Tema 44. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
La responsabilidad patrimonial es la institución jurídica que garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El tema desarrolla el régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas fijado por la Ley 40/2015, su regulación y competencias en el ámbito de la Junta de Andalucía, el procedimiento administrativo a través del cual se hace efectiva, la responsabilidad de las autoridades y del personal a su servicio, y la responsabilidad de la Administración por los actos de sus concesionarios y contratistas.
Concepto y principios de la responsabilidad patrimonial (art. 32 LRJSP)
El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Se configura así un sistema de responsabilidad objetiva y directa, en el que resulta indiferente que el funcionamiento del servicio haya sido normal o anormal, y en el que no es necesario acreditar culpa o negligencia de ningún agente concreto, bastando con probar la existencia de una lesión antijurídica, efectiva, evaluable económicamente e individualizada en relación con una persona o grupo de personas, y su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público. La ley precisa además que la mera anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización, y fija en un año el plazo de prescripción del derecho a reclamar.
La indemnización (art. 34 LRJSP)
Solo son indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley, no siendo indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. La cuantía de la indemnización se calcula con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado, y se determina con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Precios al Consumo. La indemnización puede sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y sea consentido por el interesado.
Regulación y competencias de la Junta de Andalucía
Además del régimen sustantivo y procedimental común fijado por la legislación básica estatal (LRJSP y LPACAP), de aplicación general a todas las Administraciones Públicas, la Junta de Andalucía tramita y resuelve las reclamaciones de responsabilidad patrimonial dirigidas frente a su Administración a través de la Consejería competente por razón de la materia a la que se impute el daño, correspondiendo la instrucción del procedimiento a los servicios jurídicos de dicha Consejería. Cuando la cuantía reclamada alcanza el umbral legalmente establecido, resulta preceptivo recabar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma y equivalente funcional del Consejo de Estado, que debe pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público autonómico y la lesión alegada, así como, en su caso, sobre la valoración del daño y la cuantía de la indemnización.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial
El procedimiento se rige por las normas generales de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP), con determinadas especialidades. Puede iniciarse de oficio o, lo que resulta más frecuente, a solicitud del interesado, quien debe presentarla dentro del plazo de un año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o desde que se manifieste su efecto lesivo (art. 67 LPACAP), especificando las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial y el momento en que el daño se produjo. Instruido el procedimiento con el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión, y practicado el trámite de audiencia, es preceptivo recabar dictamen del órgano consultivo cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a la que establezca la respectiva ley autonómica (art. 81.2 LPACAP). El procedimiento puede terminar mediante acuerdo entre la Administración y el interesado (art. 86.5 LPACAP), y la resolución que le ponga fin debe pronunciarse necesariamente sobre la existencia o no de relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño y la cuantía de la indemnización (art. 91.2 LPACAP).
La responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas (art. 36 LRJSP)
Frente al particular perjudicado, la responsabilidad patrimonial es siempre directa de la Administración, que responde con su propio patrimonio con independencia de quién haya sido el autor material del daño. Ahora bien, cuando las autoridades y el personal a su servicio hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencia graves, la Administración debe exigirles de oficio, mediante la instrucción del correspondiente procedimiento, la responsabilidad en que hubieran incurrido, a través de la denominada acción de repetición. Para exigir esta responsabilidad se ponderan, entre otros criterios, el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal en relación con la actividad desarrollada y su relación con la producción del resultado dañoso. La misma acción de repetición procede, en sentido inverso, cuando las autoridades y el personal al servicio de la Administración sufran daños en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor. El artículo 37 LRJSP añade que la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no excluye ni sustituye a la exigencia de responsabilidad patrimonial ni a la responsabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrir.
Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas
El artículo 196 LCSP dispone, como regla general, que será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando el daño sea consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración o de los vicios del propio proyecto elaborado por ella misma, supuestos en los que la responsabilidad recae directamente sobre la Administración contratante. Esta regla, formulada con carácter general para todos los contratos del sector público, se proyecta también sobre la concesión de servicios, de modo que el concesionario responde en primer término, frente a los usuarios y frente a terceros, de los daños ocasionados en la explotación del servicio, sin perjuicio de que la Administración concedente pueda resultar responsable, conforme a las reglas generales del artículo 32 LRJSP, cuando el daño derive de la propia organización del servicio público, de las condiciones impuestas en el título concesional o de un ejercicio deficiente de sus potestades de dirección y control sobre el concesionario.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 32 LRJSP: responsabilidad objetiva y directa de la Administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Requisitos: lesión antijurídica, efectiva, evaluable económicamente e individualizada, relación de causalidad, ausencia de fuerza mayor.
