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Tema 29. Los derechos de los empleados públicos: Derechos individuales. Derecho a la carrera y a la promoción interna. Derecho a la negociación colectiva.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), constituye la norma marco que fija los principios y reglas básicas aplicables al conjunto del personal al servicio de las Administraciones públicas, con independencia de su vínculo jurídico concreto (funcionarial o laboral). Su Título III regula un catálogo amplio de derechos de los empleados públicos, distinguiendo entre derechos de carácter individual, ejercidos individualmente, y derechos individuales ejercidos colectivamente (libertad sindical, negociación colectiva, participación institucional y huelga), reflejo de la doble condición del empleado público como trabajador y como servidor de intereses generales. El conocimiento de este catálogo de derechos, y en particular del régimen de la carrera profesional, la promoción interna y la negociación colectiva, resulta imprescindible para cualquier empleado público, incluidos los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, tanto por afectarles directamente en su propia relación de servicio como por ser un contenido normativo que con frecuencia deben conocer y aplicar en el ejercicio de sus funciones de control en el ámbito de las relaciones laborales del sector público.

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El Estatuto Básico del Empleado Público (Texto Refundido, RDL 5/2015)

El Estatuto Básico del Empleado Público fue aprobado originariamente por la Ley 7/2007, de 12 de abril, y posteriormente refundido, junto con las numerosas modificaciones que había sufrido, mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), actualmente en vigor. Se trata de una norma que tiene la naturaleza de legislación básica del Estado dictada al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución (bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos), por lo que resulta de aplicación general y directa al personal funcionario de todas las Administraciones públicas, y con carácter supletorio o de mínimos al personal laboral a su servicio, sin perjuicio de que cada Administración pueda desarrollarla mediante su propia normativa de función pública dentro del marco básico estatal. El TREBEP se estructura en un título preliminar y catorce títulos que regulan sucesivamente el objeto y ámbito de aplicación, las clases de personal al servicio de las Administraciones públicas, los derechos y deberes de los empleados públicos, la adquisición y pérdida de la relación de servicio, la ordenación de la actividad profesional (planificación, estructuración del empleo público, provisión de puestos y movilidad), las situaciones administrativas y el régimen disciplinario, constituyendo el marco normativo de referencia esencial para toda la función pública española.

Concepto y clases de empleados públicos: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual

El artículo 8 del TREBEP define a los empleados públicos como quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones públicas al servicio de los intereses generales, clasificándolos en cuatro categorías. Son funcionarios de carrera (art. 9) quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, ocupando plazas dotadas presupuestariamente e incluidas en la correspondiente relación de puestos de trabajo o plantilla. Son funcionarios interinos (art. 10) quienes, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando concurra alguno de los supuestos tasados legalmente (existencia de plazas vacantes, sustitución transitoria de titulares, ejecución de programas de carácter temporal o exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses). Es personal laboral (art. 11) el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, presta servicios retribuidos por las Administraciones públicas, pudiendo ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Es personal eventual (art. 12) el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin, y su cese es libre y se produce, en todo caso, cuando cesa la autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento.

Los derechos individuales de los empleados públicos (art. 14 TREBEP)

El artículo 14 del TREBEP enumera un extenso catálogo de derechos individuales de los empleados públicos, entre los que se incluyen: a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional; a la progresión en la carrera profesional y promoción interna; a percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio; a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado de los mismos; a la defensa jurídica y protección de la Administración en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos; a la formación continua y actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales; al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral; a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, edad, discapacidad u otra condición o circunstancia personal o social; a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; y a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

El derecho a la carrera profesional y a la promoción interna

El artículo 16 del TREBEP reconoce a los funcionarios de carrera el derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación, definiendo la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La promoción interna, por su parte, consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un grupo de clasificación profesional a otro superior, o dentro del mismo cuerpo o escala, permitiendo a los funcionarios acceder a cuerpos, escalas o categorías del grupo de clasificación profesional inmediatamente superior a aquel al que pertenezcan, siempre que posean la titulación exigida y superen las correspondientes pruebas selectivas (art. 18 TREBEP). Las Administraciones públicas deben adoptar sistemas que vinculen parte de las retribuciones de los empleados públicos a la carrera profesional que desarrollen, reforzando así la carrera como un derecho efectivo y no meramente formal. El régimen específico de la carrera profesional de los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social se articula, en particular, mediante los sistemas de provisión de puestos de trabajo (concurso y libre designación) y de las categorías o grados personales que puedan reconocerse dentro de su propia estructura organizativa.

