Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
Los actos administrativos gozan de una serie de caracteres que reflejan la posición de superioridad jurídica de la Administración derivada del principio de autotutela: la presunción de validez, la ejecutividad inmediata y la ejecutoriedad o posibilidad de ejecución forzosa sin necesidad de acudir previamente al juez. Este tema estudia esos caracteres, los medios de ejecución forzosa del art. 100 de la Ley 39/2015 y el régimen de suspensión cautelar del acto, así como otras notas relevantes de su régimen jurídico: la revocabilidad (distinta según se trate de actos favorables o de gravamen), la regla general de irretroactividad y sus excepciones, y las instituciones de la prescripción y la caducidad, con particular atención a la caducidad del procedimiento administrativo regulada en el art. 25 de la Ley 39/2015. Se cierra con una síntesis de los distintos modos de extinción de los actos administrativos.
La presunción de validez de los actos administrativos (art. 39.1 Ley 39/2015)
El art. 39.1 de la Ley 39/2015 establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Esta presunción de validez es la manifestación más directa de la autotutela declarativa: significa que el acto administrativo, por el mero hecho de haberse dictado por el órgano competente siguiendo el procedimiento establecido, se reputa conforme a Derecho y despliega inmediatamente sus efectos jurídicos, sin necesidad de que un juez o cualquier otra instancia confirme previamente su legalidad. Se trata de una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario: el interesado que discrepe de la validez del acto puede desvirtuarla mediante la interposición del correspondiente recurso administrativo o judicial, pero mientras no obtenga una resolución o sentencia que declare la invalidez del acto (o mientras no se acuerde su suspensión cautelar), el acto sigue produciendo plenos efectos y debe ser cumplido. Esta inversión de la carga de accionar -no es la Administración quien debe demostrar la validez de su decisión, sino el particular quien debe demostrar su invalidez- constituye uno de los privilegios más característicos y controvertidos del Derecho Administrativo, justificado por la necesidad de garantizar la eficacia inmediata de la actuación administrativa en beneficio del interés general.
La ejecutividad de los actos administrativos: concepto
La ejecutividad es el carácter del acto administrativo en cuya virtud este produce sus efectos jurídicos y resulta obligatorio y exigible desde el momento en que se dicta (o, si es preciso para su eficacia frente a terceros, desde que se notifica o publica), sin necesidad de que exista una declaración judicial previa que reconozca o confirme esa obligatoriedad. El art. 38 de la Ley 39/2015 dispone expresamente que los actos administrativos serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la propia ley, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La ejecutividad es una consecuencia directa de la presunción de validez del art. 39.1: si el acto se presume válido, resulta lógico que despliegue de inmediato su fuerza obligatoria y vincule tanto a la Administración que lo dictó como al destinatario y, en su caso, a terceros. Conviene distinguir la ejecutividad, referida a la obligatoriedad y eficacia jurídica inmediata del acto (su fuerza vinculante), de la ejecutoriedad o autotutela ejecutiva, que se refiere a la posibilidad de que la propia Administración, sin acudir al juez, lleve a la práctica material y de forma forzosa el contenido de ese acto cuando el obligado no lo cumpla voluntariamente; ambos conceptos, aunque estrechamente relacionados y frecuentemente empleados como sinónimos en el lenguaje coloquial, responden a fases distintas de la eficacia del acto administrativo.
El fundamento de la ejecutividad en la autotutela declarativa
La ejecutividad del acto administrativo encuentra su fundamento último en la autotutela declarativa, esto es, en la capacidad que el ordenamiento reconoce a la Administración de declarar por sí misma, sin intervención judicial previa, lo que es Derecho en el caso concreto que decide. Frente al principio general que rige las relaciones entre particulares -según el cual nadie puede, en principio, imponer unilateralmente su propia pretensión sin el consentimiento del otro o sin una previa declaración judicial que la reconozca (heterotutela)-, la Administración disfruta de la prerrogativa de que sus decisiones se tengan por ciertas y vinculantes desde el momento mismo en que se dictan, correspondiendo al particular disconforme la carga de impugnarlas si quiere evitar sus efectos. Este privilegio se justifica doctrinalmente en la necesidad de garantizar la eficacia inmediata de la actuación administrativa en la satisfacción del interés general, que no podría demorarse indefinidamente a la espera de que un proceso judicial confirmara la legalidad de cada decisión antes de que esta pudiera desplegar efecto alguno; sin embargo, esta misma justificación exige, como contrapartida imprescindible, la existencia de un control judicial pleno y efectivo a posteriori (art. 106.1 CE) y de mecanismos de suspensión cautelar que eviten que la ejecutividad inmediata produzca perjuicios irreparables al ciudadano mientras se sustancia el correspondiente recurso.
