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Tema 19. El Derecho de la Unión Europea. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del Derecho Europeo en los países miembros. El Presupuesto de la Unión Europea y sus fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad y crecimiento.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

Estudia el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico de la Unión Europea —derecho originario, derecho derivado, acuerdos internacionales y principios generales— y los principios que articulan su relación con los ordenamientos nacionales: la primacía, el efecto directo y la responsabilidad del Estado por incumplimiento. Completa el tema con el régimen del presupuesto europeo, sus fuentes de financiación —reforzadas tras el Next Generation EU— y el instrumento de coordinación de las políticas fiscales nacionales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, recientemente reformado.

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Derecho originario y derecho derivado

El Derecho originario o primario está formado por los Tratados constitutivos y sus reformas —el TUE y el TFUE, con el mismo valor jurídico—, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los protocolos y anexos que se incorporan a los propios Tratados. El Derecho derivado es el que producen las instituciones de la Unión en ejercicio de las competencias que les atribuyen los Tratados. El artículo 288 TFUE enumera los actos jurídicos de la Unión: el reglamento, de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro sin necesidad de norma interna de transposición; la directiva, que obliga a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado a alcanzar, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para transponerla a su ordenamiento interno; la decisión, obligatoria en todos sus elementos para sus destinatarios; y las recomendaciones y los dictámenes, que carecen de fuerza vinculante.

Otras fuentes: acuerdos internacionales y principios generales

Junto al Derecho originario y derivado, el ordenamiento de la Unión conoce otras fuentes relevantes. Los acuerdos internacionales celebrados por la Unión con terceros Estados u organizaciones internacionales (art. 216 TFUE) forman parte del Derecho de la Unión desde su entrada en vigor y vinculan tanto a las instituciones como a los Estados miembros, situándose por debajo de los Tratados pero por encima del Derecho derivado. A ellos se suman los principios generales del Derecho de la Unión, de naturaleza no escrita y de construcción jurisprudencial por el Tribunal de Justicia, entre los que destacan la seguridad jurídica, la proporcionalidad, la confianza legítima, la igualdad y el respeto de los derechos fundamentales —estos últimos incorporados al Derecho de la Unión por esta vía jurisprudencial antes de que existiera la Carta—. Por último, se habla de Derecho blando o «soft law» para referirse a instrumentos sin fuerza vinculante —comunicaciones, libros verdes y blancos, directrices— que, pese a carecer de efecto jurídico obligatorio, orientan en la práctica la actuación de las instituciones y de los Estados miembros.

El principio de primacía del Derecho de la Unión

El principio de primacía es una construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia, formulada por primera vez en la sentencia Costa contra ENEL (1964): el Derecho de la Unión, nacido de una fuente autónoma, prevalece sobre el Derecho de los Estados miembros, de modo que ninguna norma nacional —incluida, según el propio Tribunal, la de rango constitucional— puede oponerse válidamente a una norma de la Unión, sin perjuicio de que la Constitución siga siendo la norma suprema del ordenamiento interno en los términos que reconoce el propio Tribunal Constitucional español.

El principio de efecto directo

El efecto directo, formulado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Van Gend en Loos (1963), permite que una norma de la Unión pueda ser invocada directamente por los particulares ante los tribunales nacionales, generando derechos y obligaciones exigibles, siempre que la disposición sea clara, precisa e incondicional. Los reglamentos gozan de efecto directo pleno por su propia naturaleza; las directivas, en cambio, solo pueden desplegar efecto directo, y únicamente de forma vertical (frente al Estado, nunca entre particulares), cuando ha expirado el plazo de transposición sin que el Estado miembro la haya transpuesto correctamente, o la haya transpuesto de forma incorrecta o incompleta. Cuando no es posible aplicar el efecto directo —por ejemplo, en relaciones entre particulares— el Tribunal de Justicia exige igualmente a los jueces nacionales el deber de interpretación conforme: interpretar el Derecho interno, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de la norma europea de que se trate.

La responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión

Cuando ni el efecto directo ni la interpretación conforme permiten reparar el perjuicio causado por el incumplimiento de una norma de la Unión por parte de un Estado miembro —en particular por la falta de transposición de una directiva—, el Tribunal de Justicia reconoció en la sentencia Francovich y Bonifaci (1991) el principio de responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares perjudicados. Esta responsabilidad exige que la norma incumplida confiera derechos a los particulares, que su contenido pueda identificarse a partir de la propia norma, y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño sufrido; se trata de una responsabilidad inherente al sistema del Tratado y exigible ante los tribunales nacionales conforme a las reglas procesales internas, con los límites de equivalencia y efectividad que impone el propio Derecho de la Unión.