Sistemas de carrera profesional: horizontal y vertical

El artículo 16.3 del TREBEP prevé que las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico regulen la carrera profesional aplicable en cada ámbito, que podrá consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de las siguientes modalidades: la carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, valorándose la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño; la carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos (concurso, libre designación); la promoción interna vertical, consistente en el ascenso desde un cuerpo o escala de un grupo de clasificación profesional a otro superior; y la promoción interna horizontal, consistente en el acceso a cuerpos o escalas del mismo grupo de clasificación profesional. La carrera horizontal constituye una de las principales aportaciones del EBEP de 2007, al desvincular por primera vez la progresión profesional y retributiva de la necesidad de cambiar de puesto de trabajo, permitiendo reconocer y retribuir la experiencia, el buen desempeño y la formación continua de los empleados públicos que permanecen en su mismo puesto, si bien su desarrollo efectivo ha sido desigual entre las distintas Administraciones públicas por su elevado coste presupuestario y la necesidad de regulación específica.

La evaluación del desempeño

El artículo 20 del TREBEP configura la evaluación del desempeño como el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados de los empleados públicos, constituyendo un instrumento central del nuevo modelo de gestión de recursos humanos introducido por el Estatuto Básico, orientado a superar la tradicional cultura de la antigüedad como único criterio de progresión profesional. Las Administraciones públicas deben establecer sistemas de evaluación del desempeño, adecuados a las características propias de cada Administración y de cada ámbito sectorial, que deben ser transparentes, objetivos, imparciales y no discriminatorios, aplicándose con carácter general y no personalizado, y garantizando en todo caso la audiencia del empleado público afectado y la posibilidad de recabar información sobre las valoraciones que le afecten. El resultado de la evaluación del desempeño se conecta funcionalmente con otros institutos del régimen jurídico del empleado público: sirve de fundamento para la carrera profesional horizontal y para la percepción de retribuciones complementarias vinculadas al rendimiento (art. 24 TREBEP); puede tenerse en cuenta a efectos de la provisión de puestos de trabajo por concurso, de la continuidad en un puesto obtenido por concurso específico, o de la percepción de determinadas retribuciones. La implantación efectiva de sistemas de evaluación del desempeño ha sido, no obstante, uno de los aspectos del TREBEP con mayor demora en su desarrollo reglamentario en la práctica totalidad de las Administraciones públicas.

El derecho a la formación continua y actualización permanente

El artículo 14.g) del TREBEP reconoce a los empleados públicos el derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral, derecho que se complementa con el deber correlativo, recogido en el artículo 54.8, de mantener actualizada su formación y cualificación profesional. Este derecho responde a la necesidad de garantizar la calidad y eficacia de los servicios públicos en un contexto de permanente evolución normativa, tecnológica y organizativa, y se articula a través de los planes de formación continua que cada Administración diseña, con frecuencia en colaboración con institutos o escuelas de administración pública (como el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, en el ámbito estatal) y con la participación de las organizaciones sindicales a través de los correspondientes acuerdos de formación continua en las Administraciones públicas. La formación continua se conecta también con el sistema de carrera profesional horizontal, en la medida en que la superación de determinadas acciones formativas puede valorarse como mérito para la progresión de grado o categoría, y con la evaluación del desempeño, al integrar la actualización de conocimientos como uno de los factores relevantes de la conducta profesional. Para los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la formación continua reviste una importancia singular, dada la constante evolución de la normativa laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales que deben aplicar en su actividad de control.

