Ver esquema

Tema 22. Los procesos de modernización en las Administraciones Públicas. El derecho a una buena administración directiva en las organizaciones públicas. Sus particularidades en la gestión pública.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

Recorre las grandes oleadas de modernización que han transformado la gestión pública española desde finales del siglo XX —de la burocracia clásica a la Nueva Gestión Pública y, más recientemente, a los modelos de gobernanza colaborativa y buen gobierno— y las sitúa junto al derecho a una buena administración, que traslada esa exigencia de modernización al plano de un derecho exigible por la ciudadanía. Cierra con las particularidades que introduce el ejercicio de la función directiva en el sector público frente a la dirección en la empresa privada.

← Ver el índice completo del temario

De la burocracia clásica a la Nueva Gestión Pública

El modelo burocrático weberiano, centrado en la jerarquía, el procedimiento y el control de legalidad, garantizó durante décadas la seguridad jurídica y la igualdad de trato, pero fue objeto de crítica por su rigidez, su lentitud y su escasa orientación a resultados. A partir de los años ochenta se extiende en los países de la OCDE el movimiento conocido como Nueva Gestión Pública (New Public Management), que propone incorporar a la gestión pública técnicas y valores propios de la gestión privada: dirección por objetivos, evaluación del desempeño, orientación al cliente o usuario, descentralización de la gestión y mayor autonomía de los gestores a cambio de rendición de cuentas por resultados. En España, este movimiento se tradujo en iniciativas como las cartas de servicios, los planes de calidad y la incorporación de indicadores de gestión.

De la Nueva Gestión Pública a la gobernanza colaborativa

Las limitaciones de una traslación acrítica de las técnicas empresariales a un ámbito regido por el interés general y el principio de legalidad dieron paso, ya en el siglo XXI, a modelos de gobernanza que ponen el acento en la colaboración entre Administraciones, la participación ciudadana en el diseño de las políticas, la transparencia como principio transversal y la corresponsabilidad de agentes sociales y económicos en la prestación de servicios públicos. En esta línea se inscriben iniciativas como el gobierno abierto, que articula sus compromisos en torno a la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la colaboración, y que en España se ha desarrollado a través de sucesivos planes de acción de gobierno abierto suscritos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).

La transparencia y el buen gobierno como ola de modernización

La transparencia se ha consolidado como un eje transversal de la modernización administrativa más reciente, con un desarrollo normativo propio: en el ámbito estatal, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de acceso a la información pública y establece obligaciones de publicidad activa para las Administraciones; en Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, desarrolla este mismo derecho reforzando las obligaciones de publicidad activa de la Administración autonómica. Ambas normas permiten distinguir conceptualmente la buena administración —el conjunto de garantías procedimentales exigibles por la ciudadanía frente a cualquier actuación administrativa concreta— del buen gobierno, que se proyecta sobre la dimensión política y directiva de la organización mediante principios de actuación y códigos de conducta exigibles a los altos cargos (objetividad, integridad, austeridad, responsabilidad y ejemplaridad), cuyo incumplimiento puede dar lugar a un régimen propio de infracciones y sanciones.

La transformación digital como ola de modernización

A las oleadas de la Nueva Gestión Pública y la gobernanza colaborativa se suma, en los últimos años, la transformación digital de la Administración, que no se limita a la digitalización de trámites —ya consolidada con la generalización de la Administración electrónica— sino que aspira a rediseñar los propios procesos y servicios públicos en torno al dato y a la interoperabilidad, reduciendo la carga que supone para la ciudadanía aportar información que la Administración ya posee. Esta ola de modernización convive con los riesgos derivados de la llamada brecha digital y exige reforzar simultáneamente la ciberseguridad, la protección de datos personales y las garantías frente a la toma de decisiones automatizadas.

El derecho a una buena administración: origen y contenido

El derecho a una buena administración nace en el ámbito de la Unión Europea, reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que lo configura como el derecho de toda persona a que las instituciones traten sus asuntos de manera imparcial, equitativa y dentro de un plazo razonable, e incluye el derecho a ser oída antes de una decisión individual desfavorable, el derecho de acceso al expediente y la obligación de motivar las decisiones; el propio artículo 41 reconoce además el derecho a obtener de la Unión la reparación de los daños causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones, y el derecho de toda persona a dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los Tratados y a recibir contestación en esa misma lengua. En Andalucía, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía eleva este derecho a rango estatutario, garantizando a la ciudadanía una actuación administrativa proporcionada a sus fines, información veraz, participación en las decisiones que le afecten, trato objetivo e imparcial y resolución en plazo razonable.

La buena administración directiva

El derecho a una buena administración no se agota en el respeto de las garantías procedimentales clásicas: proyecta también sobre el nivel directivo de la organización una exigencia de buen gobierno y buena gestión, entendida como la obligación de dirigir con planificación, motivación técnica de las decisiones estratégicas, evaluación de resultados y responsabilidad por la gestión encomendada. Esta dimensión directiva del derecho a la buena administración conecta con la profesionalización de la alta dirección pública, es decir, con la exigencia de que quienes ocupan puestos de dirección en la Administración sean seleccionados y evaluados atendiendo a criterios de competencia profesional, experiencia y mérito, y no exclusivamente de confianza política.