El presupuesto de la Unión Europea: principios y marco financiero

El presupuesto anual de la Unión se enmarca en un Marco Financiero Plurianual (MFP), que fija los límites máximos de gasto por grandes categorías durante un período de varios años; el MFP vigente cubre el periodo 2021-2027. Se rige por los principios clásicos del Derecho presupuestario —unidad (todos los ingresos y gastos se recogen en un único documento), anualidad (se aprueba y ejecuta por ejercicios de un año) y especialidad (los créditos se destinan a fines determinados)— y, a diferencia de los presupuestos de los Estados miembros, por el principio de equilibrio: los ingresos deben cubrir íntegramente los gastos, sin que quepa recurrir al déficit. Su aprobación corresponde conjuntamente al Parlamento Europeo y al Consejo, a propuesta de la Comisión, conforme al procedimiento presupuestario regulado en el artículo 314 TFUE.

Los recursos propios y su reforma reciente

El presupuesto se financia mediante el sistema de recursos propios, integrado por los recursos propios tradicionales (fundamentalmente derechos de aduana percibidos en la unión aduanera), el recurso propio basado en el Impuesto sobre el Valor Añadido armonizado de los Estados miembros, y el recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) de cada Estado, que sigue siendo la principal fuente de financiación. Desde 2021 se añadió un nuevo recurso propio sobre los residuos de envases de plástico no reciclados generados por cada Estado miembro, y la reforma de la Decisión de Recursos Propios de 2023 incorporó recursos adicionales vinculados en parte a los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión, pensados para contribuir a la devolución de la deuda contraída por la Unión para financiar el instrumento extraordinario Next Generation EU y su principal programa, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aprobados como respuesta a la crisis derivada de la pandemia.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y su reforma de 2024

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), acordado en 1997, es el instrumento con el que la Unión coordina y supervisa las políticas presupuestarias nacionales para asegurar la disciplina fiscal necesaria al funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, tomando como referencia los valores del Tratado de Maastricht: un déficit público no superior al 3% del PIB y una deuda pública no superior al 60% del PIB. Se articula en dos brazos: el brazo preventivo, que somete a los Estados miembros a una supervisión periódica de sus planes presupuestarios de medio plazo para evitar que incurran en un déficit excesivo; y el brazo correctivo, que activa el procedimiento de déficit excesivo cuando un Estado incumple los valores de referencia, pudiendo derivar en recomendaciones y, en el caso de los Estados de la eurozona, en sanciones económicas. El Reglamento (UE) 2024/1263, en vigor desde el 30 de abril de 2024, reformó el marco de gobernanza económica: sustituye el indicador del saldo estructural por el gasto neto financiado con recursos propios como variable única de referencia para valorar el esfuerzo fiscal, y sustituye la senda de ajuste homogénea por planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo —con una trayectoria de ajuste ordinaria de cuatro años, ampliable hasta siete si el Estado miembro asume compromisos verificables de reformas e inversiones— negociados de forma individualizada entre cada Estado y la Comisión.

El control del presupuesto de la Unión

El control externo de la ejecución presupuestaria corresponde al Tribunal de Cuentas Europeo, que fiscaliza la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos de la Unión y la buena gestión financiera, y eleva cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre el ejercicio cerrado. Sobre la base de ese informe, el Parlamento Europeo ejerce el control político a través del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria (discharge), por el que, a propuesta del Consejo, aprueba o no la gestión del presupuesto realizada por la Comisión durante el ejercicio correspondiente; la negativa a aprobar la gestión, aunque infrecuente, constituye uno de los instrumentos de control político del Parlamento sobre la Comisión.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Derecho originario: TUE, TFUE (mismo valor jurídico) y Carta de Derechos Fundamentales, con protocolos y anexos.
  • El art. 288 TFUE enumera los actos del Derecho derivado.
  • Reglamento: obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable, sin transposición.
  • Directiva: obliga en cuanto al resultado, dejando a cada Estado la forma y los medios de transposición.
  • Decisión: obligatoria en todos sus elementos para sus destinatarios.
  • Recomendaciones y dictámenes: sin fuerza vinculante.
  • Los acuerdos internacionales (art. 216 TFUE) se sitúan por debajo de los Tratados y por encima del Derecho derivado.
  • Principios generales del Derecho de la Unión: seguridad jurídica, proporcionalidad, confianza legítima, igualdad.
  • El «soft law» (comunicaciones, libros verdes y blancos) carece de fuerza vinculante pero orienta la actuación de instituciones y Estados.
  • Principio de primacía: formulado en la sentencia Costa/ENEL (1964); el Derecho de la Unión prevalece sobre el nacional.
  • Principio de efecto directo: formulado en la sentencia Van Gend en Loos (1963).
  • El efecto directo exige que la norma sea clara, precisa e incondicional.
  • Las directivas solo tienen efecto directo vertical, y solo tras expirar el plazo de transposición sin cumplirse.
  • Deber de interpretación conforme: interpretar el Derecho interno a la luz de la norma europea cuando no cabe el efecto directo.
  • Sentencia Francovich y Bonifaci (1991): responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión.
  • El presupuesto de la UE se enmarca en el Marco Financiero Plurianual (MFP) vigente para 2021-2027.
  • Principios presupuestarios de la UE: unidad, anualidad, especialidad y equilibrio (no cabe déficit).
  • El procedimiento presupuestario de la UE se regula en el art. 314 TFUE (Parlamento y Consejo, a propuesta de la Comisión).
  • Recursos propios tradicionales: fundamentalmente derechos de aduana.
  • El recurso basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) es la principal fuente de financiación del presupuesto.
  • Desde 2021, nuevo recurso propio sobre residuos de envases de plástico no reciclados.
  • La reforma de 2023 de los recursos propios añadió ingresos ligados al régimen de comercio de derechos de emisión para financiar el Next Generation EU.
  • El PEC (1997) toma como referencia los límites de Maastricht: déficit ≤3% del PIB, deuda ≤60% del PIB.
  • Brazo preventivo del PEC: supervisión de los planes presupuestarios de medio plazo.
  • Brazo correctivo del PEC: procedimiento de déficit excesivo, con posibles sanciones en la eurozona.
  • El Reglamento (UE) 2024/1263 (en vigor desde el 30-04-2024) sustituye el saldo estructural por el gasto neto como indicador único.
  • Planes fiscales-estructurales nacionales: ajuste de 4 años, ampliable hasta 7 con reformas e inversiones verificables.
  • El Tribunal de Cuentas Europeo fiscaliza la legalidad, regularidad y buena gestión financiera del presupuesto.
  • El Parlamento Europeo controla políticamente la ejecución presupuestaria mediante el procedimiento de aprobación de la gestión (discharge).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

