Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la institución jurisdiccional de la Unión, encargada de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, conforme al art. 19.1 TUE. A diferencia de los sistemas constitucionales estatales que suelen distinguir entre una jurisdicción constitucional y una jurisdicción ordinaria, el TJUE concentra en una única institución, articulada en dos órganos jurisdiccionales (el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General), el control de legalidad de los actos de las instituciones, la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión por los Estados miembros y la interpretación uniforme de dicho Derecho en todo el territorio de la Unión, esta última función canalizada a través de la cuestión prejudicial, mecanismo de cooperación judicial entre el TJUE y los órganos jurisdiccionales nacionales de excepcional relevancia práctica.
Junto al TJUE, este tema estudia el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, dos órganos consultivos de la Unión que, sin capacidad decisoria propia, canalizan institucionalmente la participación de la sociedad civil organizada y de los entes regionales y locales en el proceso normativo europeo, emitiendo dictámenes preceptivos o facultativos sobre las propuestas legislativas de mayor incidencia en sus respectivos ámbitos de representación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: composición (Tribunal de Justicia y Tribunal General)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, se articula orgánicamente, conforme al art. 19.1 TUE, en dos órganos jurisdiccionales diferenciados. El Tribunal de Justicia propiamente dicho está compuesto por un Juez por cada Estado miembro, asistidos por Abogados Generales, cuyo número puede ser incrementado por el Consejo a petición del propio Tribunal; conoce fundamentalmente de las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, de los recursos por incumplimiento contra los Estados miembros, y de los recursos de casación contra las sentencias del Tribunal General. El Tribunal General, denominado Tribunal de Primera Instancia hasta la reforma de Lisboa y creado originariamente por el Tratado de Niza, está compuesto por al menos un Juez por Estado miembro (en la actualidad dos por Estado, tras sucesivas ampliaciones de su plantilla para reducir la sobrecarga de asuntos), sin Abogados Generales permanentes, y conoce en primera instancia de los recursos de anulación y por omisión interpuestos por particulares y personas jurídicas, de los recursos en materia de propiedad intelectual e industrial, y de otros recursos que le atribuyan los Tratados o el Estatuto del Tribunal. Los Jueces y Abogados Generales de ambos órganos son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, por un periodo de seis años renovable, previo dictamen de un comité de expertos sobre su idoneidad.
Funciones del TJUE: garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados
El art. 19.1, párrafo segundo, TUE resume la misión constitucional del TJUE en una fórmula de gran densidad significativa: garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Esta función se despliega a través de un elenco tasado de procedimientos y recursos, cada uno de ellos orientado a un objetivo específico dentro del sistema de garantías jurisdiccionales de la Unión: el recurso por incumplimiento, dirigido a controlar el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones derivadas de los Tratados; el recurso de anulación, orientado a controlar la legalidad de los actos de las instituciones; el recurso por omisión, que sanciona la inactividad ilegal de dichas instituciones; la excepción de ilegalidad, vía incidental de control de legalidad de actos de alcance general; el recurso de indemnización, para exigir la responsabilidad extracontractual de la Unión; y la cuestión prejudicial, mecanismo de cooperación con los órganos judiciales nacionales para garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión en el conjunto del territorio. Además, el TJUE emite dictámenes previos sobre la compatibilidad de acuerdos internacionales proyectados por la Unión con los Tratados (art. 218.11 TFUE), y conoce de recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal General, completando así un sistema jurisdiccional propio, autónomo y separado de las jurisdicciones nacionales.
El recurso por incumplimiento (arts. 258 a 260 TFUE)
El recurso por incumplimiento constituye el instrumento fundamental de exigencia de responsabilidad jurídica de los Estados miembros por el incumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados. El art. 258 TFUE regula la modalidad iniciada por la Comisión Europea (la más frecuente en la práctica), que se articula en dos fases: una fase precontenciosa o administrativa, en la que la Comisión, tras dar al Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, emite un dictamen motivado precisando en qué consiste el incumplimiento apreciado, y una fase contenciosa, que solo se abre si el Estado no se atiene al dictamen motivado en el plazo fijado por la Comisión, pudiendo esta entonces recurrir al Tribunal de Justicia. El art. 259 TFUE prevé, con escaso uso práctico, una modalidad alternativa de recurso interestatal, mediante la cual un Estado miembro puede recurrir directamente a otro Estado ante el Tribunal por incumplimiento del Derecho de la Unión, si bien debe someter previamente el asunto a la Comisión. El art. 260 TFUE regula las consecuencias del incumplimiento de una sentencia declarativa de incumplimiento previa: si el Estado persiste en no adoptar las medidas necesarias para su ejecución, la Comisión puede solicitar al Tribunal la imposición de una suma a tanto alzado o una multa coercitiva, cuyo importe fija libremente el Tribunal atendiendo a la propuesta de la Comisión sin quedar vinculado por esta.
