Tema 34. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio administrativo: su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La eficacia de los actos administrativos: la notificación y la publicación. La invalidez de los actos administrativos.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
El acto administrativo constituye la categoría central del Derecho Administrativo por ser el instrumento ordinario a través del cual la Administración ejerce sus potestades y produce efectos jurídicos en casos concretos, a diferencia del reglamento, que innova el ordenamiento con vocación de generalidad. El tema estudia su concepto, sus clases y los elementos que lo integran, para detenerse después en dos instituciones que completan su régimen jurídico: el silencio administrativo, como técnica que suple la falta de resolución expresa y cuya publicidad en el ámbito autonómico andaluz corresponde a cada Consejería en aplicación de la legislación básica estatal, y la eficacia del acto, condicionada a su correcta notificación o publicación. Cierra el tema el estudio de la invalidez, con el doble régimen de la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
El acto administrativo puede definirse como toda declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, sometida al Derecho Administrativo y susceptible de control por la jurisdicción contencioso-administrativa. Se distingue del reglamento por su carácter singular o concreto, frente a la generalidad y vocación de permanencia de la norma reglamentaria, y del simple acto de trámite por producir efectos jurídicos propios frente a terceros. Sus elementos clásicos son el subjetivo, referido al órgano competente que lo dicta y a la investidura regular de su titular; el objetivo, esto es, el contenido de la declaración, que debe ser lícito, posible, determinado y adecuado a los fines perseguidos; el causal, o motivo que justifica el acto en relación con el fin público que persigue; el teleológico o finalista, vinculado siempre al interés general; y el formal, relativo al procedimiento seguido para dictarlo y a la forma de exteriorización de la declaración, que conforme al artículo 36 de la LPAC debe producirse por escrito, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
Clases de actos administrativos
Los actos administrativos admiten múltiples clasificaciones. Por razón de sus destinatarios, se distingue entre actos singulares, dirigidos a uno o varios sujetos determinados, y actos generales, dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios sin perder por ello su naturaleza aplicativa —a diferencia del reglamento, que innova el ordenamiento—. Por su contenido, cabe diferenciar entre actos favorables o declarativos de derechos, que amplían la esfera jurídica del destinatario, y actos de gravamen o desfavorables, que la restringen o le imponen obligaciones, distinción relevante porque condiciona el régimen de revisión de oficio y de revocación. Por su forma de producción, se distingue entre actos expresos, dictados mediante una declaración formal de voluntad, y actos presuntos, derivados del juego del silencio administrativo ante la falta de resolución en plazo. Y por su posición en el procedimiento, entre actos de trámite, que impulsan el procedimiento sin decidir sobre el fondo, y actos definitivos o resolutorios, que ponen fin al procedimiento decidiendo sobre las cuestiones planteadas.
El silencio administrativo: régimen general de la LPAC
El silencio administrativo es la técnica jurídica que atribuye un efecto jurídico determinado —estimatorio o desestimatorio— a la falta de resolución expresa de la Administración dentro del plazo legalmente establecido. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 24 de la LPAC establece como regla general el sentido estimatorio del silencio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario, o que se trate de alguno de los supuestos tasados en los que el silencio es desestimatorio por su propia naturaleza —entre otros, procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados—. En los procedimientos iniciados de oficio, el artículo 25 dispone que, si venciera el plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderán desestimadas las pretensiones cuando el procedimiento tuviera por objeto el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, y se producirá la caducidad del procedimiento cuando este pudiera tener efectos desfavorables o de gravamen para los interesados.
Su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dedica su Título IV al régimen de la actuación administrativa y de los actos y del procedimiento administrativo, dentro del cual se enmarca la ordenación de los procedimientos que tramita la Administración autonómica; en lo relativo específicamente a los plazos máximos de resolución y al sentido del silencio administrativo, la normativa andaluza se remite a la aplicación de la legislación básica estatal contenida hoy en la LPAC. En cumplimiento de la obligación de publicidad activa que dicha ley impone con carácter general a todas las Administraciones —conforme a la cual deben publicarse y mantenerse actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de los procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración y de los efectos que produzca el silencio administrativo—, corresponde a cada Consejería de la Junta de Andalucía aprobar y mantener actualizada, dentro de su respectivo ámbito material, la relación de procedimientos de su competencia con indicación expresa de su plazo máximo y de si el silencio, transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, tiene carácter estimatorio o desestimatorio.
