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Tema 39. Contratación del sector público (I). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. Negocios y contratos excluidos, especial referencia a los encargos a medios propios personificados. Contratos administrativos y contratos privados. Delimitación de los tipos contractuales y contratos sujetos a una regulación armonizada. Órganos competentes en materia de contratación. El contratista: capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar. Garantías.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), transpone al ordenamiento español las Directivas europeas de contratación pública de 2014 y constituye la norma básica que regula la actividad contractual de todas las entidades que integran el sector público. Este primer bloque del programa desarrolla los elementos que delimitan qué entidades y qué negocios quedan sujetos a la ley, la distinción entre contratos administrativos y privados, la tipología de los contratos típicos y los requisitos que deben reunir los órganos de contratación y los contratistas para poder concurrir a una licitación.

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Ámbito subjetivo: el sector público a efectos de la LCSP (art. 3)

El artículo 3 LCSP define un concepto de sector público más amplio que el de Administración Pública, integrado por diferentes categorías de entidades sometidas a distintos niveles de exigencia. Forman parte de él, entre otros: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local (Administraciones Públicas en sentido estricto); los organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social y las universidades públicas (asimilados a Administración Pública a efectos de la ley); y, además, los consorcios, las fundaciones del sector público, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria, directa o indirecta, y otros entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de alguna de las Administraciones Públicas, categorías estas últimas a las que, con carácter general, se aplica la LCSP en cuanto a preparación y adjudicación aunque su régimen de ejecución pueda quedar sujeto a Derecho privado.

Ámbito objetivo y contratos excluidos (arts. 2 y 4 a 11)

El artículo 2 LCSP circunscribe el ámbito objetivo a los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los sujetos comprendidos en el artículo 3, en los que exista una contraprestación económica en favor del contratista, ya provenga directamente de la entidad contratante, ya de terceros. Los artículos 4 a 11 delimitan los negocios y relaciones jurídicas excluidos del ámbito de la ley por regirse por su normativa específica o por razones de política legislativa: entre otros, las relaciones de servicio de los empleados públicos y los contratos de trabajo, los convenios de colaboración entre entidades del sector público y entre estas y sujetos privados sin ánimo de lucro, los acuerdos internacionales, los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación, y los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y otros negocios sobre bienes inmuebles y valores negociables, que se rigen por su legislación patrimonial específica y solo de forma supletoria por la LCSP.

Los encargos a medios propios personificados (arts. 32 y 33)

La LCSP regula con detalle, tras la incorporación de la jurisprudencia europea sobre la cooperación 'in house', el régimen de los encargos que los poderes adjudicadores pueden realizar a entes instrumentales calificados como medios propios personificados, negocios jurídicos excluidos de la aplicación de la ley en cuanto a su adjudicación. Para que un ente pueda ser considerado medio propio del poder adjudicador que realiza el encargo es necesario, entre otros requisitos, que este ejerza sobre aquel un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades, que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo, y que no exista participación directa de capital privado en el ente destinatario. La condición de medio propio debe reconocerse expresamente por la Administración de la que dependa, mediante norma o acuerdo que fije el régimen jurídico y el contenido de esa relación de instrumentalidad.

Contratos administrativos y contratos privados (arts. 25 y 26)

La LCSP distingue, dentro de los contratos celebrados por las Administraciones Públicas, entre contratos administrativos y contratos privados. Son contratos administrativos, conforme al artículo 25, los contratos típicos (obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios) y los contratos declarados de esta naturaleza por norma legal, así como los denominados contratos administrativos especiales, cuyo objeto, aun sin corresponder a ninguno de los tipos anteriores, tenga naturaleza administrativa especial por vincularse al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública. Son contratos privados, según el artículo 26, los restantes contratos celebrados por una Administración Pública, entre ellos los de seguros, financieros, de creación e interpretación artística y literaria, y los de suscripción a revistas y bases de datos; a ellos se les aplican las normas de la LCSP en cuanto a su preparación y adjudicación, mientras que sus efectos y extinción se rigen por el Derecho privado.

Tipología contractual y contratos sujetos a regulación armonizada (arts. 13 a 23)

La LCSP tipifica los contratos de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios, de suministro y de servicios, cada uno con una definición legal propia en función de su objeto: la ejecución de una obra o la realización conjunta de su ejecución y redacción del proyecto, en el de obras; la ejecución de obras o la conservación y explotación de obras ya existentes con transferencia al concesionario del riesgo operacional, en el de concesión de obras; la gestión de un servicio con asunción de ese mismo riesgo operacional por el concesionario, en el de concesión de servicios; la adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento de productos y bienes muebles, en el de suministro; y las prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, en el de servicios. Además, los artículos 19 a 23 regulan los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), aquellos cuyo valor estimado supera los umbrales económicos fijados periódicamente por la Comisión Europea, a los que se aplican reglas de publicidad, procedimiento y plazos reforzadas para garantizar la máxima concurrencia dentro del mercado interior.

Órganos competentes en materia de contratación (arts. 61 a 64)

Corresponden las facultades para celebrar contratos en nombre de la Administración a los órganos de contratación, que son, con carácter general, los titulares de los departamentos y organismos, sin perjuicio de las delegaciones y desconcentraciones que puedan establecerse. Los órganos de contratación están asistidos por la mesa de contratación, órgano colegiado de asistencia técnica cuya constitución es preceptiva en los procedimientos abiertos, restringidos y en los de licitación con negociación y diálogo competitivo, salvo que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación. La LCSP prevé también la existencia de Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, como órganos técnicos especializados en el asesoramiento sobre la aplicación de la legislación de contratos.

Capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar (arts. 65 a 72)

Solo pueden contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna prohibición para contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o bien, en los casos en que la ley lo exija, se encuentren debidamente clasificadas. La solvencia puede acreditarse mediante los medios que se determinen en los pliegos, referidos a la experiencia, los medios personales y materiales, o los índices de solvencia financiera, entre otros. El artículo 71 LCSP enumera las prohibiciones para contratar, entre ellas haber sido condenado mediante sentencia firme por determinados delitos, haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, medioambiental, social o laboral, estar al descubierto en el pago de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable exigida para concurrir al procedimiento.

Las garantías (arts. 106 a 110)

La LCSP regula dos tipos de garantías que el órgano de contratación puede exigir a los licitadores y adjudicatarios. La garantía provisional, de constitución potestativa y excepcional desde la propia ley (solo cuando el órgano de contratación lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente), responde del mantenimiento de las proposiciones por los licitadores hasta la adjudicación. La garantía definitiva, de constitución obligatoria con carácter general en cuantía del 5 por ciento del precio final ofertado por el adjudicatario, responde del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario. Ambas pueden constituirse en efectivo, mediante aval, mediante contrato de seguro de caución o, en el caso de la definitiva, mediante retención en el precio.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 3 LCSP: el sector público incluye AAPP, organismos autónomos, universidades públicas, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria.
  • Art. 2 LCSP: contrato oneroso con contraprestación económica, directa o de terceros, es el criterio del ámbito objetivo.
  • Arts. 4 a 11 LCSP: excluyen, entre otros, las relaciones de servicio de empleados públicos, los convenios entre AAPP y los negocios patrimoniales sobre inmuebles.
  • Encargo a medio propio (arts. 32-33): exige control análogo, más del 80% de actividad para el poder adjudicador, y ausencia de participación privada directa.
  • Art. 25 LCSP: son contratos administrativos los típicos (obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios) y los especiales.
  • Art. 26 LCSP: los contratos privados de la Administración se rigen por la LCSP en preparación/adjudicación y por Derecho privado en efectos/extinción.
  • Cinco tipos de contrato típico: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios (arts. 13-17).
  • Contratos SARA (arts. 19-23): superan los umbrales económicos comunitarios, con reglas reforzadas de publicidad y procedimiento.
  • Órgano de contratación: titular del departamento u organismo, salvo delegación (arts. 61-64).
  • Mesa de contratación: órgano colegiado de asistencia técnica, preceptiva en procedimientos abierto, restringido, negociado con publicidad y diálogo competitivo.
  • Existen Juntas Consultivas de Contratación Administrativa estatal y autonómicas.
  • Solvencia económica, financiera y técnica/profesional, o clasificación cuando la ley la exija (art. 65 y ss.).
  • Art. 71 LCSP: prohibiciones para contratar por condena penal, sanción firme grave, deudas tributarias/SS o falsedad en declaración responsable.
  • Garantía provisional: potestativa y excepcional desde la LCSP 9/2017.
  • Garantía definitiva: obligatoria, 5% del precio de adjudicación con carácter general (art. 107).
  • Ambas garantías pueden constituirse en efectivo, aval o seguro de caución.
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¿Qué distingue, según la tipología de los artículos 13 a 17 LCSP, al contrato de concesión de obras del contrato de concesión de servicios?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 39 de Técnico de Gestión?

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), transpone al ordenamiento español las Directivas europeas de contratación pública de 2014 y constituye la norma básica que regula la actividad contractual de todas las entidades que integran el sector público. Este primer bloque del programa desarrolla los elementos que delimitan qué entidades y qué negocios quedan sujetos a la ley, la distinción entre contratos administrativos y privados, la tipología de los contratos típicos y los requisitos que deben reunir los órganos de contratación y los contratistas para poder concurrir a una licitación.

¿Qué hay que memorizar del Tema 39 para el examen?

Art. 3 LCSP: el sector público incluye AAPP, organismos autónomos, universidades públicas, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria. Art. 2 LCSP: contrato oneroso con contraprestación económica, directa o de terceros, es el criterio del ámbito objetivo. Arts. 4 a 11 LCSP: excluyen, entre otros, las relaciones de servicio de empleados públicos, los convenios entre AAPP y los negocios patrimoniales sobre inmuebles. Encargo a medio propio (arts. 32-33): exige control análogo, más del 80% de actividad para el poder adjudicador, y ausencia de participación privada directa. Art. 25 LCSP: son contratos administrativos los típicos (obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios) y los especiales. Art. 26 LCSP: los contratos privados de la Administración se rigen por la LCSP en preparación/adjudicación y por Derecho privado en efectos/extinción. Cinco tipos de contrato típico: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios (arts. 13-17). Contratos SARA (arts. 19-23): superan los umbrales económicos comunitarios, con reglas reforzadas de publicidad y procedimiento. Órgano de contratación: titular del departamento u organismo, salvo delegación (arts. 61-64). Mesa de contratación: órgano colegiado de asistencia técnica, preceptiva en procedimientos abierto, restringido, negociado con publicidad y diálogo competitivo. Existen Juntas Consultivas de Contratación Administrativa estatal y autonómicas. Solvencia económica, financiera y técnica/profesional, o clasificación cuando la ley la exija (art. 65 y ss.). Art. 71 LCSP: prohibiciones para contratar por condena penal, sanción firme grave, deudas tributarias/SS o falsedad en declaración responsable. Garantía provisional: potestativa y excepcional desde la LCSP 9/2017. Garantía definitiva: obligatoria, 5% del precio de adjudicación con carácter general (art. 107). Ambas garantías pueden constituirse en efectivo, aval o seguro de caución.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (arts. 2, 3, 4-11, 13-17, 19-23, 25-26, 32-33, 61-64, 65-72, 106-110)

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