Tema 25. Procedimiento administrativo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Objeto y ámbito de aplicación. Los Interesados en el procedimiento. Términos y plazos. Iniciación y ordenación. Instrucción y trámite de audiencia. Terminación del procedimiento.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de las Administraciones Públicas para asegurar el acierto de sus decisiones y garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por ellas. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), regula de forma unificada -fusionando lo que antes distribuían la Ley 30/1992 y otras normas dispersas- tanto las relaciones ad extra entre la Administración y los ciudadanos como el propio procedimiento administrativo común, aplicable con carácter general a todas las Administraciones Públicas. Este tema recorre sus fases esenciales: ámbito de aplicación e interesados, cómputo de plazos, iniciación (de oficio y a solicitud de parte), ordenación, instrucción (informes, prueba, audiencia) y las distintas formas de terminación, con especial atención a la caducidad y a la tramitación simplificada, introducida como novedad relevante de la Ley 39/2015.
Concepto y funciones del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo es el cauce formal, integrado por una sucesión ordenada de actos y trámites, a través del cual se forma y se exterioriza la voluntad de la Administración Pública en el ejercicio de sus potestades. Cumple una doble función esencial en el Derecho Administrativo contemporáneo. De un lado, una función de garantía objetiva o de acierto de la decisión, en la medida en que obliga a la Administración a recabar los datos, informes y valoraciones necesarios antes de resolver, reduciendo el riesgo de error y de arbitrariedad y sirviendo así al principio de eficacia del art. 103.1 CE. De otro lado, una función de garantía subjetiva de los derechos e intereses de los ciudadanos afectados, al asegurarles la posibilidad de intervenir en la formación de la decisión que va a incidir en su esfera jurídica, mediante trámites como la audiencia, la aportación de pruebas o la formulación de alegaciones. El procedimiento administrativo se diferencia del proceso judicial en que no resuelve un conflicto entre partes situadas en posición de igualdad ante un tercero imparcial, sino que es la propia Administración, parte y juez a la vez del asunto, quien instruye y resuelve, lo que explica la especial intensidad de las garantías procedimentales como contrapeso a esa dualidad de posiciones.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: objeto y estructura
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye, junto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el resultado de la reforma integral operada en 2015 sobre el anterior sistema unificado en la Ley 30/1992: mientras esta regulaba conjuntamente el procedimiento y la organización administrativa, la reforma de 2015 separa ambas materias en dos textos legales distintos, atribuyendo a la Ley 39/2015 la regulación de las relaciones ad extra (procedimiento administrativo común, derechos de los ciudadanos, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial en cuanto a su tramitación) y a la Ley 40/2015 la regulación de la organización y funcionamiento internos de las Administraciones Públicas (relaciones ad intra). La Ley 39/2015 se estructura en un Título Preliminar y siete Títulos: disposiciones generales, de los interesados, de la actividad de las Administraciones Públicas, de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, de la revisión de los actos en vía administrativa, y de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Se dicta al amparo, principalmente, del art. 149.1.18ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común.
Ámbito de aplicación subjetivo de la Ley 39/2015
El art. 2 de la Ley 39/2015 delimita su ámbito de aplicación subjetivo, comprendiendo dentro del concepto de sector público a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional, que incluye los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas (que quedarán sujetas a lo dispuesto en la ley que les resulte específicamente aplicable, aplicándose la Ley 39/2015 de forma supletoria), y las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. La condición de legislación básica de gran parte de su articulado (así lo declara la disposición final primera) determina que sea de aplicación general y uniforme a todas las Administraciones Públicas territoriales y a su sector público institucional, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de cada Comunidad Autónoma o Entidad Local, y de la existencia de procedimientos especiales ratione materiae, respecto de los cuales la Ley 39/2015 se aplica con carácter supletorio en lo no previsto por su normativa específica (art. 1.2).
Los interesados en el procedimiento administrativo (art. 4)
El art. 4 de la Ley 39/2015 define, como ya se ha estudiado con detalle, la condición de interesado en el procedimiento administrativo, atribuyéndola a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva (art. 4.1). El art. 4.2 reconoce además la titularidad de intereses legítimos colectivos a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, en los términos que la ley reconozca. El art. 4.3, finalmente, dispone que, cuando la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucede en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. La condición de interesado no es estática, sino que puede sobrevenir durante la tramitación del procedimiento (personación de un tercero afectado) o extinguirse (por ejemplo, por transmisión de derechos, en cuyo caso el sucesor se subroga en la posición jurídica del anterior interesado).
