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Tema 22. Requisitos de los actos administrativos: De fondo y forma. Motivación de los actos administrativos. Notificación de los actos administrativos. El silencio administrativo. Naturaleza del silencio administrativo y régimen jurídico-positivo en las distintas Administraciones. Los actos tácitos.

Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio) · Índice oficial del BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165).

Este temario corresponde al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (A1), turno libre — NO al Cuerpo de Subinspectores Laborales, que tiene proceso y temario propios. Cubre únicamente el Primer bloque, obligatorio, del primer ejercicio (33 temas: Organización de las Administraciones Públicas, Derecho de la Unión Europea y Derecho Administrativo). El proceso selectivo incluye además un Segundo bloque optativo (el aspirante elige una materia entre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario o Economía y Contabilidad) y otros ejercicios posteriores (Prevención de Riesgos Laborales, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, normativa internacional...) que todavía no están recogidos aquí.

Este tema desarrolla los requisitos que debe reunir un acto administrativo válido, distinguiendo entre requisitos de fondo (competencia, procedimiento, causa, fin y contenido) y de forma, con especial atención a la motivación como garantía frente a la arbitrariedad y como técnica de control de la discrecionalidad. Se estudia después, con detalle, el régimen de la notificación de los actos administrativos regulado en la Ley 39/2015 (contenido mínimo, plazo, formas de práctica en papel y por medios electrónicos, y consecuencias de las notificaciones defectuosas), y finalmente la institución del silencio administrativo, sus dos modalidades (positivo y negativo), su distinta naturaleza jurídica, y su distinción respecto de los actos tácitos, todo ello sin perder de vista que la falta de resolución expresa nunca exime a la Administración de su obligación legal de resolver (art. 21 Ley 39/2015).

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Requisitos de fondo del acto administrativo: competencia, procedimiento, causa, fin y contenido

Para que un acto administrativo sea válido debe reunir un conjunto de requisitos que la doctrina agrupa tradicionalmente en requisitos de fondo (o sustanciales) y requisitos de forma. Entre los requisitos de fondo se sitúan, en primer lugar, la competencia del órgano que lo dicta, esto es, que la decisión se adopte por el órgano administrativo al que el ordenamiento atribuye la potestad correspondiente. En segundo lugar, la existencia y adecuada valoración de la causa, esto es, del presupuesto de hecho habilitante y de su coherencia con el fin de la potestad ejercitada. En tercer lugar, el respeto al fin, esto es, que la potestad se ejercite para el objetivo de interés general concreto que el ordenamiento le asigna, sin incurrir en desviación de poder. En cuarto lugar, un contenido lícito, posible, determinado o determinable y adecuado a los fines del acto. Todos estos requisitos de fondo son controlables, en su caso, mediante el correspondiente recurso administrativo o judicial, y su infracción determina, según la gravedad del vicio, la nulidad de pleno derecho (art. 47 Ley 39/2015) o la simple anulabilidad (art. 48 Ley 39/2015) del acto, siendo la competencia y el fin (a través de la desviación de poder) los requisitos de fondo con un régimen de control jurisprudencial más consolidado y exigente.

Requisitos de forma: procedimiento de elaboración

Los requisitos de forma del acto administrativo se refieren, de un lado, al procedimiento a través del cual se elabora y adopta la decisión, y de otro, a la forma externa de exteriorización de esa decisión (forma escrita, en principio electrónica, conforme al art. 36.1 Ley 39/2015). El procedimiento administrativo constituye, en el Derecho español, un requisito esencial y no una mera formalidad accesoria: la Ley 39/2015 configura el procedimiento como la garantía objetiva de acierto de la decisión administrativa (a través de trámites como la instrucción, la prueba, los informes preceptivos y el trámite de audiencia) y como garantía subjetiva de los derechos del interesado a intervenir en la formación de la voluntad administrativa que va a afectarle. Por ello, la omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, o de las normas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, constituye uno de los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e Ley 39/2015), mientras que la omisión de un trámite concreto no esencial, o el incumplimiento de un plazo, puede degradarse a un vicio de mera irregularidad no invalidante si no ha causado indefensión, en aplicación del principio de conservación de los actos administrativos (arts. 49 y 51 Ley 39/2015).