La ejecutoriedad o autotutela ejecutiva
La ejecutoriedad, también llamada autotutela ejecutiva o privilegio de acción de oficio, es la facultad que el ordenamiento reconoce a la Administración de llevar a la práctica, por sus propios medios y sin necesidad de recabar el auxilio previo de los Tribunales, el contenido de sus actos administrativos ejecutivos, cuando el destinatario no los cumpla voluntariamente. El art. 99 de la Ley 39/2015 recoge expresamente este privilegio, al disponer que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales. Esta segunda salvedad es importante: no todos los actos administrativos son ejecutables por la propia Administración, pues determinadas materias (fundamentalmente, la entrada en el domicilio de los particulares, protegido por el art. 18.2 CE) exigen siempre, incluso para ejecutar un acto administrativo válido y ejecutivo, la previa autorización judicial, dado el carácter especialmente reforzado de la garantía constitucional en juego, lo que constituye un límite expreso a la autotutela ejecutiva de la Administración en beneficio de derechos fundamentales de especial protección.
Los medios de ejecución forzosa (art. 100 Ley 39/2015): apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas
El art. 100.1 de la Ley 39/2015 enumera los medios de ejecución forzosa de que dispone la Administración, que deben emplearse respetando siempre el principio de proporcionalidad y eligiendo el medio menos restrictivo para la libertad individual (art. 100.2). El apremio sobre el patrimonio se aplica cuando, en virtud de un acto administrativo, hubiera de satisfacerse cantidad líquida, siguiendo el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de recaudación en vía ejecutiva. La ejecución subsidiaria se aplica a los actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, en cuyo caso las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. La multa coercitiva consiste en la imposición de multas reiteradas en el tiempo, previamente autorizadas por una ley que determine su cuantía y el plazo mínimo entre requerimientos, cuando así lo autoricen las leyes en la forma y cuantía que estas determinen, tratándose de actos personalísimos en los que no proceda la compulsión directa sobre la persona. La compulsión sobre las personas se aplica, con carácter excepcional y solo cuando exista habilitación legal expresa, a las obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, siempre respetando la dignidad de la persona y los derechos reconocidos en la Constitución.
La suspensión de la ejecución del acto administrativo en vía administrativa y judicial
El régimen de la suspensión cautelar del acto administrativo constituye el mecanismo esencial para evitar que la ejecutividad inmediata del acto, sumada al tiempo que puede tardar en resolverse un recurso, produzca perjuicios irreparables al interesado antes de que se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de la decisión impugnada. En vía administrativa, el art. 117 de la Ley 39/2015 regula la suspensión de la ejecución del acto impugnado mediante recurso de alzada o reposición, estableciendo como regla general que la interposición de un recurso administrativo no suspende por sí sola la ejecución del acto (art. 117.1), salvo que el órgano competente para resolver el recurso acuerde motivadamente la suspensión, previa ponderación de los intereses en juego. En vía judicial, la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, regula en sus arts. 129 a 136 el sistema de medidas cautelares, entre las que la suspensión de la ejecución del acto recurrido es la más frecuente, pudiendo el órgano judicial acordarla, de oficio o a instancia de parte, cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso. Ambos regímenes -administrativo y judicial- comparten la misma lógica de excepcionalidad de la suspensión frente a la regla general de ejecutividad inmediata.
Requisitos para la suspensión cautelar
Tanto en vía administrativa como judicial, la concesión de la suspensión cautelar exige la ponderación de dos requisitos fundamentales, hoy plenamente consolidados en la jurisprudencia. En primer lugar, el periculum in mora o riesgo de que la ejecución inmediata del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación al interesado, de tal entidad que, aun ganando finalmente el recurso, la anulación posterior del acto no pudiera ya reparar plenamente el daño sufrido (por ejemplo, la demolición irreversible de una construcción, o el cierre de una actividad empresarial con pérdida de la clientela). En segundo lugar, el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, esto es, una valoración inicial y provisional (sin prejuzgar el fondo del asunto) de la solidez de los argumentos jurídicos esgrimidos por el recurrente, que permita apreciar cierta probabilidad de que el recurso pueda prosperar. El art. 117.4 de la Ley 39/2015 añade además, como criterio específico de la vía administrativa, la posibilidad de que la Administración adopte medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución impugnada, así como la exigencia, en su caso, de garantía suficiente (caución o aval) para responder de los perjuicios que la suspensión pudiera ocasionar al interés general o a terceros afectados.
