Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución. El Estado de las Autonomías. Proceso de creación y organización básica de las comunidades autónomas. Los Estatutos de Autonomía
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
El Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158) configura el llamado Estado de las Autonomías: un modelo territorial descentralizado políticamente, singular en el derecho comparado, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la unidad de la Nación española (art. 2 CE). El tema recorre los principios generales, las vías de acceso a la autonomía (arts. 143, 144 y 151 y disposiciones transitorias), el proceso real de creación de las diecisiete Comunidades Autónomas y de las dos ciudades autónomas, el contenido y la reforma de los Estatutos de Autonomía, su organización institucional básica y el sistema de distribución de competencias (arts. 148 y 149), con los mecanismos de cierre del sistema (arts. 150 y 155). Es la base para entender la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Los principios del art. 2 y los principios generales del Título VIII
El art. 2 CE proclama la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas. El art. 137 CE establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan; todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La autonomía de los entes territoriales no es soberanía, que reside únicamente en el pueblo español en su conjunto; pero, mientras la autonomía local tiene un carácter fundamentalmente administrativo, la de las Comunidades Autónomas es una autonomía política, que comprende potestad legislativa, ejecutiva y reglamentaria y gobierno propio, con límite en la Constitución y en el Estatuto respectivo (la jurisprudencia constitucional la define como un poder limitado, no soberano, subordinado a la unidad del Estado). Otros principios generales: solidaridad, garantizada por el Estado velando por el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (art. 138); igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio y libre circulación de personas y bienes (art. 139); garantía de la autonomía de los municipios (art. 140) y de las provincias (art. 141); suficiencia de las haciendas locales (art. 142); prohibición de federación entre Comunidades Autónomas (art. 145.1) y régimen de convenios y acuerdos de cooperación entre ellas, que deben comunicarse o ser autorizados por las Cortes Generales (art. 145.2); autonomía financiera con sujeción a los principios de coordinación y solidaridad (art. 156); y recursos financieros de las Comunidades (art. 157), Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2). Régimen de derechos forales: la Disposición Adicional 1ª ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales (País Vasco y Navarra), y la Disposición Transitoria 4ª regula la incorporación de Navarra al País Vasco, que no se llegó a producir y llevó a su constitución como Comunidad Foral de Navarra por la vía del Amejoramiento del Fuero.
Vías de acceso a la autonomía (arts. 143, 144 y 151 CE y disposiciones transitorias)
La Constitución previó varias vías de acceso a la autonomía. Vía ordinaria o lenta (art. 143 CE): permitía acceder al autogobierno a provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa correspondía a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población representase, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, y debía ejercerse en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. Las Comunidades que accedieron por esta vía asumían inicialmente las competencias del art. 148 y podían ampliarlas pasados cinco años mediante la reforma de sus Estatutos (art. 148.2). Vía especial o rápida (art. 151 CE), con un techo competencial más alto desde el inicio: exigía una iniciativa reforzada (acuerdo de las Diputaciones o de los órganos interinsulares y de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada, que representasen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas) ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. El procedimiento de elaboración del Estatuto, en este caso, se hacía en una Asamblea de parlamentarios, su examen por la Comisión Constitucional del Congreso y su sometimiento a referéndum de los electores de las provincias comprendidas. Por la Disposición Transitoria 2ª pudieron acceder directamente por el art. 151 los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y contaran, al promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía (Cataluña, País Vasco y Galicia). Andalucía accedió por la vía del art. 151 tras el referéndum de 1980, que obtuvo la ratificación exigida. Vías singulares (art. 144 CE): las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, pueden a) autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1; b) autorizar o acordar un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial; y c) sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales del art. 143.2. Por el art. 144.a) se constituyó la Comunidad de Madrid. Las ciudades de Ceuta y Melilla (Disposición Transitoria 5ª) pudieron constituirse en Comunidades Autónomas, pero optaron por Estatutos de ciudades con autonomía (1995). Navarra siguió su propia vía, la de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 1982.