La motivación de los actos administrativos: concepto y función

La motivación es la exteriorización de las razones fácticas y jurídicas que fundamentan la decisión administrativa, exponiendo el proceso lógico y jurídico que ha conducido a la Administración a resolver en un determinado sentido. Cumple una triple función esencial en el Estado de Derecho: en primer lugar, una función de autocontrol, pues obliga a la propia Administración a reflexionar y justificar internamente la coherencia y razonabilidad de su decisión antes de adoptarla; en segundo lugar, una función de garantía para el interesado, al permitirle conocer con precisión las razones de la decisión que le afecta y valorar la conveniencia de recurrirla, y los concretos motivos que habrá de combatir en su recurso; en tercer lugar, una función de control judicial, pues sin motivación resulta extraordinariamente difícil para los Tribunales fiscalizar si la Administración ha respetado los límites de su potestad, especialmente cuando esta es discrecional o cuando aplica conceptos jurídicos indeterminados. La motivación no exige un razonamiento exhaustivo ni una extensión determinada, pero sí debe ser suficiente, esto es, permitir conocer los criterios esenciales que fundamentan la decisión; se admite la motivación por referencia a informes o dictámenes obrantes en el expediente, siempre que se incorporen al texto de la resolución (art. 88.6 Ley 39/2015).

Actos que deben motivarse (art. 35 Ley 39/2015)

El art. 35.1 de la Ley 39/2015 enumera, con carácter no exhaustivo, los actos que deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, así como los que declaren su inadmisión; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales; los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias; los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa; los que acuerden la terminación del procedimiento por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio; las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial; y los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Esta enumeración, aunque extensa, no cierra el catálogo de actos motivables, pues cualquier norma sectorial puede imponer expresamente la motivación de otros actos, y la propia jurisprudencia ha extendido la exigencia de motivación, con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva, más allá de los supuestos literalmente enumerados en el precepto.

Consecuencias de la falta de motivación

La ausencia o insuficiencia de motivación, cuando esta resulte legalmente exigible, constituye un vicio del acto administrativo cuya gravedad depende de las circunstancias del caso. Con carácter general, la falta de motivación se configura como un vicio de anulabilidad, encuadrable en el art. 48.1 de la Ley 39/2015 (infracción del ordenamiento jurídico), pues afecta a un elemento formal del acto sin llegar, salvo supuestos extremos, a determinar su nulidad de pleno derecho; no obstante, un sector jurisprudencial ha calificado la ausencia total y absoluta de motivación en actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales como un vicio de especial gravedad, al equivaler en la práctica a una decisión arbitraria contraria al art. 9.3 CE, aunque sin llegar a asimilarla automáticamente a la nulidad radical. La jurisprudencia distingue además entre la falta de motivación en sentido estricto (ausencia total de razonamiento) y la motivación insuficiente o defectuosa (razonamiento incompleto, contradictorio o estereotipado), correspondiendo a esta última un tratamiento más flexible que puede no determinar necesariamente la anulación si, pese a sus defectos, permite conocer las razones esenciales de la decisión y no ha generado indefensión material al interesado, en aplicación del principio de proporcionalidad de las nulidades y de conservación de los actos administrativos.

La notificación de los actos administrativos: contenido mínimo (art. 40 Ley 39/2015)

La notificación es el acto de comunicación formal mediante el cual la Administración pone en conocimiento del interesado el contenido íntegro de una resolución o acto que le afecta, constituyendo un requisito de eficacia del acto, no de su validez: un acto administrativo puede ser plenamente válido desde que se dicta, pero no desplegará sus efectos frente al interesado hasta que se le notifique correctamente (art. 39.2 Ley 39/2015). El art. 40.2 de la Ley 39/2015 exige que toda notificación deba contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que contengan el texto íntegro del acto pero omitan alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda (art. 40.3 Ley 39/2015), lo que constituye una regla de subsanación de las notificaciones defectuosas por conocimiento efectivo del interesado.

El plazo para notificar

El art. 40.1 de la Ley 39/2015 establece que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, debiendo contener el texto íntegro de la resolución. Este plazo de diez días se refiere al momento en que la Administración debe cursar o remitir la notificación, no al momento en que efectivamente llega a conocimiento del interesado, distinción relevante a efectos de determinar la diligencia de la Administración y, en su caso, la eventual responsabilidad patrimonial derivada de un retraso injustificado. El cumplimiento de este plazo de diez días para cursar la notificación es independiente del plazo máximo de seis meses (u otro distinto fijado por la norma reguladora del procedimiento) que el art. 21.2 y 21.3 de la Ley 39/2015 establece para resolver y notificar la resolución del procedimiento en su conjunto: a efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de resolución del procedimiento, basta con acreditar que se ha realizado un intento de notificación conteniendo el texto íntegro de la resolución dentro de dicho plazo (art. 40.4 Ley 39/2015), sin necesidad de que la notificación haya llegado efectivamente a conocimiento del interesado antes de que expire el plazo máximo del procedimiento.

