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Tema 2. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución. Derechos y deberes fundamentales y las libertades públicas en España. Garantías y restricciones.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

Desarrolla el artículo 1 CE (los valores superiores del ordenamiento) y el sistema de derechos y deberes fundamentales del Título I, distinguiendo los distintos niveles de protección según su ubicación en el propio Título.

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Los valores superiores del ordenamiento (art. 1 CE)

El artículo 1.1 CE proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 1.2 CE atribuye la soberanía nacional al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El artículo 1.3 CE proclama la monarquía parlamentaria como forma política del Estado.

Estructura del Título I: de los derechos y deberes fundamentales

El Título I (arts. 10 a 55 CE) se abre con el artículo 10, que reconoce la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social, y remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales como criterio de interpretación de los derechos fundamentales. El Título I se divide en cinco capítulos: de los españoles y los extranjeros (Cap. I), derechos y libertades (Cap. II, que se subdivide en la Sección 1ª de derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 15-29, y la Sección 2ª de derechos y deberes de los ciudadanos, arts. 30-38), principios rectores de la política social y económica (Cap. III, arts. 39-52), garantías de las libertades y derechos fundamentales (Cap. IV, arts. 53-54) y suspensión de los derechos y libertades (Cap. V, art. 55).

Niveles de protección: la importancia del artículo 53 CE

El artículo 53 CE gradúa la protección según dónde se ubique cada derecho. Los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) tienen la máxima protección: vinculan a todos los poderes públicos, solo pueden desarrollarse por ley orgánica que respete su contenido esencial, y son recurribles en amparo ante el Tribunal Constitucional (además de gozar de un procedimiento judicial preferente y sumario ante los tribunales ordinarios). Los derechos y deberes de la Sección 2ª (arts. 30-38) también vinculan a los poderes públicos y pueden alegarse ante los tribunales, pero no gozan de amparo constitucional. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo son alegables ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no generan derechos subjetivos directamente exigibles sin esa mediación legislativa.

Garantías: reserva de ley y contenido esencial

El artículo 53.1 CE establece que solo por ley (que en todo caso deberá respetar el contenido esencial) podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades del Capítulo II. Para los derechos fundamentales de la Sección 1ª, esa ley debe ser orgánica (art. 81.1 CE, que incluye expresamente entre las leyes orgánicas las de desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas), y su aprobación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).

La suspensión de derechos (art. 55 CE)

El artículo 55.1 CE permite suspender determinados derechos (entre otros, libertad y seguridad del art. 17, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones del art. 18.2 y 18.3, libertad de circulación y residencia del art. 19) cuando se declaren los estados de excepción y de sitio previstos en el artículo 116 CE. El artículo 55.2 CE regula, además, una suspensión individual de derechos concretos para personas determinadas en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, con intervención judicial y control parlamentario.

La igualdad: el artículo 14 CE y su posición singular

El art. 14 CE ("Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social") se ubica, por razones de técnica legislativa, antes de la Sección 1ª del Capítulo II, pero el art. 53.2 CE lo equipara a esos derechos a efectos de protección: es recurrible en amparo igual que los derechos de los arts. 15 a 29. Conviene distinguir la igualdad formal del art. 14 CE (igualdad ante la ley, prohibición de discriminación) de la igualdad material o sustancial del art. 9.2 CE, que impone a los poderes públicos un mandato activo de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que lo impidan. La jurisprudencia constitucional distingue además la "igualdad en la ley" (el legislador no puede establecer diferencias de trato arbitrarias o carentes de justificación objetiva y razonable) de la "igualdad en la aplicación de la ley" (un mismo órgano no puede resolver de forma arbitrariamente distinta casos sustancialmente iguales).

La tutela judicial efectiva (art. 24 CE)

El art. 24 CE es uno de los preceptos más invocados en la práctica forense y en el recurso de amparo. El art. 24.1 CE reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El art. 24.2 CE añade un catálogo de garantías procesales: derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Estas garantías rigen primordialmente en el proceso penal, aunque algunas se proyectan también sobre otros órdenes jurisdiccionales y sobre los procedimientos administrativos sancionadores.

