Tema 35. Ingresos de las entidades locales: tasas, precios públicos y contribuciones especiales. Concepto, naturaleza y régimen jurídico según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Diferencias principales entre tasas y precios públicos. Las contribuciones especiales: hecho imponible, sujeto pasivo, determinación de las cuotas y tramitación
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
Los ingresos de las entidades locales comprenden, entre otros, los tributos propios (impuestos, tasas y contribuciones especiales), los precios públicos, las participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas, las subvenciones, los ingresos patrimoniales y el producto de operaciones de crédito. Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local o en la prestación de servicios o realización de actividades administrativas de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo (arts. 20 a 27 TRLRHL); los precios públicos son ingresos de derecho público no tributarios por la prestación de servicios o actividades de competencia local cuando no concurran las circunstancias propias de las tasas (arts. 41 a 47); y las contribuciones especiales son tributos que gravan el beneficio o aumento de valor de los bienes derivado de la realización de obras o del establecimiento o ampliación de servicios locales (arts. 28 a 37). Es esencial conocer su régimen, las diferencias entre tasas y precios públicos y la tramitación de las contribuciones especiales.
Conforme al TRLRHL, la hacienda de las entidades locales está constituida por: los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado; los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos, y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales; las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas; las subvenciones; los percibidos en concepto de precios públicos; el producto de las operaciones de crédito; el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias; y las demás prestaciones de derecho público. Los tributos locales se rigen por la Ley 58/2003, General Tributaria, por el propio TRLRHL, por las demás leyes del Estado reguladoras de la materia y por las disposiciones dictadas para su desarrollo, así como por las ordenanzas fiscales de cada entidad. Los tributos locales requieren aprobación de la ordenanza fiscal correspondiente por el Pleno, con exposición pública de al menos treinta días.
Las tasas: concepto, naturaleza y hecho imponible
Las entidades locales, en los términos de la ley, pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos (art. 20.1). La tasa es un tributo, y por tanto una prestación patrimonial de carácter público, vinculado a una actividad administrativa: tiene carácter contraprestacional y su hecho imponible consiste en una actividad o utilización del dominio público. Ejemplos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local (art. 20.3): ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, instalación de quioscos, mesas y sillas, puestos y barracas, tendidos y cables, portadas, escaparates y vitrinas, entrada de vehículos a través de las aceras (vados), etc. Ejemplos de servicios o actividades (art. 20.4): expedición de documentos administrativos, licencias urbanísticas, de apertura de establecimientos, ocupación de la vía pública, servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de residuos, servicios de cementerio, prevención y extinción de incendios, mercados y similares.
Las tasas: no sujeción, obligados al pago y cuantía
No pueden exigirse tasas, en ningún caso, por determinados servicios públicos básicos: abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Obligados al pago (art. 23): son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 LGT a quienes se refiera, afecte o beneficie la actuación; y, en la utilización privativa o aprovechamiento especial, quienes disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público. Pueden ser sustitutos del contribuyente, entre otros, los propietarios de las viviendas o locales en tasas por servicios que beneficien a los ocupantes (que pueden repercutir las cuotas sobre ellos). Cuantía (art. 24): el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida; para fijar este importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio. Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijan tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento. Cuando lo permitan las características del tributo, se tendrán en cuenta criterios genéricos de capacidad económica.
Las tasas: devengo, establecimiento y gestión
Devengo (art. 26): las tasas se devengan, con carácter general, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque, en ambos casos, podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. En las tasas por licencias o autorizaciones, el devengo se produce al presentar la solicitud. Establecimiento (art. 25): los acuerdos de establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deben adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente. Se aprueban mediante ordenanza fiscal. Gestión: pueden exigirse en régimen de autoliquidación, mediante liquidación o por recibo (cuando el aprovechamiento o servicio es periódico). Las tasas pueden ser exigidas en convenio con otras Administraciones. En caso de gestión indirecta de servicios públicos, la contraprestación abonada por los usuarios al concesionario tiene la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Los precios públicos: concepto y régimen jurídico
Los precios públicos son contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias que determinan el hecho imponible de las tasas (art. 41 TRLRHL, que remite al art. 20.1.B). No son tributos. Obligados al pago (art. 42): quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse. Cuantía (art. 44): el importe de los precios públicos debe cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada; cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo de los límites señalados, previa consignación presupuestaria para la cobertura de la diferencia resultante. Establecimiento (art. 47): corresponde al Pleno de la corporación, sin perjuicio de que pueda delegar en la Junta de Gobierno Local la fijación de los precios, y no requiere ordenanza fiscal (se fijan mediante acuerdo). Su cobro puede exigirse por la vía de apremio, al ser ingresos de derecho público.