Formas de practicar la notificación: en papel y por medios electrónicos

El art. 41.1 de la Ley 39/2015 establece como regla general que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, sin perjuicio de que, con independencia del medio utilizado, las notificaciones sean válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos (art. 41.1, párrafo segundo). Reglamentariamente, las Administraciones pueden establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 41.1, párrafo tercero), en coherencia con el art. 14.3 de la Ley 39/2015, que habilita esta ampliación reglamentaria del colectivo de obligados electrónicos.

La notificación electrónica obligatoria para determinados sujetos

El art. 14.2 de la Ley 39/2015 establece la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, incluyendo la recepción de notificaciones por esta vía, a determinados sujetos: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (incluyendo notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Este colectivo de sujetos obligados, muy relevante en el ámbito de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (dado que las empresas, como personas jurídicas, están siempre incluidas), recibe sus notificaciones a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o del sistema de notificaciones electrónicas correspondiente, considerándose practicada la notificación en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, y, si transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación no se accede a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada, con los efectos previstos en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

La práctica de la notificación en papel: los dos intentos

El art. 42.2 de la Ley 39/2015 dispone que, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y, en el primer intento, no se halle presente este ni ninguna otra persona que pueda hacerse cargo de ella, se hará constar tal circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, en una hora distinta, dentro de los tres días siguientes. Este régimen de un segundo intento en horario diferente al del primero pretende maximizar las posibilidades reales de que el interesado reciba efectivamente la comunicación, evitando que la notificación resulte fallida por la mera coincidencia de que el intento se practique siempre en la misma franja horaria en la que el destinatario no suele estar presente en su domicilio. Cuando el interesado accede al contenido electrónico de la notificación en papel enviada por la Administración a través de la sede electrónica o de la comparecencia electrónica (opción que la Ley 39/2015 admite con carácter facultativo), se entenderá cumplida la obligación de notificar y quedará constancia de ello en el expediente. Si tras los dos intentos la notificación resulta infructuosa, procede acudir a la publicación como sistema subsidiario de notificación (art. 44 Ley 39/2015).

La notificación infructuosa y la publicación en el BOE o el tablón edictal único

El art. 44 de la Ley 39/2015 dispone que, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el art. 41.1, o bien, intentada la notificación, esta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con anterioridad, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente, si bien esta publicación adicional será facultativa y no determinará, por sí sola, el inicio del cómputo de plazos para recurrir, tarea reservada en exclusiva a la publicación en el BOE. Desde la Ley 39/2015, se ha unificado el sistema mediante la creación del Tablón Edictal Único (TEU), gestionado a través del BOE, sustituyendo la anterior dispersión de tablones edictales de las distintas Administraciones, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos la localización de las notificaciones que les afecten mediante un punto único de acceso electrónico, reforzando así la seguridad jurídica y la eficacia del sistema de notificación por comparecencia y edictos.

Efectos de las notificaciones defectuosas

El régimen de las notificaciones defectuosas persigue equilibrar dos principios en tensión: la seguridad jurídica de la Administración (que necesita certeza sobre cuándo empiezan a correr los plazos de recurso) y la tutela judicial efectiva del interesado (art. 24.1 CE), que no puede verse perjudicado por defectos de la notificación que no le sean imputables. El art. 40.3 de la Ley 39/2015 establece la regla general: las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitieran alguno de los restantes requisitos previstos en el art. 40.2 (indicación de recursos, plazo, órgano) surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución, o interponga el recurso procedente. Esta regla de subsanación por conocimiento efectivo protege al interesado frente a los defectos formales de la notificación, sin permitir que estos perjudiquen su derecho a recurrir, pues el plazo para hacerlo no empieza a correr hasta que quede acreditado ese conocimiento real y completo del acto. Cuando, en cambio, la notificación defectuosa ni siquiera contenga el texto íntegro de la resolución, la doctrina y jurisprudencia consideran que no puede hablarse propiamente de notificación válida ni siquiera a efectos de iniciar el cómputo de plazos por la vía de la subsanación del art. 40.3, siendo necesaria una notificación completamente nueva y correctamente practicada.

