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Tema 22. Las competencias de las entidades locales. Las competencias propias. Los servicios obligatorios. Actividades complementarias. Competencias delegadas

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

El régimen de competencias de las entidades locales se contiene sobre todo en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), tras la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El artículo 7 distingue tres categorías: competencias propias, competencias atribuidas por delegación y competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. Las competencias propias de los municipios se enumeran en el artículo 25.2 LBRL y deben ser determinadas por ley, estatal o autonómica según la materia, con evaluación de su conveniencia conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, acompañadas de memoria económica y de dotación de recursos. El artículo 26 fija los servicios que todo municipio debe prestar en función de su población (todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes), con la asistencia y coordinación de la diputación provincial en los municipios de menos de 20.000 habitantes. El artículo 27 regula la delegación de competencias estatales y autonómicas en los municipios. La antigua cláusula de actividades complementarias del artículo 28 LBRL fue derogada en 2013 y su lugar lo ocupa hoy el régimen restrictivo de las competencias distintas de las propias del artículo 7.4.

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Fundamento constitucional y principios: autonomía local y competencias

La Constitución garantiza la autonomía de municipios y provincias para la gestión de sus respectivos intereses (arts. 137 y 140 a 142 CE). La autonomía local es una garantía institucional (STC 32/1981) que exige reconocer a las entidades locales un derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. El artículo 2.1 LBRL obliga a la legislación estatal y autonómica, según el reparto constitucional de competencias, a asegurar a municipios, provincias e islas ese derecho de intervención, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La Constitución no contiene un listado de competencias locales: remite al legislador sectorial. La Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 1985, ratificada por España en 1988) consagra que el ejercicio de las responsabilidades públicas debe incumbir, de preferencia, a las autoridades más cercanas a los ciudadanos (principio de subsidiariedad) y que las competencias básicas de las entidades locales han de ser fijadas por la Constitución o por la ley. Dado que el Estado y las comunidades autónomas comparten la titularidad de la regulación sectorial, la competencia local es en buena medida una competencia atribuida por la ley sectorial, y esta es la clave del sistema tras la reforma de 2013.

Clases de competencias de las entidades locales (art. 7 LBRL)

El artículo 7.1 LBRL establece que las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación. El artículo 7.4 añade una tercera vía: las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. Se resumen así. Primera, competencias propias: se determinan por ley (estatal o autonómica) y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas (art. 7.2). Segunda, competencias delegadas: se ejercen en los términos de la disposición o del acuerdo de delegación, que podrá prever técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia (art. 7.3); la administración delegante conserva la titularidad y la responsabilidad última, y la entidad local ejerce por delegación. Tercera, competencias distintas de las propias y de las delegadas: solo podrán ejercerse cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración (art. 7.4). Para ello son necesarios y vinculantes dos informes previos: el de la administración competente por razón de la materia, que señale la inexistencia de duplicidades, y el de la administración que ejerza la tutela financiera, sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Estas competencias antes eran conocidas como competencias impropias o complementarias.

Competencias propias de los municipios: concepto y régimen (art. 25 LBRL)

El artículo 25.1 LBRL dispone que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el propio artículo. El apartado 2 enumera las materias sobre las que el municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. El apartado 3 establece que las competencias municipales en las materias enunciadas se determinarán por ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. El apartado 4 exige que dicha ley vaya acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio; además debe prever la dotación de los recursos necesarios para garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las administraciones públicas. El apartado 5 manda que la ley determine la competencia municipal propia de manera que se eviten supuestos de concurrencia competencial entre administraciones públicas. Rasgo esencial: la competencia propia solo existe cuando una ley la atribuye, y el artículo 25.2 es una lista de materias, no una atribución directa de funciones concretas. Por ello el Tribunal Constitucional (STC 41/2016, de 3 de marzo, sobre la Ley 27/2013) interpretó que el legislador sectorial competente, estatal o autonómico, es quien concreta el contenido de las competencias locales.

Materias de competencia propia municipal (art. 25.2 LBRL)

Letras del artículo 25.2 LBRL, en términos abreviados. a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística; protección y gestión del patrimonio histórico; promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera; conservación y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante; defensa de usuarios y consumidores. j) Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes; conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Reglas de memoria: sanidad asistencial y educación como prestación no figuran como competencias propias (solo salubridad pública y mantenimiento de centros); los servicios sociales se limitan a la evaluación e información y atención inmediata.