El recurso de anulación (art. 263 TFUE)
El recurso de anulación, regulado en el art. 263 TFUE, permite al TJUE controlar la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, así como de los actos de los órganos y organismos de la Unión destinados a producir dichos efectos. Los motivos de anulación tasados por el propio precepto son la incompetencia, los vicios sustanciales de forma, la violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, y la desviación de poder. La legitimación activa distingue entre demandantes privilegiados (Estados miembros, Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, que pueden recurrir sin necesidad de acreditar interés específico), demandantes semiprivilegiados (Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo y Comité de las Regiones, legitimados para la defensa de sus propias prerrogativas), y particulares, personas físicas o jurídicas, que solo pueden interponer el recurso contra los actos de los que sean destinatarios o que les afecten directa e individualmente, requisito de legitimación restrictivo que ha sido objeto de reiterada crítica doctrinal por limitar en la práctica el acceso de los particulares a esta vía. El plazo de interposición es de dos meses desde la publicación o notificación del acto, o desde su conocimiento efectivo.
El recurso por omisión (art. 265 TFUE)
El recurso por omisión, regulado en el art. 265 TFUE, constituye el complemento lógico del recurso de anulación: mientras este último controla la legalidad de la acción positiva de las instituciones, el recurso por omisión sanciona su inactividad ilegal, es decir, la abstención de pronunciarse en violación de los Tratados cuando estos les imponían el deber jurídico de actuar. Puede dirigirse frente al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo, así como frente a los órganos y organismos de la Unión que se abstengan de pronunciarse. El procedimiento exige, como requisito previo de admisibilidad, que el demandante haya requerido previamente a la institución para que actúe, disponiendo esta de un plazo de dos meses para definir su posición; solo si transcurre dicho plazo sin que la institución se pronuncie, el recurso puede interponerse ante el Tribunal dentro de los dos meses siguientes. La legitimación activa sigue una estructura paralela a la del recurso de anulación (Estados miembros e instituciones sin necesidad de interés específico; particulares únicamente cuando la omisión se refiera a la falta de dirigirles un acto distinto de una recomendación o de un dictamen), y la sentencia estimatoria del recurso se limita a declarar la ilegalidad de la omisión, correspondiendo a la propia institución adoptar las medidas necesarias para su ejecución conforme al art. 266 TFUE.
La excepción de ilegalidad (art. 277 TFUE)
La excepción de ilegalidad, regulada en el art. 277 TFUE, no constituye un recurso autónomo susceptible de ser interpuesto de forma independiente, sino un incidente procesal que puede plantearse en el marco de un litigio principal ya pendiente ante el TJUE (típicamente en un recurso de anulación o en el marco de una cuestión prejudicial), mediante el cual cualquiera de las partes puede invocar la inaplicabilidad de un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión que le sirva de fundamento jurídico, alegando alguno de los motivos previstos en el art. 263 TFUE para el recurso de anulación (incompetencia, vicio sustancial de forma, violación de los Tratados, desviación de poder). Esta figura cumple una función de garantía frente a las estrictas exigencias de plazo del recurso de anulación (dos meses desde la publicación o notificación del acto): dado que muchos actos de alcance general (reglamentos, en particular) despliegan sus efectos durante años después de agotado dicho plazo, la excepción de ilegalidad permite cuestionar indirectamente su validez, con ocasión de un acto de aplicación concreto posterior, sin las limitaciones temporales del recurso directo. A diferencia del recurso de anulación, cuya sentencia estimatoria produce la anulación erga omnes del acto impugnado, la estimación de la excepción de ilegalidad se limita a declarar la inaplicabilidad del acto general al litigio concreto en que se planteó.
