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Tema 13. Los contratos del Sector Público. Naturaleza jurídica. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público

Convocatoria de 3 plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera), sistema de oposición libre — Concello de Boiro (A Coruña, Galicia), Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2023 y 2025 · Índice oficial del Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) núm. 110, de 12 de junio de 2026, páginas 1 a 12, Anexo II "Temario" (páginas 11-12) — Bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de Administrativo/a (funcionario/a de carrera) del Concello de Boiro, aprobadas por Resolución de Alcaldía de 04/06/2026. La convocatoria se anunció en el BOE núm. 150, de 20 de junio de 2026 (BOE-A-2026-13411), con referencia a la previa publicación en el BOP..

Administrativo/a de Ayuntamiento NO tiene una convocatoria nacional única: cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos de España convoca su propio proceso selectivo, con su propio temario, cuando surge una vacante — no existe un cuerpo estatal ni un anexo común. Este fichero recoge el temario oficial (Anexo II) de una convocatoria real y completa localizada mediante búsqueda: la del Concello de Boiro (A Coruña), publicada en el BOP de A Coruña núm. 110 de 12/06/2026 y anunciada en el BOE núm. 150 de 20/06/2026 — elegida por ser la más citable y completa (40 temas, texto íntegro publicado) entre las convocatorias de Administrativo C1 localizadas en esa fecha, no por ser representativa de ningún ayuntamiento en particular. El bloque específico (temas 17 a 40) combina derecho local general (LBRL, TRLRHL) con dos normas propias de Galicia (Ley 2/2015, de empleo público de Galicia, y referencias al Estatuto de Autonomía de Galicia) que NO aplican fuera de esa comunidad autónoma. Cualquier persona que opte a una plaza de Administrativo/a en un ayuntamiento de otra comunidad autónoma debe consultar el Anexo de temario de SU propia convocatoria, ya que el bloque común de derecho constitucional y administrativo general suele repetirse con pocas variaciones, pero el bloque autonómico/local específico no. Pendiente como tarea futura: construir variantes de este temario ancladas en otras comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana...) para dar cobertura más representativa.

La contratación del sector público española se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE (concesiones) y 2014/24/UE (contratación pública). Su objeto es regular la contratación del sector público para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia del procedimiento y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, asegurando una eficiente utilización de los fondos, el control del gasto y la selección de la oferta con mejor relación calidad-precio. Se aplica a los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del sector público (art. 2 y 3), con importantes exclusiones (convenios, encargos a medios propios, contratos de trabajo, compraventa de inmuebles, etc.). Los contratos se califican como administrativos o privados según el sujeto que los celebra y su objeto: la preparación y adjudicación se rigen siempre por la LCSP, mientras que los efectos y la extinción de los contratos administrativos se rigen por la LCSP y los de los privados, en principio, por el Derecho privado.

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Marco normativo de la contratación pública

Derecho de la Unión Europea: Directiva 2014/24/UE (contratación pública), Directiva 2014/23/UE (concesiones) y Directiva 2014/25/UE (sectores especiales: agua, energía, transportes y servicios postales). Derecho interno: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de marzo de 2018, que derogó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011. Los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (Directiva 2014/25/UE) se regulan en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, que incorporó esa directiva a nuestro ordenamiento. Normas de desarrollo: sigue aplicándose, en lo que no se oponga a la LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolló parcialmente la anterior Ley 30/2007. La LCSP tiene carácter básico en gran parte de su articulado (disposición final primera), lo que permite que las Comunidades Autónomas la completen, pero no la contradigan. Supletoriamente se aplican las restantes normas de Derecho administrativo y, en su defecto, las de Derecho privado.

Objeto y finalidad de la LCSP (art. 1)

La Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. Asimismo persigue asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, que se identifica con la mejor relación calidad-precio. El art. 1.3 establece que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión permite obtener obras, suministros y servicios de mayor calidad, más sostenibles y más innovadores. Idea clave: la LCSP es también un instrumento de política pública (contratación estratégica: sociales, medioambientales, innovación, acceso de pymes mediante la división en lotes).

