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Tema 13. De la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea. Los Tratados fundacionales. Acta Única. Referencia a los Acuerdos de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Tratado de Lisboa. El proceso de adhesión de España. Los pilares básicos de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión y la subsidiaridad.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

El proceso de integración europea se inicia en la década de 1950 con la creación de tres Comunidades sectoriales de base económica —la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica— y evoluciona, a través de sucesivas reformas de sus tratados constitutivos, hacia una Unión Europea de vocación política cada vez más amplia. Cada reforma de los Tratados —el Acta Única Europea de 1986, el Tratado de Maastricht de 1992, el Tratado de Ámsterdam de 1997, el Tratado de Niza de 2001 y, finalmente, el Tratado de Lisboa de 2007— ha ido ampliando tanto las competencias materiales de la Unión como sus mecanismos institucionales de decisión, adaptándolos a la creciente ampliación del número de Estados miembros. España, tras un largo proceso negociador iniciado en 1962, ingresó en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. Este tema recorre esa evolución histórica e institucional, con especial atención a la estructura de pilares introducida en Maastricht y suprimida en Lisboa, a los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad que rigen el ejercicio de las competencias de la Unión, y a la ciudadanía de la Unión Europea como estatuto jurídico introducido por el Tratado de Maastricht y hoy regulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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Los Tratados de Roma de 1957: la CEE y el EURATOM

El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma dos tratados que dieron origen, respectivamente, a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM o CEEA), suscritos por los seis Estados fundadores: Alemania (entonces República Federal de Alemania), Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, los llamados "Seis". El Tratado constitutivo de la CEE perseguía como objetivo esencial la creación de un mercado común basado en las cuatro libertades fundamentales de circulación —mercancías, personas, servicios y capitales— y en el establecimiento progresivo de una unión aduanera con arancel exterior común frente a terceros países, junto con políticas comunes en ámbitos como la agricultura (la futura Política Agrícola Común) o la competencia. El Tratado EURATOM, por su parte, tenía por objeto contribuir a la formación y crecimiento de las industrias nucleares europeas, garantizando el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos mediante la investigación conjunta, la difusión de conocimientos técnicos y el establecimiento de normas de seguridad uniformes. Ambos Tratados entraron en vigor el 1 de enero de 1958 y, junto con el previo Tratado CECA, constituyeron el llamado derecho originario o Tratados fundacionales sobre los que se ha ido construyendo el proceso de integración europea hasta la actualidad.

El Tratado de París de 1951: la CECA

El primer paso institucional del proceso de integración europea fue el Tratado de París, firmado el 18 de abril de 1951 por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, por el que se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), inspirada en la propuesta formulada por el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman en su Declaración de 9 de mayo de 1950, redactada con la colaboración decisiva de Jean Monnet. La CECA sometía la producción y comercialización del carbón y del acero de los seis Estados fundadores a una Alta Autoridad supranacional común, con el objetivo explícito, formulado en la propia Declaración Schuman, de hacer materialmente imposible una nueva guerra entre Francia y Alemania al poner en común los recursos estratégicos esenciales para la industria bélica de la época. El Tratado CECA, a diferencia de los posteriores Tratados de Roma, tenía una vigencia limitada a cincuenta años, por lo que se extinguió en 2002, integrándose sus competencias residuales en la Comunidad Europea. La CECA es unánimemente considerada el germen institucional y político del actual proceso de integración europea, al introducir por primera vez el método comunitario de cesión de soberanía a instituciones supranacionales en un ámbito sectorial concreto.

El proceso de integración europea: de las Comunidades a la Unión

El proceso de integración europea se ha caracterizado históricamente por una evolución gradual desde la cooperación económica sectorial hacia una integración política de alcance cada vez más amplio, en lo que la doctrina ha denominado el "método funcionalista" o de los "pequeños pasos" propugnado por Jean Monnet: la integración de sectores económicos concretos (carbón y acero primero, mercado común después) generaría, por efecto de derrame o spill-over, la necesidad de una integración progresivamente más profunda en ámbitos conexos y, finalmente, en el terreno político. Este proceso se ha desarrollado en dos ejes paralelos: la profundización institucional y competencial, mediante las sucesivas reformas de los Tratados (Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa), y la ampliación geográfica, mediante la incorporación progresiva de nuevos Estados miembros, desde los seis fundadores de 1957 hasta los veintisiete actuales tras la salida del Reino Unido. El hito de mayor trascendencia cualitativa de este proceso fue la transformación, operada por el Tratado de Maastricht de 1992, de las Comunidades Europeas (organizaciones de naturaleza esencialmente económica) en la Unión Europea (organización de vocación política, dotada de ciudadanía propia y de competencias en ámbitos como la política exterior y la cooperación policial y judicial).