El derecho a la percepción de retribuciones

El artículo 14.c) del TREBEP reconoce el derecho de los empleados públicos a percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio, desarrollado en el Capítulo III del Título III (arts. 21 a 30), que distingue entre retribuciones básicas (sueldo y trienios, vinculados al grupo o subgrupo de clasificación profesional y a la antigüedad, respectivamente) y retribuciones complementarias, que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, el rendimiento o los resultados alcanzados (art. 24). Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado determinan, con carácter básico, el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para cada ejercicio, límite que resulta de aplicación a todas las Administraciones públicas en garantía de la contención del gasto público y de la coordinación de la política retributiva en el conjunto del sector público. El artículo 26 del TREBEP prevé, asimismo, indemnizaciones por razón del servicio (dietas, gastos de viaje, indemnizaciones por residencia eventual, entre otras) para compensar los gastos que el desempeño de las funciones ocasione a los empleados públicos. La determinación de las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social se ajusta a este marco general, integrando además, en su caso, complementos específicos vinculados a la especial responsabilidad, peligrosidad o dedicación que caracteriza a la función inspectora.

El derecho al respeto de la intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad

El artículo 14.h) del TREBEP reconoce el derecho de los empleados públicos al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral. Este derecho conecta directamente con los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 18.1 (intimidad personal y familiar y propia imagen) y 10.1 (dignidad de la persona) de la Constitución, proyectados al ámbito de las relaciones de servicio en la función pública. La protección frente al acoso, en sus distintas modalidades (acoso sexual, entendido como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; acoso por razón de sexo; acoso moral o mobbing, consistente en un comportamiento hostil o intimidatorio prolongado en el tiempo dirigido contra un empleado con la finalidad de humillarlo o de provocar su marginación), obliga a las Administraciones públicas a implementar protocolos de prevención y actuación específicos, así como cauces internos confidenciales de denuncia y de investigación de estas conductas. Este derecho se completa con el reconocido en el artículo 14.i) del propio TREBEP, relativo a la no discriminación por las causas tasadas en dicho precepto, configurando conjuntamente un marco de protección de la dignidad personal y profesional del empleado público frente a cualquier forma de trato degradante, hostil o discriminatorio en el desempeño de su actividad.

El derecho a la no discriminación

El artículo 14.i) del TREBEP reconoce el derecho de los empleados públicos a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, derecho que traslada al ámbito de la función pública el mandato general de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución española. Este derecho se proyecta transversalmente sobre todo el estatuto jurídico del empleado público: en el acceso al empleo público, donde rigen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (art. 55 TREBEP) y donde se prevén medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad (reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes convocadas, art. 59 TREBEP); en la carrera profesional y la provisión de puestos de trabajo, donde no pueden emplearse criterios discriminatorios de valoración; y en las condiciones de trabajo en general. El TREBEP también incorpora, dentro de este bloque de derechos, la perspectiva de género, exigiendo a las Administraciones públicas la elaboración y aplicación de planes de igualdad, así como medidas específicas para favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional, en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El derecho a la adopción de medidas de protección frente al acoso

Conectado con el derecho al respeto de la dignidad e intimidad reconocido en el artículo 14.h) del TREBEP, el ordenamiento jurídico laboral y de función pública impone a las Administraciones públicas, en su condición de empleadoras, un deber activo de prevención y protección frente a las distintas modalidades de acoso en el trabajo, deber que se ha reforzado en los últimos años mediante la aprobación obligatoria de protocolos específicos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo (exigidos por la normativa de igualdad efectiva entre mujeres y hombres) y frente al acoso moral o laboral. Estos protocolos deben garantizar la confidencialidad de las denuncias, la celeridad en la investigación de los hechos denunciados, la adopción de medidas cautelares de protección de la persona presuntamente acosada mientras se sustancia la investigación, y la imposición, en su caso, de las sanciones disciplinarias que correspondan al responsable del acoso conforme al régimen disciplinario del Título VII del TREBEP, en el que las conductas de acoso se tipifican expresamente como falta muy grave. Este derecho reviste especial relevancia práctica en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tiene atribuidas funciones específicas de vigilancia y control del cumplimiento por parte de los empleadores, públicos y privados, de la normativa sobre prevención del acoso y sobre la existencia y adecuación de los protocolos correspondientes.

