IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), integró dentro del procedimiento administrativo común las especialidades que antes se regulaban en procedimientos separados, entre las que destaca de forma singular el ejercicio de la potestad sancionadora, ya que la posición de sujeción especial del presunto responsable frente a la Administración exige garantías reforzadas derivadas de los principios constitucionales del ius puniendi. El tema estudia primero los principios sustantivos que rigen la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, recogidos en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y a continuación las especialidades procedimentales que la propia LPAC introduce para el ejercicio de esa potestad dentro del cauce común del procedimiento administrativo.
Las especialidades del procedimiento administrativo común
Frente al procedimiento administrativo común de aplicación general, determinadas materias exigen trámites o garantías adicionales que la ley articula como especialidades dentro de ese mismo cauce común, sin llegar a configurar un procedimiento autónomo y separado. La propia LPAC identifica dos grandes especialidades por razón de la materia: el procedimiento en los casos de ejercicio de la potestad sancionadora y el de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Esta técnica supone un cambio respecto al régimen anterior a la Ley 39/2015, en el que el procedimiento sancionador se regulaba en un reglamento propio y separado del procedimiento administrativo común —el derogado Real Decreto 1398/1993—, de manera que en la actualidad las reglas generales de iniciación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo común resultan también de aplicación al procedimiento sancionador, salvo en aquellos extremos en que la propia ley introduce reglas específicas por razón de la naturaleza sancionadora del procedimiento.
Principio de legalidad y de tipicidad en la potestad sancionadora
El artículo 25 de la LRJSP consagra el principio de legalidad, conforme al cual la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas únicamente puede ejercerse cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en ese título de la ley y en la legislación sectorial correspondiente. El artículo 27 desarrolla el principio de tipicidad, según el cual solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una ley, sin perjuicio de que las disposiciones reglamentarias de desarrollo puedan introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecido legalmente, que contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de la sanción correspondiente, dentro de los límites que la propia ley establezca. Por su parte, el artículo 26 impone el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, permitiendo únicamente la aplicación retroactiva de las que resulten más favorables para el presunto infractor.
Responsabilidad y proporcionalidad
El artículo 28 de la LRJSP dispone que solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas —así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos— que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa, en línea con la doctrina constitucional que excluye la responsabilidad puramente objetiva en materia sancionadora. El artículo 29 recoge el principio de proporcionalidad, que exige la adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando, entre otros criterios de graduación, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
Prescripción y concurrencia de sanciones
El artículo 30 de la LRJSP regula la prescripción de infracciones y sanciones, que se producirá según lo dispuesto en las leyes que las establezcan y, si estas no fijan plazos, prescribirán las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, mientras que las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. El artículo 31 recoge el principio de concurrencia de sanciones, expresión administrativa del principio non bis in idem, conforme al cual no podrán sancionarse los hechos que ya hubieran sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Especialidades en la iniciación e instrucción del procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, nunca a solicitud de un particular, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia; el artículo 53.2 de la LPAC reconoce a los presuntos responsables, además de los derechos generales reconocidos a todo interesado, el derecho a ser notificados de los hechos que se les imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder, así como de la identidad del instructor y del órgano competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia; el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; y el derecho a formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes. En el curso de la instrucción, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales, se recojan hechos constatados por aquellos, gozan de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
Terminación del procedimiento sancionador y relación con el orden penal
En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la resolución que le ponga fin no puede agravar la situación inicial del expedientado, en aplicación de la interdicción de la reformatio in peius propia de este tipo de procedimientos, sin perjuicio de que la Administración pueda adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La ley admite igualmente la terminación del procedimiento sancionador por pacto o convenio cuando así lo prevea la normativa reguladora. Por otro lado, en aquellos supuestos en que los mismos hechos pudieran ser constitutivos de infracción administrativa y de delito, rige el principio de preferencia del orden jurisdiccional penal, de manera que, de iniciarse actuaciones penales por unos hechos, la Administración debe suspender el procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial firme, quedando vinculada por los hechos que dicha resolución haya declarado probados.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas como especialidad del procedimiento común
Junto al procedimiento sancionador, la LPAC configura como segunda gran especialidad por razón de la materia el procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuyos requisitos sustantivos se regulan en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015. Para que nazca el deber de indemnizar es necesario que concurra un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas, producido como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que exista relación de causalidad entre ese funcionamiento y el daño, y que no concurra fuerza mayor; no es indemnizable el daño que se derive de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. El derecho a reclamar prescribe al año desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos. Como especialidad procedimental, es preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma cuando la cuantía reclamada alcance el umbral que fija la normativa vigente, así como en los demás supuestos que esta determine, dictamen que debe recabarse antes de que el órgano competente dicte la resolución.
