Tema 37. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores. Las reclamaciones económico-administrativas.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
La sujeción de la Administración Pública al Derecho exige mecanismos que permitan controlar la legalidad de su actuación y, en su caso, corregirla. Dentro de ese control, la propia vía administrativa ofrece dos grandes cauces: los recursos administrativos, que se activan a instancia de los interesados frente a actos que consideran lesivos de sus derechos o intereses, y la revisión de oficio, que la propia Administración puede promover por su propia iniciativa sin necesidad de que medie recurso alguno. El tema estudia ambos cauces —alzada, reposición potestativa y revisión extraordinaria dentro de los recursos; nulidad de pleno derecho y lesividad dentro de la revisión de oficio—, junto con dos figuras próximas a esta última, la revocación de actos de gravamen y la rectificación de errores materiales, y cierra con las reclamaciones económico-administrativas, vía de revisión específica reservada a los actos de contenido tributario.
El sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho que proclama la Constitución exige la existencia de mecanismos de control de su actuación. Junto al control externo —el que ejercen los Tribunales a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, el Parlamento mediante sus funciones de impulso y control político, el Tribunal de Cuentas sobre la gestión económico-financiera, o el Defensor del Pueblo en garantía de los derechos fundamentales—, existe un control interno que la propia Administración ejerce sobre sí misma en vía administrativa, y que se articula fundamentalmente a través de dos técnicas de naturaleza distinta: los recursos administrativos, que se ponen en marcha a instancia del interesado que se considera perjudicado por un acto administrativo, y la revisión de oficio, que la Administración puede iniciar por su propia iniciativa al margen de que exista o no un recurso pendiente.
Los recursos administrativos: concepto y clases
Los recursos administrativos son los medios que el ordenamiento jurídico reconoce a quienes ostentan la condición de interesados para impugnar, en vía administrativa, los actos y resoluciones de la Administración que estimen lesivos de sus derechos o intereses legítimos, con el fin de obtener su revisión, revocación o anulación. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula tres clases de recursos administrativos: el recurso de alzada, frente a actos que no ponen fin a la vía administrativa; el recurso potestativo de reposición, frente a actos que sí ponen fin a la vía administrativa; y el recurso extraordinario de revisión, de carácter excepcional, frente a actos firmes en vía administrativa y solo por motivos tasados.
El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición
El recurso de alzada, cuyo objeto regula el artículo 121 de la LPAC, se interpone contra resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano que los dictó o ante el competente para resolver, que será el superior jerárquico de aquel que dictó el acto impugnado; conforme al artículo 122, el plazo de interposición es de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto si este fuera expreso, disponiendo la Administración de un plazo de tres meses para resolverlo, transcurrido el cual sin resolución expresa el interesado podrá entender desestimado el recurso por silencio. El recurso potestativo de reposición, cuyo objeto y naturaleza regula el artículo 123, se interpone en cambio contra actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó, y tiene carácter potestativo en el sentido de que su interposición impide acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta; conforme al artículo 124, el plazo de interposición es también de un mes, y el de resolución de un mes, transcurrido el cual sin resolución expresa se entenderá desestimado.
El recurso extraordinario de revisión
El artículo 125 de la LPAC regula el recurso extraordinario de revisión, que puede interponerse ante el órgano administrativo que dictó el acto, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguno de los siguientes motivos tasados: que al dictar el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida y que hubieran sido ignorados al dictarse o de imposible aportación entonces; que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; o que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. El plazo de interposición es de cuatro años para el primer motivo y de tres meses, contados desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme, para los tres restantes.
La revisión de oficio
La revisión de oficio, regulada en los artículos 106 a 108 de la LPAC, permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma —en Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía—, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, cuando incurran en alguno de los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho. Cuando el acto es anulable —es decir, incurre en una infracción del ordenamiento que no alcanza la gravedad de la nulidad de pleno derecho— y ha sido dictado por la propia Administración, esta no puede anularlo directamente por sí misma, dado que se trata de un acto favorable para su destinatario, sino que debe previamente declararlo lesivo para el interés público, dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó, para poder impugnarlo después ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La revocación y la rectificación de errores
El artículo 109 de la LPAC regula dos figuras distintas de la revisión de oficio propiamente dicha, aunque próximas a ella por operar también por iniciativa de la propia Administración al margen de un recurso. Por un lado, la revocación de actos de gravamen o desfavorables, que las Administraciones Públicas pueden acordar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico; a diferencia de la revisión de oficio, que se proyecta indistintamente sobre actos favorables o desfavorables y exige la concurrencia de una causa de invalidez, la revocación solo puede recaer sobre actos de gravamen y no requiere que el acto sea inválido, sino únicamente que su mantenimiento resulte inconveniente. Por otro lado, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, que las Administraciones Públicas pueden efectuar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, sin sujeción a plazo alguno y sin necesidad de acudir al procedimiento de revisión de oficio, precisamente porque no se trata de corregir un vicio de invalidez del acto sino un simple error de transcripción o de cálculo que no afecta al fondo de lo decidido.
