Tema 12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos de las Administraciones Públicas: órganos administrativos, competencias, órganos colegiados, abstención y recusación. Los convenios
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) regula, junto con la Ley 39/2015, el marco del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas y de sus relaciones entre sí: los principios de actuación, el régimen de los órganos administrativos (concepto, creación, competencia, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia), el funcionamiento de los órganos colegiados, la abstención y la recusación, la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial, el funcionamiento electrónico, los convenios (arts. 47 a 53), el sector público institucional y las relaciones interadministrativas. Este tema se centra en los órganos de las Administraciones Públicas, la competencia, los órganos colegiados, la abstención y recusación y los convenios.
La Ley 40/2015: estructura, objeto y principios de actuación
La LRJSP entró en vigor el 2 de octubre de 2016 y derogó, entre otras, la Ley 30/1992 en lo relativo a la organización y funcionamiento. Se estructura en un Título Preliminar (disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público; arts. 1 a 53), un Título I (Administración General del Estado), un Título II (organización y funcionamiento del sector público institucional estatal: organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica), un Título III (relaciones interadministrativas: principios, deber de colaboración, cooperación y coordinación, arts. 140 a 158) y un Título IV (relaciones electrónicas entre las Administraciones). El Título Preliminar se divide en el Capítulo I (disposiciones generales: objeto, ámbito, principios generales y principios de intervención, arts. 1 a 4), Capítulo II (órganos de las Administraciones Públicas, arts. 5 a 24), Capítulo III (principios de la potestad sancionadora, arts. 25 a 31), Capítulo IV (responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, arts. 32 a 37), Capítulo V (funcionamiento electrónico del sector público, arts. 38 a 46) y Capítulo VI (convenios, arts. 47 a 53). Art. 3.1: las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho; deben respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, eficacia, economía y eficiencia, y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. Las Administraciones se relacionan entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos (art. 3.2).
Los órganos administrativos: concepto y creación (arts. 5 y 6)
Art. 5.1: tienen la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Art. 5.2: las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas; comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por depender de un mismo órgano. Corresponde a cada Administración delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. Creación (art. 6.1): la creación de cualquier órgano administrativo exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y de su dependencia jerárquica; b) delimitación de sus funciones y competencias; c) dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos (art. 6.2). Clasificaciones doctrinales: órganos unipersonales y colegiados; órganos activos, consultivos y de control; órganos con competencia general o específica; órganos centrales y periféricos o territoriales; órganos que ponen fin o no a la vía administrativa.
La competencia administrativa (art. 8)
La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la LRJSP u otras leyes (art. 8.1). La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén (art. 8.2). La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos pueden ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias (desconcentración, art. 8.3). Si una disposición atribuye competencia a una Administración sin especificar el órgano que la ejerce, se entiende que esta corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio; si existe más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los asuntos corresponde al superior jerárquico común. Características de la competencia: es de ejercicio obligatorio, inderogable, improrrogable (no puede alterarse por voluntad de las partes), se determina por razón de la materia, del territorio, de la jerarquía y, en ocasiones, del tiempo. La incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio determina la nulidad del acto (art. 47.1.b LPACAP); la incompetencia jerárquica o no manifiesta determina anulabilidad. Conflictos de competencia: el órgano que se estime incompetente para resolver un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, y, si el interesado conoce el órgano competente, puede dirigirse directamente a él (art. 14 LPACAP sobre la dirección de la solicitud de iniciación a órgano incompetente, y arts. 14 y 15 LRJSP sobre decisión de cuestiones de competencia de los órganos administrativos).