El silencio administrativo: concepto y fundamento como garantía frente a la inactividad

El silencio administrativo es la técnica jurídica en virtud de la cual el ordenamiento atribuye un determinado efecto (estimatorio o desestimatorio) a la falta de resolución expresa de la Administración dentro del plazo máximo legalmente establecido para resolver un procedimiento. Se configura históricamente como una garantía a favor del administrado frente a la inactividad de la Administración: ante la eventualidad de que esta incumpla su obligación legal de resolver, el ordenamiento no puede dejar al ciudadano en una situación de absoluta indefinición sine die, sino que debe habilitar algún mecanismo que le permita, transcurrido el plazo máximo, conocer con certeza cuál es su situación jurídica y, en su caso, acceder a los recursos administrativos y judiciales pertinentes. El fundamento constitucional de esta técnica se encuentra en el derecho a una buena administración implícito en el art. 103.1 CE (eficacia) y, sobre todo, en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, que exigiría que la pasividad de la Administración no pudiera convertirse en un obstáculo insuperable para el acceso del ciudadano a la justicia. La Ley 39/2015 regula el silencio administrativo, con carácter diferenciado, en los arts. 24 (procedimientos iniciados a solicitud del interesado) y 25 (procedimientos iniciados de oficio).

El silencio positivo o estimatorio: regla general en las solicitudes

El art. 24.1 de la Ley 39/2015 establece la regla general de que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo en los supuestos en que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional establezca lo contrario. Esta configuración del silencio positivo como regla general, invirtiendo el sistema tradicional que privilegiaba el silencio negativo, responde a una opción de política legislativa clara: hacer recaer sobre la Administración las consecuencias negativas de su propia inactividad, en lugar de perjudicar al ciudadano diligente que ha cumplido con su obligación de presentar la solicitud en debida forma. No obstante, el propio art. 24.1, párrafo segundo, exceptúa de esta regla general los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones (en los que el silencio será desestimatorio, salvo cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud por el transcurso del plazo, en cuyo caso el silencio en el recurso será estimatorio), y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

El silencio negativo o desestimatorio: supuestos legales tasados

Frente a la regla general del silencio positivo, el ordenamiento reserva el silencio negativo o desestimatorio a supuestos tasados en los que una norma con rango de ley (o de Derecho de la Unión Europea o internacional) así lo establezca expresamente, atendiendo a la especial trascendencia de la materia para el interés general. El propio art. 24.1 de la Ley 39/2015 enumera con carácter general algunos de estos supuestos: el ejercicio del derecho de petición del art. 29 CE, aquellos procedimientos cuya estimación implicaría la transferencia de facultades relativas al dominio público o al servicio público a favor del solicitante o de terceros, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones (con la excepción ya señalada del recurso de alzada frente a la desestimación por silencio de una solicitud). Junto a estos supuestos generales, la normativa sectorial establece otros muchos casos concretos de silencio negativo, justificados normalmente por razones de protección de intereses generales de especial relevancia (medio ambiente, seguridad, salud pública) frente al riesgo de que una estimación automática por el mero transcurso del tiempo pudiera producir efectos perjudiciales difícilmente reversibles para esos intereses colectivos, primando en tales casos la seguridad del sistema sobre la celeridad en la respuesta al interesado.

Naturaleza jurídica del silencio positivo: verdadero acto administrativo

El art. 24.2 de la Ley 39/2015 zanja expresamente la controvertida cuestión de la naturaleza jurídica del silencio positivo, al establecer que la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, con plenos efectos frente a la Administración y frente a terceros; se trata, por tanto, de un verdadero y auténtico acto administrativo, aunque de producción automática por el mero transcurso del plazo, sin necesidad de una manifestación de voluntad expresa del órgano competente. Esta calificación tiene consecuencias jurídicas de primer orden: el acto estimatorio por silencio goza de la misma presunción de validez y eficacia que cualquier acto expreso, y por ello, si la Administración pretende dejarlo sin efecto por considerarlo contrario a Derecho, no puede hacerlo dictando simplemente una resolución tardía en sentido contrario (que sería nula de pleno derecho por contradecir un acto ya declarativo de derechos), sino que debe acudir necesariamente a los cauces de revisión de oficio previstos para los actos favorables: la revisión de oficio si el acto incurriera en un supuesto de nulidad de pleno derecho (art. 106 Ley 39/2015), o la declaración de lesividad y su ulterior impugnación judicial si el acto fuera meramente anulable (art. 107 Ley 39/2015).

