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Tema 2. Derechos y libertades establecidos en la Constitución; especial referencia a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Garantías y tutela de los derechos y libertades. La suspensión de derechos

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

El Título I de la Constitución (arts. 10 a 55) es el más extenso y regula el catálogo de derechos y deberes de las personas, así como sus garantías de protección. Este tema desarrolla la clasificación de los derechos según su nivel de protección (derechos fundamentales y libertades públicas, derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores), las garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales (reserva de ley, contenido esencial, recurso de amparo, habeas corpus, Defensor del Pueblo) y el régimen excepcional de su suspensión en los estados de excepción y sitio y en la suspensión individual por terrorismo.

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Estructura del Título I y niveles de protección

El Título I se abre con el art. 10 CE, que proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social; su apartado 2 obliga a interpretar las normas sobre derechos fundamentales y libertades conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Estructura: Capítulo I, De los españoles y extranjeros (arts. 11 a 13: nacionalidad, mayoría de edad a los dieciocho años y libertades de los extranjeros); Capítulo II, Derechos y libertades (arts. 14 a 38), con dos secciones de distinto nivel de protección: Sección 1ª (arts. 15 a 29), De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y Sección 2ª (arts. 30 a 38), De los derechos y deberes de los ciudadanos; Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52); Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54); y Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). El art. 14 queda al inicio del Capítulo II, fuera de las secciones, pero goza de la protección reforzada de la Sección 1ª (art. 53.2). Los principios rectores del Capítulo III no son derechos subjetivos directamente exigibles: informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE).

Los derechos fundamentales y las libertades públicas (Sección 1ª) y la igualdad del art. 14

El art. 14 CE proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La Sección 1ª incluye: el derecho a la vida y a la integridad física y moral, con prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, y abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra (art. 15); la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin que nadie pueda ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y con aconfesionalidad del Estado (art. 16); el derecho a la libertad y a la seguridad, con límite de setenta y dos horas para la detención preventiva y garantía de habeas corpus (art. 17); el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 18); la libertad de residencia y circulación (art. 19); las libertades de expresión, producción artística y literaria, cátedra e información veraz, sin censura previa y con secuestro de publicaciones solo por resolución judicial (art. 20); el derecho de reunión pacífica y sin armas, con comunicación previa a la autoridad solo en lugares de tránsito público y manifestaciones (art. 21); el derecho de asociación (art. 22); el derecho de participación política y de acceso a funciones y cargos públicos (art. 23); la tutela judicial efectiva sin indefensión y las garantías procesales: juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia letrada, proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, presunción de inocencia (art. 24); el principio de legalidad penal y la orientación de las penas a la reinserción social (art. 25); la prohibición de los Tribunales de Honor en la Administración civil y organizaciones profesionales (art. 26); el derecho a la educación y la libertad de enseñanza (art. 27); la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28); y el derecho de petición individual y colectiva, por escrito (art. 29).

Derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2ª) y principios rectores (Capítulo III)

La Sección 2ª recoge: el derecho y deber de defender a España, con regulación de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria (art. 30); el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio (art. 31); el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32); el derecho a la propiedad privada y a la herencia, con función social y garantía de expropiación solo por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización (art. 33); el derecho de fundación (art. 34); el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente (art. 35); los colegios profesionales (art. 36); la negociación colectiva laboral y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37); y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38). El Capítulo III incluye, entre otros: protección de la familia y de la infancia (art. 39); progreso social y económico y pleno empleo (art. 40); régimen público de Seguridad Social (art. 41); protección de la salud (art. 43); acceso a la cultura (art. 44); medio ambiente (art. 45); conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46); derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47); participación de la juventud (art. 48); atención a las personas con discapacidad (art. 49, redactado conforme a la reforma de 2024); suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad (art. 50); defensa de los consumidores y usuarios (art. 51); y organizaciones profesionales (art. 52).

Garantías de los derechos: reserva de ley, contenido esencial, amparo y garantías institucionales

Garantías normativas: el art. 53.1 CE establece que los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161.1.a (recurso de inconstitucionalidad). Para los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª), el art. 81 CE exige además ley orgánica para su desarrollo directo, que requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto; la regulación de los derechos de la Sección 2ª puede hacerse por ley ordinaria. Garantías jurisdiccionales: el art. 53.2 CE permite a cualquier ciudadano recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que será también aplicable a la objeción de conciencia del art. 30. El recurso de amparo (arts. 161.1.b y 162.1.b CE; Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional) puede ser interpuesto por toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como por el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; requiere agotar previamente la vía judicial ordinaria y que el recurso presente especial trascendencia constitucional (reforma de 2007 de la LOTC). Contra violaciones originadas por una resolución judicial el plazo es de treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. Otras garantías: el habeas corpus (art. 17.4 CE; Ley Orgánica 6/1984) para quien sea detenido ilegalmente; la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE); el Defensor del Pueblo (art. 54 CE; Ley Orgánica 3/1981), alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos del Título I, elegido por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras para un mandato de cinco años; y la tutela multinivel por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Convenio de Roma de 1950) y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de la Carta de los Derechos Fundamentales.

