Tema 31. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) desarrolla los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y traspone al ordenamiento español varias directivas comunitarias en materia de igualdad de trato. Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Se estructura en un Título preliminar (objeto y ámbito, arts. 1 y 2), el Título I (el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, arts. 3 a 13) y el Título II (políticas públicas para la igualdad, arts. 14 a 35, con los criterios generales de actuación de los poderes públicos, la transversalidad, los planes y los informes de impacto de género). Para el opositor es esencial dominar las definiciones (discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo, indemnidad), la tutela judicial (legitimación e inversión de la carga de la prueba) y los principios de actuación de las Administraciones públicas, incluidas las locales.
Naturaleza, estructura y fundamento constitucional
La LO 3/2007 es una ley orgánica en parte de su contenido y ordinaria en el resto (la propia ley lo precisa en sus disposiciones finales). Desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y el mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE). Incorpora el Derecho de la Unión Europea en la materia (en particular, las directivas sobre igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la formación, la promoción y las condiciones de trabajo, y en el acceso a bienes y servicios). Estructura básica: Título preliminar (arts. 1-2), Título I (arts. 3-13), Título II (arts. 14-35), y los títulos posteriores, que se ocupan de la igualdad en los medios de comunicación, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, el principio de igualdad en el empleo público, la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios, la igualdad en la responsabilidad social de las empresas y las disposiciones organizativas (como las unidades de igualdad).
Objeto de la ley (art. 1)
El artículo 1 establece que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes. El objeto de la ley es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Para ello, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de discriminación por razón de sexo. Idea de examen: la ley se dirige tanto al sector público como al privado.
Ámbito de aplicación: titulares de derechos y sujetos obligados (art. 2)
Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en la ley son aplicables a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Es decir, el criterio de aplicación es territorial (se encuentre o actúe en España) y no depende de la nacionalidad de la persona obligada. La ley precisa además que la mujer embarazada o con hijos lactantes o en situación de maternidad, y otras situaciones especialmente protegidas, merecen una atención particular en las políticas públicas.
El principio de igualdad de trato y su integración (arts. 3 y 4)
El artículo 3 define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El artículo 4 dispone que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El artículo 5 extiende el principio a los ámbitos del acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, a la formación profesional, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, así como a la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales y profesionales. No constituye discriminación en el acceso al empleo una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
Discriminación directa e indirecta (art. 6)
Discriminación directa por razón de sexo (art. 6.1): situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta (art. 6.2): situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Además, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo (art. 6.3). Diferencia clave: en la directa el trato desfavorable es expreso y basado en el sexo; en la indirecta el criterio es neutro en apariencia pero produce un impacto desproporcionado, por lo que admite una justificación objetiva, razonable y proporcionada.
Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7)
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. En ambos casos basta con el propósito o el efecto: no es necesario acreditar la intención del autor. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (art. 7.3). El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considera también acto de discriminación por razón de sexo (art. 7.4).
Discriminación por embarazo o maternidad, indemnidad y consecuencias jurídicas (arts. 8 a 10)
Art. 8: constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Art. 9 (indemnidad frente a represalias): también se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Art. 10 (consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias): los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto, y dan lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.
Acciones positivas (art. 11)
Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la ley. Las acciones positivas no vulneran el principio de igualdad: tienen carácter temporal, finalidad correctora y deben respetar el principio de proporcionalidad.
Tutela jurídica efectiva y prueba (arts. 12 y 13)
Art. 12: cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho de igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinado de acuerdo con lo establecido en las leyes reguladoras de estos procesos. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Art. 13 (prueba): en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, una vez que la parte actora haya acreditado indicios fundados de discriminación. Esta regla de inversión de la carga de la prueba no se aplica a los procesos penales.
Políticas públicas para la igualdad: criterios generales de actuación (arts. 14 y 15)
El Título II regula las políticas públicas para la igualdad. El artículo 14 enumera los criterios generales de actuación de los poderes públicos, entre ellos: el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres; la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones; la adopción de las medidas necesarias para erradicar la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo; la protección de la maternidad; la remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impliquen desigualdad de trato; la consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad (discriminación múltiple); la promoción del conocimiento y la difusión del principio de igualdad; y la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. El artículo 15 consagra la transversalidad: el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos, y las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
Instrumentos de las políticas de igualdad: nombramientos, planes e informes
Nombramientos (art. 16): los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. La disposición adicional primera define la composición o presencia equilibrada: aquella en la que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17): el Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un plan que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Informe periódico (art. 18): el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con el principio de igualdad. Informes de impacto de género (art. 19): los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan al Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. La ley prevé asimismo la adecuación de las estadísticas y estudios para incluir sistemáticamente la variable sexo, y la colaboración entre las Administraciones públicas, que alcanza a las entidades locales.
Igualdad en el empleo público, planes de igualdad y unidades de igualdad
El Título V regula el principio de igualdad en el empleo público. Las Administraciones públicas deben remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración, y establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo. Los órganos de selección y las comisiones de valoración deben tender a la paridad entre mujeres y hombres, salvo razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. En la Administración General del Estado existen un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y un Plan para la Igualdad. Los planes de igualdad de las empresas son obligatorios para las de más de cincuenta personas trabajadoras (tras el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, con aplicación escalonada), y se desarrollan reglamentariamente, junto al registro de planes de igualdad, por el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre; la igualdad retributiva se desarrolla por el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre. Los ministerios deben contar con unidades de igualdad para el estudio y seguimiento del principio de igualdad.