Naturaleza jurídica del silencio negativo: ficción legal para permitir el acceso a los recursos

A diferencia del silencio positivo, el silencio negativo no constituye, en puridad, un verdadero acto administrativo, sino una ficción jurídica de efectos exclusivamente procesales o procedimentales, cuya única finalidad es permitir al interesado, ante la pasividad de la Administración, acceder a los recursos administrativos y judiciales que le correspondan sin tener que esperar indefinidamente a una resolución expresa que quizá nunca llegue. Así lo confirma el art. 24.3.b) de la Ley 39/2015, al establecer que la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Esta naturaleza de ficción legal, y no de verdadero acto, explica una consecuencia práctica de gran relevancia: al no existir un acto real cuyo contenido deba respetarse, la Administración conserva la obligación de resolver expresamente incluso después de producido el silencio negativo (art. 24.3.a Ley 39/2015), y esa resolución expresa posterior podrá dictarse en cualquier sentido, sin vinculación alguna al sentido desestimatorio del silencio, pudiendo incluso ser finalmente estimatoria de la pretensión del interesado, algo que resultaría jurídicamente imposible si el silencio negativo constituyera un verdadero acto administrativo con efectos de cosa decidida.

El régimen jurídico-positivo del silencio en las distintas Administraciones

El régimen jurídico del silencio administrativo regulado en la Ley 39/2015 tiene carácter básico y de aplicación general a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), en virtud de su carácter de legislación básica sobre el procedimiento administrativo común, dictada al amparo del art. 149.1.18ª CE. No obstante, dentro de ese marco común, la determinación concreta de qué procedimientos tienen sentido estimatorio y cuáles desestimatorio corresponde a la norma reguladora de cada procedimiento en particular, que puede ser estatal, autonómica o local, según el reparto competencial sobre la materia sustantiva de que se trate; así, es la normativa reguladora sectorial (urbanismo, medio ambiente, empleo, seguridad social) la que, dentro de los límites y criterios generales fijados por la Ley 39/2015, precisa el sentido del silencio en cada procedimiento concreto, debiendo las Administraciones Públicas publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración y de los efectos que produzca el silencio administrativo (art. 21.4 Ley 39/2015). Esta obligación de publicidad de las relaciones de procedimientos y de sus efectos por el transcurso del plazo constituye una garantía adicional de transparencia y de seguridad jurídica para el ciudadano frente a la dispersión normativa sectorial en esta materia.

La certificación de actos presuntos

La certificación de actos presuntos era, bajo la vigencia de la anterior Ley 30/1992, un instrumento mediante el cual el interesado podía obtener de la Administración un documento acreditativo de que se había producido el silencio administrativo y de su sentido, resultando de gran utilidad práctica para acreditar frente a terceros (registros, notarios, otras Administraciones) la existencia y el contenido del acto presunto, especialmente en el caso del silencio positivo. La Ley 39/2015 ha suprimido la regulación expresa de esta figura como trámite autónomo y necesario, en la medida en que el art. 24.2 dispone directamente que la obligación de dictar resolución expresa se sujeta al mismo régimen que la resolución expresa dictada antes del silencio, y que el acto administrativo producido por silencio administrativo se podrá hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, produciendo efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, siendo su existencia acreditable por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que la Administración pueda expedir de oficio o a instancia del interesado (art. 24.4 Ley 39/2015), lo que en la práctica mantiene una funcionalidad equivalente a la antigua certificación de actos presuntos, aunque con una configuración normativa más flexible.

