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Tema 28. La potestad sancionadora de la Administración. Principios de la potestad sancionadora. Principios del procedimiento sancionador. Sanciones administrativas y medidas sancionadoras.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

La potestad sancionadora es la facultad que el ordenamiento jurídico atribuye a las Administraciones públicas para reprimir, mediante la imposición de sanciones, las conductas de los administrados que infrinjan el ordenamiento administrativo. Se trata de una manifestación de la autotutela administrativa que, por su cercanía material con el ius puniendi del Estado, exige un conjunto de garantías equivalentes, con matices, a las del Derecho Penal. Estas garantías se articulan en dos planos complementarios: los principios sustantivos de la potestad sancionadora, recogidos en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y los principios y especialidades del procedimiento a través del cual dicha potestad se ejerce, recogidos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, este es uno de los temas más transversales de todo el temario, porque el procedimiento sancionador derivado de las actas de infracción constituye el núcleo de su actividad de control del cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos y de Seguridad Social, siendo indispensable dominar tanto los límites sustantivos de la potestad punitiva como las garantías procedimentales del expedientado.

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Fundamento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración (art. 25 CE)

El artículo 25.1 de la Constitución española establece que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Este precepto, ubicado sistemáticamente entre los derechos fundamentales, constituye el fundamento constitucional directo de la potestad sancionadora administrativa, reconociendo expresamente su existencia junto a la potestad punitiva penal del Estado, y sometiendo a ambas a un common denominador de garantías: legalidad y tipicidad. La atribución de una potestad sancionadora a la Administración plantea, sin embargo, una tensión constitucional de fondo, puesto que el artículo 25.3 CE prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad, reservando esta consecuencia jurídica en exclusiva a los tribunales penales. El Tribunal Constitucional, desde sus primeras sentencias (STC 18/1981, entre otras), ha declarado que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del mismo ius puniendi del Estado, si bien reconociendo también las particularidades y menor intensidad garantista que corresponde al ámbito administrativo por razón de su distinta naturaleza y finalidad respecto del Derecho Penal.

Relación entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal

La relación entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal se articula sobre la base de que ambos constituyen manifestaciones de un mismo ius puniendi estatal, unitario en su fundamento pero diversificado en sus consecuencias jurídicas y en el órgano llamado a aplicarlo. De esta unidad de fundamento deriva la aplicación matizada de los principios penales al ámbito sancionador administrativo (legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in idem), reconocida por una consolidada jurisprudencia constitucional. No obstante, existen diferencias relevantes: el Derecho Penal se reserva para los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes, aplicando el principio de intervención mínima; el procedimiento penal ofrece garantías reforzadas (juez predeterminado por ley, doble instancia, jurado en su caso) que no siempre tienen un equivalente idéntico en vía administrativa; y las sanciones administrativas, a diferencia de las penas, nunca pueden consistir en privación de libertad (art. 25.3 CE). Cuando unos mismos hechos pudieran ser constitutivos tanto de infracción administrativa como de delito, rige el principio de preferencia de la jurisdicción penal: la Administración debe paralizar el procedimiento sancionador y remitir el tanto de culpa a la jurisdicción penal (o al Ministerio Fiscal) cuando aprecie indicios de delito, sin poder sancionar administrativamente hasta que exista un pronunciamiento penal firme, y respetando en todo caso los hechos declarados probados en dicha resolución penal.

Los principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015)

El Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 25 a 31), sistematiza los principios sustantivos que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones públicas, en desarrollo del mandato constitucional del artículo 25 CE. Estos principios son: legalidad (art. 25), irretroactividad (art. 26), tipicidad (art. 27), responsabilidad (art. 28), proporcionalidad (art. 29), prescripción (art. 30) y concurrencia de sanciones (art. 31), este último recogiendo la manifestación administrativa del principio non bis in idem. La sistematización de estos principios en una norma de carácter básico, aplicable a todas las Administraciones públicas con independencia de su ámbito territorial y de la materia sancionadora concreta, constituye una de las grandes aportaciones de la reforma de 2015 (que separó en dos leyes distintas lo que antes regulaba conjuntamente la Ley 30/1992: por un lado la organización y el régimen jurídico del sector público, en la Ley 40/2015, y por otro el procedimiento administrativo común, en la Ley 39/2015). Estos principios sustantivos operan como un límite infranqueable para el legislador sectorial (estatal o autonómico) y para la Administración a la hora de tipificar infracciones, establecer sanciones y ejercer la potestad sancionadora en cualquier ámbito material, incluido el laboral y de Seguridad Social.