El Acta Única Europea de 1986 y el mercado interior

El Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo y La Haya en febrero de 1986 y en vigor desde el 1 de julio de 1987, constituyó la primera reforma sustancial de los Tratados constitutivos desde su firma en la década de 1950. Su objetivo principal fue relanzar el proceso de integración tras un periodo de cierto estancamiento, fijando como meta expresa la creación de un espacio sin fronteras interiores en el que estuviera garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales antes del 31 de diciembre de 1992: el llamado mercado interior o mercado único europeo. Para facilitar la aprobación del ingente volumen de legislación de armonización necesaria para completar el mercado interior, el Acta Única generalizó el recurso a la mayoría cualificada en el Consejo para las materias relacionadas con dicho mercado, sustituyendo en buena medida la exigencia de unanimidad que había venido dificultando la toma de decisiones. El Acta Única introdujo además, por primera vez en el derecho originario, una referencia expresa a la cooperación política europea en materia de política exterior (germen de la futura PESC) y reforzó los poderes del entonces Parlamento Europeo mediante la introducción del procedimiento de cooperación, precedente directo del actual procedimiento legislativo ordinario o de codecisión.

El Tratado de Maastricht de 1992: creación de la Unión Europea y la estructura de pilares

El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, constituye el hito fundacional de la actual Unión Europea, sustituyendo la denominación de "Comunidades Europeas" por la de "Unión Europea" y dotándola de una arquitectura institucional radicalmente novedosa conocida como "estructura de pilares" o "templo griego". El Tratado introdujo además avances materiales de primer orden: la creación de la ciudadanía de la Unión, el establecimiento de las bases de la Unión Económica y Monetaria con el compromiso de introducción de una moneda única (el euro) sujeto al cumplimiento de los criterios de convergencia de Maastricht (inflación, déficit público, deuda pública, tipos de interés y estabilidad cambiaria), la consagración expresa del principio de subsidiariedad como criterio general de ejercicio de las competencias no exclusivas de la Comunidad, y el refuerzo de los poderes legislativos y de control del Parlamento Europeo mediante la introducción del procedimiento de codecisión. El Tratado de Maastricht fue ratificado en España mediante referéndum consultivo y su aprobación exigió, por primera vez en la historia constitucional española, la reforma de la Constitución (del art. 13.2 CE, para permitir el sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales), tras la Declaración 1/1992 del Tribunal Constitucional.

Los tres pilares de la Unión Europea: comunitario, PESC y cooperación en Justicia e Interior

La estructura de pilares introducida por el Tratado de Maastricht configuraba la Unión Europea como una construcción compuesta por tres pilares de naturaleza jurídica y funcionamiento decisorio muy diferentes, sostenidos sobre un frontón común (las disposiciones comunes e institucionales del propio TUE). El primer pilar, de naturaleza supranacional y comunitaria, integraba las tres Comunidades preexistentes (CE, antigua CEE; CECA hasta su extinción en 2002; y EURATOM), en el que regían plenamente el método comunitario, la primacía y el efecto directo del Derecho de la Unión, y en el que la Comisión ostentaba el monopolio de la iniciativa legislativa y el Tribunal de Justicia ejercía plena jurisdicción. El segundo pilar, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y el tercer pilar, la Cooperación en los ámbitos de Justicia y de Asuntos de Interior (JAI, posteriormente redenominada cooperación policial y judicial en materia penal tras el Tratado de Ámsterdam), eran, por el contrario, de naturaleza esencialmente intergubernamental: las decisiones se adoptaban por regla general por unanimidad en el Consejo, el papel del Parlamento Europeo y de la Comisión era muy limitado, y la jurisdicción del Tribunal de Justicia quedaba prácticamente excluida. Esta arquitectura tripartita fue suprimida por el Tratado de Lisboa, que unificó a la Unión Europea en una única estructura con personalidad jurídica propia.