El recurso de indemnización o de responsabilidad extracontractual (art. 340 TFUE)
El art. 340 TFUE, párrafo segundo, establece que, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión debe reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, atribuyendo al TJUE (art. 268 TFUE) la competencia exclusiva para conocer de los litigios relativos a dicha indemnización, competencia que excluye la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales conozcan de este tipo de reclamaciones frente a la propia Unión. La jurisprudencia del TJUE ha ido perfilando, a falta de una regulación detallada en el propio Tratado, los requisitos sustantivos de esta responsabilidad, exigiendo la concurrencia de tres elementos: la ilegalidad del comportamiento imputado a la institución o a sus agentes (que en el caso de actos normativos que impliquen opciones de política económica exige además, conforme a la doctrina Schöppenstedt, una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica superior que proteja a los particulares), la realidad y certeza del daño efectivamente sufrido, y la existencia de una relación de causalidad directa entre dicho comportamiento ilegal y el daño alegado. El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual frente a la Unión es de cinco años a partir del hecho que la motivó, conforme establece el Estatuto del Tribunal de Justicia.
La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): de interpretación y de validez
La cuestión prejudicial, regulada en el art. 267 TFUE, es el mecanismo de cooperación judicial entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el TJUE de mayor trascendencia práctica en la construcción del ordenamiento jurídico de la Unión, habiendo sido el cauce procesal a través del cual el Tribunal de Justicia ha desarrollado buena parte de su jurisprudencia más relevante (primacía, efecto directo, responsabilidad de los Estados por incumplimiento del Derecho de la Unión). El precepto distingue dos modalidades: la cuestión prejudicial de interpretación, mediante la cual un órgano jurisdiccional nacional plantea al TJUE sus dudas sobre el sentido y alcance que debe darse a una disposición de Derecho originario o derivado de la Unión aplicable al litigio del que conoce; y la cuestión prejudicial de validez, mediante la cual dicho órgano plantea sus dudas sobre la validez misma de un acto de Derecho derivado (Reglamento, Directiva o Decisión) cuya aplicación resulte determinante para resolver el litigio, siendo esta segunda modalidad la única vía a través de la cual un órgano jurisdiccional nacional puede, indirectamente, provocar el control de legalidad de un acto de Derecho derivado de la Unión, dado que, a diferencia de las leyes nacionales frente a la Constitución, ningún juez nacional puede declarar por sí mismo la invalidez de una norma de la Unión, debiendo en todo caso plantear la cuestión al TJUE.
Legitimación y efectos de la cuestión prejudicial
Cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el sentido autónomo de Derecho de la Unión que el propio TJUE ha ido perfilando (con independencia de su calificación formal en el Derecho interno, atendiendo a criterios materiales como su origen legal, su carácter permanente, la obligatoriedad de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación de normas jurídicas y su independencia), está facultado para plantear la cuestión prejudicial cuando estime necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo, correspondiendo en exclusiva al órgano judicial nacional, y no a las partes del litigio, la decisión de plantearla. La resolución que dicta el TJUE al resolver la cuestión prejudicial tiene efectos vinculantes para el órgano jurisdiccional remitente, que debe resolver el litigio principal conforme a la interpretación o al pronunciamiento sobre validez efectuado por el Tribunal, y produce además, según reiterada jurisprudencia, efectos generales que vinculan también a cualquier otro órgano jurisdiccional nacional que deba aplicar la misma disposición de Derecho de la Unión en el futuro, aproximando en la práctica los efectos de estas sentencias a los de una auténtica jurisprudencia vinculante erga omnes dentro del sistema de fuentes de la Unión, pese a que formalmente el procedimiento prejudicial se configura como un incidente dentro de un proceso nacional concreto y no como un recurso directo autónomo.
La obligación de plantear cuestión prejudicial para los órganos jurisdiccionales de última instancia
El art. 267 TFUE, párrafo tercero, transforma en obligatorio el planteamiento de la cuestión prejudicial cuando la duda de interpretación o de validez del Derecho de la Unión se suscita ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno (típicamente, los tribunales supremos o constitucionales de cada Estado miembro, o cualquier otro órgano cuya decisión concreta en el caso de que se trate agote la vía judicial nacional, según la interpretación funcional que el propio TJUE ha dado a este requisito). Esta obligación, que persigue evitar que se consolide en el ordenamiento de un Estado miembro una jurisprudencia nacional definitiva contraria al Derecho de la Unión sin posibilidad de corrección por el TJUE, admite no obstante excepciones desarrolladas por la propia jurisprudencia europea, sistematizadas clásicamente en la doctrina del acto claro y del acto aclarado: el órgano de última instancia queda dispensado de plantear la cuestión cuando la cuestión de Derecho de la Unión no sea pertinente para resolver el litigio, cuando la disposición ya haya sido objeto de interpretación por el TJUE en un caso sustancialmente análogo (acto aclarado), o cuando la correcta aplicación del Derecho de la Unión se imponga con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna, teniendo en cuenta las características propias del Derecho de la Unión, las dificultades de su interpretación y el riesgo de divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los distintos Estados miembros (acto claro).