El principio de legalidad en materia sancionadora

El artículo 25.1 de la Ley 40/2015 dispone que la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por una norma con rango de Ley, se ejercerá cuando haya sido atribuida a un órgano administrativo con habilitación legal expresa. El principio de legalidad sancionadora presenta una doble vertiente: formal, exigiendo que sea una norma con rango de ley la que habilite el ejercicio de la potestad sancionadora y establezca el marco de las infracciones y sanciones (reserva de ley), y material, exigiendo predeterminación normativa de las conductas y las sanciones correspondientes con la suficiente certeza para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y las consecuencias de su infracción (lex certa). El artículo 25.2 añade una consecuencia procesal fundamental derivada de este principio: las disposiciones de rango reglamentario podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley haya establecido, respetando así el ámbito reservado a la ley. Este principio protege al administrado frente al ejercicio arbitrario del poder sancionador y garantiza la seguridad jurídica, siendo la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) el instrumento legal que, en el ámbito laboral y de Seguridad Social, satisface esta reserva de ley.

El principio de tipicidad: reserva de ley y colaboración reglamentaria

El artículo 27 de la Ley 40/2015 regula el principio de tipicidad, exigiendo que sean las Leyes las que determinen las infracciones administrativas, así como los límites máximo y mínimo de las sanciones que puedan imponerse, y que las disposiciones reglamentarias de desarrollo puedan introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente, sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla (art. 27.3). El propio artículo 27.2 exige que las infracciones se clasifiquen por la ley en leves, graves y muy graves, atendiendo a criterios como el riesgo generado para la seguridad de las personas, la intencionalidad, la gravedad de los daños producidos y la reincidencia. Se admite, no obstante, cierta "colaboración reglamentaria", entendida como la posibilidad de que el reglamento concrete, dentro del marco legal, aspectos técnicos o de detalle que la ley no puede prever exhaustivamente, siempre que la conducta esencial y el núcleo de la sanción vengan predeterminados por la propia norma con rango de ley. Este principio se relaciona estrechamente con el artículo 129 del Código Penal en cuanto a la exigencia de taxatividad, y su aplicación al ámbito laboral se concreta en la técnica de tipificación empleada por la LISOS, que define con detalle los tipos infractores en materia de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo.

El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables

El artículo 26.1 de la Ley 40/2015 establece, como manifestación del principio general de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y del propio artículo 25.1 CE, que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Este mandato de irretroactividad implica que una conducta solo puede ser sancionada si, en el momento de cometerse, estaba ya tipificada como infracción por una norma vigente, y únicamente con la sanción prevista en esa norma vigente en ese momento, con independencia de que posteriormente se modifique el régimen sancionador aplicable a esa conducta (salvo que la modificación sea favorable, en cuyo caso se aplica la retroactividad, conforme al art. 26.2). La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables protege la confianza legítima de los ciudadanos, que deben poder conocer con certeza, en el momento de actuar, cuáles son las consecuencias jurídicas de su conducta, sin que quepa la aplicación retroactiva de una tipificación de infracción o de un endurecimiento de la sanción aprobados con posterioridad a los hechos. Esta regla se proyecta también sobre las circunstancias agravantes o sobre los criterios de graduación de las sanciones, que deben aplicarse conforme a la norma vigente en el momento de la comisión de los hechos cuando resulten desfavorables al presunto infractor.

El principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables

Como excepción a la regla general de irretroactividad, el artículo 26.2 de la Ley 40/2015 establece que las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Este principio, trasladado del Derecho Penal (art. 2.2 del Código Penal) al ámbito administrativo sancionador, obliga a los órganos administrativos y, en su caso, a los tribunales que revisen sus resoluciones, a aplicar de oficio la norma posterior más favorable, aun cuando el interesado no la haya invocado expresamente, y con independencia de que la resolución sancionadora sea o no firme. Su fundamento reside en la falta de sentido de mantener una sanción, o de imponerla, cuando el propio legislador ha considerado posteriormente que la conducta ya no merece ese reproche, o merece uno menor: perdería justificación material el mantenimiento del ius puniendi en su intensidad original. Este principio tiene especial relevancia práctica cuando se producen reformas legales que despenalizan o desclasifican determinadas infracciones laborales o de Seguridad Social, o que reducen las cuantías de las sanciones previstas en la LISOS, debiendo revisarse de oficio los expedientes sancionadores en tramitación o pendientes de ejecución afectados por dicho cambio normativo.

El principio de responsabilidad: exigencia de dolo o culpa

El artículo 28 de la Ley 40/2015 consagra el principio de responsabilidad, disponiendo que solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Este precepto proscribe expresamente cualquier forma de responsabilidad objetiva o por el mero resultado, exigiendo que concurra, al menos, negligencia o descuido imputable al presunto infractor, en línea con el principio de culpabilidad propio del Derecho Penal, aunque con matices: en el ámbito administrativo sancionador se admite con mayor frecuencia la culpa levísima y opera en muchos casos una presunción de negligencia que corresponde desvirtuar al presunto infractor cuando ha incumplido un deber normativo de diligencia claramente establecido (por ejemplo, deberes documentales o de cotización en materia de Seguridad Social). El artículo 28.3 añade que, cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, estas responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan, individualizándose la sanción pecuniaria, cuando sea posible, en función del grado de participación de cada responsable. En el ámbito laboral, la LISOS atribuye la responsabilidad de las infracciones al empresario como titular de la relación laboral, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria o subsidiaria de terceros en los supuestos legalmente previstos (contratas, subcontratas, sucesión empresarial).

