Tema 39. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
La actividad subvencional se regula con carácter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por una Administración a favor de personas públicas o privadas que cumpla tres requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, ejecución de un proyecto, realización de una actividad, adopción de un comportamiento o concurrencia de una situación, y que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. La regla general es la concesión en régimen de concurrencia competitiva; la concesión directa es excepcional. La gestión comprende la justificación y el pago; el incumplimiento puede determinar el reintegro; la Administración dispone de control financiero y de un régimen sancionador específico (título IV de la ley). En el ámbito local se aplica la LGS, completada por las bases de ejecución del presupuesto, las ordenanzas generales de subvenciones y los planes estratégicos de subvenciones.
Concepto, normativa y ámbito de la actividad subvencional
Normativa: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento; Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, que regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la publicación de las convocatorias; Ley 19/2013, de transparencia, que impone publicidad activa de las subvenciones; en las entidades locales, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) y las bases de ejecución del presupuesto, y la Ley 7/1985 (LBRL). Concepto de subvención (art. 2 LGS): disposición dineraria a favor de personas públicas o privadas que cumpla simultáneamente los tres requisitos citados: ausencia de contraprestación directa, afectación a un objetivo o actividad y fin de utilidad pública o interés social. No tienen carácter de subvención, entre otros, los premios que se otorgan sin solicitud previa del beneficiario, las aportaciones dinerarias entre Administraciones para financiar globalmente la actividad de la otra, y las cuotas a organismos internacionales. Las prestaciones de seguridad social y otros ingresos que se rigen por su normativa específica tampoco se consideran subvenciones. La ley se aplica también a las entidades locales y sus organismos, a las fundaciones y consorcios del sector público (con las matizaciones legales), y a las subvenciones financiadas con fondos de la Unión Europea en lo no regulado por la normativa europea. El ejercicio de la actividad subvencional se basa en los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, y en los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 8 LGS).
Principios y requisitos para el otorgamiento. Planes estratégicos
Los órganos que propongan el establecimiento de subvenciones deben aprobar previamente un plan estratégico de subvenciones, que concrete los objetivos y efectos que se pretenden, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (art. 8.1 LGS). En las entidades locales el plan puede integrarse en las bases de ejecución del presupuesto o aprobarse como instrumento específico. Requisitos para el otorgamiento (art. 9 LGS): competencia del órgano concedente, existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto, aprobación previa de las normas o bases reguladoras de la concesión, fiscalización previa de los actos de contenido económico y compromiso del gasto en los términos legales. Las bases reguladoras se aprueban por ordenanza general de subvenciones o por bases específicas, y deben contener el contenido mínimo establecido en la LGS (objeto, requisitos de los beneficiarios, procedimiento de concesión, criterios de valoración, cuantía, plazo y forma de justificación, entre otros). Las subvenciones están sujetas al régimen de la ley aunque se otorguen por entidades locales. Se prohíbe la concesión de subvenciones por un importe que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada (sobrefinanciación; el exceso da lugar a reintegro).
Beneficiarios y entidades colaboradoras
Beneficiario es quien ha de realizar la actividad que fundamenta la concesión o se encuentra en la situación que legitima su otorgamiento (art. 11 LGS). Pueden serlo personas físicas o jurídicas, y también agrupaciones, comunidades de bienes u otras entidades sin personalidad que puedan llevar a cabo el proyecto, si las bases lo prevén. Entidad colaboradora es quien, en nombre y por cuenta del órgano concedente, entrega y distribuye los fondos a los beneficiarios, o colabora en la gestión sin que se produzca la previa entrega y distribución de fondos (art. 12 LGS); se formaliza mediante convenio de colaboración. Requisitos de los beneficiarios y entidades colaboradoras (art. 13 LGS): no estar incursos en las prohibiciones legales, por ejemplo, haber sido condenados por sentencia firme en procesos penales determinados, estar declarados en concurso, haber sido sancionados con pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tener deudas por reintegro de subvenciones, entre otros. Obligaciones de los beneficiarios (art. 14 LGS): realizar la actividad o adoptar el comportamiento, justificar su cumplimiento ante el órgano concedente, someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero, comunicar la obtención de otras subvenciones, acreditar estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, conservar los documentos justificativos y dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación. Hay que distinguir al beneficiario de la entidad colaboradora, que no recibe fondos para su propio beneficio.
Procedimientos de concesión: concurrencia competitiva y concesión directa
El procedimiento ordinario de concesión es el de concurrencia competitiva (art. 22.1 LGS): consiste en comparar las solicitudes presentadas en un mismo momento, establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en las bases y la convocatoria, y adjudicar, dentro del crédito disponible, a las que hayan obtenido mayor valoración. Fases: convocatoria (iniciación de oficio, aprobada por el órgano competente y publicada a través de la BDNS, que remite el extracto al diario oficial correspondiente), presentación de solicitudes, instrucción por el órgano designado (evaluación por una comisión de valoración cuando se prevea), propuesta de resolución provisional y definitiva, resolución (el plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, art. 25.4 LGS; el silencio es desestimatorio) y aceptación del beneficiario. Además, las bases pueden prever la concesión por prorrateo del crédito entre los beneficiarios cuando se cumpla el objeto, sin necesidad de ordenar las solicitudes. La concesión directa (art. 22.2 LGS) solo cabe en los supuestos legales: las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de las Administraciones; aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal; y, con carácter excepcional, las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. La concesión directa se formaliza por resolución o convenio y en el ámbito local suele regularse en las bases de ejecución del presupuesto. Deben figurar en el plan estratégico y publicarse en la BDNS.