El principio de primacía del Derecho de la Unión
El principio de primacía, de creación estrictamente jurisprudencial (no recogido expresamente en el articulado de los Tratados, aunque sí mencionado en la Declaración nº 17 anexa al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa), fue formulado por primera vez por el Tribunal de Justicia en la histórica sentencia Costa/ENEL de 1964, al declarar que el Derecho nacido de los Tratados no podría, en razón de su naturaleza específica original, encontrar en el plano judicial un límite en cualquier texto interno, cualquiera que fuese su rango, sin que perdiera su carácter comunitario y sin que se pusiera en tela de juicio la base jurídica misma de la Unión. En su formulación actual, el principio de primacía implica que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, con independencia del rango de la norma nacional en conflicto, incluidas las normas de rango constitucional (extremo este último que ha generado tensiones doctrinales y jurisprudenciales con algunos Tribunales Constitucionales nacionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional español en su Declaración 1/2004), obligando al juez nacional a inaplicar de oficio, sin necesidad de esperar a su derogación o a una declaración previa de inconstitucionalidad o de ilegalidad, cualquier disposición de Derecho interno contraria a una norma de Derecho de la Unión directamente aplicable.
El principio de efecto directo del Derecho de la Unión
El principio de efecto directo, formulado por primera vez por el Tribunal de Justicia en la no menos célebre sentencia Van Gend en Loos de 1963, implica que determinadas disposiciones de Derecho de la Unión, cuando sean lo suficientemente claras, precisas e incondicionales (es decir, que no requieran de medidas de ejecución adicionales, ni por parte de las instituciones de la Unión ni por parte de los Estados miembros, para desplegar plenamente sus efectos), generan derechos y obligaciones directamente invocables por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales, con independencia de que el propio Estado miembro haya adoptado o no las medidas internas necesarias para su correcta aplicación o transposición. El Tribunal de Justicia distingue tradicionalmente entre el efecto directo vertical, que permite al particular invocar la disposición frente al Estado o frente a los poderes públicos, y el efecto directo horizontal, que permitiría invocarla frente a otro particular, distinción de especial relevancia práctica en el caso de las Directivas, dado que la jurisprudencia europea les reconoce, bajo determinadas condiciones (transposición incorrecta o inexistente, y cumplimiento de los requisitos de claridad, precisión e incondicionalidad), únicamente efecto directo vertical y no horizontal, precisamente para no hacer recaer sobre un particular las consecuencias del incumplimiento de la obligación de transposición que incumbe exclusivamente al Estado miembro.
El Comité Económico y Social Europeo: composición y naturaleza consultiva
El Comité Económico y Social Europeo (CESE), previsto en los arts. 301 a 304 TFUE, es un órgano consultivo de la Unión Europea, sin capacidad de decisión normativa propia, integrado por representantes de las organizaciones de trabajadores, de empresarios y de otros sectores representativos de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural. Sus miembros, cuyo número no puede exceder de 350 conforme al art. 301 TFUE, son designados por el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de los respectivos Estados miembros, por un mandato de cinco años renovable, ejerciendo sus funciones con plena independencia y en interés general de la Unión, sin estar vinculados por mandato imperativo alguno. Su organización interna se estructura tradicionalmente en tres grupos: el Grupo de los Empresarios, el Grupo de los Trabajadores, y el Grupo de Actividades Diversas (que integra a representantes de agricultores, PYMES, profesiones liberales, consumidores, organizaciones ecologistas y otros colectivos de la sociedad civil), estructura tripartita de indudable analogía funcional con los mecanismos de diálogo social tripartito que caracterizan el modelo social europeo y que resulta de especial relevancia para el ámbito material de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dado el peso decisivo de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas sociales y de empleo de la Unión.
