Tema 4. Las Cortes Generales: El Congreso de los Diputados. El Senado. La función legislativa. La función de control. La función financiera. Relaciones entre las dos Cámaras. El Gobierno. Su composición.
Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.
El tema aborda con detalle la organización y funcionamiento de las Cortes Generales —Congreso de los Diputados y Senado— y sus cuatro grandes funciones constitucionales: legislativa, de control del Gobierno, financiera (Presupuestos) y de dirección política. Se completa con el estudio de las relaciones entre ambas Cámaras, presididas por el predominio funcional del Congreso, y con la composición y funciones básicas del Gobierno, órgano que nace precisamente de la confianza parlamentaria del Congreso.
Se trata de uno de los temas troncales de todo temario de organización constitucional, con una gran densidad de datos objetivos (mayorías exigidas, plazos, número de miembros de cada órgano) que conviene fijar con precisión, dado que suele ser fuente de preguntas muy discriminantes en el examen. Comprender el funcionamiento de las Cortes Generales es además imprescindible para situar correctamente el rango y la tramitación de las leyes laborales y de Seguridad Social que la Inspección de Trabajo aplica en su actividad diaria.
Las Cortes Generales, reguladas en el Título III de la Constitución, representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1 CE). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución (art. 66.2 CE), siendo además inviolables (art. 66.3 CE). El modelo español responde a lo que la doctrina denomina bicameralismo imperfecto o asimétrico, porque, a diferencia de otros sistemas bicamerales perfectos, ambas Cámaras no tienen idéntica posición constitucional: el Congreso de los Diputados ostenta una posición de primacía tanto en el procedimiento legislativo (donde puede levantar el veto o superar las enmiendas del Senado por mayoría) como, sobre todo, en las funciones de investidura y control del Gobierno, en las que el Senado no interviene en absoluto. El Senado se define constitucionalmente como Cámara de representación territorial (art. 69.1 CE), aunque en la práctica su composición y funcionamiento no reflejan plenamente dicha vocación territorial, lo que ha sido objeto de numerosas propuestas de reforma no materializadas.
Composición y elección del Congreso de los Diputados: sistema proporcional y circunscripción provincial
El art. 68 CE regula la composición del Congreso de los Diputados, formado por un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos Diputados, fijado actualmente por la legislación electoral en trescientos cincuenta. Son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia, correspondiendo a las poblaciones de Ceuta y Melilla sendos Diputados; la ley debe distribuir el número total de Diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional, aplicándose en la práctica la fórmula D'Hondt conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El Congreso es elegido por cuatro años, y el mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, pudiendo los electores ser convocados dentro de los cincuenta y cuatro días siguientes a la terminación del mandato.
Composición y elección del Senado: cámara de representación territorial
El art. 69 CE define al Senado como la Cámara de representación territorial. En cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica; en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituye una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma); las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una. El Senado es elegido también por cuatro años, terminando el mandato de los Senadores en el mismo momento que el de los Diputados. A diferencia del Congreso, la elección de Senadores por sufragio directo utiliza un sistema mayoritario corregido, no proporcional, en el que cada elector puede votar a un número de candidatos inferior al total de puestos a cubrir en su circunscripción.
Senadores autonómicos y senadores de elección directa
Junto a los Senadores elegidos por sufragio universal directo en las circunscripciones provinciales e insulares, el art. 69.5 CE prevé una segunda vía de acceso al Senado: las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, correspondiendo la designación a la Asamblea Legislativa correspondiente o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que en todo caso deben asegurar la adecuada representación proporcional. Estos Senadores autonómicos representan a las Comunidades Autónomas en cuanto tales, a diferencia de los Senadores de elección directa, que representan a la circunscripción provincial o insular por la que han sido elegidos, sin vínculo institucional formal con la Comunidad Autónoma respectiva. Esta doble vía de acceso —directa por sufragio popular y autonómica por designación institucional— es la que sostiene la caracterización constitucional del Senado como Cámara de representación territorial, si bien la proporción numérica de Senadores autonómicos frente a los de elección directa es netamente minoritaria, lo que ha sido objeto de crítica doctrinal por diluir dicha vocación territorial.