Capacidad de obrar e identificación de los interesados
El art. 3 de la Ley 39/2015 amplía, respecto del Derecho civil común, la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, reconociéndola, además de a las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Junto a la capacidad de obrar, la Ley 39/2015 regula en sus arts. 9 y 10 los sistemas de identificación y de firma que los interesados pueden emplear en sus relaciones con la Administración, distinguiendo entre los sistemas admitidos con carácter general (certificados electrónicos cualificados, sistemas de clave concertada y otros sistemas que las Administraciones consideren válidos, en los términos y condiciones que se establezcan) y los que la Administración puede exigir para trámites que requieran un nivel de seguridad reforzado. El art. 5 regula la representación de los interesados, que puede acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, incluyendo la comparecencia personal o la utilización de los registros electrónicos de apoderamientos de cada Administración Pública, presumiéndose la representación para los actos y gestiones de mero trámite.
El cómputo de plazos: días hábiles e inhábiles
El art. 30 de la Ley 39/2015 regula el cómputo de plazos, estableciendo como regla general que, salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, precisión que constituyó una novedad relevante respecto de la anterior legislación, al incluir expresamente los sábados como días inhábiles a efectos administrativos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, esta circunstancia deberá hacerse constar expresamente en las correspondientes notificaciones. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijan, en su ámbito respectivo, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, que debe publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial correspondiente.
El cómputo de plazos por horas
El art. 31 de la Ley 39/2015 introdujo, como novedad importante frente a la regulación anterior de la Ley 30/1992, el cómputo de plazos por horas, disponiendo que siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles, siendo hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil, e iniciándose el cómputo de plazos que hubiese de iniciarse a instancia de los interesados en el momento en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el inicio del cómputo del plazo en caso de que el mismo se derive de un evento o suceso o del silencio administrativo. Este novedoso cómputo por horas se justifica por las necesidades específicas de la tramitación electrónica y por la existencia de determinados procedimientos que, por su urgencia o naturaleza, requieren plazos inferiores al día (por ejemplo, en materia de extranjería o de contratación pública), permitiendo mayor precisión en la determinación del inicio y fin de plazos muy breves, sin necesidad de recurrir a la ficción de considerar transcurrido el día completo, cuestión que generaba disfunciones prácticas bajo la anterior regulación.
La ampliación y la tramitación de urgencia de los plazos
El art. 32 de la Ley 39/2015 regula la ampliación de los plazos, facultando a la Administración, salvo precepto en contrario, para conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, debiendo tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, sin que en ningún caso pueda ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. El art. 33 regula, por su parte, la tramitación de urgencia, en cuya virtud, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, sin que contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento quepa recurso alguno, aunque podrá alegarse la improcedencia de dicha tramitación en los recursos que, en su caso, se interpongan contra la resolución del procedimiento.
La iniciación del procedimiento: de oficio y a solicitud del interesado
El procedimiento administrativo puede iniciarse de dos formas, conforme a las disposiciones generales de la Ley 39/2015 sobre esta materia: de oficio, por acuerdo del órgano competente, adoptado bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia; o a solicitud del interesado, mediante la presentación de la correspondiente instancia, que debe reunir los requisitos formales exigidos con carácter general para las solicitudes (identificación del solicitante, hechos, razones y petición en que se concrete, lugar y fecha, firma, y órgano al que se dirige). La distinción entre ambas modalidades tiene consecuencias jurídicas de primer orden a lo largo de toda la vida del procedimiento: determina el momento inicial del cómputo del plazo máximo para resolver (fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio, fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente en los iniciados a instancia de parte), condiciona el sentido del silencio administrativo aplicable en caso de falta de resolución expresa (arts. 24 y 25 Ley 39/2015), y determina también el régimen de la caducidad aplicable en caso de paralización del procedimiento, distinto según sea imputable a la Administración (procedimientos de oficio desfavorables) o al interesado (procedimientos a solicitud de parte).
Los actos de iniciación de oficio: propia iniciativa, orden superior, petición razonada y denuncia
Dentro de la iniciación de oficio, la Ley 39/2015 distingue cuatro modalidades según cuál sea el impulso que determina la actuación del órgano competente para incoar el procedimiento. La propia iniciativa se produce cuando el órgano competente, en el ejercicio ordinario de sus funciones de vigilancia, inspección o control, decide por sí mismo iniciar el procedimiento sin necesidad de un estímulo externo (así ocurre, típicamente, con las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social derivadas de su plan de actuación). La orden superior se produce cuando un órgano jerárquicamente superior instruye al órgano competente para que inicie un determinado procedimiento, en ejercicio de las potestades de dirección propias de la relación jerárquica. La petición razonada es la solicitud de iniciación formulada por otro órgano administrativo que, sin ser jerárquicamente superior, considera necesaria la incoación de un procedimiento en el ámbito de competencia de otro (por ejemplo, la comunicación de un órgano de una Administración a otro distinto). La denuncia es el acto por el cual cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento, sin que el denunciante adquiera por ello, automáticamente, la condición de interesado, salvo que ostente además un derecho o interés legítimo propio afectado.