Ámbito objetivo: contratos onerosos y negocios excluidos

Según el art. 2.1 la Ley se aplica a los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el art. 3. Se entiende que un contrato es oneroso cuando el contratista obtiene un beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta; el criterio es el de la prestación económica o interés económico, no el de que la Administración abone un precio (por ello las concesiones, en las que el concesionario se retribuye de los usuarios, son contratos onerosos). La Ley excluye de su ámbito determinados negocios y relaciones jurídicas (arts. 4 a 11 y art. 32 para los encargos): entre ellos, los convenios de colaboración entre Administraciones y entre entidades del sector público cuyo objeto no sea un contrato típico (art. 6), los encargos a medios propios personificados, que no son contratos (art. 32), las relaciones de servicio de funcionarios y de personal laboral, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables (art. 9), y ciertos contratos de investigación y desarrollo, de servicios financieros de política monetaria, de arbitraje y conciliación, de defensa y de seguridad nacional, entre otros. Los negocios excluidos se rigen por sus normas especiales, aplicándose los principios de la LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4). Precaución: los contratos patrimoniales (arrendamientos, compraventas de inmuebles) se rigen por la legislación patrimonial, no por la LCSP, pero la preparación de los contratos de servicios, obras y suministros que tengan un objeto distinto sí queda dentro de ella.

Ámbito subjetivo: sector público, Administraciones Públicas y poderes adjudicadores (art. 3)

El art. 3.1 define el sector público a efectos de la Ley: comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, las autoridades administrativas independientes, las agencias estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público y las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de entidades del sector público, así como otros entes con personalidad jurídica propia. Tres categorías de sujetos, de mayor a menor intensidad de sujeción a la Ley: a) Administraciones Públicas (art. 3.2): AGE, Administraciones de las CCAA, entidades locales, entidades gestoras de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, y los consorcios y otras entidades de derecho público equivalentes; b) poderes adjudicadores que no son Administración Pública (art. 3.3): entes con personalidad jurídica propia creados para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia (por ejemplo, ciertas sociedades mercantiles y fundaciones públicas); c) entidades del sector público que no son poderes adjudicadores. Consecuencias: los contratos de las Administraciones Públicas pueden ser administrativos o privados; los de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública son siempre privados, pero su preparación y adjudicación está sujeta a la LCSP (según sean o no de regulación armonizada); los de los restantes entes se rigen por instrucciones internas de contratación que respetan los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación (arts. 316 y ss., que regulan la adjudicación por poderes adjudicadores no Administración Pública y por otros entes del sector público). En el ámbito local: ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas, así como organismos autónomos locales, sociedades mercantiles municipales, fundaciones y consorcios locales.

Principios generales de la contratación (arts. 1, 28 y 132)

Principios inspiradores: libertad de acceso a las licitaciones; publicidad y transparencia; no discriminación e igualdad de trato; integridad; salvaguarda de la libre competencia; eficiencia en el uso de los fondos públicos. El art. 28 exige la necesidad e idoneidad del contrato: las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales, y la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deberán ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria. El art. 132 aplica estos principios al desarrollo de los procedimientos de adjudicación (los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia; la competencia no podrá falsearse artificialmente). El art. 64 impone a los órganos de contratación adoptar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses. El art. 71 recoge las prohibiciones de contratar. Estos principios son también criterio de interpretación: ante duda o laguna se acude a ellos.