Delegación de competencias, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia (arts. 9 a 13)
Delegación de competencias (art. 9): los órganos de las diferentes Administraciones Públicas pueden delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en favor de otros órganos de la misma Administración, incluso cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. En ningún caso pueden ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) los asuntos que se refieran a relaciones institucionales con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas y las Asambleas Legislativas de las mismas; b) la adopción de disposiciones de carácter general; c) la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso; d) las materias en que así se determine por norma con rango de ley. Las delegaciones de competencias y su revocación deben publicarse en el boletín oficial correspondiente (de la provincia, de la comunidad autónoma o del Estado, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante). Las resoluciones adoptadas por delegación indican expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. La delegación es revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. No pueden delegarse las competencias que se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa de una ley. Avocación (art. 10): los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente; se realiza mediante acuerdo motivado que se notifica a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final; contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. Encomienda de gestión (art. 11): la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público puede ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. No supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda. Se formaliza mediante acuerdo expreso de los órganos o entidades intervinientes cuando son de la misma Administración y mediante convenio cuando son de distintas Administraciones, salvo cuando se realice en virtud de legislación específica. Delegación de firma (art. 12): los titulares de los órganos administrativos pueden, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites del art. 9; no altera la competencia del órgano delegante y para su validez no es necesaria su publicación; en las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hace constar la autoridad de procedencia; no cabe la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador. Suplencia (art. 13): los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación; si no se designa suplente, la competencia del órgano se ejerce por quien designe el órgano administrativo inmediato del que dependa el suplido. La suplencia no implica alteración de la competencia. Diferencias a retener: la delegación transfiere el ejercicio de la competencia (el delegante conserva la titularidad y puede revocar); la avocación es la operación inversa (el superior trae un asunto); la encomienda se limita a actividades materiales o técnicas; la delegación de firma afecta solo a la firma; la suplencia es temporal por ausencia del titular.
Los órganos colegiados: régimen de funcionamiento (arts. 15 a 22)
Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas se ajustan a las normas contenidas en el Capítulo II del Título Preliminar, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones en que se integran (art. 15). Los órganos colegiados en los que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, con o sin participación de organizaciones representativas de intereses sociales, pueden establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Todos los órganos colegiados pueden constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresamente lo contrario (art. 17.1). En las sesiones a distancia, los miembros del órgano colegiado pueden encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Constitución válida (art. 17.2): para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. Cuando se hubiese establecido un régimen de convocatoria singular o convocatoria no se alcance quórum, se aplican las reglas de segunda convocatoria que haya fijado el órgano. Orden del día: no puede ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Funciones del Presidente: ostentar la representación del órgano; acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación; presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas; dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados previstos en el art. 15.2; asegurar el cumplimiento de las leyes; visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano; ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. Adopción de acuerdos: por mayoría de votos, salvo que se exija una mayoría cualificada; en caso de empate, voto de calidad del Presidente. Los miembros del órgano tienen derecho a participar en los debates, ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican; a obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas; a formular ruegos y preguntas; y a cuantos otros derechos sean inherentes a su condición. El Secretario del órgano colegiado, que puede ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente, ejerce funciones de convocatoria por orden del Presidente, de asistencia, de levantamiento de actas y de certificación. Actas (art. 18): de cada sesión se levanta acta por el Secretario, que especifica necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. En el acta figura, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario pueden formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorpora al texto aprobado. Los miembros que voten en contra o se abstengan quedan exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los acuerdos. Las actas se aprueban en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo el Secretario emitir certificación sobre los acuerdos específicos adoptados, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Régimen local: el quórum del Pleno de las entidades locales es un tercio del número legal de miembros, que nunca puede ser inferior a tres, con asistencia del Presidente y del Secretario (art. 46.2.c LBRL); los acuerdos se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes (art. 47.1 LBRL).
Abstención y recusación (arts. 23 y 24)
Abstención (art. 23): las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas se abstienen de intervenir en el procedimiento y lo comunican a su superior inmediato, quien resuelve lo procedente. Causas (art. 23.2): a) tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; b) tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato; c) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior; d) haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate; e) tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Los órganos superiores pueden ordenar a las personas en quienes concurra motivo de abstención que se abstengan de toda intervención en el expediente. La actuación de autoridades y personal en los que concurran motivos de abstención no implica, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda. Recusación (art. 24): en los casos previstos en el artículo anterior, los interesados pueden promover recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento; se plantea por escrito en el que se expresa la causa o causas en que se funda; en el día siguiente, el recusado manifiesta a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada; si la reconoce y el superior aprecia su concurrencia, acuerda su sustitución acto seguido; si el recusado niega la causa, el superior resuelve en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la abstención o recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. En el ámbito del personal de las entidades locales y de los miembros de las corporaciones, el art. 76 LBRL añade el deber de abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas legalmente establecidas, y la actuación de miembros en que concurran tales motivos implica, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Los convenios: concepto, tipos y contenido (arts. 47 a 49)
Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común (art. 47.1). No pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos, cuyo régimen jurídico se rige por la legislación de contratos del sector público; en ese caso su naturaleza y régimen se ajustan a la legislación de contratos. Quedan excluidos los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Según los sujetos firmantes, la ley distingue los convenios interadministrativos, los convenios intradministrativos (entre organismos y entidades de una misma Administración) y los convenios firmados con sujetos de derecho privado. Los convenios no pueden suponer cesión de la titularidad de la competencia (art. 48.1); su suscripción debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; los convenios que comporten compromisos financieros se someten a los principios de sostenibilidad financiera. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Contenido mínimo (art. 49): sujetos que suscriben y capacidad jurídica con la que actúa cada una; competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración; objeto del convenio y actuaciones a realizar para su cumplimiento; obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, incluyendo, en su caso, el calendario de pagos; consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento; mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio; régimen de modificación del convenio; plazo de vigencia del convenio (letra h): debe ser determinado y, según el art. 49.h), no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior; en cualquier momento antes de la finalización del plazo, los firmantes pueden acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción; la prórroga tácita no es posible.