Funciones del Comité Económico y Social Europeo: representación de la sociedad civil organizada
El CESE debe ser consultado obligatoriamente por el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión en los supuestos expresamente previstos por los Tratados, que incluyen materias de especial relevancia social y económica como la política social, la libre circulación de trabajadores, la política agrícola común, el medio ambiente, la protección de los consumidores o el mercado interior, pudiendo además emitir dictámenes por iniciativa propia en aquellos casos en que lo considere oportuno, aunque no haya sido consultado formalmente. Aunque sus dictámenes no tienen carácter vinculante para las instituciones consultantes, la consulta preceptiva en las materias tasadas constituye un requisito formal cuya omisión puede viciar de nulidad por vicio sustancial de forma el acto legislativo finalmente adoptado, siendo susceptible de control por el TJUE a través del recurso de anulación. La función esencial del CESE es aportar a las instituciones legislativas de la Unión el conocimiento técnico y la perspectiva directa de los agentes económicos y sociales afectados por la normativa proyectada, reforzando así la legitimidad democrática y participativa del proceso normativo europeo más allá de la legitimidad estrictamente representativa que aportan el Parlamento Europeo y el Consejo, y sirviendo de cauce institucional permanente de diálogo entre la Unión y las organizaciones de la sociedad civil de los distintos Estados miembros.
El Comité de las Regiones: composición y naturaleza consultiva
El Comité de las Regiones (CDR), creado por el Tratado de Maastricht de 1992 y regulado en los arts. 305 a 307 TFUE, es igualmente un órgano consultivo, sin capacidad decisoria propia, integrado por representantes de los entes regionales y locales de los Estados miembros que sean, o bien titulares de un mandato electoral de un ente regional o local, o bien políticamente responsables ante una asamblea elegida, garantizando así, a diferencia del CESE, una legitimidad democrática directa de sus miembros derivada de su condición de representantes electos en sus respectivos territorios. Su número de miembros, al igual que el del CESE, no puede exceder de 350 conforme al art. 305 TFUE, siendo designados por el Consejo por mayoría cualificada a propuesta de los Estados miembros, por un mandato de cinco años renovable, correspondiendo a la composición española del Comité una destacada presencia de representantes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, dada la intensa descentralización territorial del Estado autonómico. La creación de este órgano respondió a la necesidad de dotar de voz institucional propia, en el proceso normativo de la Unión, a los entes territoriales infraestatales, cuyas competencias en numerosos ámbitos materiales (ordenación del territorio, transporte regional, cohesión territorial, fondos estructurales) resultan directamente afectadas por buena parte de la normativa europea, sin que el sistema institucional originario de la Comunidad les reconociera cauce de participación específico.
Funciones del Comité de las Regiones: representación de entes regionales y locales
El Comité de las Regiones debe ser consultado obligatoriamente por el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión en las materias expresamente enumeradas por los Tratados en las que la dimensión territorial resulta especialmente relevante, tales como la cohesión económica, social y territorial, las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía, la salud pública, la educación y la cultura, la política de empleo, la política social o el medio ambiente, pudiendo emitir además dictámenes de propia iniciativa cuando lo estime conveniente para la defensa de los intereses territoriales que representa. El Tratado de Lisboa reforzó de forma notable la posición institucional del Comité de las Regiones al reconocerle, junto al Comité Económico y Social, legitimación activa (semiprivilegiada, limitada a la defensa de sus propias prerrogativas) para interponer recurso de anulación ante el TJUE, así como legitimación específica para impugnar actos legislativos de la Unión por vulneración del principio de subsidiariedad, en coherencia con su papel institucional de defensor natural de las competencias de los entes territoriales frente a una eventual sobrerregulación centralizadora desde las instituciones de la Unión. Al igual que el CESE, sus dictámenes carecen de carácter vinculante, pero la omisión de la consulta preceptiva en las materias tasadas constituye vicio sustancial de forma susceptible de determinar la anulación del acto correspondiente.