La revocabilidad de los actos administrativos: concepto
La revocabilidad es la posibilidad de que la propia Administración deje sin efecto, por su propia iniciativa y sin necesidad de acudir a un juez, un acto administrativo que ella misma ha dictado previamente, sustituyéndolo por otro de contenido distinto o simplemente eliminándolo del ordenamiento. Se trata de una manifestación adicional del principio de autotutela, en su vertiente de autotutela reductora o de segundo grado, que permite a la Administración corregir sus propias decisiones sin depender del control judicial externo. Sin embargo, esta facultad de revocación no es ilimitada ni uniforme: su régimen jurídico varía sustancialmente según el contenido del acto que se pretende revocar, en función de la mayor o menor protección que el ordenamiento dispensa a la posición jurídica del destinatario del acto. Así, mientras los actos de gravamen o desfavorables pueden ser revocados libremente por la Administración en cualquier momento, dentro de ciertos límites (art. 109.1 Ley 39/2015), los actos favorables o declarativos de derechos, precisamente por generar en su destinatario una legítima confianza y una situación jurídica consolidada, no pueden ser revocados libremente, sino únicamente a través de los cauces reforzados y garantistas de la revisión de oficio (nulidad) o de la declaración de lesividad (anulabilidad), regulados en los arts. 106 y 107 de la Ley 39/2015.
Límites a la revocación de los actos favorables: la revisión de oficio
Los actos favorables que hayan incurrido en un vicio de nulidad de pleno derecho (art. 47.1 Ley 39/2015) solo pueden ser eliminados por la propia Administración mediante el cauce de la revisión de oficio del art. 106 de la Ley 39/2015, que exige el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, precisamente como garantía reforzada frente al riesgo de que la Administración utilice esta facultad para eliminar arbitrariamente situaciones jurídicas ya consolidadas en favor de terceros. Los actos favorables que incurran en un vicio de mera anulabilidad (art. 48 Ley 39/2015) no pueden ser revisados directamente de oficio por la propia Administración que los dictó, sino que esta debe, en su caso, declararlos previamente lesivos para el interés público (art. 107 Ley 39/2015) y, a continuación, impugnarlos ante la propia jurisdicción contencioso-administrativa, como si de un particular más se tratara, sometiéndose así al control judicial externo antes de poder dejar sin efecto un acto favorable meramente anulable. Este doble límite -dictamen del órgano consultivo para la nulidad, y declaración de lesividad más impugnación judicial para la anulabilidad- constituye la manifestación más clara de que la libre revocabilidad, propia de los actos de gravamen, no rige en absoluto para los actos favorables, en garantía de la seguridad jurídica de sus destinatarios.
La revocación de los actos de gravamen
El art. 109.1 de la Ley 39/2015 permite a las Administraciones Públicas revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Esta facultad de revocación libre, sin necesidad de acudir a los cauces reforzados de la revisión de oficio o de la declaración de lesividad, se justifica porque el destinatario de un acto de gravamen (una sanción, una orden, una denegación) no ostenta, por definición, ninguna confianza legítima digna de protección en el mantenimiento de una decisión que le perjudica; al contrario, su interés coincide precisamente con la eliminación del acto, por lo que no existe razón alguna para dificultar esa eliminación mediante trámites formales adicionales. No obstante, esta libertad de revocación no es absoluta: el propio precepto establece límites expresos que impiden que, so pretexto de revocar un acto de gravamen, la Administración conceda de facto una dispensa o exención prohibida por las leyes (por ejemplo, condonar una sanción fuera de los supuestos legalmente previstos), incurra en una discriminación contraria al principio de igualdad respecto de otros administrados en idéntica situación, o contraríe el interés público o cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, límites que en la práctica exigen siempre una justificación mínima de la revocación acordada.