Las medidas provisionales anteriores al inicio del procedimiento
La Ley 39/2015 contempla, dentro de la regulación de la iniciación del procedimiento, la posibilidad de que el órgano competente adopte, de oficio o a instancia de parte, y en los casos de urgencia inaplazable, para la protección provisional de los intereses implicados, las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, incluso antes de la iniciación formal del procedimiento administrativo, siempre que estas medidas se confirmen, modifiquen o levanten en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Esta facultad, de aplicación relevante en el ámbito de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (por ejemplo, en supuestos de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores que exigen una reacción inmediata, incluso antes de la formalización de un expediente sancionador completo), permite compatibilizar la necesidad de una respuesta administrativa urgente con las garantías procedimentales ordinarias, que se despliegan plenamente una vez iniciado formalmente el procedimiento correspondiente.
La subsanación y mejora de la solicitud
El art. 68.1 de la Ley 39/2015 regula la subsanación y mejora de la solicitud, estableciendo que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la normativa aplicable (identificación del solicitante, contenido de la petición, lugar y fecha, firma, órgano al que se dirige, o los documentos que deban acompañarla), se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21. Este plazo de diez días puede ampliarse prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales (art. 68.4). Además, el art. 68.2 faculta a la Administración para, cuando en la solicitud de un interesado no figuren todos los datos necesarios pero puedan éstos obtenerse a través de otro medio, requerir del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de la solicitud, formulándose al respecto la propuesta correspondiente, que el solicitante deberá contestar en el plazo de diez días desde su notificación, entendiéndose, de no hacerlo así, que desiste de su petición.
La ordenación del procedimiento: impulso de oficio y celeridad
La ordenación del procedimiento comprende el conjunto de reglas dirigidas a organizar y coordinar la sucesión de trámites que integran su tramitación, presididas por los principios de impulso de oficio y celeridad. El impulso de oficio, recogido con carácter general en el Título IV de la Ley 39/2015, obliga a la Administración a hacer avanzar el procedimiento por sí misma, en todos y cada uno de sus trámites, sin necesidad de que el interesado inste su continuación, salvo en aquellos trámites que legalmente exijan una petición expresa de este; este principio es coherente con la posición de garante que la Administración ocupa respecto del interés general que el procedimiento tutela, y contrasta con el principio dispositivo que rige, con carácter general, el proceso civil. El principio de celeridad, íntimamente conectado con el de eficacia del art. 103.1 CE, se traduce en reglas concretas como la acumulación en un único acto de todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, o el respeto de los plazos máximos de duración del procedimiento (art. 21 Ley 39/2015), cuya inobservancia puede acarrear, según los casos, la producción del silencio administrativo o de la caducidad del procedimiento, además de la eventual responsabilidad disciplinaria del personal responsable del retraso injustificado.
La acumulación de procedimientos
La acumulación de procedimientos es la técnica que permite a la Administración, mediante acuerdo motivado, tramitar y resolver conjuntamente varios procedimientos administrativos distintos que guarden identidad sustancial o íntima conexión entre sí, cuando así lo considere conveniente el órgano administrativo que inició el primero de ellos, en aplicación de los principios de eficacia y economía procedimental. La regulación de esta figura se contiene en la Ley 39/2015 dentro de las disposiciones sobre ordenación del procedimiento, precisándose que contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda alegarse su improcedencia en los recursos que, en su caso, se interpongan contra la resolución que ponga fin al procedimiento acumulado. La acumulación resulta especialmente útil, en el ámbito de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando una misma actuación inspectora pone de manifiesto varias infracciones conexas cometidas por un mismo sujeto responsable, o cuando varios procedimientos sancionadores derivados de una misma acta de infracción, pero referidos a distintos trabajadores afectados, guardan una identidad sustancial que aconseja su tramitación y resolución conjunta, sin perjuicio de que cada infracción conserve su propia calificación y sanción individualizadas dentro de la resolución única que ponga fin al procedimiento acumulado.