Diferencias principales entre tasas y precios públicos
Naturaleza: la tasa es un tributo; el precio público es un ingreso de derecho público no tributario. Hecho que los origina: la tasa se exige cuando el servicio o actividad es de solicitud o recepción obligatoria para el administrado, o cuando no es susceptible de ser prestado por el sector privado; el precio público se exige cuando el servicio es de solicitud voluntaria o se presta también por el sector privado. Utilización del dominio público: la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se grava con tasa. Cuantía: la tasa no puede exceder del coste real o previsible del servicio (límite máximo); el precio público debe cubrir como mínimo el coste (límite mínimo), con la excepción de razones sociales y la correspondiente consignación presupuestaria. Establecimiento: la tasa exige ordenanza fiscal (procedimiento de los arts. 15 a 19 TRLRHL, con exposición pública de treinta días); el precio público se establece por acuerdo del Pleno (o de la Junta de Gobierno por delegación) sin ordenanza fiscal. Reserva de ley: la tasa está sujeta al principio de reserva de ley del artículo 31.3 de la Constitución; el precio público, al no ser tributo, no precisa tramitación con exposición pública en términos estrictos.
Las contribuciones especiales: concepto, hecho imponible y obras o servicios
Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local por las entidades locales (art. 28). Tienen carácter finalista: su producto se destina a sufragar las obras o servicios que las motivan. Se consideran obras y servicios locales (art. 29) los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, salvo los que se ejecuten a título lucrativo; los que realicen o establezcan otras entidades públicas con aportaciones económicas de las entidades locales; y los que realicen concesionarios con aportaciones de las entidades locales. No pueden exigirse contribuciones especiales cuando no exista beneficio especial o aumento de valor; a diferencia de la tasa, no se exige una contraprestación individual, sino un beneficio especial. Exigibilidad: las contribuciones especiales pueden establecerse y exigirse aunque otra Administración pública ejecute la obra, si la entidad local aporta recursos.
Contribuciones especiales: sujetos pasivos
Tienen la consideración de sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 LGT especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir (art. 30). Se consideran personas especialmente beneficiadas: a) en las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos; b) en las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas; c) en las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo en el término municipal; d) en las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas. Las cuotas se exigen a los sujetos pasivos en el momento de su devengo.
Contribuciones especiales: base imponible y determinación de las cuotas
La base imponible está constituida, como máximo, por el 90 por ciento del coste que la entidad soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios (art. 31). El coste comprende: el coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos; el importe de las obras o trabajos de establecimiento o ampliación de servicios; el valor de los terrenos que haya de ocupar permanentemente la obra o servicio, salvo los de dominio y uso público; las indemnizaciones por derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados; y el interés del capital invertido en las obras o servicios cuando la entidad local hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuyentes. Cuota (art. 32): la cuota tributaria se reparte entre los sujetos pasivos teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras o servicios, utilizando como módulos de reparto, aisladamente o conjuntamente, los metros lineales de fachada de los inmuebles, la superficie de los mismos, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del IBI. En las obras de extinción de incendios, el reparto se hace en proporción al importe de las primas recaudadas por las compañías de seguros en el año inmediatamente anterior. La cuota no puede exceder del beneficio obtenido.
Contribuciones especiales: devengo, gestión, imposición y ordenación
Devengo (art. 33): las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse; si las obras fueran fraccionables, el devengo se produce para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo. Una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente; no podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el anticipo. Gestión y recaudación (art. 34): finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se señalan los sujetos pasivos, la base y las cuotas individuales definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados. Los contribuyentes pueden solicitar el fraccionamiento o aplazamiento de las cuotas por un plazo máximo de cinco años. Imposición y ordenación (art. 35): la exacción de las contribuciones especiales precisa la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto, que no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de las contribuciones especiales; se tramita con el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales (acuerdo provisional, exposición pública de treinta días como mínimo y acuerdo definitivo).
Contribuciones especiales: colaboración ciudadana y notificaciones
Los propietarios o titulares afectados por las obras o servicios podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo de ordenación de contribuciones especiales (art. 36). Para ello bastará con que lo acuerde la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. También podrán promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no lo permitiera. Los sujetos pasivos son notificados individualmente de la cuota que les corresponde y de los plazos de pago. Las cuotas impugnadas pueden recurrirse en vía administrativa mediante recurso de reposición y reclamación económico-administrativa; solo cabe reclamar por la distribución individual de las cuotas, pues el acuerdo de ordenación se impugna conforme a las normas de las ordenanzas fiscales.