La mera anulación de un acto administrativo no genera por sí sola derecho a indemnización.
Plazo de prescripción de la acción: un año.
Art. 34 LRJSP: la indemnización se calcula con criterios de la legislación fiscal y de expropiación forzosa, referida al día del hecho lesivo y actualizada con el IPC.
Puede sustituirse por compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos.
En Andalucía, la Consejería competente por razón de la materia instruye y resuelve las reclamaciones dirigidas contra la Administración autonómica.
El Consejo Consultivo de Andalucía emite el dictamen preceptivo cuando la cuantía reclamada supera el umbral legal.
Art. 67 LPACAP: plazo de un año para solicitar el inicio del procedimiento.
Art. 81.2 LPACAP: dictamen preceptivo del órgano consultivo según cuantía.
Art. 86.5 LPACAP: cabe terminación convencional del procedimiento.
Art. 91.2 LPACAP: la resolución debe pronunciarse sobre relación de causalidad y, en su caso, cuantía de la indemnización.
Art. 36 LRJSP: responsabilidad directa de la Administración frente al perjudicado; acción de repetición de oficio contra autoridades/personal con dolo o culpa/negligencia graves.
Art. 37 LRJSP: la responsabilidad penal no excluye la exigencia de responsabilidad patrimonial ni disciplinaria.
Art. 196 LCSP: el contratista/concesionario responde de los daños a terceros durante la ejecución, salvo orden directa de la Administración o vicios del proyecto.
La Administración concedente puede responder si el daño deriva de la organización del servicio o de un control deficiente sobre el concesionario.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el tema, ¿qué requisitos debe reunir la lesión para que resulte indemnizable?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 44 de Técnico de Gestión?
La responsabilidad patrimonial es la institución jurídica que garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El tema desarrolla el régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas fijado por la Ley 40/2015, su regulación y competencias en el ámbito de la Junta de Andalucía, el procedimiento administrativo a través del cual se hace efectiva, la responsabilidad de las autoridades y del personal a su servicio, y la responsabilidad de la Administración por los actos de sus concesionarios y contratistas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 44 para el examen?
Art. 32 LRJSP: responsabilidad objetiva y directa de la Administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Requisitos: lesión antijurídica, efectiva, evaluable económicamente e individualizada, relación de causalidad, ausencia de fuerza mayor. La mera anulación de un acto administrativo no genera por sí sola derecho a indemnización. Plazo de prescripción de la acción: un año. Art. 34 LRJSP: la indemnización se calcula con criterios de la legislación fiscal y de expropiación forzosa, referida al día del hecho lesivo y actualizada con el IPC. Puede sustituirse por compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos. En Andalucía, la Consejería competente por razón de la materia instruye y resuelve las reclamaciones dirigidas contra la Administración autonómica. El Consejo Consultivo de Andalucía emite el dictamen preceptivo cuando la cuantía reclamada supera el umbral legal. Art. 67 LPACAP: plazo de un año para solicitar el inicio del procedimiento. Art. 81.2 LPACAP: dictamen preceptivo del órgano consultivo según cuantía. Art. 86.5 LPACAP: cabe terminación convencional del procedimiento. Art. 91.2 LPACAP: la resolución debe pronunciarse sobre relación de causalidad y, en su caso, cuantía de la indemnización. Art. 36 LRJSP: responsabilidad directa de la Administración frente al perjudicado; acción de repetición de oficio contra autoridades/personal con dolo o culpa/negligencia graves. Art. 37 LRJSP: la responsabilidad penal no excluye la exigencia de responsabilidad patrimonial ni disciplinaria. Art. 196 LCSP: el contratista/concesionario responde de los daños a terceros durante la ejecución, salvo orden directa de la Administración o vicios del proyecto. La Administración concedente puede responder si el daño deriva de la organización del servicio o de un control deficiente sobre el concesionario.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32, 34, 35, 36, 37)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 67, 81.2, 86.5, 91.2)
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 196)
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