La legislatura y la disolución de las Cámaras
La legislatura es el período de cuatro años durante el cual el Congreso de los Diputados y el Senado, elegidos simultáneamente, ejercen sus funciones (arts. 68.4 y 69.6 CE), sin perjuicio de que pueda concluir antes de dicho plazo por disolución anticipada. La disolución de las Cámaras puede producirse por varias vías: la disolución ordinaria o discrecional, acordada por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad (art. 115 CE), con el límite de no poder decretarse antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, ni durante la vigencia de un estado de excepción o de sitio, ni cuando esté en trámite una moción de censura; y la disolución automática prevista en el art. 99.5 CE, que se produce cuando, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, en cuyo caso el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Estatuto de los parlamentarios: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento
El art. 71 CE reconoce a los Diputados y Senadores un estatuto especial de garantías dirigido a proteger el libre ejercicio de su función representativa. La inviolabilidad (art. 71.1 CE) supone que no pueden ser inculpados ni responsabilizados jurídicamente por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, garantía de carácter permanente que subsiste incluso después de haber cesado en el cargo. La inmunidad (art. 71.2 CE) implica que, durante su mandato, los Diputados y Senadores no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito, ni pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, el llamado suplicatorio; se trata de una garantía de carácter procesal y temporal, vinculada a la duración del mandato, dirigida a evitar que se utilicen los mecanismos penales con fines de persecución política de los parlamentarios. Además, el art. 71.3 CE establece el aforamiento: en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, garantía adicional que sustrae a los parlamentarios del enjuiciamiento por los tribunales ordinarios de instancia.
Organización interna de las Cámaras: Mesa, Junta de Portavoces, Diputación Permanente, Pleno y Comisiones
Cada Cámara se dota de un Reglamento propio, cuya reforma exige el mismo procedimiento que su aprobación (art. 72.1 CE), y goza de autonomía para regular su organización interna. Entre los órganos de gobierno interno destacan la Mesa, órgano rector de cada Cámara integrado por el Presidente, los Vicepresidentes y los Secretarios, que dirige los trabajos parlamentarios y ostenta las funciones de representación de la Cámara; la Junta de Portavoces, integrada por los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios bajo la presidencia del Presidente de la Cámara, que fija el orden del día en colaboración con la Mesa; el Pleno, órgano de máxima representación en el que se adoptan las decisiones más relevantes; las Comisiones, tanto permanentes legislativas como no legislativas, en las que se realiza el trabajo preparatorio de mayor detalle técnico sobre los asuntos, incluidas las iniciativas legislativas; y la Diputación Permanente (art. 78 CE), integrada por un mínimo de veintiún miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, que vela por los poderes de las Cámaras cuando estas no están reunidas o su mandato ha expirado, hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
Los grupos parlamentarios
Los grupos parlamentarios son las agrupaciones en que se organizan los Diputados y Senadores en el seno de cada Cámara, habitualmente en función de su pertenencia a una misma candidatura electoral o formación política, si bien los Reglamentos parlamentarios permiten también la constitución de un Grupo Mixto que integra a quienes no alcanzan el número mínimo exigido para constituir grupo propio o no desean adscribirse a otro existente. Los grupos parlamentarios son piezas esenciales de la organización y del funcionamiento de las Cámaras, dado que a través de ellos se canaliza buena parte de la actividad parlamentaria: la composición de la Junta de Portavoces, la distribución proporcional de puestos en las Comisiones, la presentación de iniciativas (proposiciones de ley, interpelaciones, mociones, preguntas), la asignación de tiempos de intervención en los debates y la percepción de subvenciones y medios materiales y personales para el desarrollo de su actividad. La disciplina de voto de cada grupo, aunque no está jurídicamente impuesta por la Constitución —que prohíbe expresamente el mandato imperativo en su art. 67.2— constituye en la práctica parlamentaria española un elemento estructural del funcionamiento de las Cámaras.