El plazo máximo de resolución y la caducidad del procedimiento sancionador
A falta de previsión específica en la normativa sectorial que regule cada tipo de infracción, el procedimiento sancionador se sujeta a la regla general del art. 21.3 de la LPAC, conforme a la cual, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses, computado desde la fecha del acuerdo de iniciación. Ese plazo máximo puede verse suspendido en los supuestos que recoge el art. 22 de la LPAC —entre otros, cuando deba requerirse la subsanación de deficiencias por el interesado, cuando deban solicitarse informes preceptivos que no sean evacuados en plazo, cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios a instancia de los interesados, o mientras se sigan negociaciones con vistas a la terminación convencional del procedimiento—, lo que amplía proporcionalmente el plazo final de resolución. Transcurrido el plazo máximo de resolución, incluidas sus posibles suspensiones y ampliaciones, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, el procedimiento sancionador, al tratarse de un procedimiento de oficio susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, se entiende caducado, lo que impide continuarlo, sin perjuicio de que pueda iniciarse un nuevo procedimiento mientras no haya prescrito la infracción.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LPAC integra el procedimiento sancionador y el de responsabilidad patrimonial como especialidades del procedimiento común, sin regulación separada.
El antiguo RD 1398/1993 (reglamento sancionador propio) queda superado por la integración de la LPAC de 2015.
Art. 25 LRJSP: principio de legalidad, la potestad sancionadora exige atribución expresa por norma con rango de ley.
Art. 26 LRJSP: irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, salvo que sean más favorables.
Art. 27 LRJSP: principio de tipicidad, solo son infracciones las tipificadas por ley; el reglamento puede graduar dentro de esos límites.
Art. 28 LRJSP: responsabilidad exigible a título de dolo o culpa, conforme a la doctrina constitucional que excluye la responsabilidad objetiva.
Art. 30 LRJSP: prescripción, muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses (infracciones); 3, 2 y 1 año (sanciones) si la ley no fija plazo.
Art. 31 LRJSP: concurrencia de sanciones, expresión del principio non bis in idem (identidad de sujeto, hecho y fundamento).
El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, nunca a solicitud de un particular.
Art. 53.2 LPAC: derechos adicionales del presunto responsable (notificación de hechos e infracciones imputadas, identidad del instructor, presunción de inocencia).
Presunción de veracidad de los documentos de funcionarios con condición de autoridad que constatan hechos, salvo prueba en contrario.
Interdicción de la reformatio in peius: la resolución sancionadora no puede agravar la situación inicial del expedientado.
Preferencia del orden jurisdiccional penal: suspensión del procedimiento sancionador y vinculación a los hechos probados en sentencia penal firme.
Arts. 32 a 37 Ley 40/2015: responsabilidad patrimonial, exige daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, relación de causalidad con el funcionamiento de los servicios públicos y ausencia de fuerza mayor.
El derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial prescribe al año desde el hecho o acto, o desde la estabilización de sus efectos lesivos.
Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en responsabilidad patrimonial cuando la cuantía reclamada alcance el umbral fijado por la normativa vigente, antes de dictar resolución.