El principio de proporcionalidad de las sanciones

El artículo 29 de la Ley 40/2015 regula el principio de proporcionalidad, exigiendo la adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, y estableciendo criterios de graduación que deben tenerse en cuenta al determinar la sanción concreta dentro del margen legal: el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; la continuidad o persistencia en la conducta infractora; la naturaleza de los perjuicios causados; y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa (art. 29.3). El artículo 29.2 establece además una regla favorable al infractor: el establecimiento de sanciones pecuniarias debe prever que la comisión de las infracciones tipificadas nunca resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, permitiendo incrementar la cuantía de la sanción hasta el importe del beneficio obtenido cuando la sanción prevista resultase insuficiente. El artículo 29.5, por su parte, exige que cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se debe imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida (el art. 29.4 permite, además, imponer la sanción en su grado inferior cuando lo justifique la debida adecuación entre esta y la gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes). Este principio, de aplicación directa por la Administración y controlable jurisdiccionalmente, es uno de los más invocados en los recursos frente a resoluciones sancionadoras.

El principio de prescripción de infracciones y sanciones

El artículo 30 de la Ley 40/2015 regula la prescripción de las infracciones y de las sanciones como límite temporal al ejercicio de la potestad sancionadora, en garantía de la seguridad jurídica y evitando la pendencia indefinida de la responsabilidad administrativa. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan; si estas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, mientras que las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año (art. 30.1 y 30.3, régimen supletorio). El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o, en el caso de infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora; se interrumpe con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable (art. 30.2). El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

El principio non bis in idem

El principio non bis in idem, aunque no aparece expresamente formulado con esa denominación en el texto constitucional, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como implícito en el principio de legalidad del artículo 25.1 CE, y prohíbe la doble sanción (penal y administrativa, o administrativa y administrativa) por unos mismos hechos, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento. El artículo 31 de la Ley 40/2015 lo positiviza expresamente al disponer que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. La exigencia de "identidad de fundamento" resulta clave para delimitar el alcance de esta garantía: cuando un mismo hecho lesiona bienes jurídicos distintos, protegidos por normas con fundamento diferente (por ejemplo, una misma conducta que constituye a la vez una infracción laboral y una infracción tributaria, protegiendo bienes jurídicos distintos), sí cabe la doble sanción sin vulnerar este principio, porque no concurre identidad de fundamento pese a existir identidad de sujeto y de hecho. En el ámbito laboral, este principio impide, por ejemplo, sancionar dos veces al mismo empresario por el mismo incumplimiento normativo cuando ya ha sido sancionado penalmente por un delito contra los derechos de los trabajadores basado en idénticos hechos y fundamento.

La concurrencia de sanciones administrativas y penales

Cuando unos mismos hechos pudieran ser constitutivos de infracción administrativa y de delito, el artículo 31 de la Ley 40/2015, en su apartado 1, dispone las reglas de relación entre ambos órdenes: si la Administración estima que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, comunicará el asunto al Ministerio Fiscal o al órgano judicial competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo del asunto, o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. Esta regla plasma el principio de preferencia de la jurisdicción penal sobre la Administración sancionadora. Una vez concluido el proceso penal, la Administración solo podrá iniciar o proseguir el procedimiento sancionador si no se hubiera apreciado la existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y el delito enjuiciado; y, en todo caso, quedará vinculada por los hechos declarados probados en la resolución judicial firme (art. 31.3), no pudiendo la Administración sancionar hechos distintos de los que el juez penal declaró probados. Esta preferencia se justifica en la mayor entidad de las garantías del proceso penal y en el principio de unidad del ordenamiento jurídico, evitando pronunciamientos contradictorios sobre unos mismos hechos entre la jurisdicción penal y la Administración.