La función legislativa: el procedimiento legislativo ordinario
El procedimiento legislativo ordinario, regulado en los arts. 87 a 91 CE y desarrollado por los Reglamentos parlamentarios, se inicia con la presentación de un proyecto o proposición de ley y comprende, con carácter general, una fase de toma en consideración (en el caso de las proposiciones), la publicación del texto, la apertura de un plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado, el debate y votación de las enmiendas a la totalidad en el Pleno, el examen del texto en la Comisión competente por razón de la materia mediante la designación de una Ponencia que elabora un informe, la elaboración de un dictamen por la Comisión, y el debate y votación final del texto en el Pleno del Congreso. Aprobado el proyecto por el Congreso, su Presidente lo remite al Senado, que dentro del plazo constitucional de dos meses (veinte días naturales para los proyectos declarados urgentes) puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto por mayoría absoluta o introducir enmiendas, en cuyo caso el texto vuelve al Congreso, que decide definitivamente. Aprobada definitivamente la ley, se remite al Rey para su sanción y promulgación.
Iniciativa legislativa: gubernamental, parlamentaria, popular y autonómica
El art. 87 CE reconoce distintos sujetos legitimados para ejercer la iniciativa legislativa. La iniciativa gubernamental corresponde al Gobierno, que ejerce esta facultad mediante la aprobación de proyectos de ley en Consejo de Ministros, siendo remitidos al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos (art. 88 CE); en la práctica es la vía más utilizada, dada la mayor capacidad técnica y de impulso político del Ejecutivo. La iniciativa parlamentaria corresponde al Congreso y al Senado, de acuerdo con sus respectivos Reglamentos, mediante la presentación de proposiciones de ley por Diputados o Senadores o por Grupos Parlamentarios. La iniciativa popular (art. 87.3 CE) exige no menos de quinientas mil firmas acreditadas, y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. La iniciativa autonómica (art. 87.2 CE) permite a las Asambleas de las Comunidades Autónomas solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
Proyectos de ley y proposiciones de ley
Se denomina proyecto de ley a la iniciativa legislativa de origen gubernamental, aprobada en Consejo de Ministros y remitida al Congreso de los Diputados junto con una exposición de motivos y los antecedentes precisos para pronunciarse sobre ella, gozando de una tramitación parlamentaria preferente frente a las proposiciones de ley (art. 89.1 CE). Se denomina proposición de ley a la iniciativa legislativa presentada directamente ante una de las Cámaras por Diputados, Senadores, Grupos Parlamentarios, Asambleas de las Comunidades Autónomas o mediante iniciativa popular, que a diferencia del proyecto de ley debe superar un trámite previo de toma en consideración por el Pleno de la Cámara de origen, en el que se decide si procede o no iniciar su tramitación como tal. Una vez superado este trámite de toma en consideración, la proposición de ley sigue sustancialmente el mismo procedimiento legislativo que un proyecto de ley (fase de enmiendas, Ponencia, Comisión y Pleno). Ambas figuras pueden dar lugar indistintamente tanto a leyes ordinarias como a leyes orgánicas, en función de la materia sobre la que versen.
Tramitación en Comisión y en Pleno: las enmiendas
Tras la publicación del proyecto o proposición de ley tomada en consideración, se abre un plazo para la presentación de enmiendas, que pueden ser de totalidad, que proponen la devolución del texto al Gobierno o del texto alternativo completo, y solo caben respecto de proyectos de ley, o al articulado, que pueden ser de supresión, modificación o adición de uno o varios preceptos concretos. Las enmiendas a la totalidad se debaten y votan en el Pleno con carácter previo al examen en Comisión; si son rechazadas, o si no se han presentado, el texto pasa a la Comisión legislativa competente por razón de la materia, donde se designa una Ponencia encargada de estudiar el texto y las enmiendas al articulado y de elaborar un informe, sobre cuya base la Comisión elabora un dictamen que se eleva al Pleno. En el Pleno se procede al debate final, en el que pueden mantenerse determinadas enmiendas o votos particulares no incorporados al dictamen, y a la votación de conjunto sobre el texto definitivo, cuya aprobación requiere, con carácter general, mayoría simple, salvo que se trate de una ley orgánica.