La instrucción del procedimiento: los actos de instrucción
Los actos de instrucción son aquellos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución, y se realizan de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Entre los actos de instrucción más característicos se encuentran las alegaciones, que los interesados pueden formular en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, debiendo ser tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; la práctica de prueba, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija; y la solicitud de informes, preceptivos o facultativos según los casos. El principio que preside toda la fase de instrucción es el de impulso de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
Los informes: preceptivos, facultativos, vinculantes y no vinculantes
Los informes son actos de instrucción mediante los cuales un órgano distinto del instructor emite un juicio técnico o jurídico sobre alguna cuestión relevante para la resolución del procedimiento. Se distinguen, en primer lugar, según su exigibilidad, entre informes preceptivos, cuya solicitud es obligatoria por así exigirlo una disposición legal o reglamentaria, y facultativos, que el órgano instructor puede recabar libremente cuando los estime necesarios para resolver, aunque ninguna norma le obligue a ello, siempre que sean necesarios para resolver, debiendo citarse el precepto que los exija cuando sean preceptivos. Se distinguen, en segundo lugar, según su fuerza vinculante, entre informes vinculantes, cuyo contenido debe seguir necesariamente el órgano decisor, sin poder apartarse de él (excepción a la regla general), e informes no vinculantes, que constituyen la modalidad ordinaria, y cuyo contenido, aunque debe ser valorado y ponderado por el órgano decisor, no le vincula jurídicamente, pudiendo apartarse de sus conclusiones siempre que motive suficientemente las razones de esa discrepancia (art. 35.1.c Ley 39/2015, que exige motivar los actos que se separen del criterio de un dictamen de órganos consultivos). Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes, y deberán ser evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
La prueba en el procedimiento administrativo
La fase de prueba se abre cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, acordándose la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes; el instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada, exigencia de motivación que conecta directamente con el art. 35.1.h de la Ley 39/2015, que impone motivar expresamente los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los medios y períodos de prueba admisibles en el procedimiento administrativo son, en general, los mismos que rigen en el proceso civil (documental, testifical, pericial, reconocimiento, presunciones), sin perjuicio de las adaptaciones propias de la naturaleza administrativa del procedimiento (por ejemplo, el especial valor probatorio que la normativa sectorial atribuye a las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que gozan de presunción de certeza respecto de los hechos constatados directamente por el funcionario actuante, salvo prueba en contrario). Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que este tiene carácter preceptivo.
El trámite de audiencia a los interesados (art. 82 Ley 39/2015)
El art. 82.1 de la Ley 39/2015 regula el trámite de audiencia, disponiendo que instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se trata del trámite de mayor trascendencia garantista de todo el procedimiento administrativo, en la medida en que constituye la última oportunidad del interesado para conocer íntegramente el contenido del expediente antes de que se formule la propuesta de resolución, y hacer valer cuanto estime conveniente en su defensa; su carácter esencial explica que su omisión total, cuando resulte legalmente exigible, pueda determinar la anulabilidad del acto por defecto formal generador de indefensión (art. 48.2 Ley 39/2015). El art. 82.4 admite además prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, supuesto en el que, al no existir ningún elemento nuevo del que el interesado no tuviera ya cumplido conocimiento, el trámite resultaría redundante y carente de utilidad práctica real.
Supuestos en que se puede prescindir del trámite de audiencia
Además del supuesto general del art. 82.4 de la Ley 39/2015 (ausencia de hechos y alegaciones distintos de los ya aportados por el propio interesado), la práctica administrativa y la jurisprudencia han identificado otros supuestos en los que el trámite de audiencia puede omitirse sin merma de las garantías del interesado. Así ocurre cuando el propio interesado renuncia expresamente al trámite, manifestando que no tiene alegaciones ni documentos que aportar; cuando se trata de procedimientos tramitados por el cauce simplificado del art. 96 de la Ley 39/2015, en los que, aunque no desaparece por completo la posibilidad de alegar, los plazos se reducen sustancialmente; o en determinados procedimientos de urgencia extrema en los que una norma con rango legal exceptúa expresamente su exigencia por razones tasadas de interés público prevalente. Fuera de estos supuestos, la omisión injustificada del trámite de audiencia cuando resulta legalmente exigible constituye un vicio de anulabilidad de especial relevancia práctica, muy invocado en la impugnación de procedimientos sancionadores, precisamente por su estrecha conexión con el derecho de defensa del interesado y con la prohibición constitucional de indefensión (art. 24.1 CE), cuya proyección sobre el procedimiento administrativo sancionador ha sido reiteradamente reconocida por el Tribunal Constitucional desde sus primeras sentencias sobre esta materia.