El efecto directo de una directiva no transpuesta en plazo:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 19 de Técnico de Gestión?

Estudia el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico de la Unión Europea —derecho originario, derecho derivado, acuerdos internacionales y principios generales— y los principios que articulan su relación con los ordenamientos nacionales: la primacía, el efecto directo y la responsabilidad del Estado por incumplimiento. Completa el tema con el régimen del presupuesto europeo, sus fuentes de financiación —reforzadas tras el Next Generation EU— y el instrumento de coordinación de las políticas fiscales nacionales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, recientemente reformado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?

Derecho originario: TUE, TFUE (mismo valor jurídico) y Carta de Derechos Fundamentales, con protocolos y anexos. El art. 288 TFUE enumera los actos del Derecho derivado. Reglamento: obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable, sin transposición. Directiva: obliga en cuanto al resultado, dejando a cada Estado la forma y los medios de transposición. Decisión: obligatoria en todos sus elementos para sus destinatarios. Recomendaciones y dictámenes: sin fuerza vinculante. Los acuerdos internacionales (art. 216 TFUE) se sitúan por debajo de los Tratados y por encima del Derecho derivado. Principios generales del Derecho de la Unión: seguridad jurídica, proporcionalidad, confianza legítima, igualdad. El «soft law» (comunicaciones, libros verdes y blancos) carece de fuerza vinculante pero orienta la actuación de instituciones y Estados. Principio de primacía: formulado en la sentencia Costa/ENEL (1964); el Derecho de la Unión prevalece sobre el nacional. Principio de efecto directo: formulado en la sentencia Van Gend en Loos (1963). El efecto directo exige que la norma sea clara, precisa e incondicional. Las directivas solo tienen efecto directo vertical, y solo tras expirar el plazo de transposición sin cumplirse. Deber de interpretación conforme: interpretar el Derecho interno a la luz de la norma europea cuando no cabe el efecto directo. Sentencia Francovich y Bonifaci (1991): responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión. El presupuesto de la UE se enmarca en el Marco Financiero Plurianual (MFP) vigente para 2021-2027. Principios presupuestarios de la UE: unidad, anualidad, especialidad y equilibrio (no cabe déficit). El procedimiento presupuestario de la UE se regula en el art. 314 TFUE (Parlamento y Consejo, a propuesta de la Comisión). Recursos propios tradicionales: fundamentalmente derechos de aduana. El recurso basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) es la principal fuente de financiación del presupuesto. Desde 2021, nuevo recurso propio sobre residuos de envases de plástico no reciclados. La reforma de 2023 de los recursos propios añadió ingresos ligados al régimen de comercio de derechos de emisión para financiar el Next Generation EU. El PEC (1997) toma como referencia los límites de Maastricht: déficit ≤3% del PIB, deuda ≤60% del PIB. Brazo preventivo del PEC: supervisión de los planes presupuestarios de medio plazo. Brazo correctivo del PEC: procedimiento de déficit excesivo, con posibles sanciones en la eurozona. El Reglamento (UE) 2024/1263 (en vigor desde el 30-04-2024) sustituye el saldo estructural por el gasto neto como indicador único. Planes fiscales-estructurales nacionales: ajuste de 4 años, ampliable hasta 7 con reformas e inversiones verificables. El Tribunal de Cuentas Europeo fiscaliza la legalidad, regularidad y buena gestión financiera del presupuesto. El Parlamento Europeo controla políticamente la ejecución presupuestaria mediante el procedimiento de aprobación de la gestión (discharge).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
  • Artículo 216 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
  • Artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
  • Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024

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