Particularidades de la dirección en las organizaciones públicas

La dirección pública presenta rasgos que la distinguen de la dirección empresarial: opera dentro de un marco de sometimiento pleno a la legalidad que limita el margen de discrecionalidad del que dispone un directivo privado; sus objetivos son con frecuencia múltiples, no siempre cuantificables y en ocasiones contradictorios entre sí (eficiencia económica frente a equidad social, por ejemplo); su horizonte temporal está condicionado por los ciclos políticos y presupuestarios; y su rendición de cuentas se dirige simultáneamente a superiores jerárquicos, a órganos de control externo (Tribunales de Cuentas, Cámaras de Cuentas autonómicas) y a la ciudadanía. A ello se suma la coexistencia, en la cúspide de muchas organizaciones públicas, de personal directivo profesional con cargos de designación política, lo que exige mecanismos claros de deslinde de funciones.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Nueva Gestión Pública (NPM): dirección por objetivos, evaluación del desempeño y orientación al usuario, desde los años 80.
  • Críticas al modelo burocrático clásico: rigidez, lentitud, escasa orientación a resultados.
  • Gobernanza colaborativa: colaboración interadministrativa, participación ciudadana y corresponsabilidad social.
  • Gobierno abierto: transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración (Open Government Partnership).
  • Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (ámbito estatal).
  • Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía (ámbito autonómico).
  • Distinción buena administración (garantías procedimentales) / buen gobierno (principios de conducta de los altos cargos).
  • Transformación digital: rediseño de procesos en torno al dato y la interoperabilidad, no solo digitalización de trámites.
  • Art. 41 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: derecho a una buena administración (imparcialidad, plazo razonable, audiencia, acceso al expediente, motivación, reparación de daños, respuesta en la lengua del escrito).
  • Art. 31 Estatuto de Autonomía para Andalucía: buena administración como derecho estatutario de la ciudadanía andaluza.
  • Buena administración directiva: planificación, motivación técnica, evaluación de resultados y responsabilidad por la gestión.
  • Profesionalización de la alta dirección pública: selección y evaluación por competencia, experiencia y mérito.
  • La dirección pública opera con sometimiento pleno a la legalidad, a diferencia de la dirección privada.
  • Objetivos de la gestión pública: múltiples, a veces no cuantificables y potencialmente contradictorios entre sí.
  • Rendición de cuentas pública: ante superiores jerárquicos, órganos de control externo y ciudadanía.
  • Coexistencia de personal directivo profesional y cargos de designación política en la cúspide de muchas organizaciones públicas.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 100 aciertos

La profesionalización de la alta dirección pública implica que la selección de los directivos públicos se base principalmente en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 22 de Técnico de Gestión?

Recorre las grandes oleadas de modernización que han transformado la gestión pública española desde finales del siglo XX —de la burocracia clásica a la Nueva Gestión Pública y, más recientemente, a los modelos de gobernanza colaborativa y buen gobierno— y las sitúa junto al derecho a una buena administración, que traslada esa exigencia de modernización al plano de un derecho exigible por la ciudadanía. Cierra con las particularidades que introduce el ejercicio de la función directiva en el sector público frente a la dirección en la empresa privada.

¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?

Nueva Gestión Pública (NPM): dirección por objetivos, evaluación del desempeño y orientación al usuario, desde los años 80. Críticas al modelo burocrático clásico: rigidez, lentitud, escasa orientación a resultados. Gobernanza colaborativa: colaboración interadministrativa, participación ciudadana y corresponsabilidad social. Gobierno abierto: transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración (Open Government Partnership). Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (ámbito estatal). Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía (ámbito autonómico). Distinción buena administración (garantías procedimentales) / buen gobierno (principios de conducta de los altos cargos). Transformación digital: rediseño de procesos en torno al dato y la interoperabilidad, no solo digitalización de trámites. Art. 41 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: derecho a una buena administración (imparcialidad, plazo razonable, audiencia, acceso al expediente, motivación, reparación de daños, respuesta en la lengua del escrito). Art. 31 Estatuto de Autonomía para Andalucía: buena administración como derecho estatutario de la ciudadanía andaluza. Buena administración directiva: planificación, motivación técnica, evaluación de resultados y responsabilidad por la gestión. Profesionalización de la alta dirección pública: selección y evaluación por competencia, experiencia y mérito. La dirección pública opera con sometimiento pleno a la legalidad, a diferencia de la dirección privada. Objetivos de la gestión pública: múltiples, a veces no cuantificables y potencialmente contradictorios entre sí. Rendición de cuentas pública: ante superiores jerárquicos, órganos de control externo y ciudadanía. Coexistencia de personal directivo profesional y cargos de designación política en la cúspide de muchas organizaciones públicas.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
  • Artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
  • Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Mientras tanto, practica con tests gratis de Técnico de Gestión.

Empieza gratis ahora