El procedimiento legislativo especial de las leyes orgánicas
El art. 81 CE reserva la forma de ley orgánica a las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, requisito que las diferencia de las leyes ordinarias, cuya aprobación exige únicamente mayoría simple. Esta exigencia de mayoría reforzada, unida a la reserva material tasada de las materias que pueden regularse por ley orgánica —que el Tribunal Constitucional interpreta de forma restrictiva, para evitar la petrificación innecesaria de materias no estrictamente reservadas—, otorga a las leyes orgánicas una posición particular dentro del sistema de fuentes, sin que ello implique una relación de jerarquía normativa formal respecto de las leyes ordinarias, sino una relación de competencia por razón de la materia. La LO 3/2007 de igualdad y la Ley Orgánica del Poder Judicial son ejemplos característicos de este tipo de normas.
La función de control del Gobierno: preguntas, interpelaciones y mociones
Las Cortes Generales, y en particular el Congreso de los Diputados, ejercen una función de control ordinario de la acción del Gobierno mediante distintos instrumentos parlamentarios regulados en los arts. 109 a 111 CE y desarrollados en los Reglamentos de las Cámaras. Las preguntas son solicitudes de información dirigidas al Gobierno o a un Ministro concreto sobre un asunto determinado, que se sustancian habitualmente de forma oral en sesión plenaria semanal o por escrito. Las interpelaciones tienen un objeto más amplio que las preguntas, versando sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, ya sea del Gobierno o de algún Departamento ministerial, y pueden dar lugar a la presentación de una moción posterior en la que la Cámara manifiesta su posición. Las mociones son propuestas de resolución no legislativa mediante las que el Pleno o las Comisiones fijan una posición política sobre un asunto, pudiendo derivar, entre otras, de una interpelación previa. Además, las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar cuanta información y ayuda precisen del Gobierno y de sus Departamentos, así como de cualquier autoridad del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 109 CE).
La cuestión de confianza
El art. 112 CE regula la cuestión de confianza como uno de los mecanismos de control extraordinario de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, siendo el propio Presidente del Gobierno quien decide de forma discrecional el momento y el objeto sobre el que la plantea. La confianza se entiende otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría simple de los Diputados, es decir, cuando los votos a favor superen a los votos en contra, sin necesidad de mayoría absoluta. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este debe presentar su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de nuevo Presidente del Gobierno según el procedimiento del art. 99 CE. A diferencia de la moción de censura, que es un instrumento de iniciativa parlamentaria dirigido a forzar la caída del Gobierno, la cuestión de confianza es un instrumento de iniciativa gubernamental, que el propio Presidente utiliza para reforzar su respaldo parlamentario o comprobarlo ante una decisión relevante.
La moción de censura constructiva
El art. 113 CE regula la moción de censura constructiva, instrumento a través del cual el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura. Debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y ha de incluir necesariamente un candidato a la Presidencia del Gobierno, de modo que, de prosperar, el candidato incluido en la moción queda investido de la confianza de la Cámara, evitándose así los vacíos de poder propios de las mociones de censura simples de otros sistemas parlamentarios: esta exigencia de que la moción incluya un candidato alternativo es la razón de su calificativo de «constructiva». La moción no puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación, plazo dentro del cual pueden presentarse mociones alternativas, en los dos primeros días de dicho plazo. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. La aprobación de una moción de censura conlleva automáticamente el cese del Gobierno y la investidura del nuevo Presidente propuesto.
La función financiera: los Presupuestos Generales del Estado
El art. 134 CE atribuye al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los Presupuestos Generales del Estado tienen carácter anual, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El Gobierno debe presentar los Presupuestos ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, y si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos, técnica dirigida a evitar la ausencia de instrumento presupuestario. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque sí puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea, y toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación.