Los deberes constitucionales

La Constitución no solo reconoce derechos; también impone deberes a los ciudadanos, varios de ellos recogidos en el propio Título I. El art. 30 CE establece el deber de defender a España (su apartado 2 reconoce, además, el derecho a la objeción de conciencia, desarrollado por ley, en relación con las obligaciones militares; la prestación del servicio militar obligatorio está suspendida desde 2001, aunque el deber constitucional subsiste nominalmente). El art. 31.1 CE impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. El art. 35 CE reconoce el deber (y el derecho) al trabajo. Otros preceptos del Capítulo III contienen igualmente referencias a deberes (por ejemplo, el deber de los padres de prestar asistencia a los hijos, art. 39.3 CE). Estos deberes, salvo el tributario y el de defensa, tienen en la práctica un contenido jurídico más débil que los derechos correlativos.

Garantías jurisdiccionales ordinarias y la subsidiariedad del amparo constitucional

Antes de acudir al Tribunal Constitucional, el propio art. 53.2 CE prevé un procedimiento ante los tribunales ordinarios "basado en los principios de preferencia y sumariedad" para tutelar los derechos reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II. Solo una vez agotada esa vía judicial previa puede interponerse el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tiene por ello un carácter subsidiario: no es una instancia adicional ordinaria, sino un remedio último frente a vulneraciones de derechos fundamentales no reparadas por los tribunales. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige expresamente el agotamiento previo de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, de modo que un recurso de amparo presentado sin haber agotado esa vía resulta inadmisible.

El estado de alarma, el de excepción y el de sitio: la STC 148/2021

El art. 116 CE remite a una ley orgánica (LO 4/1981) la regulación de los tres estados excepcionales, con una intensidad creciente: el estado de alarma (declarado por el Gobierno, para catástrofes, crisis sanitarias o situaciones similares) no permite suspender derechos fundamentales, solo limitarlos o condicionarlos; el estado de excepción (autorizado por el Congreso) y el de sitio (declarado por el Congreso por mayoría absoluta) sí permiten, en los términos del art. 55.1 CE, suspender determinados derechos. Esta distinción cobró una enorme relevancia práctica con la STC 148/2021, de 14 de julio, que declaró inconstitucionales varios preceptos del Real Decreto 463/2020 (primer estado de alarma por la COVID-19): el confinamiento domiciliario generalizado, al ser de aplicación general y de muy alta intensidad, equivalía en realidad a una suspensión (y no a una mera limitación) de la libertad de circulación del art. 19 CE, lo que exigía haber acudido al estado de excepción y no al de alarma.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 1.1 CE: España es un Estado social y democrático de Derecho.
  • Valores superiores del ordenamiento (art. 1.1 CE): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
  • Art. 1.2 CE: la soberanía nacional reside en el pueblo español.
  • Art. 1.3 CE: la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria.
  • El Título I (derechos y deberes fundamentales) va del artículo 10 al 55 CE.
  • El art. 10 CE reconoce la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social.
  • El Título I tiene 5 capítulos: españoles/extranjeros, derechos y libertades, principios rectores, garantías, suspensión.
  • El Capítulo II se divide en Sección 1ª (arts. 15-29, derechos fundamentales) y Sección 2ª (arts. 30-38).
  • Los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) exigen desarrollo por ley orgánica y admiten recurso de amparo.
  • Los derechos de la Sección 2ª (arts. 30-38) NO tienen recurso de amparo pero sí vinculan a los poderes públicos.
  • Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo son alegables según lo que dispongan sus leyes de desarrollo.
  • Art. 53.1 CE: solo por ley puede regularse el ejercicio de los derechos del Capítulo II, respetando su contenido esencial.
  • Art. 81.1 CE: son leyes orgánicas, entre otras, las de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Art. 81.2 CE: la aprobación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto.
  • Art. 55.1 CE: permite suspender ciertos derechos en los estados de excepción y de sitio (art. 116 CE).
  • Derechos suspendibles en estado de excepción/sitio: entre otros, arts. 17, 18.2, 18.3 y 19 CE.
  • Art. 55.2 CE: suspensión individual de derechos para investigaciones antiterroristas, con control judicial y parlamentario.
  • El recurso de amparo ante el TC solo protege los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (más los arts. 14 y 30.2).
  • La graduación de protección del art. 53 CE es una de las preguntas más frecuentes de examen en este tema.
  • El procedimiento judicial preferente y sumario de los derechos de la Sección 1ª complementa al recurso de amparo.
  • Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España son criterio de interpretación (art. 10.2 CE).
  • Art. 14 CE (igualdad) se protege por amparo junto con los derechos de la Sección 1ª, pese a estar fuera de ella (art. 53.2 CE).
  • Igualdad formal (art. 14 CE) frente a igualdad material o sustancial (art. 9.2 CE, mandato activo a los poderes públicos).
  • Art. 24 CE: tutela judicial efectiva, incluye presunción de inocencia y derecho a no declarar contra uno mismo.
  • Deberes constitucionales: defensa de España (art. 30 CE), contribuir al gasto público (art. 31.1 CE), trabajar (art. 35 CE).
  • La objeción de conciencia (art. 30.2 CE) está protegida por amparo aunque se ubique en la Sección 2ª.
  • El amparo constitucional es subsidiario: exige agotar antes la vía judicial ordinaria preferente y sumaria (art. 53.2 CE).
  • El estado de alarma NO permite suspender derechos fundamentales; solo el de excepción y el de sitio pueden hacerlo (art. 55.1 CE).
  • La STC 148/2021 declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, por suponer una suspensión (no mera limitación) de la libertad de circulación (art. 19 CE).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Según el art. 1.1 CE, los valores superiores del ordenamiento jurídico español son:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Técnico de Gestión?