El Tratado de Ámsterdam de 1997

El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1999, tuvo por objeto principal completar la reforma institucional pendiente tras Maastricht y preparar a la Unión para las futuras ampliaciones hacia los países de Europa Central y Oriental. Entre sus principales novedades destacan la comunitarización parcial de determinadas materias hasta entonces incluidas en el tercer pilar (visados, asilo, inmigración y cooperación judicial en materia civil, que pasaron a integrarse en el pilar comunitario bajo el nuevo Título IV del TCE, dando origen al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia), la incorporación del Acervo de Schengen al marco jurídico de la Unión mediante un Protocolo específico, la creación de la figura del Alto Representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad Común como responsable de dar mayor visibilidad y continuidad a la acción exterior de la Unión, y la introducción de un capítulo específico sobre empleo que reforzó las bases jurídicas de una estrategia europea coordinada en esta materia, de directa conexión con las funciones de los servicios públicos de empleo y de la Inspección de Trabajo de los Estados miembros. El Tratado extendió también el procedimiento de codecisión a nuevos ámbitos materiales, reforzando el papel colegislador del Parlamento Europeo.

El Tratado de Niza de 2001 y la reforma institucional ante la ampliación

El Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero de 2001 y en vigor desde el 1 de febrero de 2003, tuvo como objetivo esencial adaptar la arquitectura institucional de la Unión, diseñada originariamente para seis Estados miembros, a la inminente ampliación hacia diez nuevos países de Europa Central y Oriental y del Mediterráneo que se produciría en 2004. Para ello, el Tratado reponderó los votos de cada Estado miembro en el sistema de mayoría cualificada del Consejo, introdujo la exigencia adicional de que la mayoría cualificada representase también un porcentaje mínimo de la población total de la Unión (mecanismo de "triple mayoría"), limitó el número máximo de escaños del Parlamento Europeo y fijó el compromiso de que la Comisión pasase a estar compuesta por un único comisario por Estado miembro una vez alcanzado un determinado número de países, extendió el ámbito de la mayoría cualificada en el Consejo a nuevas materias, y reformó la organización jurisdiccional de la Unión consolidando directamente en el texto del Tratado al Tribunal de Primera Instancia (órgano creado en realidad en 1988, al amparo de la habilitación introducida por el Acta Única Europea, y denominado Tribunal General desde Lisboa) y habilitando la creación de salas jurisdiccionales especializadas adscritas a este, adelantando así la fórmula que en 2004 permitiría crear el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. El Tratado de Niza fue objeto de crítica generalizada por la complejidad y opacidad de sus mecanismos de reponderación de votos, lo que impulsó el posterior proceso constituyente que desembocaría, tras el fracaso del Tratado constitucional, en el Tratado de Lisboa.

El fallido Tratado por el que se establece una Constitución para Europa

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 tras los trabajos de la Convención Europea presidida por Valéry Giscard d'Estaing, pretendía sustituir el conjunto disperso de Tratados existentes por un único texto constitucional que refundiera y simplificara el ordenamiento primario de la Unión, incorporando además la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con pleno valor jurídico vinculante y una terminología de marcada vocación estatal (empleaba términos como "Constitución", "Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión" o "leyes europeas"). Sometido a referéndum en varios Estados miembros para su ratificación, el Tratado Constitucional fue rechazado en sendos referendos celebrados en Francia (mayo de 2005) y en los Países Bajos (junio de 2005), lo que provocó la paralización formal del proceso de ratificación y la apertura de un "periodo de reflexión" institucional sobre el futuro del proyecto europeo. España, por su parte, había ratificado el Tratado Constitucional mediante referéndum consultivo celebrado en febrero de 2005, con resultado favorable pero con una participación relativamente baja. El fracaso definitivo del Tratado Constitucional dio paso, tras un periodo de negociación, a una fórmula de reforma más modesta en su formulación simbólica pero de alcance sustantivo muy similar: el Tratado de Lisboa, que recuperó buena parte del contenido material del texto constitucional fracasado sin adoptar su terminología ni su pretensión formalmente constitucional.

El Tratado de Lisboa de 2007: supresión de la estructura de pilares

El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, constituye la última gran reforma del derecho originario de la Unión Europea y recupera, sin la terminología ni el formato de un texto constitucional único, buena parte del contenido sustantivo del fracasado Tratado Constitucional de 2004. Su aportación más relevante desde el punto de vista estructural fue la supresión definitiva de la arquitectura de pilares introducida en Maastricht: la Unión Europea sustituyó y sucedió a la Comunidad Europea, adquiriendo una estructura institucional unificada y una única personalidad jurídica internacional propia, lo que le permite desde entonces celebrar tratados internacionales y adherirse a organizaciones internacionales en nombre propio. El Tratado de Lisboa reforzó de forma notable los poderes del Parlamento Europeo, generalizando el procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión) como procedimiento por defecto para la mayoría de los ámbitos legislativos; otorgó valor jurídico vinculante equiparable al de los propios Tratados a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; creó la figura del Presidente estable del Consejo Europeo y reforzó el papel del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dotándolo también de la vicepresidencia de la Comisión; e introdujo por primera vez, en el art. 50 TUE, un procedimiento formal de retirada voluntaria de un Estado miembro de la Unión.

El Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

Tras la reforma de Lisboa, el derecho originario de la Unión Europea queda estructurado en dos Tratados de igual valor jurídico y rango normativo, ambos con el mismo valor que los antiguos Tratados constitutivos: el Tratado de la Unión Europea (TUE), que contiene las disposiciones de naturaleza más política y estructural (principios y valores fundacionales, disposiciones institucionales generales, principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad, disposiciones sobre la Política Exterior y de Seguridad Común, y el procedimiento de retirada del art. 50), y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), heredero directo y renombrado del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que desarrolla con mayor detalle técnico y extensión las políticas y acciones internas y externas de la Unión, el funcionamiento pormenorizado de sus instituciones y órganos, y el conjunto de los procedimientos judiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ambos Tratados, junto con sus Protocolos y Anexos (que tienen idéntico valor jurídico que el articulado principal) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (a la que el art. 6.1 TUE reconoce "el mismo valor jurídico que los Tratados"), integran el conjunto del derecho originario o primario de la Unión Europea, norma de mayor rango jerárquico dentro del ordenamiento jurídico de la Unión, a la que debe ajustarse todo el derecho derivado.

La personalidad jurídica única de la Unión Europea

El art. 47 TUE, introducido por el Tratado de Lisboa, atribuye expresamente a la Unión Europea personalidad jurídica propia y única, superando la situación anterior en la que, estrictamente, solo las Comunidades Europeas (en particular, la Comunidad Europea) gozaban de personalidad jurídica reconocida en los Tratados, mientras que la propia Unión Europea, como marco político que agrupaba los tres pilares, carecía formalmente de ella, lo que generaba no pocas complejidades prácticas, especialmente en el ámbito de la celebración de acuerdos internacionales relacionados con la PESC o con la cooperación policial y judicial. La atribución de personalidad jurídica única a la Unión tras Lisboa le permite celebrar tratados internacionales en nombre propio en cualquier ámbito de su competencia (incluida la antigua PESC), adherirse a organizaciones internacionales (siendo el ejemplo más relevante el proceso, aún no culminado, de adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, previsto en el art. 6.2 TUE pero pendiente de resolución de las dificultades jurídicas señaladas por el propio Tribunal de Justicia en su Dictamen 2/13), y ser miembro de pleno derecho de organizaciones internacionales cuando sus normas constitutivas lo permitan, como sucede con la Organización Mundial del Comercio. Esta personalidad jurídica única culmina el proceso de superación de la estructura de pilares y refuerza la proyección exterior unificada de la Unión.

El proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas (Tratado de Adhesión de 1985, efectivo en 1986)

España solicitó formalmente su adhesión a las Comunidades Europeas en julio de 1977, tras la celebración de las primeras elecciones democráticas generales de junio de ese mismo año, si bien las negociaciones formales de adhesión no se iniciarían hasta 1979 y se prolongarían durante casi siete años, en buena medida por la resistencia de determinados Estados miembros (particularmente Francia) preocupados por el impacto de la incorporación española sobre sectores sensibles como la agricultura mediterránea y la pesca. El Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas se firmó en Madrid el 12 de junio de 1985, y entró en vigor el 1 de enero de 1986, fecha en la que ambos países se convirtieron en Estados miembros de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea, de la CECA y del EURATOM. El Tratado de Adhesión estableció, como es habitual en estos procesos, un régimen transitorio de aplicación progresiva y escalonada de determinadas políticas comunes especialmente sensibles para la economía española (periodos transitorios en materia de libre circulación de trabajadores, de pesca o de determinados productos agrícolas), que se extendieron en algunos casos hasta finales de la década de 1990. El ingreso en las Comunidades Europeas constituyó uno de los hitos de mayor trascendencia histórica, económica y política del proceso de modernización y homologación internacional de la España democrática postfranquista.