Relaciones entre Congreso y Senado: el predominio del Congreso
Las relaciones entre el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo reflejan con claridad el predominio funcional de la Cámara Baja, propio del bicameralismo imperfecto español. El Senado, tras recibir un proyecto o proposición de ley aprobado por el Congreso, dispone de un plazo de dos meses (veinte días naturales para los declarados urgentes) para introducir enmiendas o vetar el texto mediante mensaje motivado y por mayoría absoluta; en ambos casos, la decisión final corresponde siempre al Congreso, que puede levantar el veto del Senado por mayoría absoluta en cualquier momento, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, y que decide con plena libertad sobre la incorporación o el rechazo de las enmiendas propuestas por el Senado. Esta preeminencia del Congreso se acentúa de forma absoluta en las funciones de investidura y control del Gobierno (moción de censura, cuestión de confianza, control ordinario), en las que el Senado no tiene ninguna intervención constitucionalmente prevista, quedando reservadas en exclusiva al Congreso de los Diputados como Cámara de la confianza parlamentaria del Ejecutivo.
Las Comisiones Mixtas Congreso-Senado
El art. 74 CE prevé la constitución de Comisiones Mixtas, compuestas de igual número de Diputados y Senadores, para determinados supuestos en los que la Constitución exige la actuación conjunta de ambas Cámaras. Estas Comisiones Mixtas resuelven las discrepancias entre el Congreso y el Senado, previstas en el propio art. 74.2 CE, en materias como la autorización de los tratados o convenios a los que se refiere el art. 94.1 CE, la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, o los proyectos de leyes de transferencia o delegación del art. 150.2 CE, entre otros supuestos previstos por la propia Constitución. Su funcionamiento se rige por lo dispuesto en los respectivos Reglamentos de las Cámaras y por acuerdos específicos entre las Mesas de ambas, y su texto final debe ser sometido a votación de Congreso y Senado; si no se logra el acuerdo entre ambas Cámaras mediante este mecanismo, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Estas Comisiones Mixtas constituyen, junto con la Comisión Mixta prevista en el art. 167 CE para la reforma constitucional ordinaria, uno de los pocos cauces institucionales de trabajo conjunto entre ambas Cámaras.
El Gobierno: composición (Presidente, Vicepresidentes y Ministros)
El art. 98.1 CE dispone que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley, remisión esta última que se concreta fundamentalmente en la Ley 50/1997, del Gobierno. El Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros de este, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (art. 98.2 CE). Los Vicepresidentes, cuando existen, desempeñan las funciones que les encomiende el Presidente, pudiendo asumir además, si son también titulares de un Ministerio, la responsabilidad de dicho Departamento; puede haber uno o varios Vicepresidentes, o ninguno, según la organización que decida cada Presidente del Gobierno. Los Ministros son los titulares de los distintos Departamentos ministeriales en que se organiza la Administración General del Estado, y ostentan tanto la responsabilidad de la gestión de los asuntos propios de su Ministerio como, de forma solidaria con el resto del Gobierno, la responsabilidad política general del Ejecutivo ante el Congreso.
Nombramiento y cese del Gobierno
El nombramiento del Presidente del Gobierno se produce conforme al procedimiento del art. 99 CE, culminando con su nombramiento por el Rey tras la investidura otorgada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta en primera votación, o por mayoría simple en una segunda votación celebrada cuarenta y ocho horas después. Los restantes miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta de su Presidente (art. 100 CE), sin necesidad de intervención parlamentaria adicional, lo que evidencia que la confianza parlamentaria se otorga únicamente al Presidente, quien conforma después su equipo con plena libertad. El cese del Gobierno se produce, conforme al art. 101 CE, tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución (denegación de la cuestión de confianza o aprobación de una moción de censura), o por dimisión o fallecimiento de su Presidente; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones en el ejercicio de sus competencias que establece la propia Ley del Gobierno para esta situación.