Los derechos individuales ejercidos colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva y huelga

El artículo 15 del TREBEP reconoce, junto a los derechos estrictamente individuales del artículo 14, un bloque diferenciado de derechos que, siendo de titularidad individual, se ejercen de forma colectiva: la libertad sindical, el ejercicio de la actividad sindical y el derecho de reunión; la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; el ejercicio del derecho de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; y el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. Esta doble naturaleza, individual en su titularidad pero colectiva en su ejercicio, refleja la conexión de estos derechos con la dimensión asociativa y colectiva de las relaciones laborales, reconocida constitucionalmente en el artículo 28 CE (libertad sindical y derecho de huelga) y en el artículo 37 CE (negociación colectiva laboral, cuya proyección al empleo público presenta particularidades por razón del interés general que este último debe servir). El régimen de la libertad sindical de los empleados públicos se remite, en gran medida, a la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS), que reconoce a los sindicatos representativos derechos específicos de acción sindical en el seno de las Administraciones públicas (crédito horario, local sindical, tablón de anuncios), mientras que la negociación colectiva y la participación institucional se desarrollan de forma específica en el propio Título III, Capítulo IV, del TREBEP.

El derecho a la negociación colectiva: concepto y regulación en el TREBEP

El Capítulo IV del Título III del TREBEP (arts. 31 a 38) regula la negociación colectiva, la representación y la participación institucional de los empleados públicos, definiendo la negociación colectiva como el derecho de estos a negociar la determinación de sus condiciones de trabajo con la Administración pública empleadora a través de sus representantes sindicales, con la finalidad de alcanzar un acuerdo (art. 31.1). Se trata de un derecho de configuración legal más limitada que la negociación colectiva laboral ordinaria del artículo 37 CE, en la medida en que numerosas condiciones de trabajo de los funcionarios públicos vienen predeterminadas por la reserva de ley del artículo 103.3 CE (régimen estatutario de los funcionarios públicos), lo que reduce el margen de disponibilidad negocial respecto de lo que ocurre en el ámbito de las relaciones laborales privadas. La negociación colectiva funcionarial se articula a través de las llamadas Mesas de Negociación, órganos específicos de negociación que integran, de una parte, a representantes de la Administración correspondiente y, de otra, a las organizaciones sindicales más representativas y a las que hayan obtenido un mínimo de representatividad en el ámbito específico de que se trate, conforme a las reglas de composición y legitimación establecidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El resultado de esta negociación se plasma en Pactos o Acuerdos, según la materia negociada requiera o no su aprobación posterior por el órgano de gobierno competente.

Órganos de representación: Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa

El Capítulo IV del TREBEP regula también los órganos de representación unitaria de los empleados públicos, diferenciados según se trate de personal funcionario o de personal laboral. Para el personal funcionario, la representación se articula a través de Delegados de Personal, en las unidades electorales que cuenten entre seis y cuarenta y nueve funcionarios (con un número de delegados en función del tamaño de la unidad), y de Juntas de Personal, en las unidades electorales con cincuenta o más funcionarios, órganos colegiados elegidos mediante sufragio libre, personal, secreto y directo por los propios funcionarios, cuyo mandato tiene una duración de cuatro años. Para el personal laboral, la representación se rige por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, a través de Delegados de Personal (en empresas o centros de entre seis y cuarenta y nueve trabajadores) y de Comités de Empresa (en centros con cincuenta o más trabajadores), con un régimen de elección y competencias equivalente al del sector privado. Estos órganos de representación unitaria son distintos de las organizaciones sindicales, que actúan a través de sus secciones sindicales y de los delegados sindicales designados conforme a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, si bien ambos tipos de representación (unitaria y sindical) concurren en la práctica en la defensa de los intereses de los empleados públicos y en su participación en los procesos de negociación colectiva.

Las Mesas de Negociación: la Mesa General de las Administraciones Públicas

El artículo 36 del TREBEP regula las distintas Mesas de Negociación previstas en el sistema de negociación colectiva funcionarial. En el vértice del sistema se sitúa la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se negocian, entre otras, las materias comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de las Administraciones Públicas, integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales (a través de la Federación Española de Municipios y Provincias) y por las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, así como aquellas otras que hayan obtenido el diez por ciento o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal y Comités de Empresa de las Administraciones Públicas (art. 36.1). Junto a esta Mesa General de carácter transversal, cada Administración pública constituye su propia Mesa General de Negociación (art. 34, para materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral de su ámbito) y las Mesas Sectoriales de Negociación que resulten procedentes en atención al número y peculiaridades de sus organismos y de los sectores de personal que agrupe (art. 34.2 y 34.3), como la propia Mesa Sectorial de Administración General del Estado o las mesas específicas de sectores como educación, sanidad o justicia.