La suspensión de derechos (art. 55 CE) y los estados excepcionales (art. 116 CE)

El art. 55.1 CE permite suspender los derechos reconocidos en los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (residencia y circulación), 20.1.a) y d) y 20.5 (expresión e información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (conflicto colectivo) cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa el apartado 3 del art. 17 (asistencia de abogado al detenido) para el supuesto de declaración de estado de excepción. En el estado de alarma, en cambio, no cabe suspender derechos, sino limitar su ejercicio. Los tres estados se regulan en el art. 116 CE y en la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio: la alarma la declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, y sin autorización de este no puede prorrogarse; la excepción la declara el Gobierno con autorización previa del Congreso, con un máximo de treinta días prorrogables por otro plazo igual; el sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno, que determina su ámbito territorial, duración y condiciones. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, las Cámaras quedan automáticamente convocadas y no se interrumpe el funcionamiento de los poderes constitucionales. Las sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021 y 183/2021 declararon inconstitucionales parte de las medidas del estado de alarma de 2020 por considerar que suponían una suspensión y no una mera limitación de derechos. El art. 55.2 CE regula la suspensión individual (no general): una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos de los arts. 17.2 (plazo máximo de la detención preventiva) y 18.2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas; la utilización injustificada o abusiva de esas facultades produce responsabilidad penal.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Título I de la Constitución (arts. 10 a 55) regula los derechos y deberes fundamentales.
  • El art. 10 CE proclama la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político; el art. 10.2 manda interpretar los derechos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España.
  • Estructura del Título I: Cap. I (arts. 11-13), Cap. II (arts. 14-38), Cap. III (arts. 39-52), Cap. IV (arts. 53-54), Cap. V (art. 55).
  • El Capítulo II se divide en Sección 1ª (arts. 15-29, derechos fundamentales y libertades públicas) y Sección 2ª (arts. 30-38, derechos y deberes de los ciudadanos); el art. 14 queda fuera de las secciones pero con protección reforzada.
  • El Capítulo III (arts. 39-52) recoge los principios rectores de la política social y económica, que no son directamente exigibles ante los tribunales sin ley de desarrollo (art. 53.3 CE).
  • Art. 14 CE: igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social.
  • Art. 15 CE: vida e integridad física y moral; prohibición de tortura; pena de muerte abolida salvo leyes penales militares en tiempos de guerra.
  • Art. 17 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas; el habeas corpus se regula en el art. 17.4.
  • Art. 18 CE: honor, intimidad, propia imagen, inviolabilidad del domicilio (consentimiento, resolución judicial o flagrante delito) y secreto de las comunicaciones (salvo resolución judicial).
  • Art. 20 CE: libertades de expresión e información; el secuestro de publicaciones solo procede por resolución judicial.
  • Art. 21 CE: reunión pacífica y sin armas; no necesita autorización previa; solo comunicación previa en lugares de tránsito público y manifestaciones.
  • Art. 23 CE: participación política y acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad.
  • Art. 24 CE: tutela judicial efectiva sin indefensión, juez predeterminado por ley, presunción de inocencia, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
  • Art. 28 CE: libertad sindical y derecho de huelga; el art. 29 reconoce el derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito.
  • El art. 53.1 CE exige que el ejercicio de los derechos del Capítulo II se regule por ley, respetando su contenido esencial; vincula a todos los poderes públicos.
  • El art. 53.2 CE refuerza el art. 14, la Sección 1ª del Capítulo II y la objeción de conciencia (art. 30) con tutela preferente y sumaria ante los tribunales ordinarios y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
  • Trampa típica: el recurso de amparo NO protege todos los derechos del Título I; solo el art. 14, los arts. 15 a 29 y la objeción de conciencia del art. 30.2.
  • El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas exige Ley Orgánica (art. 81 CE), aprobada por mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto.
  • Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981): alto comisionado de las Cortes Generales, elegido por 3/5 de cada Cámara para un mandato de cinco años.
  • Pueden interponer recurso de amparo toda persona natural o jurídica con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
  • El art. 55.1 CE permite suspender ciertos derechos solo en los estados de excepción y sitio (no en el de alarma); en excepción no se suspende el art. 17.3.
  • Estado de alarma: lo declara el Gobierno por decreto, hasta 15 días, y su prórroga requiere autorización del Congreso; estado de excepción: autorización previa del Congreso, hasta 30 días prorrogables por otros 30; estado de sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno.
  • El art. 55.2 CE regula la suspensión individual de los arts. 17.2 y 18.2 y 3 en investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas, con intervención judicial y control parlamentario.
  • Durante los estados excepcionales no puede disolverse el Congreso y el principio de responsabilidad del Gobierno no se modifica (art. 116.5 y 116.6 CE).
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¿Qué artículos de la Constitución componen la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Administrativo Ayuntamiento?