Naturaleza jurídica del contrato público: contratos administrativos y privados (arts. 24 a 27)

Los contratos del sector público pueden ser administrativos o privados. Contratos administrativos (art. 25): son los celebrados por Administraciones Públicas que tengan por objeto: a) contratos típicos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, así como los contratos mixtos que incluyan prestaciones de algunos de ellos (contratos típicos); b) contratos de objeto distinto a los anteriores, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella, o por declararlo así una ley (contratos administrativos especiales). Contratos privados (art. 26): los celebrados por entes del sector público que no tengan la condición de Administración Pública, y los celebrados por una Administración Pública cuyo objeto sea servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos (con las excepciones legales), así como la compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, cuando se encuentren excluidos del ámbito de la ley. Régimen jurídico: la preparación y adjudicación de los contratos administrativos se rige por la LCSP y sus normas de desarrollo; los efectos, modificación y extinción por la LCSP y supletoriamente por las restantes normas de Derecho administrativo y, en su defecto, de Derecho privado. En los contratos privados de Administraciones Públicas, la preparación y adjudicación se rigen por la LCSP (y, en su defecto, por el Derecho administrativo o privado según proceda), y sus efectos y extinción por el Derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de algunas normas de la LCSP (por ejemplo, en materia de modificación y causas de resolución). Los contratos de poderes adjudicadores que no sean Administración Pública siguen la regla de preparación y adjudicación con la LCSP, y efectos y extinción por Derecho privado.

Jurisdicción competente y recurso especial (arts. 27 y 44 y ss.)

Orden contencioso-administrativo (art. 27.1): conoce de las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos; de la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas; y de la preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada, así como de los contratos subvencionados por Administraciones Públicas (en los términos de la ley) y de los contratos de poderes adjudicadores no Administración. Orden jurisdiccional civil (art. 27.2): efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados, sin perjuicio de lo señalado para los contratos de sectores. Recurso especial en materia de contratación (arts. 44 a 60): es un recurso administrativo, potestativo, que se interpone ante el órgano independiente competente (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para la AGE y entidades vinculadas, y los órganos que cada Comunidad Autónoma haya creado, o acuerde, para sus entidades y, por convenio o designación, para las entidades locales de su territorio); procede, entre otros supuestos, contra los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación cuando decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable, y los acuerdos de adjudicación. Se admite en contratos de obras con valor estimado superior a 3.000.000 de euros y en los de suministro y servicios cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros, en los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que superen esos umbrales, en las concesiones de obras y de servicios en los términos del art. 44. El plazo general de interposición es de quince días hábiles. La resolución pone fin a la vía administrativa y es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) (arts. 19 a 23)

Son los contratos cuyo valor estimado, sin IVA, iguale o supere determinados umbrales fijados por las Directivas de la Unión (se actualizan cada dos años mediante reglamento de la Comisión Europea; hay que consultar la cifra vigente) y cuyo objeto sea una obra, una concesión de obras o de servicios, un suministro o un servicio no excluido. Quedan sujetos también, con independencia del umbral, determinados contratos subvencionados por entidades del sector público (art. 23). Consecuencias prácticas de que un contrato esté sujeto a regulación armonizada: publicidad obligatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea además de en la Plataforma de Contratación del Sector Público; plazos mínimos más largos; posibilidad de recurso especial en materia de contratación; los poderes adjudicadores que no son Administración Pública deben seguir los mismos procedimientos de adjudicación (arts. 316 y ss.); y ciertas reglas específicas sobre subcontratación, modificación y resolución. Los umbrales cambian cada dos años: no memorizar cifras sin comprobar las vigentes en la fecha del examen, salvo que el temario las indique.

Tipología de los contratos regulados por la LCSP (arts. 12 a 18)

La LCSP regula como contratos típicos: obras (art. 13), concesión de obras (art. 14), concesión de servicios (art. 15), suministro (art. 16) y servicios (art. 17). Los contratos mixtos (art. 18) incluyen prestaciones correspondientes a otros de distinta clase: se atiende para su adjudicación a las normas del contrato que tenga carácter principal (el de mayor importe económico, salvo reglas especiales). Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado de la anterior ley han desaparecido. La calificación de un contrato depende de su objeto y no de la denominación que le den las partes. Los contratos administrativos especiales (art. 25.1.b) son los de objeto distinto a los típicos y vinculados al giro o tráfico de la Administración. Diferencia esencial entre concesión de servicios y contrato de servicios: en la concesión el contratista asume el riesgo operacional (de demanda o de suministro), y su retribución consiste en el derecho a explotar el servicio o en dicho derecho acompañado de un precio; en el contrato de servicios la retribución la abona la Administración y no hay transferencia de riesgo operacional. La LCSP ha suprimido la figura del contrato de gestión de servicios públicos de la antigua ley; la concesión de servicios la sustituye. Los contratos de obras y servicios son distintos: obra es el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble.