La retroactividad de los actos administrativos: la regla general de irretroactividad
La regla general en el Derecho Administrativo español, coherente con el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, es la irretroactividad de los actos administrativos: estos producen efectos desde la fecha en que se dictan (o, para su eficacia frente a terceros, desde que se notifican o publican), y no desde un momento anterior, salvo que concurra alguna de las excepciones tasadas que el propio ordenamiento contempla. Esta regla general se desprende del art. 39.2 de la Ley 39/2015, que vincula la producción de efectos del acto a la fecha en que se dicta, sin previsión de retroactividad como regla, y responde a la necesidad de que los destinatarios de la actuación administrativa puedan confiar en que sus situaciones jurídicas no se van a ver alteradas retrospectivamente por decisiones futuras de la Administración, lo que resultaría gravemente perturbador para la estabilidad de las relaciones jurídicas y para la propia planificación de la actividad de los ciudadanos y de las empresas. La irretroactividad, además, tiene un anclaje constitucional reforzado y expreso cuando se trata de disposiciones (no solo actos) de carácter sancionador no favorable o restrictivo de derechos individuales, supuesto en el que la prohibición de retroactividad, lejos de ser una simple regla general dispositiva, se eleva a garantía constitucional indisponible (art. 9.3 CE).
Supuestos de retroactividad favorable (art. 39.3 Ley 39/2015)
El art. 39.3 de la Ley 39/2015 contempla dos supuestos tasados en los que, excepcionalmente, se podrá otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos. El primer supuesto es el de los actos que se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Este precepto contempla, en realidad, dos hipótesis distintas: de un lado, los actos dictados en sustitución de otros previamente anulados, a los que se permite retrotraer su eficacia a la fecha del acto anulado, evitando así perjuicios al interesado derivados de la simple demora en la subsanación del vicio original; de otro lado, cualquier acto de contenido favorable para el interesado, con independencia de que sustituya o no a un acto anulado anterior, siempre que concurran los dos requisitos acumulativos exigidos por la norma: que el supuesto de hecho que justifica el acto existiera ya realmente en la fecha a la que se pretende retrotraer sus efectos, y que esa retroacción no perjudique derechos o intereses legítimos de terceras personas, pues la protección de estas últimas actúa siempre como límite infranqueable a cualquier retroactividad, por favorable que resulte para el destinatario directo del acto.
La prohibición de retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
El art. 9.3 CE garantiza expresamente la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, una de las garantías más sólidas y de aplicación más estricta de todo el precepto constitucional. Esta prohibición constitucional, referida literalmente a las disposiciones (normas de carácter general, incluidos los reglamentos), se proyecta también, por extensión lógica y coherente, sobre los actos administrativos de contenido sancionador o restrictivo de derechos: ni una norma ni un acto administrativo pueden aplicarse retroactivamente para sancionar una conducta que, en el momento de realizarse, no era constitutiva de infracción, o para imponer una sanción más grave que la vigente en aquel momento, ni pueden restringir retroactivamente derechos ya consolidados bajo la normativa anterior. Este principio conecta directamente con la garantía de legalidad sancionadora del art. 25.1 CE (nullum crimen, nulla poena sine lege previa) y encuentra su desarrollo específico, para el ámbito administrativo sancionador, en el art. 26 de la Ley 40/2015, que consagra el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, admitiendo, a sensu contrario y en paralelo con el principio penal de retroactividad de la norma más favorable, la aplicación retroactiva de las disposiciones sancionadoras que resulten más beneficiosas para el presunto infractor, incluso respecto de sanciones ya impuestas y pendientes de cumplimiento cuando su ejecución no haya finalizado.
La prescripción en el Derecho Administrativo: concepto
La prescripción es la institución jurídica en cuya virtud el transcurso de un determinado plazo de tiempo, sin que el titular de un derecho o de una acción lo ejercite, produce la extinción de ese derecho o de la posibilidad de exigirlo, en aplicación del principio general de seguridad jurídica que exige que las relaciones jurídicas no permanezcan indefinidamente abiertas a reclamación. En el Derecho Administrativo, la prescripción opera en múltiples ámbitos: la prescripción de los derechos y obligaciones de contenido económico frente a la Hacienda Pública (prescripción tributaria), la prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y la prescripción de las infracciones y de las sanciones administrativas, cada una con su propio régimen y plazos específicos fijados por la normativa sectorial correspondiente. A diferencia de la prescripción civil, que en principio debe ser alegada por la parte interesada para producir efectos (no se aplica de oficio, salvo excepciones), la prescripción en el ámbito administrativo sancionador debe ser apreciada de oficio por la propia Administración, sin necesidad de que el interesado la invoque expresamente, dado el interés público que subyace a la seguridad jurídica en esta materia y el carácter de orden público de las garantías del ius puniendi del Estado.