Las reclamaciones económico-administrativas
Las reclamaciones económico-administrativas constituyen una vía de revisión específica, distinta de los recursos administrativos ordinarios, reservada a los actos de contenido tributario y a otros actos de naturaleza económico-administrativa; su régimen se contiene en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa reglamentaria de desarrollo. Frente a los actos dictados en aplicación de los tributos, el interesado no puede simultanear el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa, sino que debe optar por una u otra vía, siendo esta última resuelta por órganos económico-administrativos especializados y no por el órgano que dictó el acto impugnado ni por su superior jerárquico ordinario. La resolución de la reclamación económico-administrativa agota, en su caso, la vía administrativa en materia tributaria y constituye presupuesto procesal necesario para poder acudir después, si el interesado lo estima procedente, a la vía contencioso-administrativa.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Control interno de la Administración: recursos administrativos (a instancia de parte) y revisión de oficio (iniciativa propia de la Administración).
Recurso de alzada (art. 121 LPAC objeto, art. 122 plazos): contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico, plazo de un mes.
Recurso potestativo de reposición (art. 123 LPAC objeto, art. 124 plazos): contra actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano, plazo de un mes.
El recurso de reposición es potestativo: impide acudir a la vía contencioso-administrativa hasta su resolución expresa o desestimación presunta.
Recurso extraordinario de revisión (art. 125 LPAC): contra actos firmes, cuatro motivos tasados (error de hecho, documentos esenciales, falsedad, delito).
Plazo del recurso extraordinario de revisión: cuatro años (error de hecho) o tres meses (los demás motivos).
Revisión de oficio (arts. 106-108 LPAC): declaración de nulidad de pleno derecho, en cualquier momento, previo dictamen del órgano consultivo (en Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía).
Declaración de lesividad: paso previo obligado para que la Administración pueda impugnar ante lo contencioso-administrativo sus propios actos anulables y favorables; plazo de cuatro años.
Art. 109.1 LPAC: revocación de actos de gravamen, sin necesidad de causa de invalidez, con límites de igualdad, interés público y ordenamiento jurídico.
Art. 109.2 LPAC: rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, en cualquier momento, sin sujeción al procedimiento de revisión de oficio.
Reclamaciones económico-administrativas: reguladas en la Ley 58/2003, General Tributaria, para actos de contenido tributario.
Incompatibilidad entre recurso de reposición y reclamación económico-administrativa: el interesado debe optar por una de las dos vías.
La resolución de la reclamación económico-administrativa es presupuesto procesal para acudir después a la vía contencioso-administrativa en materia tributaria.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué institución ejerce un control externo sobre la actuación de la Administración Pública, a diferencia del control interno articulado mediante recursos administrativos y revisión de oficio?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 37 de Técnico de Gestión?
La sujeción de la Administración Pública al Derecho exige mecanismos que permitan controlar la legalidad de su actuación y, en su caso, corregirla. Dentro de ese control, la propia vía administrativa ofrece dos grandes cauces: los recursos administrativos, que se activan a instancia de los interesados frente a actos que consideran lesivos de sus derechos o intereses, y la revisión de oficio, que la propia Administración puede promover por su propia iniciativa sin necesidad de que medie recurso alguno. El tema estudia ambos cauces —alzada, reposición potestativa y revisión extraordinaria dentro de los recursos; nulidad de pleno derecho y lesividad dentro de la revisión de oficio—, junto con dos figuras próximas a esta última, la revocación de actos de gravamen y la rectificación de errores materiales, y cierra con las reclamaciones económico-administrativas, vía de revisión específica reservada a los actos de contenido tributario.
¿Qué hay que memorizar del Tema 37 para el examen?
Control interno de la Administración: recursos administrativos (a instancia de parte) y revisión de oficio (iniciativa propia de la Administración). Recurso de alzada (art. 121 LPAC objeto, art. 122 plazos): contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico, plazo de un mes. Recurso potestativo de reposición (art. 123 LPAC objeto, art. 124 plazos): contra actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano, plazo de un mes. El recurso de reposición es potestativo: impide acudir a la vía contencioso-administrativa hasta su resolución expresa o desestimación presunta. Recurso extraordinario de revisión (art. 125 LPAC): contra actos firmes, cuatro motivos tasados (error de hecho, documentos esenciales, falsedad, delito). Plazo del recurso extraordinario de revisión: cuatro años (error de hecho) o tres meses (los demás motivos). Revisión de oficio (arts. 106-108 LPAC): declaración de nulidad de pleno derecho, en cualquier momento, previo dictamen del órgano consultivo (en Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía). Declaración de lesividad: paso previo obligado para que la Administración pueda impugnar ante lo contencioso-administrativo sus propios actos anulables y favorables; plazo de cuatro años. Art. 109.1 LPAC: revocación de actos de gravamen, sin necesidad de causa de invalidez, con límites de igualdad, interés público y ordenamiento jurídico. Art. 109.2 LPAC: rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, en cualquier momento, sin sujeción al procedimiento de revisión de oficio. Reclamaciones económico-administrativas: reguladas en la Ley 58/2003, General Tributaria, para actos de contenido tributario. Incompatibilidad entre recurso de reposición y reclamación económico-administrativa: el interesado debe optar por una de las dos vías. La resolución de la reclamación económico-administrativa es presupuesto procesal para acudir después a la vía contencioso-administrativa en materia tributaria.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Artículos 106 a 109, 121 a 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (reclamaciones económico-administrativas)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Técnico de Gestión.