Órganos de contratación, capacidad y solvencia (arts. 61 a 97, visión general)

Órgano de contratación (art. 61): es el órgano que, en el ámbito de cada entidad, ejerce las competencias para la celebración de los contratos; ostentan esta condición los titulares de los departamentos ministeriales, los presidentes de las entidades y, en las entidades locales, el Alcalde o el Presidente y el Pleno según la cuantía y la duración del contrato (disposición adicional segunda). Están facultados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional (o, en su caso, la clasificación). Las prohibiciones de contratar (art. 71) incluyen, entre otras, la condena por sentencia firme por delitos de terrorismo, corrupción, tráfico de influencias, fraude, blanqueo, etc., haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, falseamiento de la competencia, o laboral o social; o no hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) y los registros autonómicos equivalentes certifican la capacidad. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado informa sobre cuestiones de interpretación; la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) supervisa y vigila la aplicación de la normativa, y la Oficina Nacional de Evaluación evalúa la sostenibilidad financiera de las concesiones.

Sujeción de los contratos locales a la LCSP: particularidades iniciales

Las entidades locales son Administraciones Públicas a efectos de la LCSP (art. 3.2.a) y sus contratos se rigen por esta ley con las especialidades que prevén sus disposiciones adicionales segunda (competencias en materia de contratación en las entidades locales) y tercera (normas específicas de contratación pública en las entidades locales), de las que se ocupa el tema siguiente de este bloque. Los organismos autónomos locales son Administración Pública; las sociedades mercantiles locales de capital íntegramente municipal son poderes adjudicadores pero no Administración Pública, con lo que sus contratos son privados y siguen las reglas del art. 26.1.a) en cuanto a la preparación y adjudicación. La competencia general en materia de contratación es del Alcalde o Presidente (y del Pleno, cuando se superen los umbrales de la disposición adicional segunda: valor estimado superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o a 6.000.000 de euros, o duración superior a cuatro años, o cuando la cuantía de las anualidades supere los porcentajes allí fijados).

Elementos del contrato público y reglas generales (arts. 28 a 38)

Todo contrato requiere: sujetos (órgano de contratación y contratista con capacidad), objeto (determinado, lícito y posible, art. 99: el objeto no puede fraccionarse para eludir los requisitos de publicidad o de procedimiento; la división en lotes es la regla general, y la no división requiere justificación), causa (la necesidad pública a satisfacer) y precio cierto, expresado en euros (art. 102), con posibilidad de retribuir en especie en casos tasados. El art. 101 regula el valor estimado (importe total sin IVA que se prevé pagar, incluyendo las prórrogas previstas y las modificaciones previstas) que determina el procedimiento y la publicidad, distinto del presupuesto base de licitación (art. 100: el límite máximo de gasto, IVA incluido) y del precio del contrato. Duración (art. 29): los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva tendrán una duración máxima de cinco años, incluidas las posibles prórrogas, salvo excepciones; los contratos menores no podrán durar más de un año ni ser prorrogados. Perfección: los contratos se perfeccionan con la formalización, que debe hacerse en documento administrativo (art. 36), sin perjuicio de que el contratista pueda solicitar elevarlo a escritura pública a su costa. Se prohíbe la contratación verbal, salvo emergencia. Garantías: la definitiva es del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA (art. 107), y la provisional solo en casos excepcionales y justificados.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LCSP vigente es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (en vigor desde el 9 de marzo de 2018), que transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. El TRLCSP (RDLeg 3/2011) y la Ley 30/2007 están derogados.
  • Solo se aplica a contratos onerosos del sector público (art. 2). Quedan fuera: convenios que no encubran contratos, encargos a medios propios, relaciones de servicio de personal, compraventa/arrendamiento de inmuebles y valores negociables.
  • Tres categorías de entes: Administraciones Públicas, poderes adjudicadores que no son AP y otros entes del sector público (art. 3).
  • Contratos administrativos: típicos (obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios) y especiales (vinculados al giro o tráfico de la Administración, art. 25). Los privados los celebran, sobre todo, los poderes adjudicadores no AP (art. 26).
  • Competencia jurisdiccional: contencioso-administrativa para preparación y adjudicación de todos los contratos y para los efectos y extinción de los administrativos; civil para los efectos y extinción de los privados (art. 27).
  • Recurso especial: obras de valor estimado superior a 3.000.000 euros y suministros y servicios superiores a 100.000 euros; plazo de quince días hábiles.
  • Error típico: confundir valor estimado (sin IVA, incluye prórrogas y modificaciones previstas), presupuesto base de licitación (con IVA) y precio del contrato.
  • La concesión de servicios exige transferencia del riesgo operacional al concesionario; en el contrato de servicios no la hay.
  • La garantía definitiva es del 5% del precio final ofertado, excluido IVA (art. 107). La duración máxima del contrato menor es un año sin prórroga.
  • Los umbrales de regulación armonizada se actualizan cada dos años por reglamento de la Comisión Europea: comprobar la cifra vigente antes de memorizarla.
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Administrativo Ayuntamiento?