Trámites, efectos, extinción y control de los convenios (arts. 48 a 53)
Trámites preceptivos (art. 50): además de lo previsto en el art. 48, son necesarios, entre otros, la memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión y el cumplimiento de lo previsto en la Ley; el informe del servicio jurídico en el caso de convenios de la AGE y sus organismos, y la autorización previa de determinados convenios por el Ministerio de Hacienda cuando proceda. Eficacia: los convenios suscritos por la AGE o sus organismos y entidades vinculados o dependientes son eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y se publican en el Boletín Oficial del Estado (art. 48.8), sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia. Extinción (art. 51): los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: a) el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga; b) el acuerdo unánime de todos los firmantes; c) el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes: en este caso, cualquiera de las partes puede notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos; si transcurrido el plazo persiste el incumplimiento, la parte que lo dirigió notifica la concurrencia de la causa de resolución y se entiende resuelto el convenio, con posible indemnización de perjuicios si así se hubiera previsto; d) por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio; e) por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. Efectos de la resolución (art. 52): si cuando concurra una causa de resolución existen actuaciones en curso de ejecución, los firmantes, a propuesta de la comisión de seguimiento, pueden acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual se debe realizar la liquidación. Remisión al Tribunal de Cuentas (art. 53): los convenios y sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos y extinción se remiten electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización autonómico en el plazo de tres meses desde su suscripción. Convenios locales: la legislación de régimen local (art. 57 de la Ley 7/1985) prevé la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Visión de conjunto: relaciones interadministrativas y sector público institucional
Relaciones interadministrativas (Título III, arts. 140 a 158): las Administraciones Públicas se rigen en sus relaciones por los principios de lealtad institucional, adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, colaboración, cooperación (cuando desarrollen competencias compartidas), coordinación (cuando ejerzan competencias concurrentes), respeto al ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Los deberes de colaboración y las técnicas de cooperación (conferencias sectoriales, comisiones bilaterales de cooperación, planes y programas conjuntos, consorcios, convenios) concretan estos principios. Sector público institucional (Título II): comprende los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas, con un régimen básico aplicable a todas las Administraciones en materia de creación, extinción, control y supervisión continua.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP); entró en vigor el 2 de octubre de 2016.
Estructura del Título Preliminar: Cap. I disposiciones generales (arts. 1 a 4), Cap. II órganos (arts. 5 a 24), Cap. III potestad sancionadora (arts. 25 a 31), Cap. IV responsabilidad patrimonial (arts. 32 a 37), Cap. V funcionamiento electrónico (arts. 38 a 46), Cap. VI convenios (arts. 47 a 53).
Art. 3.1: las AAPP actúan con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Órgano administrativo (art. 5.1): unidad administrativa con funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Creación de órganos (art. 6): forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, y dotación de créditos; no se puede duplicar un órgano existente sin suprimir o restringir la competencia de este.
La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tienen atribuida como propia (art. 8.1); no cabe prórroga ni derogación de la competencia por voluntad de las partes.
Delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia (art. 8.2).
Desconcentración: traslada la titularidad y ejercicio de competencias a órganos jerárquicamente dependientes mediante norma de atribución (art. 8.3).
Delegación (art. 9): entre órganos de la misma Administración, incluso no jerárquicamente dependientes, o a organismos públicos vinculados; es revocable en cualquier momento; se publica en el boletín oficial.