El trámite de información pública
El art. 83 de la Ley 39/2015 regula el trámite de información pública, en cuya virtud el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública, mediante anuncio en el diario oficial correspondiente, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde, en el plazo que se señale, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento, si bien la comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado a quien formula alegaciones en este marco, salvo que estas evidencien la titularidad de un derecho o de un interés legítimo propio y diferenciado. La actuación de quienes hayan comparecido en el trámite de información pública, en su caso, será tenida en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución, si bien tal comparecencia no confiere, por sí sola, derecho a una respuesta individualizada a cada una de las alegaciones formuladas, bastando con una respuesta razonablemente motivada que dé cuenta de las principales cuestiones planteadas.
La terminación del procedimiento: formas normales y anormales
El procedimiento administrativo puede terminar de diversas formas, que la doctrina clasifica en normales y anormales según se produzca o no un pronunciamiento expreso de la Administración sobre el fondo del asunto planteado. La forma normal de terminación es la resolución, esto es, la decisión expresa que pone fin al procedimiento pronunciándose sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Las formas anormales de terminación son aquellas en las que el procedimiento concluye sin un pronunciamiento sobre el fondo, y comprenden el desistimiento (el interesado abandona su pretensión concreta, pudiendo formular posteriormente una nueva solicitud), la renuncia (el interesado abandona el propio derecho sustantivo en que fundaba su pretensión, sin posibilidad de reiterarla después), la caducidad (por paralización del procedimiento imputable a la Administración o al interesado, según los casos), la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas (desaparición del objeto del procedimiento, fallecimiento del interesado en procedimientos que exijan su intervención personal), y la terminación convencional (mediante acuerdos, pactos o convenios con los interesados). Todas estas formas de terminación, salvo la resolución expresa, deben igualmente formalizarse mediante una resolución que declare la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables (art. 21.1, párrafo segundo, Ley 39/2015).
La resolución: contenido y congruencia
La resolución que pone fin al procedimiento debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, exigencia de congruencia que constituye, junto con la motivación, una de las garantías fundamentales del interesado frente a una respuesta administrativa incompleta o evasiva. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba, garantizando así el contradictorio incluso respecto de cuestiones no planteadas originalmente por las partes. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede (prohibición de la reformatio in peius). La resolución debe además contener la decisión, que será motivada en los casos en que así lo exija el ordenamiento, y expresará los recursos que procedan en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
El desistimiento y la renuncia
El desistimiento es el acto por el cual el interesado abandona expresamente su pretensión concreta en un procedimiento ya iniciado, sin renunciar al derecho sustantivo que la fundamenta, lo que le permite formular posteriormente una nueva solicitud sobre el mismo objeto si así lo desea, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción que, en su caso, resultara aplicable. La renuncia, en cambio, supone el abandono del propio derecho sustantivo en que se basaba la pretensión formulada, con la consecuencia, mucho más grave, de que impide reiterar posteriormente una nueva solicitud sobre el mismo objeto, al haber desaparecido ya el derecho mismo que la sustentaba; por esta razón, la renuncia solo es admisible cuando no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, tratándose de derechos de contenido disponible por su titular. Tanto el desistimiento como la renuncia pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia, y la Administración debe aceptarlos de plano, salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento, en cuyo caso la Administración deberá continuar la tramitación del procedimiento respecto del interés general o de terceros que pudiera estar en juego, o cuando la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañe interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
La caducidad del procedimiento por paralización imputable al interesado
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo (por ejemplo, la falta de aportación de la documentación requerida para continuar la tramitación), la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento; consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. Esta modalidad de caducidad, distinta de la que opera en los procedimientos de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen (art. 25.1.b Ley 39/2015), se fundamenta en el principio de que el procedimiento a solicitud de parte no puede prolongarse indefinidamente por la sola inactividad del propio interesado, resultando razonable que, transcurrido un plazo prudencial tras el correspondiente apercibimiento, la Administración pueda archivar unas actuaciones que, por causa exclusivamente imputable a quien las promovió, no pueden proseguir su curso ordinario, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud si su interés en obtener la resolución pretendida persistiera, siempre que no hubiera prescrito la acción correspondiente.