Los principios del procedimiento sancionador (Ley 39/2015)

Junto a los principios sustantivos de la Ley 40/2015, la Ley 39/2015 regula las garantías y especialidades procedimentales que deben observarse en la tramitación de los expedientes sancionadores, dentro del marco general del procedimiento administrativo común, del que el sancionador constituye una modalidad especial y no un procedimiento autónomo. Entre estas especialidades se encuentran: la exigencia de que los procedimientos sancionadores se inicien siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, nunca a solicitud de un particular; la separación funcional entre el órgano instructor y el órgano competente para resolver, encomendadas a autoridades u órganos distintos; el establecimiento del contenido mínimo del acuerdo de iniciación (identificación de la persona presuntamente responsable, hechos sucintamente expuestos, posible calificación e infracciones que pudieran constituir, sanciones que pudieran corresponder, identificación del instructor, medidas de carácter provisional que se hayan acordado y derecho a formular alegaciones); y las especialidades en la terminación del procedimiento (reconocimiento voluntario de responsabilidad y pago voluntario con reducción de la sanción pecuniaria antes de la resolución). Estas garantías procedimentales dan efectividad práctica a los principios sustantivos de legalidad, tipicidad y responsabilidad, asegurando que la imposición de cualquier sanción venga precedida de un procedimiento contradictorio en el que el presunto infractor haya podido conocer la acusación y defenderse de ella con plenas garantías.

La separación entre el órgano instructor y el órgano decisor

Una de las especialidades procedimentales más relevantes de los expedientes sancionadores es la exigencia de separación entre la fase instructora, encargada de investigar los hechos, formular la propuesta de resolución y valorar las alegaciones y pruebas practicadas, y la fase decisoria, en la que un órgano distinto dicta la resolución que pone fin al procedimiento. Esta separación orgánica y funcional constituye una garantía elemental de imparcialidad objetiva, evitando que quien ha investigado y acusado sea también quien juzga y decide, en aplicación analógica de la garantía procesal penal de separación entre instrucción y enjuiciamiento. En el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta separación se materializa en que el Inspector actuante que levanta el acta de infracción no es el mismo órgano que resuelve el expediente sancionador: la resolución corresponde a la autoridad laboral competente (estatal o autonómica según la materia y el territorio), que dicta la resolución sancionadora a la vista del acta, de las alegaciones del interesado y, en su caso, del informe ampliatorio de la Inspección. Esta garantía no impide, sin embargo, que dentro de la propia Inspección se articulen fases de instrucción adicionales antes de la resolución (por ejemplo, la emisión de informes complementarios a solicitud del órgano instructor de la autoridad laboral), siempre que se preserve la distinción funcional última entre quien acusa e instruye y quien decide.

El derecho a la presunción de inocencia en el procedimiento sancionador

El derecho a la presunción de inocencia, reconocido con carácter general en el artículo 24.2 de la Constitución para todo tipo de procedimientos sancionadores, exige que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción corresponda a la Administración, sin que el presunto infractor tenga que demostrar su inocencia. Solo una actividad probatoria de cargo mínima, practicada con las debidas garantías, puede desvirtuar esta presunción y fundamentar una resolución sancionadora. No obstante, este principio admite matizaciones relevantes en el ámbito administrativo sancionador: las actas de infracción y de liquidación levantadas por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que tengan la condición de autoridad, en los que se recojan hechos constatados personalmente por el inspector actuante, gozan de una presunción legal de certeza (presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario) respecto de los hechos reflejados en ellas y formalizados con los requisitos legalmente establecidos, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar los propios interesados. Esta presunción de certeza no invierte la carga de la prueba de la culpabilidad ni suprime la presunción de inocencia, pero sí traslada al expedientado la carga de desvirtuar, mediante prueba en contrario, los hechos constatados directamente por el inspector, dada la especial cualificación técnica y la condición de autoridad pública de quien los certifica.

El derecho a no declarar contra sí mismo

El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución para el ámbito penal, se proyecta también, con matices, sobre el procedimiento administrativo sancionador, en la medida en que este participa de la naturaleza punitiva del ius puniendi estatal. En consecuencia, el presunto infractor no está obligado a declarar contra sí mismo ni a reconocer su responsabilidad en el curso del procedimiento sancionador, pudiendo limitarse a formular las alegaciones que estime convenientes o guardar silencio sin que ello pueda valorarse como indicio de culpabilidad. Ahora bien, este derecho debe conciliarse con los deberes de colaboración y de suministro de información que las leyes administrativas sectoriales imponen a los administrados (por ejemplo, el deber empresarial de exhibir documentación laboral y de Seguridad Social a los inspectores de trabajo, o el deber de comunicar determinados datos a la Administración tributaria), deberes cuyo incumplimiento puede constituir, en sí mismo, una infracción autónoma distinta de aquella por la que se instruye el procedimiento. La jurisprudencia constitucional ha admitido que estos deberes de colaboración documental, cuando responden a obligaciones de información preexistentes y no específicamente dirigidas a obtener una confesión sobre hechos ya cometidos, no vulneran el derecho a no declarar contra sí mismo, distinguiendo así entre el deber de suministrar información objetiva y el derecho a no autoincriminarse verbalmente.

