Tema 17. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Titularidad y límites. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos: competencia, procedimiento de elaboración y aprobación
Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.
Las entidades locales gozan de potestad reglamentaria como manifestación de su autonomía constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) y expresamente reconocida en el art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Se ejerce mediante Ordenanzas (normas generales de contenido y alcance externo), Reglamentos (de organización interna, y de servicios) y Bandos (disposiciones del Alcalde). Está limitada por el principio de jerarquía normativa (no pueden contradecir la Constitución, las leyes ni los reglamentos de rango superior), por la reserva de ley (en particular en materia sancionadora y tributaria) y por la competencia: el órgano competente es el Pleno para las ordenanzas y reglamentos (art. 22.2.d LBRL), y el Alcalde para los bandos (art. 21.1.e). El procedimiento de elaboración y aprobación se regula en el art. 49 LBRL: aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia por plazo mínimo de treinta días para reclamaciones y sugerencias, resolución de las mismas y aprobación definitiva por el Pleno; si no hay reclamaciones, el acuerdo se entiende definitivamente adoptado. La norma entra en vigor tras publicarse íntegramente en el boletín oficial de la provincia y transcurrir el plazo del art. 65.2 LBRL (art. 70.2). Se impugna únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin recurso administrativo.
Fundamento constitucional y legal de la potestad reglamentaria local
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios (arts. 137 y 140 CE) y de las provincias (art. 141 CE) para la gestión de sus respectivos intereses; la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985 (ratificada por España en 1988), refuerza esta garantía. El art. 4.1 LBRL reconoce a los municipios, las provincias y las islas, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, las potestades reglamentaria y de autoorganización (art. 4.1.a), las potestades tributaria y financiera (b), la de programación o planificación (c), las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes (d), la presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos (e), las potestades de ejecución forzosa y sancionadora (f), la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos (g), y las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas (h). El art. 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, atribuye el ejercicio de la potestad reglamentaria a los órganos de gobierno locales de acuerdo con la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la LBRL. Y el art. 55 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (Real Decreto Legislativo 781/1986) dispone que, en la esfera de su competencia, las entidades locales podrán aprobar ordenanzas y reglamentos, y los Alcaldes dictar bandos, sin que en ningún caso contengan preceptos opuestos a las leyes.
Titularidad: entes locales con potestad reglamentaria
Gozan de potestad reglamentaria los municipios, las provincias y las islas (art. 4.1 LBRL), y también las demás entidades locales que la legislación autonómica o estatal les reconozca en cuanto a su régimen (comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en el marco de sus estatutos y de la normativa que les afecta). La titularidad corresponde a la entidad, y su ejercicio a los órganos que la ley determine. No se trata de una potestad delegada: es una potestad propia, derivada directamente de la autonomía local y de la ley, si bien subordinada a la ley y al Reglamento. La naturaleza de potestad normativa de segundo grado (sometida a la ley) hace que no pueda concebirse una reserva reglamentaria local frente a la ley estatal o autonómica, aunque sí existen ámbitos en los que la ley remite a la ordenanza para completar su regulación (colaboración reglamentaria).
Límites de la potestad reglamentaria local
1) Jerarquía normativa (arts. 9.3 CE y 128.2 Ley 39/2015): los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni regular materias reservadas a la ley. 2) Reserva de ley: en materia sancionadora (art. 25 CE) y tributaria (arts. 31.3 y 133 CE), las ordenanzas necesitan cobertura legal suficiente. El art. 128.2 Ley 39/2015 prohíbe a las disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. En el ámbito local, los arts. 139 a 141 LBRL (Título XI, introducido por la Ley 57/2003) permiten a los entes locales, en defecto de normativa sectorial específica, tipificar infracciones y sanciones mediante ordenanza, con los criterios de graduación del art. 140 (muy graves, graves, leves) y las cuantías máximas del art. 141: hasta 3.000 euros las infracciones muy graves, hasta 1.500 euros las graves y hasta 750 euros las leves. 3) Inderogabilidad singular (art. 37.1 Ley 39/2015): las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que la dictó. 4) Irretroactividad: las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos no son retroactivas (art. 9.3 CE). 5) Competencia material y territorial: solo puede regular materias propias de la competencia local (art. 25 y 26 LBRL, y leyes sectoriales). 6) Seguridad jurídica, publicidad e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). 7) Principios de buena regulación (art. 129 Ley 39/2015): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Clases de disposiciones: ordenanzas, reglamentos y bandos
Ordenanza: norma general de carácter externo, con eficacia sobre los ciudadanos y vecinos, que regula las materias de competencia de la entidad (convivencia, policía, urbanismo, ordenanzas fiscales, ordenanzas de medio ambiente, de tráfico, etc.). Reglamento: norma de organización interna (por ejemplo, el Reglamento Orgánico municipal, que regula la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno) o de régimen de los servicios (reglamento de servicio de agua, cementerio, biblioteca). En el municipio de régimen común, el Reglamento Orgánico es facultativo; en los municipios de gran población (Título X LBRL) es obligatorio el reglamento orgánico del Pleno (art. 123). La diferencia entre ordenanza y reglamento es doctrinal y de contenido: la ordenanza afecta a terceros; el reglamento regula la organización o los servicios, aunque ambos se aprueban por el mismo procedimiento. Bando: disposición del Alcalde, que se dicta en el ejercicio de la atribución del art. 21.1.e) LBRL. Los bandos pueden ser meramente recordatorios o informativos de la normativa vigente (convocatoria de ayudas, avisos), o excepcionalmente de carácter normativo, en cuyo caso, según la doctrina, solo pueden dictarse como medidas de necesidad o urgencia dentro de la ley, y no pueden innovar el ordenamiento ni sustituir a la ordenanza. Los bandos no son disposiciones reglamentarias en sentido estricto cuando se limitan a reiterar normas vigentes.