Servicios obligatorios mínimos (art. 26 LBRL)

El artículo 26.1 LBRL impone a los municipios la prestación de unos servicios mínimos, graduados por población. a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. c) En los de población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los de población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Regla práctica: los umbrales se acumulan, de forma que un municipio de más de 50.000 habitantes debe prestar todos los servicios de las cuatro letras. El artículo 26.2 prevé que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes sea la diputación provincial o entidad equivalente la que coordine la prestación de determinados servicios (recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público), proponiendo al ministerio competente la forma de prestación cuando ello suponga una reducción de costes efectivos. Existe un derecho de los vecinos a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del servicio público correspondiente, cuando constituya competencia municipal propia de carácter obligatorio (art. 18.1.g LBRL). La población que determina los umbrales es la de derecho resultante de las cifras oficiales del padrón.

Competencias delegadas (art. 27 LBRL) y delegación de competencias provinciales

El artículo 27.1 LBRL permite al Estado y a las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, delegar en los municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública, se contribuya a eliminar duplicidades administrativas y se ajuste a la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El propio precepto enumera, a título ilustrativo y no exhaustivo, materias delegables, entre ellas: vigilancia y control de la contaminación ambiental; protección del medio natural; prestación de servicios sociales y promoción de la igualdad de oportunidades; conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la comunidad autónoma; creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles de primer ciclo; realización de actividades complementarias en los centros docentes; gestión de instalaciones culturales y deportivas de titularidad autonómica; inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales; promoción y gestión del turismo; o la gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. Requisitos y régimen de la delegación: la disposición o el acuerdo de delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración (que no será inferior a cinco años), el control de eficiencia que se reserve la administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que transfiera; la efectividad de la delegación requiere la aceptación del municipio interesado; debe ir acompañada de la correspondiente financiación, con dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante, siendo nula sin ella. La administración delegante puede dictar instrucciones técnicas de carácter general, recabar información, enviar comisionados y formular requerimientos; en caso de incumplimiento puede revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada, y los actos del municipio dictados en ejercicio de la competencia delegada pueden ser recurridos ante los órganos competentes de la administración delegante. Las diputaciones provinciales pueden asimismo delegar competencias propias en los municipios, con la misma lógica, y los municipios pueden delegar a su vez competencias en las mancomunidades, comarcas u otras entidades supramunicipales según su legislación.

Actividades complementarias y competencias distintas de las propias: evolución normativa

Antes de 2013, el artículo 28 LBRL permitía a los municipios realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, derogó ese artículo 28 y reconfiguró el sistema: desaparece la figura abierta de las actividades complementarias, y el ejercicio de competencias que no sean propias ni delegadas queda sometido al régimen restrictivo del artículo 7.4 (ausencia de duplicidades, sostenibilidad financiera, informes previos y vinculantes). Este es un punto de examen habitual: las preguntas que aludan a que los municipios pueden desarrollar actividades complementarias en educación, cultura, sanidad, vivienda, promoción de la mujer y medio ambiente reflejan la redacción anterior. La reforma tuvo además por objeto clarificar las competencias locales, evitar duplicidades (“una administración, una competencia”), racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada. Conviene recordar que la sentencia STC 41/2016 declaró inconstitucionales y nulos varios preceptos de la Ley 27/2013 vinculados a la atribución a las comunidades autónomas de competencias antes locales y a su régimen transitorio, sin cuestionar el esquema general de los artículos 7, 25 y 26.

Competencias de otras entidades locales y de la provincia

La provincia tiene como competencias propias, según el artículo 36.1 LBRL, entre otras: la coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial; la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión; la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial; la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial. La asistencia de la diputación se concreta en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, cuyo contenido se aprueba con participación de los municipios (art. 36.2 LBRL). Las islas (consejos y cabildos insulares) tienen competencias propias en los términos de los estatutos y la legislación autonómica, y las comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades ejercen las competencias que les atribuyan las leyes autonómicas o sus estatutos. Las mancomunidades de municipios (art. 44 LBRL) se constituyen para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Las entidades locales menores (entidades de ámbito inferior al municipio) ejercen las competencias que la legislación autonómica les atribuya.