La caducidad del procedimiento sancionador

La caducidad es una forma de terminación anormal del procedimiento administrativo por el transcurso del plazo máximo legalmente establecido para resolver y notificar sin que se haya producido dicha resolución, y opera con particular intensidad en materia sancionadora dada la posición de sujeción especial del expedientado frente al poder punitivo de la Administración. El plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores es de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno distinto o venga previsto en la normativa de la Unión Europea (art. 21.3 Ley 39/2015), siendo este el plazo aplicable, entre otros, a los expedientes sancionadores derivados de actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Declarada la caducidad, esta comporta la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones (art. 25.1.b LPAC), sin que ello, en sí mismo, produzca por sí solo la prescripción de la infracción, salvo que el plazo de prescripción de la infracción hubiera vencido durante la tramitación del procedimiento caducado. La caducidad no impide, en principio, iniciar de nuevo el procedimiento sancionador mientras no haya prescrito la infracción, dado que la caducidad extingue el procedimiento pero no la potestad sancionadora ni la responsabilidad del infractor, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción computado desde su comisión, sin las interrupciones que el procedimiento caducado, por definición, no puede seguir produciendo.

Clases de sanciones administrativas: multas y sanciones no pecuniarias

Las sanciones administrativas pueden clasificarse, atendiendo a su naturaleza, en pecuniarias y no pecuniarias. Las sanciones pecuniarias, o multas, constituyen la modalidad más frecuente en el Derecho Administrativo Sancionador y consisten en la obligación de pagar una cantidad de dinero a la Administración, cuya cuantía se gradúa dentro de los límites legalmente establecidos atendiendo a los criterios del artículo 29 de la Ley 40/2015 (culpabilidad, continuidad, perjuicios causados, reincidencia). Las sanciones no pecuniarias, por su parte, comprenden un catálogo variado según el sector material de que se trate: la suspensión temporal o revocación de autorizaciones, licencias o permisos; la inhabilitación para contratar con las Administraciones públicas o para ser beneficiario de subvenciones o ayudas públicas; el cierre temporal de establecimientos; o la pérdida de la posibilidad de obtener bonificaciones o incentivos en materia de Seguridad Social. En el ámbito laboral, la LISOS contempla, además de las multas graduadas por tramos económicos según la calificación de la infracción (leve, grave o muy grave) y sus grados (mínimo, medio y máximo), sanciones accesorias como la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, o la exclusión del acceso a dichos beneficios durante un período determinado en los casos más graves.

Las medidas provisionales en el procedimiento sancionador

El ordenamiento permite a la Administración adoptar, durante la tramitación de un procedimiento sancionador, medidas de carácter provisional destinadas a asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o preservar los elementos de prueba, sin que ello suponga prejuzgar el resultado del procedimiento ni la culpabilidad del expedientado. Estas medidas, previstas con carácter general para todo el procedimiento administrativo, deben adoptarse de forma motivada y guardar la debida proporcionalidad con la finalidad que se persigue, no pudiendo adoptarse aquellas que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Pueden acordarse tanto en el propio acuerdo de iniciación como en un momento posterior del procedimiento, y su vigencia se extiende, en principio, hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, si bien pueden ser modificadas o levantadas durante su tramitación por circunstancias sobrevenidas o por no haberse tenido en cuenta en el momento de su adopción. En el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, estas medidas provisionales se materializan, por ejemplo, en la paralización de trabajos por riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, medida de aplicación inmediata que la Inspección puede ordenar al margen y con independencia del ulterior procedimiento sancionador que, en su caso, se tramite por los hechos que la motivaron.

Las medidas de carácter no sancionador: reposición de la legalidad y medidas cautelares

Junto a la sanción propiamente dicha, que tiene una finalidad represiva y aflictiva, el ordenamiento sectorial contempla frecuentemente otro tipo de medidas de naturaleza distinta, no sancionadora, cuya finalidad es restablecer la legalidad conculcada o prevenir la continuación o repetición de la conducta infractora, y que pueden acordarse con independencia de que se imponga o no una sanción, e incluso aunque el procedimiento sancionador resulte finalmente archivado o prescrita la infracción. Entre estas medidas se encuentran las órdenes de cesación de una actividad ilegal, los requerimientos de subsanación o de reposición de las cosas a su estado anterior a la infracción, y las medidas cautelares strictu sensu orientadas a evitar que se produzcan o se agraven los daños derivados del incumplimiento normativo mientras se tramita el correspondiente expediente. La distinción entre sanción y medida de reposición de la legalidad tiene relevancia práctica porque estas últimas no están sujetas a los mismos límites que las sanciones (por ejemplo, en cuanto a plazos de prescripción o a la exigencia estricta de culpabilidad, dado que no tienen naturaleza represiva sino reparadora), aunque deben igualmente adoptarse con las debidas garantías procedimentales y motivación. En el ámbito laboral, los requerimientos de la Inspección de Trabajo para que el empresario subsane las deficiencias detectadas, con carácter previo a la extensión de un acta de infracción, constituyen un ejemplo característico de esta categoría de medidas de reposición de la legalidad.