La contratación del sector público española se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE (concesiones) y 2014/24/UE (contratación pública). Su objeto es regular la contratación del sector público para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia del procedimiento y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, asegurando una eficiente utilización de los fondos, el control del gasto y la selección de la oferta con mejor relación calidad-precio. Se aplica a los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del sector público (art. 2 y 3), con importantes exclusiones (convenios, encargos a medios propios, contratos de trabajo, compraventa de inmuebles, etc.). Los contratos se califican como administrativos o privados según el sujeto que los celebra y su objeto: la preparación y adjudicación se rigen siempre por la LCSP, mientras que los efectos y la extinción de los contratos administrativos se rigen por la LCSP y los de los privados, en principio, por el Derecho privado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

La LCSP vigente es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (en vigor desde el 9 de marzo de 2018), que transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. El TRLCSP (RDLeg 3/2011) y la Ley 30/2007 están derogados. Solo se aplica a contratos onerosos del sector público (art. 2). Quedan fuera: convenios que no encubran contratos, encargos a medios propios, relaciones de servicio de personal, compraventa/arrendamiento de inmuebles y valores negociables. Tres categorías de entes: Administraciones Públicas, poderes adjudicadores que no son AP y otros entes del sector público (art. 3). Contratos administrativos: típicos (obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios) y especiales (vinculados al giro o tráfico de la Administración, art. 25). Los privados los celebran, sobre todo, los poderes adjudicadores no AP (art. 26). Competencia jurisdiccional: contencioso-administrativa para preparación y adjudicación de todos los contratos y para los efectos y extinción de los administrativos; civil para los efectos y extinción de los privados (art. 27). Recurso especial: obras de valor estimado superior a 3.000.000 euros y suministros y servicios superiores a 100.000 euros; plazo de quince días hábiles. Error típico: confundir valor estimado (sin IVA, incluye prórrogas y modificaciones previstas), presupuesto base de licitación (con IVA) y precio del contrato. La concesión de servicios exige transferencia del riesgo operacional al concesionario; en el contrato de servicios no la hay. La garantía definitiva es del 5% del precio final ofertado, excluido IVA (art. 107). La duración máxima del contrato menor es un año sin prórroga. Los umbrales de regulación armonizada se actualizan cada dos años por reglamento de la Comisión Europea: comprobar la cifra vigente antes de memorizarla.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE-A-2017-12902)
  • Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente en lo que no se oponga a la LCSP)
  • Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero (sectores del agua, energía, transportes y servicios postales; incorporación de la Directiva 2014/25/UE)
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

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