Diferencias entre figuras confusas y esquema de memoria

Competencia propia frente a competencia delegada: la propia se atribuye por ley, se ejerce con autonomía y bajo la propia responsabilidad; la delegada se atribuye por acuerdo o disposición del Estado, la comunidad autónoma o la diputación, tiene duración mínima de cinco años en el caso de delegaciones estatales y autonómicas, exige aceptación del municipio y financiación suficiente, y está sometida a instrucciones, controles y posible revocación. Competencia propia frente a servicio obligatorio: el servicio obligatorio del artículo 26 es una obligación de prestación graduada por población que se ejerce dentro de las materias de competencia propia; el artículo 25.2 es una lista de materias, el artículo 26 una lista de servicios mínimos. Competencia distinta de las propias frente a competencia delegada: la primera es voluntaria, exige informes vinculantes y viabilidad financiera; la segunda proviene de otra administración. Esquema de memoria de los umbrales del artículo 26: 5.000 habitantes (parque público, biblioteca pública, mercado, tratamiento de residuos); 20.000 (protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público); 50.000 (transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano). Dos fuentes de la competencia propia: el artículo 25 LBRL fija las materias, pero la ley sectorial, estatal o autonómica, atribuye el contenido concreto. En la práctica forense, la falta de competencia municipal puede dar lugar a nulidad de pleno derecho de los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia (art. 47.1.b de la Ley 39/2015).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las tres categorías de competencias locales: propias, atribuidas por delegación y distintas de las propias y de las atribuidas por delegación (arts. 7.1 y 7.4 LBRL).
  • Las competencias propias solo pueden ser determinadas por ley (art. 25.3 LBRL), acompañada de memoria económica y dotación de recursos (art. 25.4); el reglamento o el acuerdo no bastan.
  • El artículo 25.2 LBRL enumera materias; el artículo 26 enumera servicios mínimos obligatorios.
  • Umbrales del artículo 26.1: todos los municipios; más de 5.000 habitantes; más de 20.000; más de 50.000. Los umbrales se acumulan.
  • Servicios mínimos en todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas.
  • Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
  • En municipios de menos de 20.000 habitantes la diputación provincial coordina la prestación de determinados servicios (art. 26.2).
  • La delegación estatal o autonómica en municipios (art. 27) exige duración no inferior a cinco años, aceptación del municipio y financiación suficiente, bajo sanción de nulidad.
  • El artículo 28 LBRL (actividades complementarias) está derogado por la Ley 27/2013; las preguntas que lo den por vigente son erróneas.
  • Para ejercer competencias distintas de las propias o delegadas hacen falta informes previos y vinculantes (administración competente por razón de la materia y administración que ejerza la tutela financiera).
  • Trampa habitual: confundir la lista de materias del artículo 25.2 con una lista de funciones concretas; la ley sectorial es la que las concreta.
  • Los vecinos tienen derecho a exigir la prestación del servicio público cuando sea de competencia municipal propia y carácter obligatorio (art. 18.1.g LBRL).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Las competencias propias de los municipios, según el artículo 25 de la LBRL, se determinan:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 22 de Administrativo Ayuntamiento?

El régimen de competencias de las entidades locales se contiene sobre todo en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), tras la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El artículo 7 distingue tres categorías: competencias propias, competencias atribuidas por delegación y competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. Las competencias propias de los municipios se enumeran en el artículo 25.2 LBRL y deben ser determinadas por ley, estatal o autonómica según la materia, con evaluación de su conveniencia conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, acompañadas de memoria económica y de dotación de recursos. El artículo 26 fija los servicios que todo municipio debe prestar en función de su población (todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes), con la asistencia y coordinación de la diputación provincial en los municipios de menos de 20.000 habitantes. El artículo 27 regula la delegación de competencias estatales y autonómicas en los municipios. La antigua cláusula de actividades complementarias del artículo 28 LBRL fue derogada en 2013 y su lugar lo ocupa hoy el régimen restrictivo de las competencias distintas de las propias del artículo 7.4.

¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?

Las tres categorías de competencias locales: propias, atribuidas por delegación y distintas de las propias y de las atribuidas por delegación (arts. 7.1 y 7.4 LBRL). Las competencias propias solo pueden ser determinadas por ley (art. 25.3 LBRL), acompañada de memoria económica y dotación de recursos (art. 25.4); el reglamento o el acuerdo no bastan. El artículo 25.2 LBRL enumera materias; el artículo 26 enumera servicios mínimos obligatorios. Umbrales del artículo 26.1: todos los municipios; más de 5.000 habitantes; más de 20.000; más de 50.000. Los umbrales se acumulan. Servicios mínimos en todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas. Más de 5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Más de 50.000: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. En municipios de menos de 20.000 habitantes la diputación provincial coordina la prestación de determinados servicios (art. 26.2). La delegación estatal o autonómica en municipios (art. 27) exige duración no inferior a cinco años, aceptación del municipio y financiación suficiente, bajo sanción de nulidad. El artículo 28 LBRL (actividades complementarias) está derogado por la Ley 27/2013; las preguntas que lo den por vigente son erróneas. Para ejercer competencias distintas de las propias o delegadas hacen falta informes previos y vinculantes (administración competente por razón de la materia y administración que ejerza la tutela financiera). Trampa habitual: confundir la lista de materias del artículo 25.2 con una lista de funciones concretas; la ley sectorial es la que las concreta. Los vecinos tienen derecho a exigir la prestación del servicio público cuando sea de competencia municipal propia y carácter obligatorio (art. 18.1.g LBRL).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 137, 140, 141 y 142
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 2, 7, 18, 25, 26, 27, 36 y 44
  • Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo
  • Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985
  • Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 47

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