Gestión: justificación, gastos subvencionables y pago
La gestión de la subvención incluye la aceptación, la ejecución de la actividad, la justificación y el pago. Justificación (arts. 30 y siguientes LGS): el beneficiario debe acreditar el cumplimiento de la finalidad y la aplicación de los fondos en el plazo fijado, mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes del gasto (modalidad más frecuente), cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, cuenta justificativa simplificada para subvenciones de importe reducido, o módulos y otras modalidades que prevea el reglamento. Son gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido, y su coste no puede superar el valor de mercado. El pago de la subvención puede ser previo a la justificación como financiación necesaria para poder llevar a cabo la actuación (anticipos, cuando las bases lo prevén) o posterior, abonándose la totalidad o la parte proporcional una vez justificada la realización de la actividad. La subcontratación es posible en los términos fijados por las bases y la ley (con límites y obligaciones específicas). Las bases pueden exigir garantías en los pagos anticipados. Puede modificarse la resolución de concesión cuando se alteren las condiciones tenidas en cuenta, si las bases lo permiten. Se someten a seguimiento de la Intervención y se publican en BDNS la concesión y su importe. El incumplimiento parcial de la finalidad conduce a un reintegro proporcional cuando el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos.
Reintegro de subvenciones
El reintegro es el procedimiento por el que la Administración exige al beneficiario la devolución, total o parcial, de la subvención percibida, más el interés de demora, cuando concurre alguna de las causas legales. Causas de reintegro (art. 37 LGS): obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que lo habrían impedido; incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento; incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente; incumplimiento de las obligaciones de adoptar medidas de difusión; resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero; incumplimiento de las obligaciones impuestas a beneficiarios y entidades colaboradoras; y otros supuestos previstos en las bases. Aparte, la invalidez de la resolución de concesión por causa de nulidad o anulabilidad determina también la devolución (art. 36 LGS). El interés de demora aplicable es el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente (art. 38.2 LGS). El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años (art. 39 LGS), contados según los supuestos previstos por la ley. El procedimiento se inicia de oficio, con audiencia al interesado, y debe resolverse y notificarse en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación (art. 42 LGS); transcurrido ese plazo se produce la caducidad, sin perjuicio de iniciar uno nuevo mientras no haya prescrito el derecho. El crédito a favor de la Hacienda Pública por reintegro tiene naturaleza de derecho de Derecho público y se cobra por el procedimiento de apremio; la Hacienda goza de prelación sobre otros acreedores en los términos legales. Responden solidariamente los miembros de las personas jurídicas o entes sin personalidad en los supuestos previstos y subsidiariamente los administradores. El órgano competente para exigir el reintegro es el concedente.
Control financiero de subvenciones
El control financiero de subvenciones (título III de la LGS) se ejerce sobre beneficiarios y entidades colaboradoras para verificar la adecuada obtención, utilización, justificación y financiación de las subvenciones, el cumplimiento de las condiciones y la realidad y regularidad de las operaciones. Corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado en el ámbito estatal, a los órganos equivalentes de las comunidades autónomas en su ámbito, y en las entidades locales a la Intervención de la entidad local (con la colaboración de la Intervención General del Estado cuando se financie con fondos europeos o estatales). Los beneficiarios y entidades colaboradoras están obligados a prestar colaboración y facilitar documentación, y los funcionarios que lo realicen tienen la condición de agentes de la autoridad. Se materializa en informes: provisional, con alegaciones del interesado, y definitivo, que se remite al órgano gestor para que inicie, si procede, el reintegro. El control se ejerce sin perjuicio de las funciones del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo autonómicos. Existe asimismo un control a posteriori sobre los que han percibido subvenciones y un control sobre las ayudas europeas conforme al derecho de la Unión. La negativa a colaborar es causa de reintegro e infracción administrativa.