Visión comparada de tasas, precios públicos y contribuciones especiales
Tasa: tributo; actividad administrativa o dominio público; no puede superar el coste del servicio; ordenanza fiscal. Precio público: no tributo; servicios voluntarios o susceptibles de prestación privada; no puede ser inferior al coste (salvo razones sociales con consignación); acuerdo del Pleno. Contribución especial: tributo; beneficio o aumento de valor por obras o servicios; base máxima del 90 por ciento del coste soportado; acuerdo de imposición y ordenación; sin reciprocidad exacta con el coste. Impuesto: tributo sin contraprestación (hecho imponible = manifestación de capacidad económica). Recordar que el Tribunal Constitucional (STC 185/1995) fijó la distinción entre tasas y precios públicos en la nota de coactividad (solicitud obligatoria) y que tras la Ley 9/2017 la contraprestación en gestión indirecta de servicios se califica como prestación patrimonial de carácter público no tributario.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Tasa = tributo; precio público = no tributario. La tasa se limita por arriba por el coste del servicio; el precio público debe cubrir como mínimo el coste.
Tasa: la establece una ordenanza fiscal (Pleno, exposición pública 30 días); precio público: acuerdo del Pleno, delegable en Junta de Gobierno Local.
No cabe exigir tasas por abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública, protección civil, limpieza viaria ni enseñanza obligatoria.
Informe técnico-económico obligatorio para establecer tasas por utilización del dominio público o nuevos servicios.
Devengo de la tasa: inicio del uso o de la prestación del servicio (en licencias, la solicitud); puede exigirse depósito previo.
Contribuciones especiales: base imponible máxima = 90 % del coste soportado por la entidad.
Módulos de reparto: metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable y valor catastral a efectos del IBI.
Contribuciones especiales: no puede ejecutarse la obra que se financie con ellas hasta aprobar la ordenación concreta; el acuerdo de imposición es obligatorio en cada caso.
Anticipo de contribuciones especiales: posible tras el acuerdo de imposición y ordenación, sobre el coste previsto para el año siguiente.
Asociación administrativa de contribuyentes: mayoría absoluta de afectados que representen al menos los dos tercios de las cuotas.
Fraccionamiento de las contribuciones especiales: máximo de cinco años.
Trampa: confundir el coste que fija el límite máximo de la tasa con el mínimo del precio público; y confundir la base de contribuciones especiales (90 %) con el 100 % del coste.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 35 de Administrativo Ayuntamiento?
Los ingresos de las entidades locales comprenden, entre otros, los tributos propios (impuestos, tasas y contribuciones especiales), los precios públicos, las participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas, las subvenciones, los ingresos patrimoniales y el producto de operaciones de crédito. Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local o en la prestación de servicios o realización de actividades administrativas de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo (arts. 20 a 27 TRLRHL); los precios públicos son ingresos de derecho público no tributarios por la prestación de servicios o actividades de competencia local cuando no concurran las circunstancias propias de las tasas (arts. 41 a 47); y las contribuciones especiales son tributos que gravan el beneficio o aumento de valor de los bienes derivado de la realización de obras o del establecimiento o ampliación de servicios locales (arts. 28 a 37). Es esencial conocer su régimen, las diferencias entre tasas y precios públicos y la tramitación de las contribuciones especiales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?
Tasa = tributo; precio público = no tributario. La tasa se limita por arriba por el coste del servicio; el precio público debe cubrir como mínimo el coste. Tasa: la establece una ordenanza fiscal (Pleno, exposición pública 30 días); precio público: acuerdo del Pleno, delegable en Junta de Gobierno Local. No cabe exigir tasas por abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública, protección civil, limpieza viaria ni enseñanza obligatoria. Informe técnico-económico obligatorio para establecer tasas por utilización del dominio público o nuevos servicios. Devengo de la tasa: inicio del uso o de la prestación del servicio (en licencias, la solicitud); puede exigirse depósito previo. Contribuciones especiales: base imponible máxima = 90 % del coste soportado por la entidad. Módulos de reparto: metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable y valor catastral a efectos del IBI. Contribuciones especiales: no puede ejecutarse la obra que se financie con ellas hasta aprobar la ordenación concreta; el acuerdo de imposición es obligatorio en cada caso. Anticipo de contribuciones especiales: posible tras el acuerdo de imposición y ordenación, sobre el coste previsto para el año siguiente. Asociación administrativa de contribuyentes: mayoría absoluta de afectados que representen al menos los dos tercios de las cuotas. Fraccionamiento de las contribuciones especiales: máximo de cinco años. Trampa: confundir el coste que fija el límite máximo de la tasa con el mínimo del precio público; y confundir la base de contribuciones especiales (90 %) con el 100 % del coste.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 15 a 19, 20 a 27, 28 a 37 y 41 a 47).
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (en lo no derogado).
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre.
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