Materias objeto de negociación colectiva

El artículo 37.1 del TREBEP enumera las materias que serán objeto de negociación en el ámbito de cada Administración pública, entre las que se incluyen: la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas; la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios; los planes de previsión social complementaria; los planes de igualdad; los criterios generales sobre ofertas de empleo público; los criterios generales de acción social; las propuestas sobre derechos sindicales y de participación; los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna; los criterios generales de la clasificación de puestos de trabajo; las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos; y las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. Este amplio catálogo evidencia la trascendencia práctica de la negociación colectiva funcionarial en la configuración efectiva de las condiciones de trabajo, más allá de lo estrictamente reservado a la ley.

Materias excluidas de la negociación colectiva

Frente al amplio catálogo de materias negociables del artículo 37.1, el artículo 37.2 del TREBEP excluye determinadas materias de la obligatoriedad de la negociación, por entender que afectan al núcleo de las potestades de organización de la Administración o que están reservadas constitucionalmente a la ley. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las decisiones de las Administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización, el ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos, y el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas; la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas; la determinación de condiciones de trabajo del personal directivo; los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica; y la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. No obstante, aun cuando estas materias queden excluidas de la obligatoriedad de negociar, el propio artículo 37.2 in fine prevé que las Administraciones públicas deben informar a las organizaciones sindicales de las decisiones que puedan afectar a sus condiciones de trabajo, articulando así un derecho de información e incluso de consulta que, sin llegar a la negociación propiamente dicha, mitiga la exclusión.

Los pactos y acuerdos: su eficacia jurídica

El artículo 38 del TREBEP regula los dos instrumentos en que puede plasmarse el resultado de la negociación colectiva funcionarial: los Pactos y los Acuerdos. Los Pactos, que se celebran sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe, se aplican directamente al personal del ámbito correspondiente sin necesidad de aprobación o ratificación posterior (art. 38.2). Los Acuerdos, por el contrario, versan sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones públicas, y requieren, para su validez y eficacia, la aprobación expresa y formal de dichos órganos de gobierno (Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno autonómico, Pleno de la Corporación local); si el órgano de gobierno lo aprueba, el contenido del Acuerdo se aplica directamente al personal incluido en su ámbito de aplicación, mientras que si versa sobre materias sometidas a reserva de ley, el órgano de gobierno con iniciativa legislativa tramitará el correspondiente proyecto de ley conforme a su contenido (art. 38.3). El artículo 38.10 introduce, además, la llamada cláusula de garantía o de salvaguarda: cuando concurran circunstancias excepcionales que exijan un aumento de gasto público o disminución de ingresos, los órganos de gobierno de las Administraciones públicas pueden suspender o modificar el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

El derecho de huelga de los empleados públicos y sus límites: los servicios esenciales

El artículo 15.d) del TREBEP reconoce a los empleados públicos el ejercicio del derecho de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, en coherencia con el artículo 28.2 de la Constitución, que reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, precisando en el mismo precepto que la ley que lo regule establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El régimen sustantivo del derecho de huelga de los empleados públicos, a falta de la ley orgánica de desarrollo prevista constitucionalmente, se rige aún por el Real Decreto-ley 17/1977, de relaciones de trabajo, interpretado conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. La determinación de los servicios esenciales de la comunidad, así como de los servicios mínimos concretos necesarios para asegurar su mantenimiento durante una huelga, corresponde a la autoridad gubernativa competente en cada caso (estatal, autonómica o local, según la Administración afectada), mediante resolución motivada que debe respetar el contenido esencial del derecho de huelga sin vaciarlo de contenido, ponderando adecuadamente este derecho fundamental con los derechos e intereses de los ciudadanos afectados por la prestación del servicio público de que se trate. La fijación de servicios mínimos desproporcionados es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 28.2 CE.