Normativa conexa y novedades relevantes
Conviene distinguir la LOIEMH de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que regula medidas específicas contra la violencia ejercida sobre la mujer por su pareja o expareja. También de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que amplía la protección a otras causas de discriminación (origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, etc.). La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado la paridad en órganos de decisión y modificado la LOIEMH en este ámbito; el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, reformó los permisos por nacimiento y cuidado, equiparando los de ambos progenitores. Para el ámbito local, las entidades locales deben integrar la perspectiva de género en el ejercicio de sus competencias (planes municipales de igualdad, lenguaje no sexista, paridad en tribunales y órganos de selección, protocolos de acoso para su personal).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 1: objeto = hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación de la mujer en cualquier ámbito, en el sector público y en el privado.
Art. 2: obligados = toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, sea cual sea su nacionalidad, domicilio o residencia.
Discriminación directa: trato menos favorable en situación comparable por razón de sexo. Indirecta: criterio aparentemente neutro que perjudica especialmente a un sexo, salvo justificación objetiva, legítima, necesaria y adecuada.
En el acoso (sexual y por razón de sexo) basta el propósito O el efecto de atentar contra la dignidad: no hace falta intención.
Indemnidad (art. 9): el trato adverso por haber reclamado o denunciado la discriminación es en sí mismo discriminación.
Nulidad de pleno derecho de los actos y cláusulas discriminatorios (art. 10), con indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas.
Acciones positivas: temporales, razonables y proporcionadas; mientras subsistan las situaciones patentes de desigualdad de hecho.
Art. 12: la persona acosada es la única legitimada en los litigios sobre acoso; art. 13: inversión de la carga de la prueba, que NO se aplica en el proceso penal.
Composición equilibrada: ni más del 60 % ni menos del 40 % de cada sexo (disposición adicional primera).
Transversalidad (art. 15): el principio informa toda la actuación de los poderes públicos, incluida la presupuestación y la normativa.
Informe de impacto de género (art. 19): proyectos de disposiciones generales y planes de especial relevancia que se sometan al Consejo de Ministros.
Trampa típica: confundir la LO 3/2007 (igualdad, sexo) con la LO 1/2004 (violencia de género) y con la Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación por otras causas).
Planes de igualdad empresariales: obligatorios para empresas de más de 50 personas trabajadoras (RDL 6/2019); antes el umbral era de 250.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la legitimación corresponde:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 31 de Administrativo Ayuntamiento?
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) desarrolla los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y traspone al ordenamiento español varias directivas comunitarias en materia de igualdad de trato. Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Se estructura en un Título preliminar (objeto y ámbito, arts. 1 y 2), el Título I (el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, arts. 3 a 13) y el Título II (políticas públicas para la igualdad, arts. 14 a 35, con los criterios generales de actuación de los poderes públicos, la transversalidad, los planes y los informes de impacto de género). Para el opositor es esencial dominar las definiciones (discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo, indemnidad), la tutela judicial (legitimación e inversión de la carga de la prueba) y los principios de actuación de las Administraciones públicas, incluidas las locales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?
Art. 1: objeto = hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación de la mujer en cualquier ámbito, en el sector público y en el privado. Art. 2: obligados = toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, sea cual sea su nacionalidad, domicilio o residencia. Discriminación directa: trato menos favorable en situación comparable por razón de sexo. Indirecta: criterio aparentemente neutro que perjudica especialmente a un sexo, salvo justificación objetiva, legítima, necesaria y adecuada. En el acoso (sexual y por razón de sexo) basta el propósito O el efecto de atentar contra la dignidad: no hace falta intención. Indemnidad (art. 9): el trato adverso por haber reclamado o denunciado la discriminación es en sí mismo discriminación. Nulidad de pleno derecho de los actos y cláusulas discriminatorios (art. 10), con indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas. Acciones positivas: temporales, razonables y proporcionadas; mientras subsistan las situaciones patentes de desigualdad de hecho. Art. 12: la persona acosada es la única legitimada en los litigios sobre acoso; art. 13: inversión de la carga de la prueba, que NO se aplica en el proceso penal. Composición equilibrada: ni más del 60 % ni menos del 40 % de cada sexo (disposición adicional primera). Transversalidad (art. 15): el principio informa toda la actuación de los poderes públicos, incluida la presupuestación y la normativa. Informe de impacto de género (art. 19): proyectos de disposiciones generales y planes de especial relevancia que se sometan al Consejo de Ministros. Trampa típica: confundir la LO 3/2007 (igualdad, sexo) con la LO 1/2004 (violencia de género) y con la Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación por otras causas). Planes de igualdad empresariales: obligatorios para empresas de más de 50 personas trabajadoras (RDL 6/2019); antes el umbral era de 250.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.2, 14 y 53.2.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro; Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
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