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones
El título IV de la LGS regula las infracciones y sanciones. Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la ley, aun a título de simple negligencia. Se clasifican en leves, graves y muy graves. Son leves, entre otras, el incumplimiento de obligaciones formales sin trascendencia relevante; graves, entre otras, el incumplimiento de la obligación de justificar, de las condiciones impuestas o la falta de comunicación de ayudas concurrentes; muy graves, la obtención de una subvención falseando u ocultando datos, la no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para los que se concedieron, y la resistencia o negativa a las actuaciones de control cuando se impida de forma grave su efectividad. Las sanciones pueden ser pecuniarias (multa fija o proporcional, graduada según criterios como la reincidencia, la resistencia, la ocultación, el perjuicio, la importancia y trascendencia) y no pecuniarias (para infracciones graves y muy graves: pérdida durante un plazo de la posibilidad de obtener subvenciones, de actuar como entidad colaboradora, o de contratar con las Administraciones públicas, además de otras como la prohibición de obtener beneficios fiscales). Son responsables los beneficiarios, las entidades colaboradoras y las demás personas físicas o jurídicas a quienes la ley atribuye la obligación, incluidos los representantes legales. El principio de responsabilidad es compatible con la exigencia de reintegro, con el que no es incompatible ni excluyente. Las infracciones y las sanciones prescriben a los cuatro años, contados desde los momentos que fija la ley. El procedimiento sancionador es separado del de reintegro, y se rige por la LGS y, supletoriamente, por la Ley 40/2015 y la Ley 39/2015; la sanción la impone el órgano que corresponda. Cuando los hechos puedan constituir delito se pasa el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente y se suspende el procedimiento. La competencia sancionadora en las entidades locales se atribuye a los órganos que determinen las bases o la norma de aplicación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Subvención (art. 2 LGS): entrega dineraria sin contraprestación directa, con objetivo o actividad y de utilidad pública o interés social. Los tres requisitos son acumulativos.
Norma básica: Ley 38/2003 General de Subvenciones; desarrollo: Real Decreto 887/2006; BDNS: Real Decreto 130/2019.
Principios (art. 8): publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia y eficiencia.
Plan estratégico de subvenciones previo a la propuesta de establecimiento (art. 8.1).
Regla general: concurrencia competitiva. Concesión directa solo: nominativa en presupuestos, impuesta por norma de rango legal, o excepcional por razones de interés público, social, económico o humanitario.
Plazo máximo de resolución en concurrencia: seis meses salvo ley que fije otro; silencio desestimatorio.
Beneficiario no es lo mismo que entidad colaboradora: esta entrega y distribuye fondos en nombre del órgano concedente y no es destinataria final.
Reintegro: interés de demora = interés legal del dinero + 25 por 100 (salvo LPGE); prescripción de 4 años; procedimiento: 12 meses desde el acuerdo de inicio.
Causas de reintegro (art. 37): obtener falseando, incumplir objetivo, justificación insuficiente, incumplir difusión, resistencia al control, entre otras. La sobrefinanciación obliga a reintegrar el exceso.
Control financiero: en las entidades locales, Intervención local; informe provisional, alegaciones, informe definitivo.
Infracciones: leves, graves y muy graves; prescripción de infracciones: 4 años. Sanciones no pecuniarias solo en graves y muy graves.
Reintegro y sanción son procedimientos distintos y compatibles.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Los órganos que propongan el establecimiento de subvenciones deben aprobar previamente:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 39 de Administrativo Ayuntamiento?
La actividad subvencional se regula con carácter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por una Administración a favor de personas públicas o privadas que cumpla tres requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, ejecución de un proyecto, realización de una actividad, adopción de un comportamiento o concurrencia de una situación, y que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. La regla general es la concesión en régimen de concurrencia competitiva; la concesión directa es excepcional. La gestión comprende la justificación y el pago; el incumplimiento puede determinar el reintegro; la Administración dispone de control financiero y de un régimen sancionador específico (título IV de la ley). En el ámbito local se aplica la LGS, completada por las bases de ejecución del presupuesto, las ordenanzas generales de subvenciones y los planes estratégicos de subvenciones.
¿Qué hay que memorizar del Tema 39 para el examen?
Subvención (art. 2 LGS): entrega dineraria sin contraprestación directa, con objetivo o actividad y de utilidad pública o interés social. Los tres requisitos son acumulativos. Norma básica: Ley 38/2003 General de Subvenciones; desarrollo: Real Decreto 887/2006; BDNS: Real Decreto 130/2019. Principios (art. 8): publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia y eficiencia. Plan estratégico de subvenciones previo a la propuesta de establecimiento (art. 8.1). Regla general: concurrencia competitiva. Concesión directa solo: nominativa en presupuestos, impuesta por norma de rango legal, o excepcional por razones de interés público, social, económico o humanitario. Plazo máximo de resolución en concurrencia: seis meses salvo ley que fije otro; silencio desestimatorio. Beneficiario no es lo mismo que entidad colaboradora: esta entrega y distribuye fondos en nombre del órgano concedente y no es destinataria final. Reintegro: interés de demora = interés legal del dinero + 25 por 100 (salvo LPGE); prescripción de 4 años; procedimiento: 12 meses desde el acuerdo de inicio. Causas de reintegro (art. 37): obtener falseando, incumplir objetivo, justificación insuficiente, incumplir difusión, resistencia al control, entre otras. La sobrefinanciación obliga a reintegrar el exceso. Control financiero: en las entidades locales, Intervención local; informe provisional, alegaciones, informe definitivo. Infracciones: leves, graves y muy graves; prescripción de infracciones: 4 años. Sanciones no pecuniarias solo en graves y muy graves. Reintegro y sanción son procedimientos distintos y compatibles.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Bases de ejecución del presupuesto y ordenanzas generales de subvenciones de cada entidad local.
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