No son delegables: relaciones institucionales con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes y órganos equivalentes autonómicos; disposiciones generales; resolución de recursos contra actos del propio órgano; materias reservadas por ley.
Las resoluciones adoptadas por delegación indican esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante.
No pueden delegarse las competencias que se ejercen por delegación, salvo autorización expresa de una ley.
Avocación (art. 10): mediante acuerdo motivado notificado a los interesados antes de la resolución final; sin recurso, aunque impugnable en el recurso contra la resolución final.
Encomienda de gestión (art. 11): actividades materiales o técnicas; no cede la titularidad; se formaliza con acuerdo expreso (misma Administración) o convenio (distintas Administraciones).
Delegación de firma (art. 12): no altera la competencia, no necesita publicación, hace constar la autoridad de procedencia y no cabe en resoluciones de carácter sancionador.
Suplencia (art. 13): vacante, ausencia, enfermedad o abstención/recusación; si no hay suplente designado, la competencia se ejerce por quien designe el órgano inmediato del que dependa.
Órganos colegiados: pueden constituirse, reunirse y adoptar acuerdos de forma presencial o a distancia, salvo que su reglamento interno disponga lo contrario (art. 17.1).
Quórum de constitución (art. 17.2): Presidente y Secretario (o quienes les suplan) y, al menos, la mitad de los miembros.
No puede deliberarse ni acordarse asunto fuera del orden del día, salvo presencia de todos los miembros y declaración de urgencia por mayoría.
Acuerdos por mayoría de votos, con voto de calidad del Presidente en caso de empate, salvo en órganos de composición mixta del art. 15.2.
Acta (art. 18): asistentes, orden del día, circunstancias de lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y contenido de los acuerdos; se aprueba en la misma o siguiente sesión.
Voto particular por escrito en 48 horas, que se incorpora al texto aprobado; quienes voten en contra o se abstengan quedan exentos de la responsabilidad derivada del acuerdo.
Local: quórum del Pleno de un tercio del número legal de miembros, nunca inferior a tres, con Presidente y Secretario (art. 46.2.c LBRL).
Abstención (art. 23): se comunica al superior inmediato; causas del art. 23.2: interés personal, parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito o testigo y relación de servicio o servicios profesionales en los dos últimos años.
La actuación con causa de abstención no implica necesariamente la invalidez del acto, sin perjuicio de la responsabilidad.
Recusación (art. 24): por escrito, en cualquier momento; el recusado responde al día siguiente; si la niega, el superior resuelve en tres días; sin recurso inmediato, alegable contra el acto final.
Convenio (art. 47): acuerdo con efectos jurídicos entre AAPP, organismos, entidades de derecho público o universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
Los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos y no pueden suponer cesión de competencias.
Los protocolos generales de actuación sin compromisos jurídicos concretos y exigibles no son convenios.
Vigencia de convenios (art. 49.h): plazo determinado, máximo cuatro años salvo previsión normativa distinta, prorrogable por acuerdo unánime hasta cuatro años adicionales; no cabe prórroga tácita.
Causas de extinción por resolución (art. 51): transcurso del plazo sin prórroga, acuerdo unánime, incumplimiento tras requerimiento, decisión judicial de nulidad y otras previstas.
Los convenios y sus modificaciones, prórrogas y extinción se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano autonómico de control externo en tres meses (art. 53).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Respecto a la delegación de firma (art. 12 Ley 40/2015):
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 12 de Administrativo Ayuntamiento?
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) regula, junto con la Ley 39/2015, el marco del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas y de sus relaciones entre sí: los principios de actuación, el régimen de los órganos administrativos (concepto, creación, competencia, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia), el funcionamiento de los órganos colegiados, la abstención y la recusación, la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial, el funcionamiento electrónico, los convenios (arts. 47 a 53), el sector público institucional y las relaciones interadministrativas. Este tema se centra en los órganos de las Administraciones Públicas, la competencia, los órganos colegiados, la abstención y recusación y los convenios.
¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP); entró en vigor el 2 de octubre de 2016. Estructura del Título Preliminar: Cap. I disposiciones generales (arts. 1 a 4), Cap. II órganos (arts. 5 a 24), Cap. III potestad sancionadora (arts. 25 a 31), Cap. IV responsabilidad patrimonial (arts. 32 a 37), Cap. V funcionamiento electrónico (arts. 38 a 46), Cap. VI convenios (arts. 47 a 53). Art. 3.1: las AAPP actúan con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Órgano administrativo (art. 5.1): unidad administrativa con funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Creación de órganos (art. 6): forma de integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, y dotación de créditos; no se puede duplicar un órgano existente sin suprimir o restringir la competencia de este. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tienen atribuida como propia (art. 8.1); no cabe prórroga ni derogación de la competencia por voluntad de las partes. Delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia (art. 8.2). Desconcentración: traslada la titularidad y ejercicio de competencias a órganos jerárquicamente dependientes mediante norma de atribución (art. 8.3). Delegación (art. 9): entre órganos de la misma Administración, incluso no jerárquicamente dependientes, o a organismos públicos vinculados; es revocable en cualquier momento; se publica en el boletín oficial. No son delegables: relaciones institucionales con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes y órganos equivalentes autonómicos; disposiciones generales; resolución de recursos contra actos del propio órgano; materias reservadas por ley. Las resoluciones adoptadas por delegación indican esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. No pueden delegarse las competencias que se ejercen por delegación, salvo autorización expresa de una ley. Avocación (art. 10): mediante acuerdo motivado notificado a los interesados antes de la resolución final; sin recurso, aunque impugnable en el recurso contra la resolución final. Encomienda de gestión (art. 11): actividades materiales o técnicas; no cede la titularidad; se formaliza con acuerdo expreso (misma Administración) o convenio (distintas Administraciones). Delegación de firma (art. 12): no altera la competencia, no necesita publicación, hace constar la autoridad de procedencia y no cabe en resoluciones de carácter sancionador. Suplencia (art. 13): vacante, ausencia, enfermedad o abstención/recusación; si no hay suplente designado, la competencia se ejerce por quien designe el órgano inmediato del que dependa. Órganos colegiados: pueden constituirse, reunirse y adoptar acuerdos de forma presencial o a distancia, salvo que su reglamento interno disponga lo contrario (art. 17.1). Quórum de constitución (art. 17.2): Presidente y Secretario (o quienes les suplan) y, al menos, la mitad de los miembros. No puede deliberarse ni acordarse asunto fuera del orden del día, salvo presencia de todos los miembros y declaración de urgencia por mayoría. Acuerdos por mayoría de votos, con voto de calidad del Presidente en caso de empate, salvo en órganos de composición mixta del art. 15.2. Acta (art. 18): asistentes, orden del día, circunstancias de lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y contenido de los acuerdos; se aprueba en la misma o siguiente sesión. Voto particular por escrito en 48 horas, que se incorpora al texto aprobado; quienes voten en contra o se abstengan quedan exentos de la responsabilidad derivada del acuerdo. Local: quórum del Pleno de un tercio del número legal de miembros, nunca inferior a tres, con Presidente y Secretario (art. 46.2.c LBRL). Abstención (art. 23): se comunica al superior inmediato; causas del art. 23.2: interés personal, parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito o testigo y relación de servicio o servicios profesionales en los dos últimos años. La actuación con causa de abstención no implica necesariamente la invalidez del acto, sin perjuicio de la responsabilidad. Recusación (art. 24): por escrito, en cualquier momento; el recusado responde al día siguiente; si la niega, el superior resuelve en tres días; sin recurso inmediato, alegable contra el acto final. Convenio (art. 47): acuerdo con efectos jurídicos entre AAPP, organismos, entidades de derecho público o universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos y no pueden suponer cesión de competencias. Los protocolos generales de actuación sin compromisos jurídicos concretos y exigibles no son convenios. Vigencia de convenios (art. 49.h): plazo determinado, máximo cuatro años salvo previsión normativa distinta, prorrogable por acuerdo unánime hasta cuatro años adicionales; no cabe prórroga tácita. Causas de extinción por resolución (art. 51): transcurso del plazo sin prórroga, acuerdo unánime, incumplimiento tras requerimiento, decisión judicial de nulidad y otras previstas. Los convenios y sus modificaciones, prórrogas y extinción se remiten al Tribunal de Cuentas u órgano autonómico de control externo en tres meses (art. 53).
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Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 3 a 24, 47 a 53 y 140 a 158.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), art. 47.1.b).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392), arts. 46.2.c), 47, 57 y 76.
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