Las ampliaciones sucesivas de la Unión Europea

Desde los seis Estados fundadores de 1957, la Unión Europea ha experimentado sucesivas ampliaciones que han configurado su actual composición. La primera ampliación, en 1973, incorporó al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; la segunda, en 1981, a Grecia; la tercera, en 1986, a España y Portugal; la cuarta, en 1995, a Austria, Finlandia y Suecia; la quinta y más numerosa, en 2004, incorporó a diez países de Europa Central y Oriental y del Mediterráneo (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre); en 2007 se incorporaron Bulgaria y Rumanía; y en 2013, Croacia, la incorporación más reciente hasta la fecha. Frente a esta sucesión de ampliaciones, el 31 de enero de 2020 se produjo, por primera vez en la historia de la integración europea, la salida efectiva de un Estado miembro, el Reino Unido (Brexit), tras el referéndum celebrado en 2016 y la aplicación del procedimiento del art. 50 TUE introducido por el Tratado de Lisboa. En la actualidad existen varios países candidatos oficiales a la adhesión (entre ellos, Ucrania, Moldavia y varios Estados de los Balcanes Occidentales), cuyo eventual ingreso exigirá previsiblemente nuevas reformas institucionales de calado similar a las estudiadas en este tema.

La ciudadanía de la Unión: concepto y regulación (art. 20 TFUE)

La ciudadanía de la Unión fue introducida por el Tratado de Maastricht de 1992 como uno de sus avances materiales más significativos, y se regula actualmente en los arts. 20 a 25 del TFUE. Conforme al art. 20.1 TFUE, será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro, precisando expresamente el precepto que la ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla, configurándose así como un estatuto complementario y no autónomo respecto de la nacionalidad de cada Estado miembro, cuya atribución sigue correspondiendo en exclusiva a la legislación interna de cada país. Esta naturaleza derivada y no sustitutiva de la ciudadanía europea explica que la pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro comporte automáticamente la pérdida de la condición de ciudadano de la Unión, sin que exista un procedimiento autónomo de adquisición o pérdida de la ciudadanía europea desvinculado de las nacionalidades estatales. El Tribunal de Justicia ha calificado la ciudadanía de la Unión, en jurisprudencia consolidada desde la sentencia Grzelczyk (2001), como "la vocación a convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros", lo que ha permitido extender por vía jurisprudencial su ámbito de aplicación material más allá de los derechos expresamente enumerados en el Tratado.

Derechos de la ciudadanía europea: libre circulación, sufragio activo y pasivo, protección diplomática y consular, derecho de petición

El art. 20.2 TFUE enumera los derechos específicos que integran el estatuto de ciudadanía de la Unión, sin perjuicio de otros derechos y deberes previstos en los Tratados: el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (art. 21 TFUE); el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro de residencia y en las elecciones al Parlamento Europeo, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (art. 22 TFUE, que en España exigió la reforma del art. 13.2 CE tras la Declaración 1/1992 del Tribunal Constitucional); el derecho a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección diplomática y consular de cualquier otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (art. 23 TFUE); y el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, el derecho a recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, y el derecho a dirigirse a cualquiera de las instituciones u órganos de la Unión en una de las lenguas oficiales de los Tratados y a recibir una contestación en esa misma lengua (art. 24 TFUE). A estos derechos se añade el derecho a la iniciativa ciudadana europea, introducido por el Tratado de Lisboa (art. 11.4 TUE), que permite a un mínimo de un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros invitar a la Comisión a presentar una propuesta legislativa.

El principio de atribución de competencias

El principio de atribución, consagrado en el art. 5.1 y 5.2 TUE, constituye el criterio fundamental que rige la delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros: la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que estos determinan, de manera que toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros, en aplicación de la regla de la competencia residual a favor de estos últimos. A diferencia del reparto competencial interno español entre el Estado y las Comunidades Autónomas, articulado mediante un doble listado constitucional (arts. 148 y 149 CE), el principio de atribución europeo funciona en sentido único: la Unión únicamente dispone de las competencias positivamente enumeradas y atribuidas por los Estados miembros en los Tratados (principalmente en los arts. 2 a 6 TFUE, que clasifican las competencias en exclusivas, compartidas, de apoyo o coordinación, y de coordinación de políticas económicas y de empleo), careciendo de una "competencia de las competencias" (Kompetenz-Kompetenz) que le permitiría autoampliar su propio ámbito de actuación sin el consentimiento unánime de los Estados miembros expresado mediante la reforma de los Tratados conforme al procedimiento del art. 48 TUE.