Los órganos de participación institucional: la Comisión de Coordinación de Empleo Público

Además de los cauces de negociación colectiva propiamente dichos, el TREBEP prevé órganos específicos de participación institucional, distintos de las Mesas de Negociación, orientados a la coordinación de la política de personal entre las distintas Administraciones públicas. El artículo 36.5 (en relación con el art. 3 del propio TREBEP) hace referencia a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas en materia de política de personal, con la finalidad de asegurar la coherencia de la ordenación de la función pública en su conjunto, la coordinación entre las diversas Administraciones públicas en materia de política retributiva y de empleo público, y el intercambio de información, especialmente en lo relativo a los procesos de planificación de recursos humanos. Se trata de un órgano de naturaleza consultiva y de coordinación interadministrativa, sin funciones de negociación colectiva propiamente dicha, en el que participan representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, y que puede recabar, cuando lo estime necesario, la asistencia de las organizaciones sindicales más representativas. Este tipo de órganos de coordinación institucional cobra especial relevancia en un modelo de Estado autonómico en el que la función pública, aun sujeta a una legislación básica común, se desarrolla y gestiona de forma descentralizada por cada Administración territorial.

La Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en desarrollo de los compromisos adoptados en el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público suscrito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas, modificó el TREBEP para reforzar los límites a la contratación temporal y articular procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal en las Administraciones Públicas. Entre sus medidas más relevantes se encuentran: la introducción de una indemnización a favor del personal interino cuyo nombramiento se extinga por superar los plazos máximos de interinidad legalmente previstos sin que se hubiera cubierto la plaza; la responsabilidad de las Administraciones Públicas por el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia en la situación de temporalidad; y la habilitación de procesos selectivos extraordinarios de estabilización, mediante concurso o concurso-oposición, para las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hubieran estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a una fecha determinada. Esta norma tiene una relevancia práctica directa en el conocimiento del régimen de la función pública, dado que modificó sustancialmente el artículo 10 del TREBEP relativo a los funcionarios interinos, reforzando las causas tasadas de nombramiento y las garantías frente al abuso de la temporalidad, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE relativa al trabajo de duración determinada.