La prescripción de la acción para exigir responsabilidad
El art. 67.1 de la Ley 39/2015 establece que el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, precisando que en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (regla de la actio nata, propia también del Derecho civil). En los casos de responsabilidad patrimonial derivada de la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Este plazo de un año, sensiblemente más breve que los plazos generales de prescripción del Derecho civil (que en materia extracontractual son también de un año conforme al art. 1968.2 del Código Civil, aunque para otras acciones son notablemente más largos), responde a la necesidad de que las Administraciones Públicas puedan liquidar con relativa celeridad su exposición patrimonial frente a reclamaciones de terceros, sin perjuicio de que la interposición de la correspondiente reclamación, dentro de plazo, interrumpa el cómputo de la prescripción, que volverá a correr de nuevo desde que se notifique la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad.
La prescripción de infracciones y sanciones administrativas
El art. 30 de la Ley 40/2015 regula la prescripción de las infracciones y sanciones administrativas, estableciendo que las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, salvo que la normativa sectorial establezca plazos distintos; el plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o, en el caso de infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora. Este mismo precepto regula también la prescripción de las sanciones ya impuestas, con idénticos plazos de tres años, dos años y seis meses según la infracción sea muy grave, grave o leve, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. En el ámbito específico del orden social, la Ley 23/2015 y la LISOS establecen reglas especiales que, en algunos supuestos, se apartan de estos plazos generales de la Ley 40/2015, debiendo estarse siempre a la normativa sectorial específica cuando exista. La interrupción de la prescripción se produce, en ambos casos, con la iniciación, con conocimiento del interesado, del correspondiente procedimiento sancionador o de ejecución, reanudándose el plazo si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
La caducidad frente a la prescripción: diferencias
Prescripción y caducidad son instituciones próximas pero conceptualmente distintas, cuya diferenciación tiene importantes consecuencias prácticas. La prescripción admite interrupción por determinados actos (reclamación del interesado, iniciación de un procedimiento, reconocimiento de la deuda o del derecho por el obligado), de modo que el plazo se detiene y vuelve a computarse íntegramente desde el acto interruptivo; además, en el ámbito civil, la prescripción no se aplica de oficio, sino que debe ser alegada por quien la invoca, aunque en el Derecho Administrativo sancionador, como se ha señalado, se aprecia de oficio. La caducidad, en cambio, no admite interrupción: el plazo corre de manera fatal e inexorable, sin posibilidad de detenerse por actuación alguna de las partes, y se aplica siempre de oficio por el órgano correspondiente, sin necesidad de que sea invocada por el interesado. Otra diferencia relevante es su objeto: mientras la prescripción extingue derechos o acciones sustantivas (el derecho a reclamar una indemnización, la potestad de imponer una sanción), la caducidad, en el ámbito administrativo, se predica típicamente del propio procedimiento (no del derecho o de la potestad de fondo), de manera que la caducidad de un procedimiento sancionador, por ejemplo, no impide iniciar un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos si la infracción no ha prescrito todavía en el momento de iniciarlo.
La caducidad del procedimiento administrativo (art. 25 Ley 39/2015)
La caducidad del procedimiento es la forma de terminación anormal de este que se produce cuando, por causa imputable a la Administración en los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, o por paralización imputable al interesado en los procedimientos iniciados a su solicitud, transcurre el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente. El art. 25.1.b) de la Ley 39/2015 regula la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen: en estos casos, transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, se producirá la caducidad, procediendo el archivo de las actuaciones, sin que ello impida, si la acción no hubiera prescrito, la incoación de un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos. La caducidad debe ser declarada de oficio (o a instancia del interesado) y notificada a los interesados, ordenando el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 95 de la Ley 39/2015: los documentos, actuaciones y trámites practicados en el procedimiento caducado no se consideran interrumpidos a efectos de un eventual nuevo procedimiento, pero podrán incorporarse a este, considerándose realizados y conservando su validez y eficacia a efectos probatorios.