El proceso de creación del Estado de las Autonomías
El proceso se desarrolló en varias fases. Preautonomías (1977-1979): régimen provisional de órganos de gobierno regional, iniciado con la restauración de la Generalitat de Cataluña. Primeros Estatutos por el art. 151 y la DT 2ª: País Vasco y Cataluña (Leyes Orgánicas 3/1979 y 4/1979, de 18 de diciembre) y Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril); Andalucía obtuvo su Estatuto por la vía del art. 151 en 1981. Acuerdos autonómicos de 1981 entre el Gobierno (UCD) y el PSOE, que ordenaron la generalización de la autonomía y se plasmaron en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA, 1982), cuyos preceptos más relevantes fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional; los Estatutos restantes se aprobaron principalmente en 1981-1983 por la vía del art. 143. Como resultado, el mapa autonómico quedó formado por diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Pactos autonómicos de 1992: ampliación de competencias de las Comunidades del art. 143 mediante la Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143, y reforma posterior de sus Estatutos. Reformas estatutarias de nueva generación (desde 2006): reforma del Estatuto de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006), parcialmente interpretada y anulada por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, y reformas de otros Estatutos (Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, entre otros), que actualizaron sus listados competenciales y sus cartas de derechos. Los Estatutos tienen la naturaleza de ley orgánica estatal, pero su contenido es el definido por el art. 147 CE; el Estado no puede modificarlos unilateralmente. En el caso de la vía del art. 151 y los Estatutos con referéndum, la reforma incluye la consulta a los ciudadanos.
Los Estatutos de Autonomía: contenido, naturaleza y reforma
El art. 147 CE define los Estatutos de Autonomía como la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Contenido mínimo (art. 147.2): a) la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; b) la delimitación de su territorio; c) la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; y d) las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Su elaboración se hacía, en la vía del art. 146, por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular y los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas, que remitía el proyecto a las Cortes para su tramitación como ley. La aprobación definitiva del Estatuto corresponde a las Cortes Generales mediante ley orgánica (arts. 81 y 147.3 CE), no a la Comunidad. Jerárquicamente, se sitúa por debajo de la Constitución pero tiene una posición reforzada: forma parte del bloque de la constitucionalidad (junto con la Constitución y las leyes que delimitan competencias, art. 28.1 LOTC), y es parámetro de validez de las leyes autonómicas, con las que se relaciona por el principio de competencia, no de jerarquía. Reforma (art. 147.3): se ajustará al procedimiento que los propios Estatutos establezcan y requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. En los Estatutos aprobados por el art. 151 se requiere además referéndum de ratificación.
Organización institucional básica de las Comunidades Autónomas
El art. 152.1 CE, para los Estatutos aprobados por la vía del art. 151, exige una organización institucional autonómica basada en: una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Estas Comunidades pueden además establecer circunscripciones territoriales propias mediante la agrupación de municipios limítrofes. En la práctica, este esquema institucional se ha generalizado a todas las Comunidades Autónomas. Control de la actividad de las Comunidades: el control de constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley corresponde al Tribunal Constitucional; el de sus disposiciones normativas sin fuerza de ley y las resoluciones de sus órganos de gobierno y administración, a la jurisdicción contencioso-administrativa; el de su gestión económica y presupuestaria, al Tribunal de Cuentas (art. 153 CE). El art. 155 CE regula la coerción estatal: si una Comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento o para la protección del interés general. Este precepto se aplicó por primera vez en octubre de 2017 con respecto a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Distribución de competencias: arts. 148, 149 y 150 CE
El art. 148.1 CE enumera las materias en que las Comunidades Autónomas podían asumir competencias (organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés de la Comunidad, ferrocarriles y carreteras en su territorio, agricultura y ganadería, montes, medio ambiente, asistencia social, sanidad e higiene, cultura, turismo, deporte, entre otras). El art. 149.1 CE enumera las materias de competencia exclusiva del Estado (nacionalidad, inmigración y extranjería; relaciones internacionales; defensa y Fuerzas Armadas; Administración de Justicia; legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación civil sin perjuicio de los derechos civiles forales o especiales; bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas; hacienda general y deuda; legislación laboral; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; régimen económico de la Seguridad Social, etc.). El art. 149.3 establece la cláusula residual: las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos; las no asumidas por los Estatutos corresponderán al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas; el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. El art. 150 CE prevé instrumentos de ajuste: leyes marco (150.1), por las que las Cortes pueden atribuir a todas o alguna de las Comunidades la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) de facultades de titularidad estatal susceptibles de transferencia o delegación; y leyes de armonización (150.3), que el Estado puede dictar cuando lo exija el interés general, apreciado por la mayoría absoluta de cada Cámara. Tipos de competencias según su alcance: exclusivas (legislación y ejecución, que pueden corresponder al Estado o a las Comunidades), compartidas (el Estado fija las bases y la Comunidad las desarrolla legislativamente) y ejecutivas (la Comunidad solo ejecuta la legislación estatal).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Título VIII CE (arts. 137 a 158) regula la organización territorial del Estado.