Los actos tácitos o presuntos y su distinción del silencio administrativo

Los actos tácitos son aquellos en los que la voluntad de la Administración, aunque no se manifiesta de forma expresa y directa, se deduce inequívocamente de un comportamiento concluyente o de una actuación material que resulta incompatible con cualquier otra voluntad distinta (por ejemplo, la Administración que, sin resolver expresamente una solicitud de licencia, comienza a exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales asociadas a su ejercicio, revelando así tácitamente su voluntad de conceder la autorización). Se distinguen del silencio administrativo en un aspecto esencial: mientras el silencio es una pura inactividad formal a la que la ley anuda un efecto jurídico predeterminado (positivo o negativo) con independencia de cuál sea la verdadera voluntad interna del órgano competente, el acto tácito exige que exista una verdadera manifestación de voluntad administrativa, aunque exteriorizada de forma indirecta a través de hechos o actuaciones materiales concluyentes, y no meramente presumida por el mero transcurso de un plazo. La categoría del acto tácito, de escasa regulación positiva expresa en la Ley 39/2015, tiene relevancia práctica limitada pero no desdeñable, especialmente en la prueba de determinadas situaciones jurídicas cuando la Administración ha actuado de hecho de una manera reveladora de una voluntad no formalizada en un acto expreso ni cubierta por los plazos del silencio administrativo.

La obligación de resolver expresamente pese al silencio (art. 21 Ley 39/2015)

El art. 21.1 de la Ley 39/2015 impone a la Administración la obligación de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, precisando expresamente que en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Esta obligación de resolver expresamente subsiste íntegramente, y no se extingue por el mero hecho de que se haya producido el silencio administrativo, sea este positivo o negativo, tal y como confirma expresamente el art. 24.3.a) de la Ley 39/2015 respecto del silencio desestimatorio ("la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo") y, con la matización señalada, respecto del positivo, cuya resolución tardía solo puede ser confirmatoria del acto ya producido, en coherencia con la naturaleza de verdadero acto administrativo que este ostenta y con la imposibilidad de que la Administración lo contradiga sin acudir a los cauces de revisión de oficio.

La ampliación y la suspensión del plazo máximo para resolver (arts. 22 y 23 Ley 39/2015)

El plazo máximo para resolver un procedimiento, cuyo transcurso sin resolución expresa determina los efectos del silencio administrativo, puede verse afectado por dos técnicas distintas reguladas en la Ley 39/2015. La suspensión del plazo máximo (art. 22) permite detener temporalmente el cómputo del plazo en determinados supuestos tasados: cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios (el plazo se suspende desde que se notifica el requerimiento hasta que se cumplimente efectivamente o, en su caso, transcurra el plazo concedido); cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea; cuando deban solicitarse informes preceptivos a un órgano de la misma o de distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe, que no podrá exceder en ningún caso de tres meses; o cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados. La ampliación del plazo máximo (art. 23), por su parte, es una decisión motivada del órgano competente, adoptada excepcionalmente cuando el volumen de solicitudes formuladas o cualquier otra causa similar lo justifique, que permite extender el plazo máximo de resolución, sin que dicha ampliación, ni los acuerdos sobre ella, sean en ningún caso susceptibles de recurso.

La publicación de los actos administrativos (art. 45 Ley 39/2015)