La eficacia de los actos administrativos: notificación y publicación
Los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa, si bien su eficacia frente a los interesados queda condicionada a su notificación o, en su caso, publicación, requisitos que constituyen así una condición para la plena oponibilidad del acto, no para su existencia o validez. La notificación es la forma ordinaria de dar a conocer el acto a su destinatario o destinatarios concretos: debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si pone o no fin a la vía administrativa, y expresar los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente. La publicación, por su parte, procede cuando el acto tenga por destinatario una pluralidad indeterminada de personas, cuando la Administración estime que la notificación individual a un único interesado es insuficiente para garantizar la eficacia del acto, o cuando así lo establezca una norma reguladora del procedimiento, y sustituye entonces a la notificación con los mismos efectos jurídicos que esta.
La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho
El artículo 47 de la LPAC enumera de forma tasada los supuestos de nulidad de pleno derecho, la categoría más grave de invalidez, caracterizada por operar ipso iure, no ser subsanable ni convalidable y ser imprescriptible su declaración: son nulos los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, los de contenido imposible, los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
La anulabilidad y las irregularidades no invalidantes
El artículo 48 de la LPAC configura la anulabilidad como la regla general de invalidez: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, sin que concurra ninguno de los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho. Dentro de la anulabilidad, la propia norma matiza el tratamiento de los defectos formales, que solo determinan la anulabilidad del acto cuando este carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y de la actuación administrativa fuera del tiempo establecido, que únicamente implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Por debajo de la anulabilidad se sitúan las meras irregularidades no invalidantes, defectos de escasa entidad que no afectan a la validez del acto ni impiden que este produzca plenamente sus efectos.
La motivación de los actos administrativos
El artículo 35 de la LPAC exige motivar determinados actos administrativos como garantía frente a la arbitrariedad y como instrumento que permite al interesado conocer las razones de la decisión y, en su caso, impugnarla con fundamento. Deben motivarse, entre otros, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales; los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa; y los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos. La propia norma admite que la motivación se realice por remisión a informes o dictámenes previos, siempre que se incorporen al texto de la resolución.
Conservación, conversión y convalidación de los actos administrativos
Junto al régimen de la nulidad y la anulabilidad, la LPAC regula tres técnicas que permiten limitar el alcance de la invalidez o remediarla. La conservación (art. 50) dispone que el órgano que declare la nulidad o anule actos administrativos conservará los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción determinante de la invalidez, de modo que no es necesario repetir todo el procedimiento, sino solo aquella parte afectada por el vicio. La conversión (art. 51) establece que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro acto distinto producirán los efectos de este, aplicando así el principio de conservación de los actos jurídicos a aquellos casos en que, aun siendo inválidos como lo que pretendían ser, resultan válidos como una figura distinta. La convalidación (art. 52), en fin, permite a la Administración subsanar los vicios de que adolezcan los actos anulables, mediante la adopción de las medidas necesarias para eliminar dichos vicios, surtiendo efecto el acto convalidado desde la fecha de la convalidación, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos; la convalidación no cabe, por tanto, respecto de los actos nulos de pleno derecho, categoría insubsanable por definición.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Acto administrativo: declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria.
Elementos del acto: subjetivo, objetivo, causal, teleológico y formal.
Art. 36 LPAC: los actos se producen por escrito, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma de constancia.
Clases de actos: singulares/generales, favorables/de gravamen, expresos/presuntos, de trámite/resolutorios.
Art. 24 LPAC: silencio estimatorio como regla general en procedimientos a solicitud del interesado, salvo excepciones tasadas.
Art. 25 LPAC: silencio desestimatorio (o caducidad) en procedimientos iniciados de oficio.
Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía: Título IV, régimen de la actuación administrativa y del procedimiento.
En Andalucía, cada Consejería publica la relación de procedimientos de su competencia con plazo y sentido del silencio, conforme a la LPAC.
Eficacia del acto: produce efectos desde que se dicta, condicionada frente al interesado a su notificación o publicación.
Notificación: plazo de diez días desde que se dicta el acto; debe incluir texto íntegro y recursos procedentes.
Publicación: sustituye a la notificación cuando el destinatario es una pluralidad indeterminada o la notificación individual resulta insuficiente.
Art. 47 LPAC: nulidad de pleno derecho, supuestos tasados, imprescriptible, no subsanable ni convalidable.