La terminación convencional: acuerdos y convenios
El art. 86 de la Ley 39/2015 regula la terminación convencional del procedimiento, admitiendo que las Administraciones Públicas puedan celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. Esta técnica, expresión del principio de consensualidad que impregna cada vez con mayor intensidad al Derecho Administrativo contemporáneo, encuentra proyección práctica, por ejemplo, en los acuerdos de sustitución de sanciones por planes de mejora en determinados regímenes sectoriales, o en los convenios urbanísticos, sin que en ningún caso puedan alterar las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común
El art. 96 de la Ley 39/2015 introdujo, como novedad de gran relevancia práctica frente al régimen anterior, la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, que puede acordarse de oficio o a solicitud del interesado, en este último caso debiendo el órgano competente resolver sobre esta cuestión en un plazo de cinco días desde la solicitud, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. El procedimiento simplificado se caracteriza por reducir sustancialmente sus plazos y trámites: deberá ser resuelto en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique el acuerdo de tramitación simplificada al interesado, y comprenderá los trámites de inicio, subsanación de la solicitud, alegaciones formuladas al inicio del procedimiento, informe del servicio jurídico cuando este sea preceptivo, informe preceptivo del órgano competente que corresponda cuando así resulte exigible, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en los casos en que sea preceptivo, y resolución. El art. 96.4 dispone además que las Administraciones Públicas podrán acordar de oficio la tramitación ordinaria de un procedimiento que se estuviera tramitando de forma simplificada, e igualmente los interesados podrán solicitar en cualquier momento del procedimiento que se tramite de forma ordinaria, en cuyo caso se retrotraerán las actuaciones al momento en que se acordó la tramitación simplificada.
La notificación de los actos administrativos: contenido, plazo de remisión y notificación defectuosa
El artículo 40.2 de la Ley 39/2015 exige que toda notificación sea cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. El artículo 40.3 introduce una regla de gran trascendencia práctica, conocida como la subsanación de la notificación defectuosa por conocimiento: las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos (indicación del carácter definitivo, recursos, plazos), surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que suponen el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga el recurso procedente. El artículo 41.1 establece que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, sin perjuicio del derecho de las personas físicas no obligadas a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones por medios electrónicos o no.
La notificación infructuosa: intentos de notificación personal y el Tablón Edictal Único del BOE
El artículo 44 de la Ley 39/2015 regula la notificación mediante anuncio cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, disponiendo que la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 se unificó este sistema de notificación edictal en un único punto de acceso, el Tablón Edictal Único (TEU), alojado en la sede electrónica del Boletín Oficial del Estado, sustituyendo al anterior sistema disperso de publicación simultánea en distintos diarios oficiales y tablones de anuncios de varias Administraciones, que generaba notables disfunciones prácticas e inseguridad jurídica sobre el momento en que debía entenderse producida la notificación. El propio artículo 44, en su segundo párrafo, permite adicionalmente, cuando se conozca el lugar, que la Administración, con carácter facultativo, publique un anuncio complementario en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular correspondiente si residiera en el extranjero. Esta publicación complementaria tiene, en todo caso, un valor meramente informativo y no determina por sí sola el momento en que se entiende producida la notificación, que viene fijado exclusivamente por la publicación en el TEU del BOE.
La obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 14 Ley 39/2015)
El artículo 14.1 de la Ley 39/2015 reconoce, con carácter general, el derecho de las personas físicas a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El artículo 14.2 establece, sin embargo, una lista de sujetos obligados en todo caso a relacionarse electrónicamente para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional; quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente para cada Administración. El artículo 14.3 habilita además a las Administraciones Públicas a establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El procedimiento administrativo cumple una doble función: garantía objetiva de acierto de la decisión y garantía subjetiva de los derechos del interesado a intervenir en su formación.
La reforma de 2015 separó el procedimiento y las relaciones ad extra (Ley 39/2015) de la organización y régimen jurídico ad intra (Ley 40/2015), frente al modelo unificado de la Ley 30/1992.
El sector público sujeto a la Ley 39/2015 (art. 2) comprende la AGE, las CCAA, las Entidades Locales y el sector público institucional; las entidades de derecho privado y las Universidades públicas se rigen supletoriamente por ella.
El art. 4 define al interesado; el art. 3 amplía la capacidad de obrar civil a los menores para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permite ejercitar sin asistencia.
Los plazos por días se computan en días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos (art. 30 Ley 39/2015); si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente.
El cómputo de plazos por horas (art. 31 Ley 39/2015) fue una novedad de la Ley 39/2015 frente a la Ley 30/1992, con inicio en el momento de la notificación, publicación o del suceso que determine el cómputo.