La responsabilidad solidaria y subsidiaria en materia sancionadora

Aunque la regla general en Derecho Administrativo Sancionador es la responsabilidad personal e individualizada del infractor, coherente con el principio de personalidad de las sanciones, numerosas normas sectoriales prevén supuestos de responsabilidad solidaria o subsidiaria de terceros distintos del autor material de la infracción, cuando concurren determinadas circunstancias que justifican extender la responsabilidad económica derivada de la sanción. En el ámbito laboral, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) regula supuestos de responsabilidad solidaria entre el empresario principal y los contratistas o subcontratistas respecto de las obligaciones de naturaleza salarial y de Seguridad Social contraídas por estos últimos durante el periodo de vigencia de la contrata, así como en los supuestos de cesión ilegal de trabajadores, en que empresa cedente y cesionaria responden solidariamente de las obligaciones laborales y de Seguridad Social. La responsabilidad subsidiaria, por su parte, opera cuando el tercero solo responde en defecto del pago por el obligado principal, tras haberse agotado sin éxito la vía de apremio contra este, supuesto que se contempla también en determinados casos de contratas y subcontratas de obras o servicios correspondientes a la propia actividad. Estas figuras de extensión de la responsabilidad buscan evitar que la descentralización productiva o la interposición de terceros diluyan las garantías de cobro de los trabajadores y de la Seguridad Social frente al incumplimiento normativo.

El procedimiento simplificado sancionador

La Ley 39/2015 prevé, con carácter general para todo el procedimiento administrativo común, la posibilidad de acudir a una tramitación simplificada cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, tramitación que resulta igualmente aplicable, con las adaptaciones oportunas, a los procedimientos de naturaleza sancionadora. Esta tramitación simplificada puede iniciarse de oficio por la Administración o a solicitud del interesado, y se caracteriza por la reducción de los plazos ordinarios (por ejemplo, el plazo máximo para resolver se reduce a treinta días, frente a los seis meses del procedimiento sancionador ordinario) y por la simplificación de trámites, sin que ello suponga merma de las garantías esenciales del expedientado, que conserva en todo caso su derecho a ser oído y a formular alegaciones y proponer prueba. En el ámbito sancionador, este cauce simplificado resulta especialmente idóneo cuando los hechos son claros y no controvertidos, cuando el presunto infractor reconoce voluntariamente su responsabilidad, o cuando la sanción previsible es de escasa entidad, evitando la sobrecarga de trámites característica del procedimiento sancionador ordinario en supuestos de escasa complejidad probatoria o jurídica. La opción por la tramitación simplificada corresponde motivadamente al órgano competente, pudiendo los interesados oponerse a ella durante los primeros cinco días del procedimiento, en cuyo caso este continuará por los trámites del procedimiento ordinario.

La especial regla de la no ejecutividad inmediata de las resoluciones sancionadoras (art. 98.1.b Ley 39/2015)

Frente a la regla general de ejecutividad inmediata de los actos administrativos (art. 98.1 Ley 39/2015), el propio artículo 98.1.b) establece una excepción de gran relevancia práctica para el Derecho Administrativo Sancionador: los actos administrativos no son inmediatamente ejecutivos cuando se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que caben recursos en vía administrativa. Esto significa que, mientras no haya transcurrido el plazo para interponer el recurso de alzada (u otro recurso ordinario procedente) sin que se haya interpuesto, o mientras dicho recurso se halle pendiente de resolución, la sanción administrativa no puede ejecutarse, lo que constituye una garantía reforzada específica de la potestad sancionadora, distinta y más intensa que la regla general del artículo 117.1 aplicable a los recursos frente a actos no sancionadores (que sí son, por regla general, inmediatamente ejecutivos aun estando pendiente el recurso, salvo suspensión cautelar expresamente acordada). En el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta regla determina que una sanción impuesta por acta de infracción no deviene ejecutiva, y por tanto no puede iniciarse su recaudación en vía ejecutiva, hasta que la resolución sancionadora sea firme en vía administrativa, bien por no haberse recurrido en plazo, bien por haberse resuelto expresamente el recurso de alzada interpuesto.

El reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario con reducción de la sanción (art. 85 Ley 39/2015)

El artículo 85 de la Ley 39/2015 regula dos especialidades de la terminación del procedimiento sancionador orientadas a la simplificación y a la economía procedimental. El artículo 85.1 dispone que, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. El artículo 85.2 añade que, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar, según disponga la normativa sectorial, la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. Esta técnica de reconocimiento y pago voluntario se proyecta en el ámbito laboral y de Seguridad Social a través de la reducción de la sanción prevista en la normativa sobre infracciones y sanciones en el orden social para los casos de reconocimiento de la infracción y pago en el plazo correspondiente, favoreciendo así la finalización ágil del procedimiento y el ahorro de costes de gestión para la Administración, a cambio de una minoración de la sanción pecuniaria aplicable para el infractor.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 25 CE es el fundamento constitucional de la potestad sancionadora administrativa; el art. 25.3 CE prohíbe a la Administración imponer sanciones privativas de libertad.
  • Administración y Derecho Penal comparten el mismo ius puniendi estatal; rige la preferencia de la jurisdicción penal cuando los mismos hechos pudieran ser delito.
  • Los principios sustantivos de la potestad sancionadora están en la Ley 40/2015, arts. 25 a 31: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.
  • Principio de legalidad (art. 25 LRJSP): la potestad sancionadora requiere habilitación por norma con rango de ley y atribución expresa a un órgano.
  • Principio de tipicidad (art. 27 LRJSP): la ley debe fijar infracciones y límites máximo/mínimo de sanciones; el reglamento solo puede graduar o especificar, nunca crear nuevas infracciones o sanciones.
  • Irretroactividad (art. 26.1 LRJSP) de las normas sancionadoras desfavorables; retroactividad (art. 26.2) de las favorables al infractor, incluso con sanción ya impuesta.
  • Principio de responsabilidad (art. 28 LRJSP): exige dolo o culpa, proscribiendo la responsabilidad puramente objetiva.
  • Principio de proporcionalidad (art. 29 LRJSP): criterios de graduación (culpabilidad, continuidad, perjuicios, reincidencia); la infracción nunca debe ser más rentable que cumplir la norma.
  • Prescripción (art. 30 LRJSP), régimen supletorio si la ley sectorial no fija plazos: infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones con los mismos plazos, contados desde que la resolución sancionadora sea ejecutable o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
  • Non bis in idem (art. 31 LRJSP): prohíbe doble sanción cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento; si falta identidad de fundamento, cabe doble sanción.
  • Ante posible delito, la Administración debe paralizar el procedimiento sancionador, dar traslado al Ministerio Fiscal/órgano judicial, y quedar vinculada por los hechos probados en la sentencia firme (art. 31.1 y 31.3 LRJSP).
  • Los procedimientos sancionadores SIEMPRE se inician de oficio, nunca a instancia de parte.
  • Especialidad clave del procedimiento sancionador: separación entre órgano instructor y órgano que resuelve (garantía de imparcialidad objetiva).
  • Presunción de inocencia (art. 24.2 CE): la carga de la prueba corresponde a la Administración; las actas de la Inspección de Trabajo gozan de presunción de certeza (iuris tantum) sobre los hechos constatados directamente por el inspector.
  • Derecho a no declarar contra sí mismo, matizado por los deberes de colaboración documental (p. ej. exhibir documentación laboral a la Inspección), que no equivalen a autoincriminación verbal.
  • Plazo máximo para resolver un procedimiento sancionador: 6 meses (art. 21.3 LPAC), salvo norma con rango de ley que fije otro; su incumplimiento produce caducidad y archivo, sin perjuicio de reiniciar si no ha prescrito la infracción.
  • Las sanciones pueden ser pecuniarias (multas) o no pecuniarias (suspensión de licencias, inhabilitación para contratar/subvenciones, pérdida de bonificaciones de empleo).
  • Las medidas provisionales durante el procedimiento (p. ej. paralización de trabajos por riesgo grave e inminente) deben ser motivadas y proporcionadas, y no prejuzgan la culpabilidad.
  • Las medidas de reposición de la legalidad (cesación de actividad, subsanación) tienen naturaleza NO sancionadora y pueden acordarse aunque no haya sanción o esta prescriba.
  • La LISOS prevé responsabilidad solidaria (contratas/subcontratas en obligaciones salariales y de Seguridad Social; cesión ilegal de trabajadores) y subsidiaria en determinados supuestos.
  • La tramitación simplificada reduce el plazo de resolución a 30 días; el interesado puede oponerse en los primeros 5 días del procedimiento.
  • Las resoluciones sancionadoras NO son inmediatamente ejecutivas mientras caben recursos en vía administrativa (art. 98.1.b LPAC), regla más garantista que la del art. 117.1 aplicable al resto de actos.
  • El reconocimiento de responsabilidad (art. 85.1 LPAC) y el pago voluntario de sanciones pecuniarias (art. 85.2 LPAC) pueden determinar la terminación anticipada del procedimiento, habitualmente con reducción de la sanción según la normativa sectorial.
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Pregunta 1 de 100 aciertos

Los principios sustantivos de la potestad sancionadora (legalidad, tipicidad, irretroactividad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones) se recogen en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 28 de Inspector Trabajo?