Eficacia demorada, condicionada y retroactiva de los actos administrativos
Junto a la regla general de eficacia inmediata desde la fecha en que el acto se dicta (art. 39.2 Ley 39/2015), el propio ordenamiento admite excepciones que modulan el momento en que un acto administrativo despliega efectivamente sus efectos jurídicos. La eficacia demorada se produce cuando el propio acto administrativo, o una norma que lo regule, establece expresamente que sus efectos no se producirán desde el momento de su adopción, sino desde una fecha posterior determinada, o desde que se cumpla un determinado trámite (la notificación o publicación cuando así se exija para su eficacia frente a terceros, o la fecha expresamente fijada en el propio acto). La eficacia condicionada se produce cuando los efectos del acto quedan supeditados al cumplimiento de una condición, suspensiva o resolutoria, que puede consistir en un hecho futuro e incierto o en el cumplimiento de una obligación por parte del destinatario (por ejemplo, una autorización condicionada a la constitución de una fianza o al cumplimiento de determinadas medidas de seguridad). La eficacia retroactiva, ya analizada, es la excepción más singular a la regla general, pues supone que el acto produce efectos desde un momento anterior a su propia fecha de adopción, limitada a los supuestos tasados del art. 39.3 de la Ley 39/2015 y siempre sujeta al doble límite de la preexistencia del presupuesto de hecho y de la no lesión de derechos de terceros.
La extinción de los actos administrativos: cumplimiento, revocación y anulación
Los actos administrativos pueden extinguirse, esto es, dejar de producir efectos jurídicos, por diversas causas que la doctrina sistematiza en varios grupos. La extinción normal se produce por el cumplimiento del acto, esto es, por la satisfacción íntegra de su contenido (el pago de la cantidad debida, la realización de la actividad autorizada, el agotamiento del plazo de vigencia previsto), o por el acaecimiento de una condición resolutoria o del término final fijado en el propio acto. La extinción anormal por causas sobrevenidas comprende la desaparición del objeto o del sujeto del acto (fallecimiento del beneficiario de una autorización personalísima, desaparición física del bien sobre el que recae una concesión), o la renuncia del propio interesado a los derechos que el acto le reconoce, cuando esta renuncia sea jurídicamente admisible. La extinción por decisión de la propia Administración comprende la revocación, en los términos ya analizados según se trate de actos favorables (sujetos a los cauces reforzados de revisión de oficio o declaración de lesividad) o de gravamen (revocables libremente conforme al art. 109.1 Ley 39/2015). La extinción por anulación, finalmente, se produce como consecuencia de la declaración de invalidez del acto, ya sea en vía de recurso administrativo, de revisión de oficio, o mediante sentencia judicial firme que estime el correspondiente recurso contencioso-administrativo, con los efectos ex tunc o ex nunc que corresponda según la modalidad de invalidez apreciada.
El cómputo de los plazos administrativos (art. 30 Ley 39/2015)
El art. 30 de la Ley 39/2015 establece las reglas generales de cómputo de los plazos administrativos, de aplicación supletoria salvo que una norma específica disponga otra cosa. Cuando los plazos se señalan por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, salvo que una norma indique expresamente que los días a que se refiere son naturales, circunstancia que, de darse, deberá hacerse constar en las correspondientes notificaciones. Cuando el plazo se fija en meses o años, se computa de fecha a fecha, de modo que el plazo concluye el mismo día (ordinal) del mes o año de vencimiento en que se produjo el hecho que marca el inicio del cómputo, y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entiende que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente, y la declaración de un día como hábil o inhábil para todo el territorio nacional o para una comunidad autónoma o entidad local concreta no afecta, salvo previsión expresa en contrario, a la validez de los trámites realizados en una sede electrónica, que opera con un calendario de disponibilidad continuada durante todos los días del año, salvo las interrupciones necesarias por razones técnicas debidamente anunciadas.
Los efectos de la anulación de los actos administrativos: eficacia ex tunc y ex nunc
La declaración de invalidez de un acto administrativo, ya sea por vía de recurso administrativo, de revisión de oficio o de sentencia judicial, produce efectos distintos según la modalidad de invalidez apreciada y la naturaleza del acto afectado, en virtud de la aplicación matizada de la regla general de retroactividad de la anulación (eficacia ex tunc, esto es, desde el origen, como si el acto nunca hubiera existido) frente a su limitación a efectos futuros (eficacia ex nunc, esto es, desde el momento de la propia declaración de invalidez). La regla general en materia de nulidad de pleno derecho es la eficacia ex tunc: el acto nulo se tiene por inexistente desde que se dictó, debiendo reponerse, en la medida de lo posible, la situación al estado anterior a su adopción, incluidas, en su caso, las consecuencias indemnizatorias que procedan. Sin embargo, esta regla general se modula en atención a los efectos ya consumados en situaciones jurídicas de terceros de buena fe, o cuando la naturaleza del propio acto hace materialmente imposible la reconstrucción íntegra de la situación anterior (por ejemplo, en relaciones de tracto sucesivo o prestaciones ya ejecutadas que no admiten devolución), supuestos en los que la jurisprudencia y la propia Ley 39/2015 (art. 110, límites a la revisión por buena fe y seguridad jurídica) atemperan el rigor de la retroactividad plena. En el caso de la anulabilidad, al tratarse de un vicio menos grave y frecuentemente subsanable mediante convalidación, los efectos de la anulación tienden a proyectarse con mayor flexibilidad hacia el futuro, especialmente respecto de las situaciones y relaciones jurídicas ya consolidadas de buena fe durante la vigencia del acto antes de su anulación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La presunción de validez (art. 39.1 Ley 39/2015) es iuris tantum: el acto se presume conforme a Derecho y produce efectos desde que se dicta, correspondiendo al interesado la carga de desvirtuarla mediante el recurso procedente.