La ampliación de plazos (art. 32) no puede exceder de la mitad del plazo original y debe solicitarse y decidirse antes de su vencimiento; la tramitación de urgencia (art. 33) reduce a la mitad los plazos ordinarios salvo los de presentación de solicitudes y recursos, y su acuerdo es irrecurrible de forma autónoma.
La iniciación de oficio puede producirse por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia; esta última no otorga automáticamente la condición de interesado a quien la formula.
Las medidas provisionales previas al inicio del procedimiento quedan sin efecto si no se inicia este dentro de los quince días siguientes a su adopción, o si el acuerdo de iniciación no se pronuncia expresamente sobre ellas.
La subsanación de la solicitud (art. 68.1 Ley 39/2015) se concede en un plazo de diez días, ampliable hasta cinco más en casos de especial dificultad (art. 68.4), bajo apercibimiento de tener al interesado por desistido.
El impulso de oficio obliga a la Administración a hacer avanzar el procedimiento en todos sus trámites sin necesidad de instancia del interesado, salvo que la ley exija petición expresa de este.
La acumulación de procedimientos conexos o con identidad sustancial no es recurrible de forma autónoma, sin perjuicio de alegar su improcedencia al recurrir la resolución final.
Los informes son preceptivos o facultativos según su exigibilidad, y vinculantes o no vinculantes según su fuerza; salvo disposición en contrario son facultativos, no vinculantes y deben emitirse en diez días.
El período de prueba dura entre diez y treinta días; el instructor solo puede rechazar motivadamente las pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias (art. 35.1.h Ley 39/2015 exige motivar ese rechazo).
El trámite de audiencia (art. 82 Ley 39/2015) dura entre diez y quince días y puede omitirse cuando no figuren en el procedimiento hechos ni alegaciones distintos de los ya aportados por el propio interesado (art. 82.4).
La información pública (art. 83 Ley 39/2015) exige un plazo mínimo de veinte días; comparecer en ella no otorga por sí solo la condición de interesado salvo que se acredite un derecho o interés legítimo propio.
La resolución debe ser congruente con todas las peticiones planteadas, sin agravar la situación inicial del solicitante en los procedimientos iniciados a instancia de parte (prohibición de reformatio in peius).
El desistimiento abandona la pretensión concreta sin impedir una nueva solicitud posterior; la renuncia abandona el derecho sustantivo mismo, impidiendo reiterar la pretensión.
La caducidad por paralización imputable al interesado exige apercibimiento previo y opera transcurridos tres meses sin que este reanude la tramitación, procediendo entonces el archivo de las actuaciones.
La terminación convencional (art. 86 Ley 39/2015) exige que el acuerdo no verse sobre materias indisponibles ni sea contrario al ordenamiento, y no puede alterar las competencias de los órganos administrativos.
La tramitación simplificada (art. 96 Ley 39/2015) reduce el plazo de resolución a treinta días y limita los trámites; puede reconvertirse a ordinaria de oficio o a instancia del interesado en cualquier momento, retrotrayendo las actuaciones.
La notificación debe cursarse en el plazo de diez días desde que el acto fue dictado (art. 40.2 LPAC) e incluir el texto íntegro, su carácter definitivo o no y los recursos procedentes.
La notificación defectuosa que omite recursos o plazos surte efecto desde que el interesado demuestra conocer su contenido o interpone el recurso procedente (art. 40.3 LPAC).
La notificación edictal obligatoria se practica en el Tablón Edictal Único (TEU) del BOE (art. 44 LPAC); la publicación en otros boletines o tablones es solo complementaria y potestativa.
Están obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados en su actividad profesional, representantes de obligados y empleados públicos en sus trámites como tales.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el art. 68.1 de la Ley 39/2015 concede al interesado un plazo de subsanación de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 25 de Inspector Trabajo?
El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de las Administraciones Públicas para asegurar el acierto de sus decisiones y garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por ellas. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), regula de forma unificada -fusionando lo que antes distribuían la Ley 30/1992 y otras normas dispersas- tanto las relaciones ad extra entre la Administración y los ciudadanos como el propio procedimiento administrativo común, aplicable con carácter general a todas las Administraciones Públicas. Este tema recorre sus fases esenciales: ámbito de aplicación e interesados, cómputo de plazos, iniciación (de oficio y a solicitud de parte), ordenación, instrucción (informes, prueba, audiencia) y las distintas formas de terminación, con especial atención a la caducidad y a la tramitación simplificada, introducida como novedad relevante de la Ley 39/2015.
¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?