El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra sentencias del Tribunal General
Las resoluciones dictadas por el Tribunal General son susceptibles de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado exclusivamente a las cuestiones de Derecho, conforme al art. 256.1 TFUE y al Estatuto del Tribunal de Justicia, de manera que el Tribunal de Justicia no puede revisar en casación las apreciaciones fácticas ni la valoración de la prueba realizadas en primera instancia por el Tribunal General, salvo en el supuesto excepcional de desnaturalización manifiesta de los elementos de prueba. Los motivos de casación admisibles son la incompetencia del Tribunal General, los vicios de procedimiento que lesionen los intereses del recurrente, y la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General, articulándose así un sistema jurisdiccional de doble instancia dentro de la propia estructura del TJUE que persigue tanto aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia (al que corresponde en exclusiva y en instancia única el conocimiento de las cuestiones prejudiciales y de los recursos por incumplimiento) como garantizar un control jurisdiccional reforzado y homogéneo sobre las cuestiones puramente jurídicas de mayor complejidad o trascendencia planteadas en los recursos directos interpuestos inicialmente ante el Tribunal General, principalmente por particulares y personas jurídicas frente a actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
El Abogado General y sus conclusiones
La figura del Abogado General, propia únicamente del Tribunal de Justicia (no existen Abogados Generales permanentes en el Tribunal General, si bien excepcionalmente un Juez de este último puede ser designado para desempeñar dicha función en un asunto concreto), tiene como misión, conforme al art. 252 TFUE, presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención, coadyuvando así a la labor del propio Tribunal mediante un análisis jurídico exhaustivo, doctrinal y comparado de la cuestión debatida, formulando además una propuesta razonada de fallo. Las conclusiones del Abogado General, aunque gozan de gran autoridad doctrinal y son frecuentemente citadas como fuente de interpretación auxiliar del Derecho de la Unión, no vinculan jurídicamente al Tribunal de Justicia, que en un porcentaje relevante aunque minoritario de asuntos dicta sentencias que se apartan del criterio propuesto por el Abogado General correspondiente. Desde la reforma introducida por el Reglamento de Procedimiento del propio Tribunal, no todos los asuntos requieren preceptivamente la presentación de conclusiones, pudiendo el Tribunal decidir resolver sin ellas cuando el asunto no plantee ninguna cuestión de Derecho nueva, previa audiencia del Abogado General designado para el caso.
La responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento del Derecho de la Unión
El principio de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros frente a los particulares por los daños causados como consecuencia de infracciones del Derecho de la Unión imputables a dichos Estados, de creación estrictamente jurisprudencial y sin base expresa en los Tratados, fue formulado por primera vez por el TJUE en la célebre sentencia Francovich de 1991, referida al incumplimiento por Italia de su obligación de transponer una Directiva en materia de protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario, y desarrollado posteriormente en la sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame de 1996, que extendió este principio a cualquier tipo de incumplimiento del Derecho de la Unión imputable a cualquier poder del Estado (legislativo, ejecutivo o judicial). La jurisprudencia europea exige la concurrencia de tres requisitos para que surja esta responsabilidad: que la norma de Derecho de la Unión infringida tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación esté suficientemente caracterizada (criterio que se flexibiliza o endurece según el margen de apreciación de que dispusiera el Estado), y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño sufrido por los particulares afectados. La reclamación de esta responsabilidad se sustancia ante los órganos jurisdiccionales nacionales, conforme a las normas procesales y de fondo del Derecho interno de cada Estado miembro (principio de autonomía procesal), si bien sujetas a los principios de equivalencia y efectividad fijados por la propia jurisprudencia del TJUE.
Los tribunales especializados dentro de la arquitectura judicial de la Unión
Los Tratados, en su redacción posterior a Niza y hasta la reforma de la organización jurisdiccional operada en 2016, preveían la posibilidad de crear, junto al Tribunal de Justicia y al Tribunal General, tribunales especializados adjuntos a este último, encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas, siendo el ejemplo histórico más relevante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, creado en 2004 para conocer en primera instancia de los litigios entre la Unión y sus agentes y funcionarios, aliviando así la carga de trabajo del entonces Tribunal de Primera Instancia en esta materia particularmente voluminosa y técnica. Este Tribunal de la Función Pública fue posteriormente disuelto en el año 2016, reintegrándose su competencia material en el propio Tribunal General, en el marco de una reforma más amplia orientada a duplicar progresivamente el número de Jueces de este último (hasta alcanzar dos Jueces por Estado miembro) como solución alternativa, considerada más eficiente por las instituciones de la Unión, a la creación de tribunales especializados adicionales, para hacer frente al incremento sostenido del volumen de asuntos planteados ante la jurisdicción de la Unión Europea sin necesidad de multiplicar la complejidad orgánica del sistema jurisdiccional.