La ejecutividad (obligatoriedad y eficacia inmediata, art. 38 Ley 39/2015) debe distinguirse de la ejecutoriedad o autotutela ejecutiva (posibilidad de ejecución forzosa por la propia Administración, art. 99 Ley 39/2015).
La entrada en el domicilio del particular exige siempre autorización judicial (art. 18.2 CE), incluso para ejecutar un acto administrativo válido y ejecutivo: es un límite expreso a la autotutela ejecutiva.
Los medios de ejecución forzosa del art. 100 Ley 39/2015 son apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas, debiendo elegirse siempre el menos restrictivo de la libertad individual.
La interposición de un recurso administrativo no suspende por sí sola la ejecución del acto (art. 117.1 Ley 39/2015); la suspensión exige acuerdo motivado ponderando periculum in mora y fumus boni iuris.
Los actos de gravamen son libremente revocables por la Administración en cualquier momento (art. 109.1 Ley 39/2015), salvo que la revocación suponga dispensa no permitida, discriminación, o sea contraria al interés público o al ordenamiento.
Los actos favorables nulos solo pueden eliminarse por revisión de oficio con dictamen del Consejo de Estado (art. 106 Ley 39/2015); si son meramente anulables, exigen declaración de lesividad y posterior impugnación judicial (art. 107 Ley 39/2015).
La regla general es la irretroactividad de los actos (art. 39.2 Ley 39/2015); la retroactividad favorable exige que el supuesto de hecho ya existiera en la fecha a que se retrotrae el acto y que no lesione derechos de terceros (art. 39.3).
La irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos es garantía constitucional (art. 9.3 CE), desarrollada en el art. 26 Ley 40/2015, que admite la retroactividad de lo más favorable al infractor.
La prescripción en materia sancionadora se aprecia de oficio (a diferencia de la regla general civil) y admite interrupción; la caducidad del procedimiento no admite interrupción y se aplica siempre de oficio.
El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial prescribe al año del hecho lesivo o de la manifestación de sus efectos (actio nata), o al año de la sentencia o resolución que anule el acto causante (art. 67.1 Ley 39/2015).
Los plazos de prescripción de infracciones y sanciones (art. 30 Ley 40/2015) son tres años (muy graves), dos años (graves) y seis meses (leves), salvo normativa sectorial distinta como la del orden social.
La caducidad del procedimiento (art. 25.1.b Ley 39/2015) opera en procedimientos de oficio susceptibles de efectos desfavorables o de gravamen cuando transcurre el plazo máximo sin resolución; no impide iniciar un nuevo procedimiento si la acción no ha prescrito.
Los trámites del procedimiento caducado no interrumpen la prescripción pero pueden incorporarse, conservando validez probatoria, a un procedimiento posterior sobre los mismos hechos (art. 95 Ley 39/2015).
Los actos se extinguen por cumplimiento, por causas sobrevenidas (desaparición del objeto o sujeto, renuncia), por revocación (según su régimen propio) o por anulación, con efectos que varían según la modalidad de invalidez apreciada.
Los plazos por días se computan en días hábiles salvo que se indique que son naturales (art. 30 Ley 39/2015); los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha, y si el último día es inhábil se prorroga al primer día hábil siguiente.
La anulación de un acto nulo de pleno derecho tiene, como regla general, eficacia ex tunc (desde el origen); esta regla se modula en atención a la buena fe de terceros y a la imposibilidad material de reconstruir la situación anterior (art. 110 Ley 39/2015).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿En qué principio se fundamenta la ejecutividad del acto administrativo frente a la heterotutela propia de las relaciones entre particulares?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Inspector Trabajo?
