Tema 29. El RDLeg 5/2015: derechos y deberes del personal empleado público. Situaciones administrativas de los empleados públicos. Régimen disciplinario
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
El Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) reconoce a los empleados públicos un catálogo de derechos individuales y colectivos, les impone deberes inspirados en un código de conducta, regula las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera y establece un régimen disciplinario basado en la tipificación de faltas, sanciones y prescripción. Este tema estudia esos tres bloques con especial atención a los datos de examen.
Derechos individuales de los empleados públicos (art. 14 TREBEP)
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; b) al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con su carrera profesional; c) a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación; d) a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio; e) a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar; f) a la defensa jurídica y protección de las Administraciones Públicas en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos; g) a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral; h) al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral; i) a no ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad, religión o convicciones, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; j) a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; k) a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; l) a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; m) a las vacaciones, descansos, permisos y licencias; n) a la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables; ñ) a las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación, y a las demás prestaciones sociales de carácter complementario que en cada caso se acuerden; o) a la libre asociación profesional; p) los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Además, los empleados públicos tienen derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y a la desconexión digital, en los términos de la Ley Orgánica 3/2018 (arts. 87 y 88), y a la protección frente al acoso.
Derechos individuales ejercidos colectivamente, negociación y representación (arts. 15 y 31 a 46 TREBEP)
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva (art. 15): a) a la libertad sindical; b) a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; c) al ejercicio de la huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; d) al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; e) al de reunión, en los términos establecidos en el art. 46 para los funcionarios públicos y en la legislación laboral para el personal laboral; f) a la información y consulta y participación en la mejora de la calidad de las condiciones de trabajo. Los órganos de representación son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal, que representan a los funcionarios (y a los laborales, los comités de empresa en cuanto estos se rigen por la legislación laboral). Los delegados de personal y las Juntas de Personal son los órganos específicos de representación de los funcionarios (art. 39), y se eligen mediante sufragio libre, personal, secreto y directo por los funcionarios, con una duración del mandato de cuatro años. Se constituyen Juntas de Personal en las unidades electorales con 50 o más funcionarios, y delegados de personal en las que tengan entre 6 y 49 funcionarios; en el ámbito local suele haber una Junta de Personal por cada Corporación que supere ese número. La negociación colectiva se realiza en Mesas de Negociación (art. 34 y ss.) integradas por representantes de las Administraciones y de las organizaciones sindicales legitimadas; los acuerdos y pactos (art. 38) se distinguen en que los pactos versan sobre materias de competencia del órgano que los suscribe y los acuerdos requieren aprobación expresa y formal del órgano de gobierno o administrativo competente. Son materias objeto de negociación, entre otras, la aplicación del incremento de las retribuciones, la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias, las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos, planes de Previsión Social Complementaria, las normas que fijen los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, los calendarios laborales, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, y los criterios generales de la oferta de empleo público (art. 37). Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación las decisiones de las Administraciones que afecten a sus potestades de organización.
Carrera profesional y evaluación del desempeño (arts. 16 a 20 TREBEP)
Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción interna y a la carrera profesional. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán regular las siguientes modalidades de carrera profesional aplicables simultánea o indistintamente en el ámbito de cada Administración Pública: a) carrera horizontal, que consiste en el reconocimiento individualizado del grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo; b) carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión previstos en el art. 78; c) promoción interna vertical, consistente en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de clasificación profesional, a otro superior; d) promoción interna horizontal, consistente en el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados, que es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados (art. 20). Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. La evaluación tiene efectos en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el art. 24 (productividad). La continuidad en un puesto obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
Deberes de los empleados públicos y código de conducta (arts. 52 a 54 TREBEP)
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos, configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes (art. 52). Los principios éticos (art. 53) incluyen: respetar la Constitución y el resto de normas; su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos; ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos; su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas; se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal; no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses; no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada; actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia. Los principios de conducta (art. 54) incluyen: tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos; el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos; obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer; administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad; se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos y costumbres de la cortesía; mantendrán actualizada su formación; guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo. Los principios del Código tienen carácter informador de la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Incompatibilidades: Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; como regla, el personal no puede compatibilizar su puesto con un segundo puesto o actividad en el sector público, salvo excepciones legales, y para actividades privadas se requiere reconocimiento de compatibilidad.
Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera (arts. 85 a 92 TREBEP)
Los funcionarios de carrera pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas (art. 85): a) servicio activo; b) servicios especiales; c) servicio en otras Administraciones Públicas; d) excedencia (voluntaria por interés particular, por agrupación familiar, por prestación de servicios en el sector público, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista, y la forzosa); e) suspensión de funciones. Servicio activo: se encuentran quienes prestan servicios en su condición de funcionarios, cualquiera que sea la Administración u órgano en que desempeñen sus funciones, salvo que les corresponda quedar en otra situación; los funcionarios en servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición. Servicios especiales: se declara, entre otros supuestos, a los funcionarios que prestan servicio en organismos internacionales o programas de cooperación internacional, sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, altos cargos de las Administraciones; sean elegidos o designados para formar parte de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas autonómicas, o sean nombrados Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, miembros de órganos constitucionales; y los funcionarios que desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las entidades locales (alcaldes, concejales con dedicación exclusiva) (art. 87 TREBEP y normativa de régimen local). Quien se encuentra en servicios especiales percibe las retribuciones del puesto o cargo que desempeñe, no las correspondientes al cuerpo de origen, si bien se le computa el tiempo a efectos de trienios, derechos pasivos y carrera, y tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Servicio en otras Administraciones Públicas: los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas o a las entidades locales, o que obtengan destino en ellas por concurso o libre designación, quedan en esta situación respecto a la Administración de origen. Excedencia voluntaria por interés particular: los funcionarios de carrera pueden obtenerla cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores; no devenga retribuciones, ni se computa a efectos de trienios, y no conlleva reserva de puesto (el reingreso exige vacante dotada). No puede concederse cuando al funcionario se le instruya expediente disciplinario. Excedencia voluntaria por agrupación familiar: sin necesidad de haber prestado servicios previos, cuando el cónyuge o pareja resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas. Excedencia por cuidado de familiares: los funcionarios tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa; también para el cuidado de un familiar que no pueda valerse por sí mismo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con duración máxima de tres años. Este periodo es computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social, y durante el primer año se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo (transcurrido ese tiempo, la reserva es de un puesto en la misma localidad y de igual retribución). Excedencia por razón de violencia de género: sin requisito de tiempo previo de servicios, con derecho a la reserva del puesto durante seis meses, prorrogables por periodos de tres meses hasta dieciocho en las condiciones legales, y con percepción de las retribuciones íntegras durante los dos primeros meses. Excedencia forzosa: se declara por designación para ocupar un puesto en el que no proceda el pase a servicios especiales, con regulación detallada en la legislación de función pública. Suspensión de funciones (art. 90): puede ser provisional, durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario, o firme, que se impone en ejecución de sentencia o de sanción disciplinaria. La suspensión provisional por tramitación de procedimiento judicial se acuerda por la autoridad judicial; la suspensión provisional por procedimiento disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado; la suspensión firme por sanción de más de seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo, y la suspensión firme de funciones por sentencia o sanción disciplinaria impide desempeñar las funciones durante el tiempo de duración. En la suspensión provisional el funcionario percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Reingreso: el reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto se produce mediante su participación en las convocatorias de provisión de puestos o por adscripción provisional a un puesto vacante, condicionado a las necesidades del servicio.
Régimen disciplinario (arts. 93 a 98 TREBEP)
Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos de incumplimiento de sus deberes y obligaciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de tales incumplimientos (art. 93). Ejercicio de la potestad disciplinaria (art. 94): se ejerce de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones; irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables al presunto infractor; proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Faltas disciplinarias (art. 95): muy graves, graves y leves. Son faltas muy graves, entre otras, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y el acoso moral, sexual y por razón de sexo; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas; la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga; el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga; la participación en huelgas por quienes tengan prohibido ese derecho; el incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales, cuando de dicho incumplimiento se derive un riesgo grave para la integridad física o la salud; y haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un año. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto establecerán el régimen de las faltas graves y leves. Sanciones (art. 96): a) separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves; b) despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves e implicará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; c) suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años; d) traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca; e) demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; f) apercibimiento; g) cualquier otra que se establezca por ley. Las sanciones se graduarán atendiendo al grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, al daño al interés público, a la reiteración o reincidencia, así como al grado de participación. Prescripción (art. 97): las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. Procedimiento (art. 98): no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido; la imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia del interesado; el procedimiento disciplinario se estructurará de acuerdo con los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de presunción de inocencia, y debe separar las fases instructora y sancionadora, encomendándose a órganos distintos. Cuando el órgano competente tenga conocimiento de hechos que pueden constituir delito, los comunicará al Ministerio Fiscal, y no puede sancionarse por hechos ya sancionados penalmente cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. Se podrá adoptar la medida cautelar de suspensión provisional, con los límites ya indicados. En el ámbito local, el régimen disciplinario de los funcionarios se rige por el TREBEP, la normativa autonómica y, supletoriamente, por la normativa de la Administración General del Estado.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Derechos individuales del art. 14: inamovilidad, desempeño efectivo de funciones, carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación, intimidad, no discriminación, conciliación, libertad de expresión, seguridad y salud, vacaciones y permisos, jubilación, Seguridad Social y libre asociación profesional.
Derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15): libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos, reunión e información y consulta.
Órganos de representación de los funcionarios: Delegados de Personal (6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (50 o más), con mandato de cuatro años.
Modalidades de carrera: horizontal, vertical, promoción interna vertical y promoción interna horizontal (arts. 16 a 18).
La evaluación del desempeño (art. 20) se rige por transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
El Código de Conducta se articula en los principios éticos (art. 53) y los principios de conducta (art. 54); el art. 52 enumera los deberes y principios.
Los empleados públicos obedecen las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, que pondrán en conocimiento de los órganos de inspección.
Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera son cinco: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones (art. 85).
La excedencia voluntaria por interés particular exige cinco años de servicios efectivos previos en las Administraciones Públicas, no devenga retribuciones y no reserva el puesto.
La excedencia por cuidado de familiares tiene una duración máxima de tres años por hijo y de tres años para el cuidado de familiares hasta el segundo grado.
Durante el primer año de excedencia por cuidado de familiares se reserva el puesto de trabajo.
La suspensión de funciones puede ser provisional o firme; la firme superior a seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo.
Las faltas disciplinarias son muy graves, graves y leves (art. 95); la separación del servicio y el despido solo sancionan faltas muy graves.
Sanciones (art. 96): separación del servicio, despido disciplinario, suspensión firme de funciones (máximo seis años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento y otras por ley.
Prescripción de las faltas: muy graves tres años, graves dos años y leves seis meses (art. 97).
Prescripción de las sanciones: muy graves tres años, graves dos años y leves un año.
Haber sido sancionado por tres faltas graves en un año es falta muy grave.
El procedimiento disciplinario separa las fases de instrucción y sanción, atribuyéndolas a órganos distintos (art. 98).
Incompatibilidades del personal de las Administraciones: Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
Trampa de examen: las faltas leves prescriben a los seis meses, pero las sanciones por faltas leves a los doce meses (un año).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
La duración máxima de la sanción de suspensión firme de funciones es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 29 de Administrativo Ayuntamiento?
El Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) reconoce a los empleados públicos un catálogo de derechos individuales y colectivos, les impone deberes inspirados en un código de conducta, regula las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera y establece un régimen disciplinario basado en la tipificación de faltas, sanciones y prescripción. Este tema estudia esos tres bloques con especial atención a los datos de examen.
¿Qué hay que memorizar del Tema 29 para el examen?
Derechos individuales del art. 14: inamovilidad, desempeño efectivo de funciones, carrera, retribuciones, defensa jurídica, formación, intimidad, no discriminación, conciliación, libertad de expresión, seguridad y salud, vacaciones y permisos, jubilación, Seguridad Social y libre asociación profesional. Derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15): libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos, reunión e información y consulta. Órganos de representación de los funcionarios: Delegados de Personal (6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (50 o más), con mandato de cuatro años. Modalidades de carrera: horizontal, vertical, promoción interna vertical y promoción interna horizontal (arts. 16 a 18). La evaluación del desempeño (art. 20) se rige por transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. El Código de Conducta se articula en los principios éticos (art. 53) y los principios de conducta (art. 54); el art. 52 enumera los deberes y principios. Los empleados públicos obedecen las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, que pondrán en conocimiento de los órganos de inspección. Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera son cinco: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones (art. 85). La excedencia voluntaria por interés particular exige cinco años de servicios efectivos previos en las Administraciones Públicas, no devenga retribuciones y no reserva el puesto. La excedencia por cuidado de familiares tiene una duración máxima de tres años por hijo y de tres años para el cuidado de familiares hasta el segundo grado. Durante el primer año de excedencia por cuidado de familiares se reserva el puesto de trabajo. La suspensión de funciones puede ser provisional o firme; la firme superior a seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo. Las faltas disciplinarias son muy graves, graves y leves (art. 95); la separación del servicio y el despido solo sancionan faltas muy graves. Sanciones (art. 96): separación del servicio, despido disciplinario, suspensión firme de funciones (máximo seis años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento y otras por ley. Prescripción de las faltas: muy graves tres años, graves dos años y leves seis meses (art. 97). Prescripción de las sanciones: muy graves tres años, graves dos años y leves un año. Haber sido sancionado por tres faltas graves en un año es falta muy grave. El procedimiento disciplinario separa las fases de instrucción y sanción, atribuyéndolas a órganos distintos (art. 98). Incompatibilidades del personal de las Administraciones: Ley 53/1984, de 26 de diciembre. Trampa de examen: las faltas leves prescriben a los seis meses, pero las sanciones por faltas leves a los doce meses (un año).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE-A-2015-11719)
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (arts. 87 y 88)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
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