La potestad sancionadora es la facultad que el ordenamiento jurídico atribuye a las Administraciones públicas para reprimir, mediante la imposición de sanciones, las conductas de los administrados que infrinjan el ordenamiento administrativo. Se trata de una manifestación de la autotutela administrativa que, por su cercanía material con el ius puniendi del Estado, exige un conjunto de garantías equivalentes, con matices, a las del Derecho Penal. Estas garantías se articulan en dos planos complementarios: los principios sustantivos de la potestad sancionadora, recogidos en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y los principios y especialidades del procedimiento a través del cual dicha potestad se ejerce, recogidos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, este es uno de los temas más transversales de todo el temario, porque el procedimiento sancionador derivado de las actas de infracción constituye el núcleo de su actividad de control del cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos y de Seguridad Social, siendo indispensable dominar tanto los límites sustantivos de la potestad punitiva como las garantías procedimentales del expedientado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 28 para el examen?

El art. 25 CE es el fundamento constitucional de la potestad sancionadora administrativa; el art. 25.3 CE prohíbe a la Administración imponer sanciones privativas de libertad. Administración y Derecho Penal comparten el mismo ius puniendi estatal; rige la preferencia de la jurisdicción penal cuando los mismos hechos pudieran ser delito. Los principios sustantivos de la potestad sancionadora están en la Ley 40/2015, arts. 25 a 31: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. Principio de legalidad (art. 25 LRJSP): la potestad sancionadora requiere habilitación por norma con rango de ley y atribución expresa a un órgano. Principio de tipicidad (art. 27 LRJSP): la ley debe fijar infracciones y límites máximo/mínimo de sanciones; el reglamento solo puede graduar o especificar, nunca crear nuevas infracciones o sanciones. Irretroactividad (art. 26.1 LRJSP) de las normas sancionadoras desfavorables; retroactividad (art. 26.2) de las favorables al infractor, incluso con sanción ya impuesta. Principio de responsabilidad (art. 28 LRJSP): exige dolo o culpa, proscribiendo la responsabilidad puramente objetiva. Principio de proporcionalidad (art. 29 LRJSP): criterios de graduación (culpabilidad, continuidad, perjuicios, reincidencia); la infracción nunca debe ser más rentable que cumplir la norma. Prescripción (art. 30 LRJSP), régimen supletorio si la ley sectorial no fija plazos: infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones con los mismos plazos, contados desde que la resolución sancionadora sea ejecutable o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Non bis in idem (art. 31 LRJSP): prohíbe doble sanción cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento; si falta identidad de fundamento, cabe doble sanción. Ante posible delito, la Administración debe paralizar el procedimiento sancionador, dar traslado al Ministerio Fiscal/órgano judicial, y quedar vinculada por los hechos probados en la sentencia firme (art. 31.1 y 31.3 LRJSP). Los procedimientos sancionadores SIEMPRE se inician de oficio, nunca a instancia de parte. Especialidad clave del procedimiento sancionador: separación entre órgano instructor y órgano que resuelve (garantía de imparcialidad objetiva). Presunción de inocencia (art. 24.2 CE): la carga de la prueba corresponde a la Administración; las actas de la Inspección de Trabajo gozan de presunción de certeza (iuris tantum) sobre los hechos constatados directamente por el inspector. Derecho a no declarar contra sí mismo, matizado por los deberes de colaboración documental (p. ej. exhibir documentación laboral a la Inspección), que no equivalen a autoincriminación verbal. Plazo máximo para resolver un procedimiento sancionador: 6 meses (art. 21.3 LPAC), salvo norma con rango de ley que fije otro; su incumplimiento produce caducidad y archivo, sin perjuicio de reiniciar si no ha prescrito la infracción. Las sanciones pueden ser pecuniarias (multas) o no pecuniarias (suspensión de licencias, inhabilitación para contratar/subvenciones, pérdida de bonificaciones de empleo). Las medidas provisionales durante el procedimiento (p. ej. paralización de trabajos por riesgo grave e inminente) deben ser motivadas y proporcionadas, y no prejuzgan la culpabilidad. Las medidas de reposición de la legalidad (cesación de actividad, subsanación) tienen naturaleza NO sancionadora y pueden acordarse aunque no haya sanción o esta prescriba. La LISOS prevé responsabilidad solidaria (contratas/subcontratas en obligaciones salariales y de Seguridad Social; cesión ilegal de trabajadores) y subsidiaria en determinados supuestos. La tramitación simplificada reduce el plazo de resolución a 30 días; el interesado puede oponerse en los primeros 5 días del procedimiento. Las resoluciones sancionadoras NO son inmediatamente ejecutivas mientras caben recursos en vía administrativa (art. 98.1.b LPAC), regla más garantista que la del art. 117.1 aplicable al resto de actos. El reconocimiento de responsabilidad (art. 85.1 LPAC) y el pago voluntario de sanciones pecuniarias (art. 85.2 LPAC) pueden determinar la terminación anticipada del procedimiento, habitualmente con reducción de la sanción según la normativa sectorial.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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