El principio de subsidiariedad (art. 5 TUE)

El principio de subsidiariedad, introducido por el Tratado de Maastricht y regulado actualmente en el art. 5.3 TUE, rige el ejercicio de las competencias que no sean exclusivas de la Unión: en los ámbitos de competencia compartida, la Unión únicamente intervendrá en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Este principio, de clara inspiración en la doctrina social católica y en las tradiciones federales europeas, opera como un test de doble filtro (insuficiencia de la acción estatal y valor añadido de la acción de la Unión) que debe justificarse expresamente en la exposición de motivos de cada propuesta legislativa europea. El Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo a los Tratados desde Ámsterdam y reforzado por Lisboa, articula además un mecanismo de control político ex ante a cargo de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros (el llamado "sistema de alerta temprana" o "tarjeta amarilla"), que pueden emitir dictámenes motivados sobre la conformidad de una propuesta legislativa con el principio de subsidiariedad, obligando a la Comisión a reconsiderarla si un tercio de los Parlamentos nacionales así lo manifiesta.

El principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad, regulado conjuntamente con el de subsidiariedad en el art. 5.4 TUE, exige que el contenido y la forma de la acción de la Unión no excedan de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, operando así como un límite adicional y complementario, aplicable no solo a los ámbitos de competencia compartida (como el principio de subsidiariedad) sino a todo el ejercicio de las competencias de la Unión, incluidas las exclusivas. Mientras el principio de subsidiariedad responde a la pregunta de si la Unión debe actuar (comparando la eficacia de la acción estatal frente a la de la Unión), el principio de proporcionalidad responde a la pregunta de cómo debe hacerlo, exigiendo que, una vez decidida la intervención de la Unión, se elija el instrumento normativo y el grado de intensidad regulatoria menos restrictivo posible compatible con la consecución eficaz del objetivo perseguido, lo que en la práctica se traduce en una preferencia declarada por el recurso a Directivas frente a Reglamentos cuando ambos instrumentos permitan alcanzar el objetivo perseguido, y por dejar a los Estados miembros el máximo margen posible de apreciación en la transposición y aplicación de la normativa europea. El Tribunal de Justicia controla jurisdiccionalmente el respeto de este principio, si bien con un margen de apreciación relevante reconocido al legislador de la Unión en materias de complejidad técnica o económica.

El Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea

El Reino Unido celebró el 23 de junio de 2016 un referéndum consultivo sobre su permanencia en la Unión Europea, cuyo resultado favorable a la salida (51,9% de los votos) desencadenó la activación, el 29 de marzo de 2017, del procedimiento de retirada voluntaria regulado en el art. 50 TUE, introducido por el Tratado de Lisboa como primer cauce formal para que un Estado miembro abandone la Unión de conformidad con sus propias normas constitucionales. El art. 50 TUE prevé la negociación de un Acuerdo de Retirada entre la Unión y el Estado saliente, que debe ser aprobado por el Consejo por mayoría cualificada previa aprobación del Parlamento Europeo, así como un plazo máximo de dos años desde la notificación de la intención de retirada para alcanzar dicho acuerdo, prorrogable por decisión unánime del Consejo Europeo con el acuerdo del Estado interesado (como de hecho sucedió en el caso británico, con varias prórrogas sucesivas). Tras un complejo proceso negociador y político interno británico, el Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea el 31 de enero de 2020, entrando en vigor un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 durante el cual continuó aplicándose el Derecho de la Unión, y suscribiéndose finalmente el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido, que regula las relaciones comerciales y de cooperación entre ambas partes desde 2021.

El proceso de ampliación en curso: candidatos actuales y reapertura del debate institucional