La tutela cautelar ante el TJUE: suspensión de la ejecución y medidas provisionales (arts. 278 y 279 TFUE)
Los recursos interpuestos ante el TJUE no tienen, por regla general, efecto suspensivo sobre el acto impugnado (art. 278 TFUE), rigiendo así una presunción de validez y de ejecutividad de los actos de las instituciones de alcance análogo a la autotutela ejecutiva de las Administraciones nacionales; no obstante, el propio Tribunal puede ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado si estima que las circunstancias así lo exigen. Junto a esta suspensión cautelar, el art. 279 TFUE habilita al TJUE para ordenar cualesquiera medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo, exigiendo la jurisprudencia del Tribunal, de forma análoga a la tutela cautelar de los ordenamientos nacionales, la concurrencia de un fumus boni iuris (apariencia de buen derecho: que el recurso principal no carezca manifiestamente de fundamento), un periculum in mora (riesgo de que la ejecución inmediata del acto cause un perjuicio grave e irreparable antes de que recaiga sentencia sobre el fondo) y una ponderación de los intereses en juego. Estas medidas cautelares, de carácter instrumental y provisional respecto del proceso principal, decaen con la sentencia que ponga fin a este, y pueden solicitarse tanto en el marco de un recurso directo como con ocasión de una cuestión prejudicial, correspondiendo entonces habitualmente al propio órgano jurisdiccional nacional remitente adoptar las medidas cautelares oportunas mientras se resuelve la cuestión planteada, conforme a la doctrina sentada por el TJUE en el asunto Factortame de 1990, que llegó a admitir la inaplicación cautelar de una ley nacional pendiente de la decisión prejudicial sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El TJUE se articula en dos órganos: Tribunal de Justicia (un Juez por Estado + Abogados Generales) y Tribunal General (sin Abogados Generales permanentes, hoy 2 Jueces por Estado).
Función esencial (art. 19.1 TUE): garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.
Recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE): fase precontenciosa (dictamen motivado de la Comisión) + fase contenciosa ante el TJUE; el art. 260 TFUE permite multas coercitivas por incumplir una sentencia previa.
Recurso de anulación (art. 263 TFUE): motivos tasados (incompetencia, vicio sustancial de forma, violación de los Tratados, desviación de poder); plazo de 2 meses; particulares solo si el acto les afecta directa e individualmente.
Recurso por omisión (art. 265 TFUE): exige requerimiento previo a la institución (2 meses) antes de poder recurrir.
Excepción de ilegalidad (art. 277 TFUE): no es un recurso autónomo, sino un incidente dentro de otro litigio; su estimación solo inaplica el acto al caso, no lo anula erga omnes.
Recurso de indemnización (art. 340 TFUE, competencia exclusiva del TJUE vía art. 268 TFUE): exige ilegalidad, daño real y relación de causalidad; prescripción de 5 años.
Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): de interpretación o de validez; solo la plantea el órgano judicial, nunca las partes; el juez nacional NUNCA puede declarar inválida una norma de la UE por sí mismo.
Obligación de plantear cuestión prejudicial para órganos de última instancia, salvo doctrina del acto claro y del acto aclarado.
Primacía del Derecho de la UE: sentencia Costa/ENEL (1964); prevalece sobre cualquier norma interna, incluida la constitucional (matizado por el TC español, Declaración 1/2004).
Efecto directo: sentencia Van Gend en Loos (1963); exige claridad, precisión e incondicionalidad; las Directivas solo tienen efecto directo vertical (nunca horizontal).
Responsabilidad de los Estados por incumplimiento del Derecho UE: sentencia Francovich (1991) y Brasserie du Pêcheur/Factortame (1996); tres requisitos (norma que confiera derechos, violación suficientemente caracterizada, causalidad).
CESE (arts. 301-304 TFUE): máximo 350 miembros, mandato de 5 años; tres grupos (Empresarios, Trabajadores, Actividades Diversas); consulta obligatoria en política social, agrícola, mercado interior.
CDR (creado en Maastricht, arts. 305-307 TFUE): máximo 350 miembros con mandato electoral local/regional; legitimado (desde Lisboa) para recurso de anulación por vulneración de la subsidiariedad.
Ni el CESE ni el CDR tienen dictámenes vinculantes, pero omitir la consulta preceptiva es vicio sustancial de forma anulable.
Recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra sentencias del Tribunal General: limitado a cuestiones de Derecho (art. 256.1 TFUE).
El Abogado General presenta conclusiones no vinculantes que orientan (pero no obligan) al fallo del Tribunal de Justicia.
El Tribunal de la Función Pública de la UE (creado 2004) fue disuelto en 2016, reintegrándose sus competencias en el Tribunal General.