Funciones del Gobierno (art. 97 CE): dirección política, ejecutiva y reglamentaria
El art. 97 CE atribuye al Gobierno una triple función. La función de dirección política interior y exterior comprende la fijación de las grandes orientaciones y prioridades de la acción del Estado, tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones internacionales, incluida la dirección de la defensa del Estado. La función ejecutiva supone la puesta en práctica de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la dirección de toda la Administración Pública, civil y militar, que actúa bajo su dependencia jerárquica, correspondiéndole por tanto la máxima responsabilidad en la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado regulada en la Ley 40/2015. La potestad reglamentaria, finalmente, es la facultad de dictar reglamentos, normas de rango inferior a la ley destinadas a su desarrollo y ejecución, o a la regulación de materias no reservadas a ley, correspondiendo al Consejo de Ministros la aprobación de los Reales Decretos de mayor rango dentro de esta potestad. Estas tres funciones se ejercen siempre de acuerdo con la Constitución y las leyes, quedando sometido el Gobierno, como cualquier otro poder público, al control judicial de sus actos y disposiciones.
El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno
El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno, presidido por el Presidente del Gobierno e integrado por los Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros, en el que se adoptan las decisiones políticas y administrativas más relevantes: aprobación de proyectos de ley y de Reales Decretos-leyes, aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, autorización de la negociación de tratados internacionales, declaración de los estados de alarma y excepción, entre otras muchas competencias reguladas en la Ley 50/1997, del Gobierno. Sus reuniones y deliberaciones son secretas, y de ellas se levanta acta sin necesidad de recoger el contenido de los debates. Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos colegiados de composición más reducida, creadas por Real Decreto del Consejo de Ministros, a las que se encomienda el examen de cuestiones de carácter general que afecten a varios Ministerios, la coordinación de la actividad de estos en un ámbito determinado de la acción de Gobierno, o el estudio de aquellos asuntos que, afectando a varios Departamentos, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su decisión final por el Consejo de Ministros.
Responsabilidad política y penal de los miembros del Gobierno
El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión (art. 108 y 98.2 CE), responsabilidad que se hace efectiva a través de los instrumentos ordinarios de control (preguntas, interpelaciones, mociones) y, de forma extraordinaria, mediante la moción de censura o la denegación de la cuestión de confianza, que determinan el cese del Gobierno en su conjunto. Junto a esta responsabilidad política, el art. 102 CE regula la responsabilidad penal del Presidente y los demás miembros del Gobierno, que será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano competente en exclusiva para su enjuiciamiento (aforamiento). Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Además, la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 en la legislación vigente), elegidos por sufragio proporcional en circunscripción provincial; Ceuta y Melilla eligen 1 cada una.
El Senado es Cámara de representación territorial: 4 Senadores por provincia por sufragio directo mayoritario corregido, más Senadores autonómicos designados por las Asambleas (1 fijo + 1 por millón de habitantes).
El bicameralismo español es imperfecto: predominio del Congreso en el procedimiento legislativo y exclusividad del Congreso en investidura, cuestión de confianza y moción de censura.
Inviolabilidad de los parlamentarios: permanente, por opiniones en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad: temporal (dura el mandato), exige suplicatorio salvo flagrante delito. Aforamiento: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La Diputación Permanente tiene un mínimo de 21 miembros y actúa cuando la Cámara no está reunida o su mandato ha expirado.
Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE); las ordinarias, mayoría simple.
El proyecto de ley (origen gubernamental) no exige toma en consideración; la proposición de ley sí.
El Senado dispone de un plazo de 2 meses (20 días si es urgente) para vetar por mayoría absoluta o enmendar; el Congreso decide siempre en última instancia.
La iniciativa popular exige 500.000 firmas y no cabe en materia de ley orgánica, tributaria, de carácter internacional ni de prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE).
La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente del Gobierno y se aprueba por mayoría simple; si se pierde, el Gobierno dimite.
La moción de censura (art. 113) es constructiva: exige 1/10 de los Diputados, incluir candidato alternativo, mayoría absoluta, y no puede votarse hasta 5 días después de su presentación.
Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan automáticamente si no se aprueban antes del primer día del ejercicio económico (art. 134.4 CE).
Las Comisiones Mixtas Congreso-Senado (art. 74 CE) resuelven discrepancias en supuestos tasados por la Constitución (tratados del art. 94.1, Fondo de Compensación Interterritorial, leyes del art. 150.2, entre otros).