Desarrolla el artículo 1 CE (los valores superiores del ordenamiento) y el sistema de derechos y deberes fundamentales del Título I, distinguiendo los distintos niveles de protección según su ubicación en el propio Título.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

Art. 1.1 CE: España es un Estado social y democrático de Derecho. Valores superiores del ordenamiento (art. 1.1 CE): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Art. 1.2 CE: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Art. 1.3 CE: la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. El Título I (derechos y deberes fundamentales) va del artículo 10 al 55 CE. El art. 10 CE reconoce la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la paz social. El Título I tiene 5 capítulos: españoles/extranjeros, derechos y libertades, principios rectores, garantías, suspensión. El Capítulo II se divide en Sección 1ª (arts. 15-29, derechos fundamentales) y Sección 2ª (arts. 30-38). Los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) exigen desarrollo por ley orgánica y admiten recurso de amparo. Los derechos de la Sección 2ª (arts. 30-38) NO tienen recurso de amparo pero sí vinculan a los poderes públicos. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo son alegables según lo que dispongan sus leyes de desarrollo. Art. 53.1 CE: solo por ley puede regularse el ejercicio de los derechos del Capítulo II, respetando su contenido esencial. Art. 81.1 CE: son leyes orgánicas, entre otras, las de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Art. 81.2 CE: la aprobación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Art. 55.1 CE: permite suspender ciertos derechos en los estados de excepción y de sitio (art. 116 CE). Derechos suspendibles en estado de excepción/sitio: entre otros, arts. 17, 18.2, 18.3 y 19 CE. Art. 55.2 CE: suspensión individual de derechos para investigaciones antiterroristas, con control judicial y parlamentario. El recurso de amparo ante el TC solo protege los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (más los arts. 14 y 30.2). La graduación de protección del art. 53 CE es una de las preguntas más frecuentes de examen en este tema. El procedimiento judicial preferente y sumario de los derechos de la Sección 1ª complementa al recurso de amparo. Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España son criterio de interpretación (art. 10.2 CE). Art. 14 CE (igualdad) se protege por amparo junto con los derechos de la Sección 1ª, pese a estar fuera de ella (art. 53.2 CE). Igualdad formal (art. 14 CE) frente a igualdad material o sustancial (art. 9.2 CE, mandato activo a los poderes públicos). Art. 24 CE: tutela judicial efectiva, incluye presunción de inocencia y derecho a no declarar contra uno mismo. Deberes constitucionales: defensa de España (art. 30 CE), contribuir al gasto público (art. 31.1 CE), trabajar (art. 35 CE). La objeción de conciencia (art. 30.2 CE) está protegida por amparo aunque se ubique en la Sección 2ª. El amparo constitucional es subsidiario: exige agotar antes la vía judicial ordinaria preferente y sumaria (art. 53.2 CE). El estado de alarma NO permite suspender derechos fundamentales; solo el de excepción y el de sitio pueden hacerlo (art. 55.1 CE). La STC 148/2021 declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, por suponer una suspensión (no mera limitación) de la libertad de circulación (art. 19 CE).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

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