Más allá de las ampliaciones ya consumadas, la Unión Europea mantiene abierto un proceso de ampliación de notable envergadura hacia el Este y los Balcanes Occidentales. Ucrania y Moldavia obtuvieron el estatuto de país candidato en 2022 y, posteriormente, se avanzó hacia la apertura formal de negociaciones de adhesión; Bosnia y Herzegovina y Georgia han obtenido igualmente el estatuto de candidato, si bien con ritmos y condicionantes políticos internos muy distintos entre sí y no exentos de controversia; y varios países de los Balcanes Occidentales (Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia) llevan años en distintas fases de un proceso negociador que avanza con lentitud desigual según el capítulo negociador de que se trate. Este proceso, el más ambicioso en número de candidatos simultáneos desde la quinta ampliación de 2004, ha reabierto entre las instituciones y los Estados miembros el debate sobre la necesidad de nuevas reformas institucionales -revisión del sistema de votación en el Consejo, del tamaño de la Comisión y del reparto de escaños del Parlamento Europeo- antes de que puedan completarse nuevas incorporaciones, dado que la arquitectura institucional vigente, pensada y sucesivamente ajustada para un número de Estados miembros bastante inferior al que resultaría de una ampliación de esa magnitud, podría no ser sostenible sin cambios adicionales de calado similar a los ya estudiados en este tema (Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Tratado de París (1951): crea la CECA, inspirado en la Declaración Schuman (9 de mayo de 1950); vigencia limitada a 50 años, extinguida en 2002.
  • Tratados de Roma (1957): crean la CEE y el EURATOM; entrada en vigor el 1 de enero de 1958.
  • Acta Única Europea (1986, vigor 1987): fija el objetivo del mercado interior para el 31-12-1992 y generaliza la mayoría cualificada en el Consejo.
  • Tratado de Maastricht (1992, vigor 1993): crea la Unión Europea, la ciudadanía de la Unión, la UEM/euro y la estructura de pilares.
  • Los tres pilares de Maastricht: 1º comunitario/supranacional; 2º PESC; 3º Justicia y Asuntos de Interior (JAI); los pilares 2º y 3º eran intergubernamentales.
  • Tratado de Ámsterdam (1997, vigor 1999): comunitariza visados/asilo/inmigración, incorpora Schengen, crea el Alto Representante para la PESC.
  • Tratado de Niza (2001, vigor 2003): repondera votos ante la ampliación de 2004, introduce el criterio de triple mayoría (votos + Estados + verificación demográfica opcional) y consolida en el Tratado al Tribunal de Primera Instancia —creado en 1988, hoy Tribunal General—, habilitando salas jurisdiccionales especializadas.
  • Tratado Constitucional (2004): rechazado en referendos de Francia y Países Bajos (2005); España sí lo ratificó en referéndum consultivo.
  • Tratado de Lisboa (2007, vigor 2009): suprime la estructura de pilares, da a la UE personalidad jurídica única (art. 47 TUE), otorga valor vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales y crea el art. 50 TUE (retirada).
  • Derecho originario actual: TUE (disposiciones políticas/estructurales) + TFUE (heredero del TCE, desarrollo detallado) + Carta de Derechos Fundamentales, con igual valor jurídico.
  • España: adhesión solicitada en 1977, Tratado de Adhesión firmado en Madrid el 12-6-1985, en vigor desde el 1-1-1986 junto con Portugal.
  • Ampliaciones: 1973 (RU, Irlanda, Dinamarca), 1981 (Grecia), 1986 (España, Portugal), 1995 (Austria, Finlandia, Suecia), 2004 (10 países), 2007 (Bulgaria, Rumanía), 2013 (Croacia).
  • Ciudadanía de la Unión (art. 20 TFUE, creada en Maastricht): se añade a la nacionalidad estatal sin sustituirla; requirió reformar el art. 13.2 CE (Declaración 1/1992 del TC).
  • Derechos de ciudadanía (arts. 21-24 TFUE): libre circulación y residencia, sufragio activo/pasivo municipal y europeo, protección diplomática/consular, derecho de petición y a dirigirse a las instituciones en cualquier lengua oficial.
  • Principio de atribución (art. 5.1-5.2 TUE): la UE solo tiene las competencias atribuidas por los Estados; competencia residual a favor de los Estados miembros.
  • Principio de subsidiariedad (art. 5.3 TUE): solo en competencias compartidas; sistema de "tarjeta amarilla" de los Parlamentos nacionales (Protocolo nº 2).
  • Principio de proporcionalidad (art. 5.4 TUE): el contenido y la forma de la acción de la UE no deben exceder de lo necesario; aplica a toda competencia, incluida la exclusiva.
  • Brexit: referéndum en 2016, art. 50 TUE activado en 2017, salida efectiva el 31-1-2020, con periodo transitorio hasta el 31-12-2020.
  • Ampliación en curso: Ucrania y Moldavia (candidatas desde 2022, con negociación de adhesión avanzada después), Bosnia y Herzegovina y Georgia (candidatas) y los Balcanes Occidentales en proceso negociador; reabre el debate sobre reformar la arquitectura institucional antes de nuevas incorporaciones.
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Pregunta 1 de 100 aciertos

¿Qué tratado incorporó el Acervo de Schengen al marco jurídico de la Unión y comunitarizó visados, asilo e inmigración?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Inspector Trabajo?