El Gobierno se compone de Presidente, Vicepresidentes (en su caso) y Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE, desarrollado por la Ley 50/1997).
Solo el Presidente del Gobierno recibe la investidura parlamentaria; los demás miembros son nombrados y separados libremente por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100 CE).
El art. 97 CE atribuye al Gobierno tres funciones: dirección política, función ejecutiva y potestad reglamentaria.
La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; por traición o delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones solo puede plantearse por 1/4 del Congreso y aprobarse por mayoría absoluta.
El indulto (prerrogativa de gracia) no es aplicable a la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno.
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El bicameralismo español se califica de imperfecto o asimétrico porque:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Inspector Trabajo?
El tema aborda con detalle la organización y funcionamiento de las Cortes Generales —Congreso de los Diputados y Senado— y sus cuatro grandes funciones constitucionales: legislativa, de control del Gobierno, financiera (Presupuestos) y de dirección política. Se completa con el estudio de las relaciones entre ambas Cámaras, presididas por el predominio funcional del Congreso, y con la composición y funciones básicas del Gobierno, órgano que nace precisamente de la confianza parlamentaria del Congreso.
Se trata de uno de los temas troncales de todo temario de organización constitucional, con una gran densidad de datos objetivos (mayorías exigidas, plazos, número de miembros de cada órgano) que conviene fijar con precisión, dado que suele ser fuente de preguntas muy discriminantes en el examen. Comprender el funcionamiento de las Cortes Generales es además imprescindible para situar correctamente el rango y la tramitación de las leyes laborales y de Seguridad Social que la Inspección de Trabajo aplica en su actividad diaria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 en la legislación vigente), elegidos por sufragio proporcional en circunscripción provincial; Ceuta y Melilla eligen 1 cada una. El Senado es Cámara de representación territorial: 4 Senadores por provincia por sufragio directo mayoritario corregido, más Senadores autonómicos designados por las Asambleas (1 fijo + 1 por millón de habitantes). El bicameralismo español es imperfecto: predominio del Congreso en el procedimiento legislativo y exclusividad del Congreso en investidura, cuestión de confianza y moción de censura. Inviolabilidad de los parlamentarios: permanente, por opiniones en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad: temporal (dura el mandato), exige suplicatorio salvo flagrante delito. Aforamiento: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Diputación Permanente tiene un mínimo de 21 miembros y actúa cuando la Cámara no está reunida o su mandato ha expirado. Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE); las ordinarias, mayoría simple. El proyecto de ley (origen gubernamental) no exige toma en consideración; la proposición de ley sí. El Senado dispone de un plazo de 2 meses (20 días si es urgente) para vetar por mayoría absoluta o enmendar; el Congreso decide siempre en última instancia. La iniciativa popular exige 500.000 firmas y no cabe en materia de ley orgánica, tributaria, de carácter internacional ni de prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE). La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente del Gobierno y se aprueba por mayoría simple; si se pierde, el Gobierno dimite. La moción de censura (art. 113) es constructiva: exige 1/10 de los Diputados, incluir candidato alternativo, mayoría absoluta, y no puede votarse hasta 5 días después de su presentación. Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan automáticamente si no se aprueban antes del primer día del ejercicio económico (art. 134.4 CE). Las Comisiones Mixtas Congreso-Senado (art. 74 CE) resuelven discrepancias en supuestos tasados por la Constitución (tratados del art. 94.1, Fondo de Compensación Interterritorial, leyes del art. 150.2, entre otros). El Gobierno se compone de Presidente, Vicepresidentes (en su caso) y Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE, desarrollado por la Ley 50/1997). Solo el Presidente del Gobierno recibe la investidura parlamentaria; los demás miembros son nombrados y separados libremente por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100 CE). El art. 97 CE atribuye al Gobierno tres funciones: dirección política, función ejecutiva y potestad reglamentaria. La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; por traición o delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones solo puede plantearse por 1/4 del Congreso y aprobarse por mayoría absoluta. El indulto (prerrogativa de gracia) no es aplicable a la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).
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