función jurisdiccional cotidiana, sin necesidad de plantear cuestión alguna ante un órgano concentrado. A diferencia del control de constitucionalidad, que expulsa la norma inconstitucional del ordenamiento con efectos generales mediante la declaración de nulidad, el control de convencionalidad se limita a la inaplicación de la norma interna al caso concreto por el juez ordinario que aprecia la contradicción, sin que dicha norma quede derogada ni anulada con alcance general: la norma interna contraria a un tratado internacional sigue formalmente vigente en el ordenamiento, aunque inaplicable en los casos en que su aplicación resulte contraria al tratado. El Tribunal Constitucional ha admitido, además, que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituyen un canon hermenéutico obligado para interpretar el alcance de los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución, conforme exige el art. 10.2 CE, sin que ello suponga atribuir a dichas sentencias una fuerza derogatoria directa sobre las leyes internas, que sigue estando reservada en exclusiva a la declaración de inconstitucionalidad por el propio Tribunal Constitucional español.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El TC (Título IX CE, arts. 159-165, y LOTC de 1979) monopoliza el control concentrado de constitucionalidad de leyes, a diferencia del modelo difuso norteamericano.
Composición: 12 magistrados (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por terceras partes cada 3 años (art. 159 CE).
Competencias del TC (art. 161 CE): recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia y demás materias atribuidas por LO.
Recurso de inconstitucionalidad: plazo de 3 meses desde publicación (9 meses si hay negociación en Comisión Bilateral, art. 33.2 LOTC); legitimación tasada y política (art. 162.1.a CE, art. 32 LOTC).
Cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE): solo la plantea un órgano judicial, con ocasión de un proceso concreto, sin plazo de caducidad, exige juicio de relevancia.
El juez ordinario NO puede inaplicar una ley por inconstitucional (modelo concentrado); sí puede inaplicar un reglamento ilegal.
Diferencia recurso/cuestión: legitimación (política vs. judicial), momento (abstracto vs. concreto) y plazo (3/9 meses vs. sin plazo).
Autocuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC): en un amparo, si la lesión deriva de una ley, la Sala eleva la cuestión al Pleno del propio TC.
Efecto general: nulidad (art. 39.1 LOTC), con eficacia erga omnes desde publicación en BOE; NO revisa procesos fenecidos con cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), salvo reducción de pena/sanción penal o administrativa sancionadora.
Las sentencias del TC tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE (art. 164.1 CE); no cabe recurso alguno contra ellas.
Técnicas de modulación: sentencias interpretativas, nulidad parcial (principio de conservación de la norma), y prospectividad o diferimiento de efectos (art. 92.4 LOTC, introducido por LO 15/2015).
Art. 95 CE: control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales antes de su ratificación (Declaraciones 1/1992 y 1/2004 del TC).
El recurso previo de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía fue suprimido por LO 4/1985 y reintroducido de forma limitada por LO 12/2015.
La cuestión prejudicial del art. 267 TFUE (ante el TJUE) es distinta de la cuestión de inconstitucionalidad: distinto órgano (TJUE vs. TC) y distinto parámetro (Derecho UE vs. Constitución).
Principio de primacía del Derecho de la UE: el juez español puede inaplicar directamente una ley interna contraria al Derecho de la Unión sin plantear cuestión de inconstitucionalidad.
La presunción de constitucionalidad de las leyes fundamenta el principio de conservación de la norma y la naturaleza de ultima ratio de la declaración de inconstitucionalidad.
El control de convencionalidad (compatibilidad de una norma interna con un tratado, p. ej. el CEDH) lo ejerce cualquier juez ordinario mediante simple inaplicación al caso concreto, sin anular la norma con efectos generales, a diferencia del control de constitucionalidad.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
El Tribunal Constitucional español responde a un modelo de control de constitucionalidad:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Inspector Trabajo?
La Constitución de 1978 instaura en España un sistema de control de constitucionalidad de las leyes concentrado en un único órgano ad hoc, el Tribunal Constitucional, siguiendo el modelo europeo o kelseniano frente al modelo difuso norteamericano en el que cualquier juez puede inaplicar una ley que estime inconstitucional. El Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX CE (arts. 159 a 165) y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC), monopoliza la declaración de inconstitucionalidad de las normas con rango de ley a través de dos vías principales, el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, cuya diferencia esencial no reside en el objeto de control sino en quién puede activarlas y en qué momento procesal.
Este tema estudia la naturaleza, composición y competencias del Tribunal Constitucional, ambas vías de control a posteriori de constitucionalidad, los efectos de la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad —con particular atención a la técnica de la nulidad y a sus modulaciones jurisprudenciales— y otras vías complementarias de control, como el examen previo de tratados internacionales o la cuestión prejudicial de validez del Derecho de la Unión Europea, con la que la cuestión de inconstitucionalidad guarda semejanzas funcionales pero también diferencias sustanciales de régimen jurídico.
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
El TC (Título IX CE, arts. 159-165, y LOTC de 1979) monopoliza el control concentrado de constitucionalidad de leyes, a diferencia del modelo difuso norteamericano. Composición: 12 magistrados (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por terceras partes cada 3 años (art. 159 CE). Competencias del TC (art. 161 CE): recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia y demás materias atribuidas por LO. Recurso de inconstitucionalidad: plazo de 3 meses desde publicación (9 meses si hay negociación en Comisión Bilateral, art. 33.2 LOTC); legitimación tasada y política (art. 162.1.a CE, art. 32 LOTC). Cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE): solo la plantea un órgano judicial, con ocasión de un proceso concreto, sin plazo de caducidad, exige juicio de relevancia. El juez ordinario NO puede inaplicar una ley por inconstitucional (modelo concentrado); sí puede inaplicar un reglamento ilegal. Diferencia recurso/cuestión: legitimación (política vs. judicial), momento (abstracto vs. concreto) y plazo (3/9 meses vs. sin plazo). Autocuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC): en un amparo, si la lesión deriva de una ley, la Sala eleva la cuestión al Pleno del propio TC. Efecto general: nulidad (art. 39.1 LOTC), con eficacia erga omnes desde publicación en BOE; NO revisa procesos fenecidos con cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), salvo reducción de pena/sanción penal o administrativa sancionadora. Las sentencias del TC tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE (art. 164.1 CE); no cabe recurso alguno contra ellas. Técnicas de modulación: sentencias interpretativas, nulidad parcial (principio de conservación de la norma), y prospectividad o diferimiento de efectos (art. 92.4 LOTC, introducido por LO 15/2015). Art. 95 CE: control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales antes de su ratificación (Declaraciones 1/1992 y 1/2004 del TC). El recurso previo de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía fue suprimido por LO 4/1985 y reintroducido de forma limitada por LO 12/2015. La cuestión prejudicial del art. 267 TFUE (ante el TJUE) es distinta de la cuestión de inconstitucionalidad: distinto órgano (TJUE vs. TC) y distinto parámetro (Derecho UE vs. Constitución). Principio de primacía del Derecho de la UE: el juez español puede inaplicar directamente una ley interna contraria al Derecho de la Unión sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. La presunción de constitucionalidad de las leyes fundamenta el principio de conservación de la norma y la naturaleza de ultima ratio de la declaración de inconstitucionalidad. El control de convencionalidad (compatibilidad de una norma interna con un tratado, p. ej. el CEDH) lo ejerce cualquier juez ordinario mediante simple inaplicación al caso concreto, sin anular la norma con efectos generales, a diferencia del control de constitucionalidad.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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