El art. 2 CE proclama la unidad indisoluble de la Nación española y reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas.
El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses.
La autonomía no es soberanía: la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto. La autonomía de las CCAA es política (legislativa y de gobierno), la local es principalmente administrativa.
Trampa típica: el art. 145.1 CE prohíbe la federación de Comunidades Autónomas.
Existían dos vías principales de acceso a la autonomía: la ordinaria (art. 143) y la especial o rápida (art. 151).
Vía del art. 143: iniciativa de las Diputaciones y de los 2/3 de los municipios que representen la mayoría del censo electoral de cada provincia; plazo de seis meses.
Vía del art. 151: iniciativa de las Diputaciones y de los 3/4 de los municipios de cada provincia (mayoría del censo) y referéndum con mayoría absoluta de electores de cada provincia.
La Disposición Transitoria 2ª permitió acceder por el art. 151 a Cataluña, País Vasco y Galicia, que habían plebiscitado Estatutos en el pasado.
Las CCAA del art. 143 solo podían ampliar competencias pasados cinco años mediante la reforma de sus Estatutos (art. 148.2).
El art. 144 CE prevé tres vías singulares por ley orgánica y por motivos de interés nacional: a) CA uniprovincial sin entidad regional histórica; b) territorios no integrados en la organización provincial; c) sustituir la iniciativa local del art. 143.2.
Madrid se constituyó por el art. 144.a); Navarra, por la LORAFNA de 1982; Ceuta y Melilla son ciudades autónomas con Estatutos de 1995.
El art. 147 CE define el Estatuto de Autonomía como la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, parte integrante del ordenamiento estatal.
Contenido mínimo del Estatuto: denominación, delimitación territorial, instituciones propias (denominación, organización y sede) y competencias asumidas con las bases del traspaso de servicios.
Los Estatutos se aprueban y se reforman mediante Ley Orgánica de las Cortes Generales (art. 147.3 CE); los del art. 151 requieren además referéndum.
El art. 152.1 CE exige una Asamblea Legislativa (sufragio universal y representación proporcional), un Consejo de Gobierno y un Presidente.
El Presidente autonómico es elegido por la Asamblea de entre sus miembros, nombrado por el Rey y políticamente responsable ante la Asamblea.
Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en cada CA, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo.
Este esquema institucional (Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente) se ha generalizado a todas las comunidades autónomas.
Art. 153 CE: control de las CCAA por el Tribunal Constitucional (normas con fuerza de ley), la jurisdicción contencioso-administrativa (normas sin fuerza de ley) y el Tribunal de Cuentas (gestión económica).
Art. 155 CE: coerción estatal; exige requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado. Se aplicó por primera vez en octubre de 2017.
Art. 148: competencias que las CCAA podían asumir; art. 149.1: competencias exclusivas del Estado; art. 149.3: cláusula residual y supletoriedad del derecho estatal.