Art. 21.3 LPAC: si la norma reguladora no fija plazo máximo de resolución, este es de tres meses; el art. 22 LPAC permite suspender dicho plazo en supuestos tasados (informes preceptivos, pruebas técnicas, negociación de terminación convencional, etc.).
El vencimiento del plazo máximo de resolución en el procedimiento sancionador, al ser de oficio y de posibles efectos desfavorables, produce su caducidad, sin perjuicio de iniciar un nuevo procedimiento si la infracción no ha prescrito.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La responsabilidad administrativa, conforme al art. 28 LRJSP, se exige:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 36 de Técnico de Gestión?
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), integró dentro del procedimiento administrativo común las especialidades que antes se regulaban en procedimientos separados, entre las que destaca de forma singular el ejercicio de la potestad sancionadora, ya que la posición de sujeción especial del presunto responsable frente a la Administración exige garantías reforzadas derivadas de los principios constitucionales del ius puniendi. El tema estudia primero los principios sustantivos que rigen la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, recogidos en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y a continuación las especialidades procedimentales que la propia LPAC introduce para el ejercicio de esa potestad dentro del cauce común del procedimiento administrativo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 36 para el examen?
La LPAC integra el procedimiento sancionador y el de responsabilidad patrimonial como especialidades del procedimiento común, sin regulación separada. El antiguo RD 1398/1993 (reglamento sancionador propio) queda superado por la integración de la LPAC de 2015. Art. 25 LRJSP: principio de legalidad, la potestad sancionadora exige atribución expresa por norma con rango de ley. Art. 26 LRJSP: irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, salvo que sean más favorables. Art. 27 LRJSP: principio de tipicidad, solo son infracciones las tipificadas por ley; el reglamento puede graduar dentro de esos límites. Art. 28 LRJSP: responsabilidad exigible a título de dolo o culpa, conforme a la doctrina constitucional que excluye la responsabilidad objetiva. Art. 29 LRJSP: proporcionalidad, criterios de graduación (culpabilidad, continuidad, perjuicios, reincidencia). Art. 30 LRJSP: prescripción, muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses (infracciones); 3, 2 y 1 año (sanciones) si la ley no fija plazo. Art. 31 LRJSP: concurrencia de sanciones, expresión del principio non bis in idem (identidad de sujeto, hecho y fundamento). El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, nunca a solicitud de un particular. Art. 53.2 LPAC: derechos adicionales del presunto responsable (notificación de hechos e infracciones imputadas, identidad del instructor, presunción de inocencia). Presunción de veracidad de los documentos de funcionarios con condición de autoridad que constatan hechos, salvo prueba en contrario. Interdicción de la reformatio in peius: la resolución sancionadora no puede agravar la situación inicial del expedientado. Preferencia del orden jurisdiccional penal: suspensión del procedimiento sancionador y vinculación a los hechos probados en sentencia penal firme. Arts. 32 a 37 Ley 40/2015: responsabilidad patrimonial, exige daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, relación de causalidad con el funcionamiento de los servicios públicos y ausencia de fuerza mayor. El derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial prescribe al año desde el hecho o acto, o desde la estabilización de sus efectos lesivos. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en responsabilidad patrimonial cuando la cuantía reclamada alcance el umbral fijado por la normativa vigente, antes de dictar resolución. Art. 21.3 LPAC: si la norma reguladora no fija plazo máximo de resolución, este es de tres meses; el art. 22 LPAC permite suspender dicho plazo en supuestos tasados (informes preceptivos, pruebas técnicas, negociación de terminación convencional, etc.). El vencimiento del plazo máximo de resolución en el procedimiento sancionador, al ser de oficio y de posibles efectos desfavorables, produce su caducidad, sin perjuicio de iniciar un nuevo procedimiento si la infracción no ha prescrito.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Artículos 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 53.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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