Los actos administrativos gozan de una serie de caracteres que reflejan la posición de superioridad jurídica de la Administración derivada del principio de autotutela: la presunción de validez, la ejecutividad inmediata y la ejecutoriedad o posibilidad de ejecución forzosa sin necesidad de acudir previamente al juez. Este tema estudia esos caracteres, los medios de ejecución forzosa del art. 100 de la Ley 39/2015 y el régimen de suspensión cautelar del acto, así como otras notas relevantes de su régimen jurídico: la revocabilidad (distinta según se trate de actos favorables o de gravamen), la regla general de irretroactividad y sus excepciones, y las instituciones de la prescripción y la caducidad, con particular atención a la caducidad del procedimiento administrativo regulada en el art. 25 de la Ley 39/2015. Se cierra con una síntesis de los distintos modos de extinción de los actos administrativos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
La presunción de validez (art. 39.1 Ley 39/2015) es iuris tantum: el acto se presume conforme a Derecho y produce efectos desde que se dicta, correspondiendo al interesado la carga de desvirtuarla mediante el recurso procedente. La ejecutividad (obligatoriedad y eficacia inmediata, art. 38 Ley 39/2015) debe distinguirse de la ejecutoriedad o autotutela ejecutiva (posibilidad de ejecución forzosa por la propia Administración, art. 99 Ley 39/2015). La entrada en el domicilio del particular exige siempre autorización judicial (art. 18.2 CE), incluso para ejecutar un acto administrativo válido y ejecutivo: es un límite expreso a la autotutela ejecutiva. Los medios de ejecución forzosa del art. 100 Ley 39/2015 son apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas, debiendo elegirse siempre el menos restrictivo de la libertad individual. La interposición de un recurso administrativo no suspende por sí sola la ejecución del acto (art. 117.1 Ley 39/2015); la suspensión exige acuerdo motivado ponderando periculum in mora y fumus boni iuris. Los actos de gravamen son libremente revocables por la Administración en cualquier momento (art. 109.1 Ley 39/2015), salvo que la revocación suponga dispensa no permitida, discriminación, o sea contraria al interés público o al ordenamiento. Los actos favorables nulos solo pueden eliminarse por revisión de oficio con dictamen del Consejo de Estado (art. 106 Ley 39/2015); si son meramente anulables, exigen declaración de lesividad y posterior impugnación judicial (art. 107 Ley 39/2015). La regla general es la irretroactividad de los actos (art. 39.2 Ley 39/2015); la retroactividad favorable exige que el supuesto de hecho ya existiera en la fecha a que se retrotrae el acto y que no lesione derechos de terceros (art. 39.3). La irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos es garantía constitucional (art. 9.3 CE), desarrollada en el art. 26 Ley 40/2015, que admite la retroactividad de lo más favorable al infractor. La prescripción en materia sancionadora se aprecia de oficio (a diferencia de la regla general civil) y admite interrupción; la caducidad del procedimiento no admite interrupción y se aplica siempre de oficio. El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial prescribe al año del hecho lesivo o de la manifestación de sus efectos (actio nata), o al año de la sentencia o resolución que anule el acto causante (art. 67.1 Ley 39/2015). Los plazos de prescripción de infracciones y sanciones (art. 30 Ley 40/2015) son tres años (muy graves), dos años (graves) y seis meses (leves), salvo normativa sectorial distinta como la del orden social. La caducidad del procedimiento (art. 25.1.b Ley 39/2015) opera en procedimientos de oficio susceptibles de efectos desfavorables o de gravamen cuando transcurre el plazo máximo sin resolución; no impide iniciar un nuevo procedimiento si la acción no ha prescrito. Los trámites del procedimiento caducado no interrumpen la prescripción pero pueden incorporarse, conservando validez probatoria, a un procedimiento posterior sobre los mismos hechos (art. 95 Ley 39/2015). Los actos se extinguen por cumplimiento, por causas sobrevenidas (desaparición del objeto o sujeto, renuncia), por revocación (según su régimen propio) o por anulación, con efectos que varían según la modalidad de invalidez apreciada. Los plazos por días se computan en días hábiles salvo que se indique que son naturales (art. 30 Ley 39/2015); los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha, y si el último día es inhábil se prorroga al primer día hábil siguiente. La anulación de un acto nulo de pleno derecho tiene, como regla general, eficacia ex tunc (desde el origen); esta regla se modula en atención a la buena fe de terceros y a la imposibilidad material de reconstruir la situación anterior (art. 110 Ley 39/2015).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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