El Título I de la Constitución (arts. 10 a 55) es el más extenso y regula el catálogo de derechos y deberes de las personas, así como sus garantías de protección. Este tema desarrolla la clasificación de los derechos según su nivel de protección (derechos fundamentales y libertades públicas, derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores), las garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales (reserva de ley, contenido esencial, recurso de amparo, habeas corpus, Defensor del Pueblo) y el régimen excepcional de su suspensión en los estados de excepción y sitio y en la suspensión individual por terrorismo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

El Título I de la Constitución (arts. 10 a 55) regula los derechos y deberes fundamentales. El art. 10 CE proclama la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político; el art. 10.2 manda interpretar los derechos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España. Estructura del Título I: Cap. I (arts. 11-13), Cap. II (arts. 14-38), Cap. III (arts. 39-52), Cap. IV (arts. 53-54), Cap. V (art. 55). El Capítulo II se divide en Sección 1ª (arts. 15-29, derechos fundamentales y libertades públicas) y Sección 2ª (arts. 30-38, derechos y deberes de los ciudadanos); el art. 14 queda fuera de las secciones pero con protección reforzada. El Capítulo III (arts. 39-52) recoge los principios rectores de la política social y económica, que no son directamente exigibles ante los tribunales sin ley de desarrollo (art. 53.3 CE). Art. 14 CE: igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social. Art. 15 CE: vida e integridad física y moral; prohibición de tortura; pena de muerte abolida salvo leyes penales militares en tiempos de guerra. Art. 17 CE: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas; el habeas corpus se regula en el art. 17.4. Art. 18 CE: honor, intimidad, propia imagen, inviolabilidad del domicilio (consentimiento, resolución judicial o flagrante delito) y secreto de las comunicaciones (salvo resolución judicial). Art. 20 CE: libertades de expresión e información; el secuestro de publicaciones solo procede por resolución judicial. Art. 21 CE: reunión pacífica y sin armas; no necesita autorización previa; solo comunicación previa en lugares de tránsito público y manifestaciones. Art. 23 CE: participación política y acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Art. 24 CE: tutela judicial efectiva sin indefensión, juez predeterminado por ley, presunción de inocencia, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Art. 28 CE: libertad sindical y derecho de huelga; el art. 29 reconoce el derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito. El art. 53.1 CE exige que el ejercicio de los derechos del Capítulo II se regule por ley, respetando su contenido esencial; vincula a todos los poderes públicos. El art. 53.2 CE refuerza el art. 14, la Sección 1ª del Capítulo II y la objeción de conciencia (art. 30) con tutela preferente y sumaria ante los tribunales ordinarios y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Trampa típica: el recurso de amparo NO protege todos los derechos del Título I; solo el art. 14, los arts. 15 a 29 y la objeción de conciencia del art. 30.2. El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas exige Ley Orgánica (art. 81 CE), aprobada por mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981): alto comisionado de las Cortes Generales, elegido por 3/5 de cada Cámara para un mandato de cinco años. Pueden interponer recurso de amparo toda persona natural o jurídica con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. El art. 55.1 CE permite suspender ciertos derechos solo en los estados de excepción y sitio (no en el de alarma); en excepción no se suspende el art. 17.3. Estado de alarma: lo declara el Gobierno por decreto, hasta 15 días, y su prórroga requiere autorización del Congreso; estado de excepción: autorización previa del Congreso, hasta 30 días prorrogables por otros 30; estado de sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno. El art. 55.2 CE regula la suspensión individual de los arts. 17.2 y 18.2 y 3 en investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas, con intervención judicial y control parlamentario. Durante los estados excepcionales no puede disolverse el Congreso y el principio de responsabilidad del Gobierno no se modifica (art. 116.5 y 116.6 CE).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229): Título I (arts. 10-55), arts. 81, 116, 161-163.
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus.
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021 y 183/2021 (estado de alarma de 2020).

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