Competencia para aprobar ordenanzas, reglamentos y bandos
Ordenanzas y reglamentos: corresponde al Pleno de la Corporación (art. 22.2.d LBRL, aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas). Es una competencia indelegable en la Junta de Gobierno Local o en el Alcalde (art. 22.4 LBRL). En municipios de gran población (art. 123.1), el Pleno aprueba las ordenanzas y reglamentos a propuesta de la Junta de Gobierno Local, y corresponde a la Junta de Gobierno Local el proyecto de ordenanza; el Pleno aprueba definitivamente. La aprobación del reglamento orgánico propio de la Corporación requiere mayoría absoluta del número legal de miembros (art. 47.2 LBRL y, para gran población, art. 123.2). Las ordenanzas, en general, requieren mayoría simple. El Alcalde dicta los bandos (art. 21.1.e). La Junta de Gobierno Local, en los municipios de gran población, aprueba los proyectos de ordenanzas y reglamentos (art. 127.1 LBRL). La potestad reglamentaria de los Cabildos y Consejos Insulares y de las Diputaciones Provinciales la ejerce el Pleno de la entidad, con los mismos trámites.
Procedimiento de elaboración y aprobación (art. 49 LBRL)
La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: a) Aprobación inicial por el Pleno. b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Trámites previos de elaboración: consulta pública previa sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas (art. 133.1 Ley 39/2015), salvo en normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran graves razones de interés público (art. 133.4); memoria o informe de necesidad; informe jurídico de Secretaría en los casos en que lo exige la normativa sobre funciones de los funcionarios con habilitación de carácter nacional (Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo) y, cuando proceda, informe de Intervención sobre el impacto económico. Ordenanzas fiscales: se rigen por el procedimiento especial de los arts. 15 a 19 del TRLRHL. Se publica la aprobación definitiva y el texto íntegro. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), desarrolla el procedimiento y establece las competencias de los órganos.
Publicación, entrada en vigor y comunicación (arts. 56, 65 y 70.2 LBRL)
Comunicación: las entidades locales están obligadas a remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma copia o extracto de sus actos y acuerdos (art. 56.1). Publicación (art. 70.2 LBRL): los acuerdos que adopten las Corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2. Plazo del art. 65.2: quince días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo, dentro del cual la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma puede formular el requerimiento previo de anulación. Los reglamentos y ordenanzas deben incluir la disposición final sobre entrada en vigor. La publicidad activa en la sede electrónica y el portal de transparencia es complementaria: las ordenanzas y reglamentos aprobados también deben figurar en el portal de transparencia (Ley 19/2013).
Impugnación y control de las ordenanzas y reglamentos
Vía administrativa: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa (art. 112.3 Ley 39/2015). Los interesados pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo contra ellas, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación (arts. 46.1 y 26 LJCA). Es competente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (art. 10.1.b LJCA: disposiciones generales emanadas de las Entidades locales). Impugnación indirecta (art. 26 LJCA): los actos de aplicación de una disposición general pueden recurrirse con fundamento en que la disposición general no es conforme a Derecho; si el órgano judicial que conoce del recurso indirecto es competente para conocer del recurso directo, puede anular la disposición. Control por otras Administraciones: la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma pueden requerir al ente local para que anule el acto (art. 65 LBRL) en quince días hábiles, y, de no atender, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 66 LBRL). Por otro lado, los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra podrán impugnar los acuerdos (art. 63.1.b LBRL), y los vecinos que ostenten un interés legítimo pueden recurrir también.
Reglamento orgánico y otras normas de autoorganización
La potestad de autoorganización (art. 4.1.a LBRL) permite a cada entidad aprobar normas para su organización complementaria. El art. 20 LBRL establece la organización municipal necesaria (Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y, en municipios de más de 5.000 habitantes, Junta de Gobierno Local) y permite una organización complementaria mediante el reglamento orgánico, con respeto a la legislación autonómica. En los municipios de gran población (Título X, arts. 121 y ss.), el reglamento orgánico es la norma central de organización, y debe aprobarse por mayoría absoluta del Pleno. El Reglamento Orgánico del Pleno puede regular el funcionamiento, comisiones, derecho de información de los concejales y, en su caso, los distritos. La norma subsidiaria en defecto de reglamento propio es el ROF y la legislación autonómica.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La potestad reglamentaria local deriva de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE) y del art. 4.1.a LBRL, junto con la potestad de autoorganización.