Art. 48 LPAC: anulabilidad, cualquier infracción del ordenamiento (incluida la desviación de poder) fuera de los supuestos de nulidad.
Los defectos de forma solo anulan el acto si le faltan requisitos indispensables para su fin o causan indefensión.
Irregularidades no invalidantes: defectos de escasa entidad que no afectan a la validez del acto.
Art. 35 LPAC: deben motivarse los actos limitativos de derechos, los dictados en ejercicio de potestades discrecionales, los que se separen de un dictamen previo o de actuaciones precedentes, y los que una norma exija motivar expresamente; cabe motivación por remisión a informes incorporados a la resolución.
Art. 50 LPAC: conservación, se mantienen los actos y trámites cuyo contenido no se habría visto afectado por la causa de nulidad o anulabilidad declarada.
Art. 51 LPAC: conversión, un acto nulo o anulable que reúna los elementos constitutivos de otro distinto produce los efectos de ese otro acto.
Art. 52 LPAC: convalidación, subsanación de los vicios de un acto anulable (nunca de un acto nulo de pleno derecho), con efectos desde la fecha de la convalidación, sin retroactividad.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Conforme al art. 35 LPAC, debe motivarse, entre otros supuestos:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 34 de Técnico de Gestión?
El acto administrativo constituye la categoría central del Derecho Administrativo por ser el instrumento ordinario a través del cual la Administración ejerce sus potestades y produce efectos jurídicos en casos concretos, a diferencia del reglamento, que innova el ordenamiento con vocación de generalidad. El tema estudia su concepto, sus clases y los elementos que lo integran, para detenerse después en dos instituciones que completan su régimen jurídico: el silencio administrativo, como técnica que suple la falta de resolución expresa y cuya publicidad en el ámbito autonómico andaluz corresponde a cada Consejería en aplicación de la legislación básica estatal, y la eficacia del acto, condicionada a su correcta notificación o publicación. Cierra el tema el estudio de la invalidez, con el doble régimen de la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
¿Qué hay que memorizar del Tema 34 para el examen?
Acto administrativo: declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. Elementos del acto: subjetivo, objetivo, causal, teleológico y formal. Art. 36 LPAC: los actos se producen por escrito, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma de constancia. Clases de actos: singulares/generales, favorables/de gravamen, expresos/presuntos, de trámite/resolutorios. Art. 24 LPAC: silencio estimatorio como regla general en procedimientos a solicitud del interesado, salvo excepciones tasadas. Art. 25 LPAC: silencio desestimatorio (o caducidad) en procedimientos iniciados de oficio. Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía: Título IV, régimen de la actuación administrativa y del procedimiento. En Andalucía, cada Consejería publica la relación de procedimientos de su competencia con plazo y sentido del silencio, conforme a la LPAC. Eficacia del acto: produce efectos desde que se dicta, condicionada frente al interesado a su notificación o publicación. Notificación: plazo de diez días desde que se dicta el acto; debe incluir texto íntegro y recursos procedentes. Publicación: sustituye a la notificación cuando el destinatario es una pluralidad indeterminada o la notificación individual resulta insuficiente. Art. 47 LPAC: nulidad de pleno derecho, supuestos tasados, imprescriptible, no subsanable ni convalidable. Art. 48 LPAC: anulabilidad, cualquier infracción del ordenamiento (incluida la desviación de poder) fuera de los supuestos de nulidad. Los defectos de forma solo anulan el acto si le faltan requisitos indispensables para su fin o causan indefensión. Irregularidades no invalidantes: defectos de escasa entidad que no afectan a la validez del acto. Art. 35 LPAC: deben motivarse los actos limitativos de derechos, los dictados en ejercicio de potestades discrecionales, los que se separen de un dictamen previo o de actuaciones precedentes, y los que una norma exija motivar expresamente; cabe motivación por remisión a informes incorporados a la resolución. Art. 50 LPAC: conservación, se mantienen los actos y trámites cuyo contenido no se habría visto afectado por la causa de nulidad o anulabilidad declarada. Art. 51 LPAC: conversión, un acto nulo o anulable que reúna los elementos constitutivos de otro distinto produce los efectos de ese otro acto. Art. 52 LPAC: convalidación, subsanación de los vicios de un acto anulable (nunca de un acto nulo de pleno derecho), con efectos desde la fecha de la convalidación, sin retroactividad.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Artículos 24, 25, 36, 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
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