El trabajo a distancia o teletrabajo en las Administraciones Públicas

El teletrabajo, entendido como una modalidad de prestación de servicios a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, se ha consolidado en los últimos años como una fórmula de organización del trabajo en el conjunto de las Administraciones Públicas, tras la generalización de su uso con ocasión de la pandemia de COVID-19 y su posterior regulación más estable mediante acuerdos marco y normativa específica de cada Administración, en desarrollo de las previsiones generales del TREBEP sobre la ordenación de la jornada y las condiciones de trabajo. Con carácter general, el teletrabajo en el sector público se configura como una modalidad voluntaria y reversible de prestación de servicios, sujeta a los principios de igualdad de trato respecto del personal que presta servicios de forma presencial, de idoneidad y voluntariedad para el puesto concreto, y de respeto a las necesidades organizativas del servicio, debiendo garantizarse en todo caso el cumplimiento de los objetivos y la evaluación del desempeño del personal que preste servicios bajo esta modalidad. Su extensión efectiva y sus porcentajes máximos de jornada semanal varían según la Administración y el ámbito sectorial de que se trate, siendo objeto frecuente de negociación colectiva en las correspondientes Mesas de Negociación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El TREBEP (RDL 5/2015) es legislación básica del Estado (art. 149.1.18ª CE); se aplica directamente a funcionarios y de forma supletoria/de mínimos al personal laboral.
  • Clases de empleados públicos (art. 8-12 TREBEP): funcionarios de carrera, funcionarios interinos (necesidad y urgencia, causas tasadas), personal laboral (fijo, indefinido, temporal) y personal eventual (confianza o asesoramiento especial, cese libre).
  • Los derechos individuales del art. 14 TREBEP incluyen: inamovilidad, carrera y promoción interna, retribuciones, formación continua, defensa jurídica, respeto a la intimidad/dignidad, no discriminación y conciliación.
  • La carrera profesional (art. 16 TREBEP) se basa en igualdad, mérito y capacidad, con sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
  • Existen 4 modalidades de carrera: horizontal (progresión sin cambiar de puesto), vertical (ascenso de puesto), promoción interna vertical (cambio de grupo) y promoción interna horizontal (mismo grupo).
  • La evaluación del desempeño (art. 20 TREBEP) debe ser transparente, objetiva, imparcial y no discriminatoria, con audiencia del empleado; vincula la carrera horizontal y las retribuciones complementarias.
  • El art. 15 TREBEP recoge los derechos individuales ejercidos colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva, huelga (con garantía de servicios esenciales) y conflicto colectivo.
  • La negociación colectiva funcionarial (arts. 31-38 TREBEP) tiene un margen más limitado que la laboral ordinaria por la reserva de ley del art. 103.3 CE sobre el régimen estatutario.
  • Representación unitaria: Delegados de Personal (6-49 funcionarios) y Juntas de Personal (50+ funcionarios) para funcionarios; Delegados de Personal y Comités de Empresa (régimen del Estatuto de los Trabajadores) para personal laboral.
  • La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (art. 36 TREBEP) negocia materias comunes a personal funcionario, estatutario y laboral de todas las Administraciones.
  • Cada Administración tiene su propia Mesa General de Negociación (art. 34) y, en su caso, Mesas Sectoriales según sectores de personal.
  • Materias negociables (art. 37.1 TREBEP): retribuciones complementarias, planes de igualdad, ofertas de empleo público, jornada, horarios, vacaciones, permisos, movilidad, entre otras.
  • Materias excluidas de la negociación obligatoria (art. 37.2 TREBEP): potestades de organización, acceso a servicios públicos, procedimiento de elaboración de disposiciones, poderes de dirección, sistemas de acceso al empleo público; aun así existe deber de información sindical.
  • Los Pactos (materias del ámbito competencial del propio órgano negociador, art. 38.2 TREBEP) se aplican directamente sin ratificación; los Acuerdos (materias competencia de los órganos de gobierno, art. 38.3 TREBEP) requieren su aprobación expresa.
  • Cláusula de garantía (art. 38.10 TREBEP): por circunstancias excepcionales de gasto público, los órganos de gobierno pueden suspender o modificar Pactos y Acuerdos ya firmados.
  • El derecho de huelga de los empleados públicos (art. 28.2 CE, art. 15.d TREBEP) exige garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad mediante fijación de servicios mínimos.
  • La determinación de servicios mínimos corresponde a la autoridad gubernativa competente y debe respetar el contenido esencial del derecho de huelga (control por el TC vía recurso de amparo).
  • La Comisión de Coordinación del Empleo Público es un órgano de colaboración interadministrativa Estado-CCAA en política de personal, distinto de las Mesas de Negociación.
  • El derecho a la formación continua (art. 14.g TREBEP) se ejerce preferentemente en horario laboral y se conecta con la carrera horizontal.
  • El derecho a la no discriminación (art. 14.i TREBEP) se proyecta en el acceso al empleo público mediante medidas de acción positiva (reserva mínima del 7% de vacantes para personas con discapacidad, art. 59 TREBEP).
  • La Ley 20/2021, de reducción de la temporalidad en el empleo público, reforzó los límites a la interinidad, estableció indemnizaciones por superación de plazos máximos y habilitó procesos extraordinarios de estabilización.
  • El teletrabajo en las Administraciones Públicas se configura como una modalidad voluntaria y reversible de prestación de servicios, sujeta a los principios de igualdad de trato, idoneidad del puesto y necesidades del servicio.
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La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, conforme al art. 36 del TREBEP, negocia:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 29 de Inspector Trabajo?

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), constituye la norma marco que fija los principios y reglas básicas aplicables al conjunto del personal al servicio de las Administraciones públicas, con independencia de su vínculo jurídico concreto (funcionarial o laboral). Su Título III regula un catálogo amplio de derechos de los empleados públicos, distinguiendo entre derechos de carácter individual, ejercidos individualmente, y derechos individuales ejercidos colectivamente (libertad sindical, negociación colectiva, participación institucional y huelga), reflejo de la doble condición del empleado público como trabajador y como servidor de intereses generales. El conocimiento de este catálogo de derechos, y en particular del régimen de la carrera profesional, la promoción interna y la negociación colectiva, resulta imprescindible para cualquier empleado público, incluidos los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, tanto por afectarles directamente en su propia relación de servicio como por ser un contenido normativo que con frecuencia deben conocer y aplicar en el ejercicio de sus funciones de control en el ámbito de las relaciones laborales del sector público.

¿Qué hay que memorizar del Tema 29 para el examen?