El procedimiento administrativo cumple una doble función: garantía objetiva de acierto de la decisión y garantía subjetiva de los derechos del interesado a intervenir en su formación. La reforma de 2015 separó el procedimiento y las relaciones ad extra (Ley 39/2015) de la organización y régimen jurídico ad intra (Ley 40/2015), frente al modelo unificado de la Ley 30/1992. El sector público sujeto a la Ley 39/2015 (art. 2) comprende la AGE, las CCAA, las Entidades Locales y el sector público institucional; las entidades de derecho privado y las Universidades públicas se rigen supletoriamente por ella. El art. 4 define al interesado; el art. 3 amplía la capacidad de obrar civil a los menores para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permite ejercitar sin asistencia. Los plazos por días se computan en días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos (art. 30 Ley 39/2015); si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. El cómputo de plazos por horas (art. 31 Ley 39/2015) fue una novedad de la Ley 39/2015 frente a la Ley 30/1992, con inicio en el momento de la notificación, publicación o del suceso que determine el cómputo. La ampliación de plazos (art. 32) no puede exceder de la mitad del plazo original y debe solicitarse y decidirse antes de su vencimiento; la tramitación de urgencia (art. 33) reduce a la mitad los plazos ordinarios salvo los de presentación de solicitudes y recursos, y su acuerdo es irrecurrible de forma autónoma. La iniciación de oficio puede producirse por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia; esta última no otorga automáticamente la condición de interesado a quien la formula. Las medidas provisionales previas al inicio del procedimiento quedan sin efecto si no se inicia este dentro de los quince días siguientes a su adopción, o si el acuerdo de iniciación no se pronuncia expresamente sobre ellas. La subsanación de la solicitud (art. 68.1 Ley 39/2015) se concede en un plazo de diez días, ampliable hasta cinco más en casos de especial dificultad (art. 68.4), bajo apercibimiento de tener al interesado por desistido. El impulso de oficio obliga a la Administración a hacer avanzar el procedimiento en todos sus trámites sin necesidad de instancia del interesado, salvo que la ley exija petición expresa de este. La acumulación de procedimientos conexos o con identidad sustancial no es recurrible de forma autónoma, sin perjuicio de alegar su improcedencia al recurrir la resolución final. Los informes son preceptivos o facultativos según su exigibilidad, y vinculantes o no vinculantes según su fuerza; salvo disposición en contrario son facultativos, no vinculantes y deben emitirse en diez días. El período de prueba dura entre diez y treinta días; el instructor solo puede rechazar motivadamente las pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias (art. 35.1.h Ley 39/2015 exige motivar ese rechazo). El trámite de audiencia (art. 82 Ley 39/2015) dura entre diez y quince días y puede omitirse cuando no figuren en el procedimiento hechos ni alegaciones distintos de los ya aportados por el propio interesado (art. 82.4). La información pública (art. 83 Ley 39/2015) exige un plazo mínimo de veinte días; comparecer en ella no otorga por sí solo la condición de interesado salvo que se acredite un derecho o interés legítimo propio. La resolución debe ser congruente con todas las peticiones planteadas, sin agravar la situación inicial del solicitante en los procedimientos iniciados a instancia de parte (prohibición de reformatio in peius). El desistimiento abandona la pretensión concreta sin impedir una nueva solicitud posterior; la renuncia abandona el derecho sustantivo mismo, impidiendo reiterar la pretensión. La caducidad por paralización imputable al interesado exige apercibimiento previo y opera transcurridos tres meses sin que este reanude la tramitación, procediendo entonces el archivo de las actuaciones. La terminación convencional (art. 86 Ley 39/2015) exige que el acuerdo no verse sobre materias indisponibles ni sea contrario al ordenamiento, y no puede alterar las competencias de los órganos administrativos. La tramitación simplificada (art. 96 Ley 39/2015) reduce el plazo de resolución a treinta días y limita los trámites; puede reconvertirse a ordinaria de oficio o a instancia del interesado en cualquier momento, retrotrayendo las actuaciones. La notificación debe cursarse en el plazo de diez días desde que el acto fue dictado (art. 40.2 LPAC) e incluir el texto íntegro, su carácter definitivo o no y los recursos procedentes. La notificación defectuosa que omite recursos o plazos surte efecto desde que el interesado demuestra conocer su contenido o interpone el recurso procedente (art. 40.3 LPAC). La notificación edictal obligatoria se practica en el Tablón Edictal Único (TEU) del BOE (art. 44 LPAC); la publicación en otros boletines o tablones es solo complementaria y potestativa. Están obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados en su actividad profesional, representantes de obligados y empleados públicos en sus trámites como tales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Inspector Trabajo.