El proceso de integración europea se inicia en la década de 1950 con la creación de tres Comunidades sectoriales de base económica —la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica— y evoluciona, a través de sucesivas reformas de sus tratados constitutivos, hacia una Unión Europea de vocación política cada vez más amplia. Cada reforma de los Tratados —el Acta Única Europea de 1986, el Tratado de Maastricht de 1992, el Tratado de Ámsterdam de 1997, el Tratado de Niza de 2001 y, finalmente, el Tratado de Lisboa de 2007— ha ido ampliando tanto las competencias materiales de la Unión como sus mecanismos institucionales de decisión, adaptándolos a la creciente ampliación del número de Estados miembros. España, tras un largo proceso negociador iniciado en 1962, ingresó en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. Este tema recorre esa evolución histórica e institucional, con especial atención a la estructura de pilares introducida en Maastricht y suprimida en Lisboa, a los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad que rigen el ejercicio de las competencias de la Unión, y a la ciudadanía de la Unión Europea como estatuto jurídico introducido por el Tratado de Maastricht y hoy regulado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

Tratado de París (1951): crea la CECA, inspirado en la Declaración Schuman (9 de mayo de 1950); vigencia limitada a 50 años, extinguida en 2002. Tratados de Roma (1957): crean la CEE y el EURATOM; entrada en vigor el 1 de enero de 1958. Acta Única Europea (1986, vigor 1987): fija el objetivo del mercado interior para el 31-12-1992 y generaliza la mayoría cualificada en el Consejo. Tratado de Maastricht (1992, vigor 1993): crea la Unión Europea, la ciudadanía de la Unión, la UEM/euro y la estructura de pilares. Los tres pilares de Maastricht: 1º comunitario/supranacional; 2º PESC; 3º Justicia y Asuntos de Interior (JAI); los pilares 2º y 3º eran intergubernamentales. Tratado de Ámsterdam (1997, vigor 1999): comunitariza visados/asilo/inmigración, incorpora Schengen, crea el Alto Representante para la PESC. Tratado de Niza (2001, vigor 2003): repondera votos ante la ampliación de 2004, introduce el criterio de triple mayoría (votos + Estados + verificación demográfica opcional) y consolida en el Tratado al Tribunal de Primera Instancia —creado en 1988, hoy Tribunal General—, habilitando salas jurisdiccionales especializadas. Tratado Constitucional (2004): rechazado en referendos de Francia y Países Bajos (2005); España sí lo ratificó en referéndum consultivo. Tratado de Lisboa (2007, vigor 2009): suprime la estructura de pilares, da a la UE personalidad jurídica única (art. 47 TUE), otorga valor vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales y crea el art. 50 TUE (retirada). Derecho originario actual: TUE (disposiciones políticas/estructurales) + TFUE (heredero del TCE, desarrollo detallado) + Carta de Derechos Fundamentales, con igual valor jurídico. España: adhesión solicitada en 1977, Tratado de Adhesión firmado en Madrid el 12-6-1985, en vigor desde el 1-1-1986 junto con Portugal. Ampliaciones: 1973 (RU, Irlanda, Dinamarca), 1981 (Grecia), 1986 (España, Portugal), 1995 (Austria, Finlandia, Suecia), 2004 (10 países), 2007 (Bulgaria, Rumanía), 2013 (Croacia). Ciudadanía de la Unión (art. 20 TFUE, creada en Maastricht): se añade a la nacionalidad estatal sin sustituirla; requirió reformar el art. 13.2 CE (Declaración 1/1992 del TC). Derechos de ciudadanía (arts. 21-24 TFUE): libre circulación y residencia, sufragio activo/pasivo municipal y europeo, protección diplomática/consular, derecho de petición y a dirigirse a las instituciones en cualquier lengua oficial. Principio de atribución (art. 5.1-5.2 TUE): la UE solo tiene las competencias atribuidas por los Estados; competencia residual a favor de los Estados miembros. Principio de subsidiariedad (art. 5.3 TUE): solo en competencias compartidas; sistema de "tarjeta amarilla" de los Parlamentos nacionales (Protocolo nº 2). Principio de proporcionalidad (art. 5.4 TUE): el contenido y la forma de la acción de la UE no deben exceder de lo necesario; aplica a toda competencia, incluida la exclusiva. Brexit: referéndum en 2016, art. 50 TUE activado en 2017, salida efectiva el 31-1-2020, con periodo transitorio hasta el 31-12-2020. Ampliación en curso: Ucrania y Moldavia (candidatas desde 2022, con negociación de adhesión avanzada después), Bosnia y Herzegovina y Georgia (candidatas) y los Balcanes Occidentales en proceso negociador; reabre el debate sobre reformar la arquitectura institucional antes de nuevas incorporaciones.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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