El TREBEP (RDL 5/2015) es legislación básica del Estado (art. 149.1.18ª CE); se aplica directamente a funcionarios y de forma supletoria/de mínimos al personal laboral. Clases de empleados públicos (art. 8-12 TREBEP): funcionarios de carrera, funcionarios interinos (necesidad y urgencia, causas tasadas), personal laboral (fijo, indefinido, temporal) y personal eventual (confianza o asesoramiento especial, cese libre). Los derechos individuales del art. 14 TREBEP incluyen: inamovilidad, carrera y promoción interna, retribuciones, formación continua, defensa jurídica, respeto a la intimidad/dignidad, no discriminación y conciliación. La carrera profesional (art. 16 TREBEP) se basa en igualdad, mérito y capacidad, con sistemas objetivos y transparentes de evaluación. Existen 4 modalidades de carrera: horizontal (progresión sin cambiar de puesto), vertical (ascenso de puesto), promoción interna vertical (cambio de grupo) y promoción interna horizontal (mismo grupo). La evaluación del desempeño (art. 20 TREBEP) debe ser transparente, objetiva, imparcial y no discriminatoria, con audiencia del empleado; vincula la carrera horizontal y las retribuciones complementarias. El art. 15 TREBEP recoge los derechos individuales ejercidos colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva, huelga (con garantía de servicios esenciales) y conflicto colectivo. La negociación colectiva funcionarial (arts. 31-38 TREBEP) tiene un margen más limitado que la laboral ordinaria por la reserva de ley del art. 103.3 CE sobre el régimen estatutario. Representación unitaria: Delegados de Personal (6-49 funcionarios) y Juntas de Personal (50+ funcionarios) para funcionarios; Delegados de Personal y Comités de Empresa (régimen del Estatuto de los Trabajadores) para personal laboral. La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (art. 36 TREBEP) negocia materias comunes a personal funcionario, estatutario y laboral de todas las Administraciones. Cada Administración tiene su propia Mesa General de Negociación (art. 34) y, en su caso, Mesas Sectoriales según sectores de personal. Materias negociables (art. 37.1 TREBEP): retribuciones complementarias, planes de igualdad, ofertas de empleo público, jornada, horarios, vacaciones, permisos, movilidad, entre otras. Materias excluidas de la negociación obligatoria (art. 37.2 TREBEP): potestades de organización, acceso a servicios públicos, procedimiento de elaboración de disposiciones, poderes de dirección, sistemas de acceso al empleo público; aun así existe deber de información sindical. Los Pactos (materias del ámbito competencial del propio órgano negociador, art. 38.2 TREBEP) se aplican directamente sin ratificación; los Acuerdos (materias competencia de los órganos de gobierno, art. 38.3 TREBEP) requieren su aprobación expresa. Cláusula de garantía (art. 38.10 TREBEP): por circunstancias excepcionales de gasto público, los órganos de gobierno pueden suspender o modificar Pactos y Acuerdos ya firmados. El derecho de huelga de los empleados públicos (art. 28.2 CE, art. 15.d TREBEP) exige garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad mediante fijación de servicios mínimos. La determinación de servicios mínimos corresponde a la autoridad gubernativa competente y debe respetar el contenido esencial del derecho de huelga (control por el TC vía recurso de amparo). La Comisión de Coordinación del Empleo Público es un órgano de colaboración interadministrativa Estado-CCAA en política de personal, distinto de las Mesas de Negociación. El derecho a la formación continua (art. 14.g TREBEP) se ejerce preferentemente en horario laboral y se conecta con la carrera horizontal. El derecho a la no discriminación (art. 14.i TREBEP) se proyecta en el acceso al empleo público mediante medidas de acción positiva (reserva mínima del 7% de vacantes para personas con discapacidad, art. 59 TREBEP). La Ley 20/2021, de reducción de la temporalidad en el empleo público, reforzó los límites a la interinidad, estableció indemnizaciones por superación de plazos máximos y habilitó procesos extraordinarios de estabilización. El teletrabajo en las Administraciones Públicas se configura como una modalidad voluntaria y reversible de prestación de servicios, sujeta a los principios de igualdad de trato, idoneidad del puesto y necesidades del servicio.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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