Art. 150: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3).
España cuenta con diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Las leyes de armonización del art. 150.3 CE pueden dictarse por el Estado cuando así lo exija el interés general, apreciado por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Administrativo Ayuntamiento?
El Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158) configura el llamado Estado de las Autonomías: un modelo territorial descentralizado políticamente, singular en el derecho comparado, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la unidad de la Nación española (art. 2 CE). El tema recorre los principios generales, las vías de acceso a la autonomía (arts. 143, 144 y 151 y disposiciones transitorias), el proceso real de creación de las diecisiete Comunidades Autónomas y de las dos ciudades autónomas, el contenido y la reforma de los Estatutos de Autonomía, su organización institucional básica y el sistema de distribución de competencias (arts. 148 y 149), con los mecanismos de cierre del sistema (arts. 150 y 155). Es la base para entender la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
El Título VIII CE (arts. 137 a 158) regula la organización territorial del Estado. El art. 2 CE proclama la unidad indisoluble de la Nación española y reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses. La autonomía no es soberanía: la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto. La autonomía de las CCAA es política (legislativa y de gobierno), la local es principalmente administrativa. Trampa típica: el art. 145.1 CE prohíbe la federación de Comunidades Autónomas. Existían dos vías principales de acceso a la autonomía: la ordinaria (art. 143) y la especial o rápida (art. 151). Vía del art. 143: iniciativa de las Diputaciones y de los 2/3 de los municipios que representen la mayoría del censo electoral de cada provincia; plazo de seis meses. Vía del art. 151: iniciativa de las Diputaciones y de los 3/4 de los municipios de cada provincia (mayoría del censo) y referéndum con mayoría absoluta de electores de cada provincia. La Disposición Transitoria 2ª permitió acceder por el art. 151 a Cataluña, País Vasco y Galicia, que habían plebiscitado Estatutos en el pasado. Las CCAA del art. 143 solo podían ampliar competencias pasados cinco años mediante la reforma de sus Estatutos (art. 148.2). El art. 144 CE prevé tres vías singulares por ley orgánica y por motivos de interés nacional: a) CA uniprovincial sin entidad regional histórica; b) territorios no integrados en la organización provincial; c) sustituir la iniciativa local del art. 143.2. Madrid se constituyó por el art. 144.a); Navarra, por la LORAFNA de 1982; Ceuta y Melilla son ciudades autónomas con Estatutos de 1995. El art. 147 CE define el Estatuto de Autonomía como la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, parte integrante del ordenamiento estatal. Contenido mínimo del Estatuto: denominación, delimitación territorial, instituciones propias (denominación, organización y sede) y competencias asumidas con las bases del traspaso de servicios. Los Estatutos se aprueban y se reforman mediante Ley Orgánica de las Cortes Generales (art. 147.3 CE); los del art. 151 requieren además referéndum. El art. 152.1 CE exige una Asamblea Legislativa (sufragio universal y representación proporcional), un Consejo de Gobierno y un Presidente. El Presidente autonómico es elegido por la Asamblea de entre sus miembros, nombrado por el Rey y políticamente responsable ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en cada CA, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Este esquema institucional (Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente) se ha generalizado a todas las comunidades autónomas. Art. 153 CE: control de las CCAA por el Tribunal Constitucional (normas con fuerza de ley), la jurisdicción contencioso-administrativa (normas sin fuerza de ley) y el Tribunal de Cuentas (gestión económica). Art. 155 CE: coerción estatal; exige requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado. Se aplicó por primera vez en octubre de 2017. Art. 148: competencias que las CCAA podían asumir; art. 149.1: competencias exclusivas del Estado; art. 149.3: cláusula residual y supletoriedad del derecho estatal. Art. 150: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3). España cuenta con diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229): Título VIII (arts. 137-158), arts. 2, 81, 147-155 y disposiciones transitorias 2ª, 4ª y 5ª.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (art. 28.1, bloque de constitucionalidad).
Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 de la Constitución.
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.