Tutela cautelar ante el TJUE (arts. 278-279 TFUE): el recurso no suspende el acto por regla general; el Tribunal puede suspenderlo o adoptar medidas provisionales si concurren fumus boni iuris y periculum in mora (doctrina Factortame, 1990, que admitió incluso la inaplicación cautelar de una ley nacional).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
El Tribunal General (antiguo Tribunal de Primera Instancia):
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Inspector Trabajo?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la institución jurisdiccional de la Unión, encargada de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, conforme al art. 19.1 TUE. A diferencia de los sistemas constitucionales estatales que suelen distinguir entre una jurisdicción constitucional y una jurisdicción ordinaria, el TJUE concentra en una única institución, articulada en dos órganos jurisdiccionales (el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General), el control de legalidad de los actos de las instituciones, la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión por los Estados miembros y la interpretación uniforme de dicho Derecho en todo el territorio de la Unión, esta última función canalizada a través de la cuestión prejudicial, mecanismo de cooperación judicial entre el TJUE y los órganos jurisdiccionales nacionales de excepcional relevancia práctica.
Junto al TJUE, este tema estudia el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, dos órganos consultivos de la Unión que, sin capacidad decisoria propia, canalizan institucionalmente la participación de la sociedad civil organizada y de los entes regionales y locales en el proceso normativo europeo, emitiendo dictámenes preceptivos o facultativos sobre las propuestas legislativas de mayor incidencia en sus respectivos ámbitos de representación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
El TJUE se articula en dos órganos: Tribunal de Justicia (un Juez por Estado + Abogados Generales) y Tribunal General (sin Abogados Generales permanentes, hoy 2 Jueces por Estado). Función esencial (art. 19.1 TUE): garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. Recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE): fase precontenciosa (dictamen motivado de la Comisión) + fase contenciosa ante el TJUE; el art. 260 TFUE permite multas coercitivas por incumplir una sentencia previa. Recurso de anulación (art. 263 TFUE): motivos tasados (incompetencia, vicio sustancial de forma, violación de los Tratados, desviación de poder); plazo de 2 meses; particulares solo si el acto les afecta directa e individualmente. Recurso por omisión (art. 265 TFUE): exige requerimiento previo a la institución (2 meses) antes de poder recurrir. Excepción de ilegalidad (art. 277 TFUE): no es un recurso autónomo, sino un incidente dentro de otro litigio; su estimación solo inaplica el acto al caso, no lo anula erga omnes. Recurso de indemnización (art. 340 TFUE, competencia exclusiva del TJUE vía art. 268 TFUE): exige ilegalidad, daño real y relación de causalidad; prescripción de 5 años. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): de interpretación o de validez; solo la plantea el órgano judicial, nunca las partes; el juez nacional NUNCA puede declarar inválida una norma de la UE por sí mismo. Obligación de plantear cuestión prejudicial para órganos de última instancia, salvo doctrina del acto claro y del acto aclarado. Primacía del Derecho de la UE: sentencia Costa/ENEL (1964); prevalece sobre cualquier norma interna, incluida la constitucional (matizado por el TC español, Declaración 1/2004). Efecto directo: sentencia Van Gend en Loos (1963); exige claridad, precisión e incondicionalidad; las Directivas solo tienen efecto directo vertical (nunca horizontal). Responsabilidad de los Estados por incumplimiento del Derecho UE: sentencia Francovich (1991) y Brasserie du Pêcheur/Factortame (1996); tres requisitos (norma que confiera derechos, violación suficientemente caracterizada, causalidad). CESE (arts. 301-304 TFUE): máximo 350 miembros, mandato de 5 años; tres grupos (Empresarios, Trabajadores, Actividades Diversas); consulta obligatoria en política social, agrícola, mercado interior. CDR (creado en Maastricht, arts. 305-307 TFUE): máximo 350 miembros con mandato electoral local/regional; legitimado (desde Lisboa) para recurso de anulación por vulneración de la subsidiariedad. Ni el CESE ni el CDR tienen dictámenes vinculantes, pero omitir la consulta preceptiva es vicio sustancial de forma anulable. Recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra sentencias del Tribunal General: limitado a cuestiones de Derecho (art. 256.1 TFUE). El Abogado General presenta conclusiones no vinculantes que orientan (pero no obligan) al fallo del Tribunal de Justicia. El Tribunal de la Función Pública de la UE (creado 2004) fue disuelto en 2016, reintegrándose sus competencias en el Tribunal General. Tutela cautelar ante el TJUE (arts. 278-279 TFUE): el recurso no suspende el acto por regla general; el Tribunal puede suspenderlo o adoptar medidas provisionales si concurren fumus boni iuris y periculum in mora (doctrina Factortame, 1990, que admitió incluso la inaplicación cautelar de una ley nacional).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Inspector Trabajo.