Competencia: el Pleno aprueba ordenanzas y reglamentos (art. 22.2.d LBRL), indelegable (art. 22.4); el Alcalde dicta bandos (art. 21.1.e).
Procedimiento del art. 49 LBRL: aprobación inicial, información pública y audiencia de al menos treinta días, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva. Sin reclamaciones, el acuerdo provisional pasa a definitivo automáticamente.
Entrada en vigor (art. 70.2 LBRL): publicación íntegra del texto en el boletín oficial de la provincia y transcurso del plazo del art. 65.2 (quince días hábiles).
Contra una ordenanza o reglamento no cabe recurso administrativo; solo recurso contencioso-administrativo directo (plazo de dos meses desde la publicación), ante el Tribunal Superior de Justicia, o indirecto contra actos de aplicación.
Las ordenanzas pueden tipificar infracciones y sanciones en defecto de normativa sectorial (arts. 139 a 141 LBRL). Cuantías máximas: 3.000 euros (muy graves), 1.500 euros (graves) y 750 euros (leves).
El reglamento orgánico propio requiere mayoría absoluta del número legal de miembros.
Los reglamentos no pueden crear tributos ni establecer sanciones sin cobertura legal (art. 128.2 Ley 39/2015). Las ordenanzas fiscales tienen un procedimiento especial (TRLRHL, arts. 15 a 19).
Inderogabilidad singular: un acto particular no puede vulnerar una disposición general (art. 37.1 Ley 39/2015).
Los bandos no son normas reglamentarias en sentido estricto: no pueden innovar el ordenamiento.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
Si durante el periodo de información pública no se presenta ninguna reclamación o sugerencia a una ordenanza:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 17 de Administrativo Ayuntamiento?
Las entidades locales gozan de potestad reglamentaria como manifestación de su autonomía constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE) y expresamente reconocida en el art. 4.1.a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Se ejerce mediante Ordenanzas (normas generales de contenido y alcance externo), Reglamentos (de organización interna, y de servicios) y Bandos (disposiciones del Alcalde). Está limitada por el principio de jerarquía normativa (no pueden contradecir la Constitución, las leyes ni los reglamentos de rango superior), por la reserva de ley (en particular en materia sancionadora y tributaria) y por la competencia: el órgano competente es el Pleno para las ordenanzas y reglamentos (art. 22.2.d LBRL), y el Alcalde para los bandos (art. 21.1.e). El procedimiento de elaboración y aprobación se regula en el art. 49 LBRL: aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia por plazo mínimo de treinta días para reclamaciones y sugerencias, resolución de las mismas y aprobación definitiva por el Pleno; si no hay reclamaciones, el acuerdo se entiende definitivamente adoptado. La norma entra en vigor tras publicarse íntegramente en el boletín oficial de la provincia y transcurrir el plazo del art. 65.2 LBRL (art. 70.2). Se impugna únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin recurso administrativo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?
La potestad reglamentaria local deriva de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE) y del art. 4.1.a LBRL, junto con la potestad de autoorganización. Competencia: el Pleno aprueba ordenanzas y reglamentos (art. 22.2.d LBRL), indelegable (art. 22.4); el Alcalde dicta bandos (art. 21.1.e). Procedimiento del art. 49 LBRL: aprobación inicial, información pública y audiencia de al menos treinta días, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva. Sin reclamaciones, el acuerdo provisional pasa a definitivo automáticamente. Entrada en vigor (art. 70.2 LBRL): publicación íntegra del texto en el boletín oficial de la provincia y transcurso del plazo del art. 65.2 (quince días hábiles). Contra una ordenanza o reglamento no cabe recurso administrativo; solo recurso contencioso-administrativo directo (plazo de dos meses desde la publicación), ante el Tribunal Superior de Justicia, o indirecto contra actos de aplicación. Las ordenanzas pueden tipificar infracciones y sanciones en defecto de normativa sectorial (arts. 139 a 141 LBRL). Cuantías máximas: 3.000 euros (muy graves), 1.500 euros (graves) y 750 euros (leves). El reglamento orgánico propio requiere mayoría absoluta del número legal de miembros. Los reglamentos no pueden crear tributos ni establecer sanciones sin cobertura legal (art. 128.2 Ley 39/2015). Las ordenanzas fiscales tienen un procedimiento especial (TRLRHL, arts. 15 a 19). Inderogabilidad singular: un acto particular no puede vulnerar una disposición general (art. 37.1 Ley 39/2015). Los bandos no son normas reglamentarias en sentido estricto: no pueden innovar el ordenamiento.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP. (Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025).
Fuentes de este desarrollo
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392): arts. 4, 21.1.e, 22.2.d, 47.2, 49, 56, 65, 66, 70.2, 123 y 139 a 141
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (art. 55)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565): arts. 37, 112.3, 128 a 133
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 10.1.b, 26 y 46)
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
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