Junto a la notificación, régimen ordinario de comunicación de los actos administrativos de destinatario singular o plural determinado, la Ley 39/2015 regula en su art. 45 la publicación como forma alternativa o complementaria de dar a conocer el acto, que resulta obligatoria en varios supuestos tasados: cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento; cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente; o cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo en este último caso, además, exigible la publicación para que surta efectos de notificación. La publicación de un acto debe contener los mismos elementos exigidos por el art. 40.2 de la Ley 39/2015 para las notificaciones (texto íntegro, indicación de si agota la vía administrativa, recursos procedentes, órgano y plazo), y en los supuestos de publicación obligatoria por afectar a una pluralidad indeterminada de destinatarios, dicha publicación sustituye a la notificación surtiendo sus mismos efectos jurídicos. La publicación se diferencia de la notificación por edictos (art. 44), mecanismo subsidiario que solo entra en juego cuando la notificación ordinaria ha resultado imposible o infructuosa respecto de un destinatario concreto y determinado, mientras que la publicación del art. 45 puede ser, según los casos, la forma ordinaria y directamente exigida de comunicación cuando el acto afecta a una generalidad de personas.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los requisitos de fondo del acto son competencia, causa, fin y contenido; su infracción determina, según la gravedad, nulidad de pleno derecho (art. 47 Ley 39/2015) o anulabilidad (art. 48 Ley 39/2015).
  • El procedimiento es un requisito esencial: su omisión total y absoluta determina nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e Ley 39/2015); la omisión de un trámite no esencial sin indefensión es mera irregularidad no invalidante.
  • La motivación cumple funciones de autocontrol, de garantía del interesado y de control judicial; es especialmente exigible en actos discrecionales y en los que se apartan de precedentes (art. 35.1 Ley 39/2015).
  • El art. 35.1 Ley 39/2015 enumera de forma no exhaustiva los actos que deben motivarse: los limitativos de derechos, los sancionadores, los discrecionales, los que se apartan de un criterio precedente o de un dictamen, y los de responsabilidad patrimonial, entre otros.
  • La falta de motivación es, con carácter general, un vicio de anulabilidad (art. 48.1 Ley 39/2015), aunque la ausencia total en un acto discrecional puede aproximarse a la arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 CE.
  • La notificación es requisito de eficacia, no de validez, del acto (art. 39.2 Ley 39/2015); debe contener el texto íntegro, indicación de si agota la vía administrativa, recursos, órgano y plazo (art. 40.2 Ley 39/2015).
  • El plazo para cursar la notificación es de diez días desde que el acto se dictó (art. 40.1); basta un intento de notificación con el texto íntegro dentro del plazo máximo del procedimiento para entender cumplida la obligación de notificar en plazo (art. 40.4).
  • Las notificaciones defectuosas que omiten recursos, plazo u órgano (pero incluyen el texto íntegro) surten efecto desde que el interesado actúa mostrando conocimiento del acto o interpone el recurso procedente (art. 40.3 Ley 39/2015).
  • Las personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados obligatoriamente y representantes de obligados están obligados a recibir notificaciones electrónicas (art. 14.2 Ley 39/2015); si no acceden en 10 días naturales, la notificación se entiende rechazada (art. 43.2).
  • La notificación en papel exige dos intentos en franjas horarias distintas dentro de tres días, con al menos tres horas de diferencia entre ellos (art. 42.2 Ley 39/2015).
  • Agotados los intentos sin éxito, o si se ignora el domicilio, la notificación se practica mediante anuncio en el BOE (art. 44 Ley 39/2015), hoy centralizado en el Tablón Edictal Único.
  • El silencio positivo es la regla general en procedimientos a solicitud del interesado (art. 24.1 Ley 39/2015); se excluyen el derecho de petición, la transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, la responsabilidad patrimonial y, en general, los recursos administrativos.
  • El silencio positivo tiene, a todos los efectos, la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento (art. 24.2 Ley 39/2015); solo puede dejarse sin efecto mediante revisión de oficio (art. 106) o declaración de lesividad (art. 107).
  • El silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales (art. 24.3.b Ley 39/2015): permite recurrir, pero no impide que la Administración resuelva después expresamente en cualquier sentido, incluso estimatorio.
  • La obligación de resolver expresamente (art. 21.1 Ley 39/2015) subsiste tras el silencio; tras un silencio positivo, la resolución tardía solo puede ser confirmatoria del acto ya producido.
  • El acto tácito exige una verdadera voluntad administrativa exteriorizada mediante hechos concluyentes, a diferencia del silencio, que es una pura ficción legal ligada al mero transcurso del plazo, sin relación con la voluntad real del órgano.
  • El plazo máximo para resolver puede suspenderse (art. 22 Ley 39/2015) por requerimiento de subsanación, informes preceptivos (máximo tres meses) o pronunciamientos previos de la UE, o ampliarse motivadamente (art. 23) sin que la ampliación sea recurrible.
  • La publicación (art. 45 Ley 39/2015) es obligatoria cuando el acto tiene una pluralidad indeterminada de destinatarios o cuando la notificación individual resulta insuficiente, y sustituye a la notificación surtiendo sus mismos efectos.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

De acuerdo con el art. 39.2 de la Ley 39/2015, la notificación del acto administrativo constituye un requisito de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 22 de Inspector Trabajo?

Este tema desarrolla los requisitos que debe reunir un acto administrativo válido, distinguiendo entre requisitos de fondo (competencia, procedimiento, causa, fin y contenido) y de forma, con especial atención a la motivación como garantía frente a la arbitrariedad y como técnica de control de la discrecionalidad. Se estudia después, con detalle, el régimen de la notificación de los actos administrativos regulado en la Ley 39/2015 (contenido mínimo, plazo, formas de práctica en papel y por medios electrónicos, y consecuencias de las notificaciones defectuosas), y finalmente la institución del silencio administrativo, sus dos modalidades (positivo y negativo), su distinta naturaleza jurídica, y su distinción respecto de los actos tácitos, todo ello sin perder de vista que la falta de resolución expresa nunca exime a la Administración de su obligación legal de resolver (art. 21 Ley 39/2015).

¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?

Los requisitos de fondo del acto son competencia, causa, fin y contenido; su infracción determina, según la gravedad, nulidad de pleno derecho (art. 47 Ley 39/2015) o anulabilidad (art. 48 Ley 39/2015). El procedimiento es un requisito esencial: su omisión total y absoluta determina nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e Ley 39/2015); la omisión de un trámite no esencial sin indefensión es mera irregularidad no invalidante. La motivación cumple funciones de autocontrol, de garantía del interesado y de control judicial; es especialmente exigible en actos discrecionales y en los que se apartan de precedentes (art. 35.1 Ley 39/2015). El art. 35.1 Ley 39/2015 enumera de forma no exhaustiva los actos que deben motivarse: los limitativos de derechos, los sancionadores, los discrecionales, los que se apartan de un criterio precedente o de un dictamen, y los de responsabilidad patrimonial, entre otros. La falta de motivación es, con carácter general, un vicio de anulabilidad (art. 48.1 Ley 39/2015), aunque la ausencia total en un acto discrecional puede aproximarse a la arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 CE. La notificación es requisito de eficacia, no de validez, del acto (art. 39.2 Ley 39/2015); debe contener el texto íntegro, indicación de si agota la vía administrativa, recursos, órgano y plazo (art. 40.2 Ley 39/2015). El plazo para cursar la notificación es de diez días desde que el acto se dictó (art. 40.1); basta un intento de notificación con el texto íntegro dentro del plazo máximo del procedimiento para entender cumplida la obligación de notificar en plazo (art. 40.4). Las notificaciones defectuosas que omiten recursos, plazo u órgano (pero incluyen el texto íntegro) surten efecto desde que el interesado actúa mostrando conocimiento del acto o interpone el recurso procedente (art. 40.3 Ley 39/2015). Las personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados obligatoriamente y representantes de obligados están obligados a recibir notificaciones electrónicas (art. 14.2 Ley 39/2015); si no acceden en 10 días naturales, la notificación se entiende rechazada (art. 43.2). La notificación en papel exige dos intentos en franjas horarias distintas dentro de tres días, con al menos tres horas de diferencia entre ellos (art. 42.2 Ley 39/2015). Agotados los intentos sin éxito, o si se ignora el domicilio, la notificación se practica mediante anuncio en el BOE (art. 44 Ley 39/2015), hoy centralizado en el Tablón Edictal Único. El silencio positivo es la regla general en procedimientos a solicitud del interesado (art. 24.1 Ley 39/2015); se excluyen el derecho de petición, la transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, la responsabilidad patrimonial y, en general, los recursos administrativos. El silencio positivo tiene, a todos los efectos, la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento (art. 24.2 Ley 39/2015); solo puede dejarse sin efecto mediante revisión de oficio (art. 106) o declaración de lesividad (art. 107). El silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales (art. 24.3.b Ley 39/2015): permite recurrir, pero no impide que la Administración resuelva después expresamente en cualquier sentido, incluso estimatorio. La obligación de resolver expresamente (art. 21.1 Ley 39/2015) subsiste tras el silencio; tras un silencio positivo, la resolución tardía solo puede ser confirmatoria del acto ya producido. El acto tácito exige una verdadera voluntad administrativa exteriorizada mediante hechos concluyentes, a diferencia del silencio, que es una pura ficción legal ligada al mero transcurso del plazo, sin relación con la voluntad real del órgano. El plazo máximo para resolver puede suspenderse (art. 22 Ley 39/2015) por requerimiento de subsanación, informes preceptivos (máximo tres meses) o pronunciamientos previos de la UE, o ampliarse motivadamente (art. 23) sin que la ampliación sea recurrible. La publicación (art. 45 Ley 39/2015) es obligatoria cuando el acto tiene una pluralidad indeterminada de destinatarios o cuando la notificación individual resulta insuficiente, y sustituye a la notificación surtiendo sus mismos efectos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 3, de 3 de enero de 2026, Anexo I (Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-165) (Convocatoria 2025, turno libre — primer ejercicio, primer bloque (obligatorio)).

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